lunes, 7 de diciembre de 2009

Preocupación de la SDH por el estancamiento de la Ley de Salud Mental

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación expresa su profunda preocupación por la demora en el tratamiento del proyecto de Ley Nacional de Salud Mental en la cámara de Senadores, que cuenta con la aprobación unánime de la Cámara Baja.
El proyecto de Ley Nacional de Salud Mental con media sanción, crearía las condiciones necesarias para producir un piso mínimo de atención, acorde con las recomendaciones y estándares Internacionales en Derechos Humanos, referidos a la prevención y la atención de las personas con padecimiento psíquico.
Esta iniciativa, según se desprende de sus articulados, conjuga la transformación de la lógica manicomial como un hecho indispensable para crear las mejores condiciones de atención y la propuesta de nuevas alternativas de tratamiento que contemplen el enfoque de derechos como un ordenador de la función de curar.
El proyecto resulta adecuado a un enfoque de derechos humanos, ya que plantea una intervención interdisciplinaria que contempla una perspectiva integral de la persona y busca establecer mecanismos de control a fin de garantizar el derecho a la salud mental en equilibrio con los restantes derechos de las personas, y especialmente la regulación de las internaciones.


Fuente: Archivo Nacional de la Memoria.

“Gracias a la conciencia del pueblo cambiamos Bolivia”


En La Paz, Morales ganó con el 77 por ciento, en Chuquisaca con el 54 por ciento y en Cochabamba con el 66 por ciento. Pese a los esfuerzos del gobernante, no pudo ganar en Santa Cruz, Beni ni Pando, tres departamentos autonomistas.

Por Sebastián Ochoa

Desde La Paz

En la plaza Murillo estaban cientos de miles de personas, banderas, globos, hasta un muñeco gigante del reelegido. “Evo de nuevo”, gritaban hasta que apareció el aludido, tranquilo, como si lo hubiera esperado de hace tiempo. Por unos minutos se quedaron quietos para cantar el himno, todos con el puño izquierdo alzado. “Querida Bolivia con dignidad”, los saludó Morales. “Gracias a la conciencia del pueblo es posible cambiar Bolivia en base al voto del pueblo, trabajar por la dignidad y la igualdad de todo el pueblo boliviano.” Morales consiguió el 63 por ciento de los votos, por lo que “ahora tenemos la enorme responsabilidad con Bolivia, con la vida y la humanidad de profundizar este proceso. Más de dos tercios del Congreso me obliga a acelerar este proceso revolucionario”.

“Hermanas y hermanos: mi máximo reconocimiento a los que apostaron por el proceso de transformaciones”, dijo Morales desde el palco del presidencial Palacio Quemado. Y llamó a la conciliación a sus rivales. “Somos un gobierno de la cultura del diálogo.” Con el 90 por ciento de los votos escrutados, Manfred Reyes Villa, candidato por Plan Progreso Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN) quedó segundo con el 28 por ciento de los votos. Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional, quedó tercero con el seis por ciento. Cuarto salió René Joaquino, de Asamblea Social (AS) con el tres por ciento.

La composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional será masista en dos tercios. De los 166 legisladores, 110 serán del MAS, 50 de PPBCN, tres de UN y tres de AS. De 36 senadores electos, 25 son del oficialismo y 11 de PPBCN. Por cada departamento corresponden cuatro senadores. El MAS se quedó con los cuatro senadores de La Paz, donde Morales obtuvo el 77 por ciento de los votos. También consiguió los cuatro de Oruro, Potosí y Cochabamba. En Chuquisaca fueron elegidos tres senadores del oficialismo y uno de PPBCN. En Santa Cruz, consiguió dos senadores Morales y dos Reyes Villa. El primero y el segundo también se repartieron dos senadores cada uno en Pando y Beni.

De los 130 diputados electos, 85 pertencen al MAS. En Santa Cruz, el partido de Morales tuvo 11 diputados; PPBCN, 13 y UN sólo uno. En Pando, dos son del MAS y tres de PPBCN. En Beni, tres del MAS y seis de PPBCN. En Tarija consiguió cuatro el MAS, lo mismo que la agrupación de Reyes Villa. Uno fue para AS. En Chuquisaca, siete diputados son masistas y cuatro manfredistas. En Cochabamba, 14 son del MAS y cinco de quien fuera prefecto de ese departamento hasta que lo revocaron por referéndum el año pasado. En La Paz, 24 diputados son del MAS, tres de Reyes Villa y dos de Doria Medina. En Oruro, quedaron ocho para el MAS y uno para PPBCN. En Potosí, el MAS ganó 12 asientos y AS dos.

Pese a los esfuerzos de Morales, no pudo ganar en Santa Cruz, Beni ni Pando, tres departamentos de la Media Luna, así llamada por su forma en el mapa boliviano. En Santa Cruz, el MAS recogió el 42 por ciento de los votos. Reyes Villa, el 50 por ciento. Y UN, el cinco por ciento. Ayer el presidente reelecto lo reconoció. “Todavía no pudimos ganar en todos los departamentos”, dijo ante sus seguidores.

El gobierno de Morales hizo un trabajo electoral largo en Pando, pero no alcanzó. El 48 por ciento eligió a Reyes Villa, mientras el 45 por ciento votó a Morales. Leopoldo Fernández, candidato a la vicepresidencia por PPBCN, era prefecto de este departamento hasta septiembre del año pasado, luego de la matanza de al menos 13 personas en el municipio de El Porvenir. Ayer, tras las rejas en la cárcel de San Pedro, el candidato asumió la derrota antes de que se supieran los resultados a boca de urna.

En Beni, Reyes Villa obtuvo el 55 por ciento de los votos; Morales, el 35 por ciento y UN el nuevo por ciento.

En Tarija, el 49 por ciento votó al actual presidente, el 40 por ciento a Reyes Villa y el ocho por ciento a UN. En Chuquisaca, el 54 por ciento votó a Morales, el 33 por ciento al ex capitán y siete por ciento a Doria Medina. En Cochabamba, el 66 por ciento votó a Morales, el 27 por ciento a Reyes Villa y el cuatro por ciento a UN. En La Paz, Morales ganó con el 77 por ciento. Lo siguieron PPBCN con el 10 por ciento y UN con el nueve. En Oruro, el 78 por ciento eligió al MAS; el 10 por ciento a Reyes Villa y el siete por ciento a UN. En Potosí, el MAS consiguió el 76 por ciento; AS el 14 por ciento y PPBCN el cinco por ciento.

Los cinco departamentos que votaron por la autonomía dieron el Sí. En La Paz, un 72 por ciento la aprobó, mientras el 28 por ciento la rechazó. En Cochabamba, 69 por ciento votó positivo y el 31 por ciento dijo No. En Oruro, el 63 por ciento adhirió al régimen autonómico, mientras el 37 por ciento se negó. En Potosí, el 64 las apoyó y el 36 por ciento votó negativo. En Chuquisaca, el 78 por ciento dijo Sí y el 22 por ciento la reprobó. En la región del Chaco, ubicada en Tarija, el 79,8 por ciento dijo Sí y el 20,2 por ciento optó por el No.

Además, 12 municipios votaron si adoptarán la autonomía indígena. Ayer no había aún resultados sobre esta votación, ya que la mayoría de los territorios son difíciles de llegar.

En los departamentos de la Media Luna (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) no se votó por autonomías, porque lo hicieron –ilegalmente según el gobierno– durante 2008. Página/12 consultó al ministro de Gobierno, Alfredo Rada, sobre el destino de los estatutos autonómicos aprobados en estos departamentos. “Esos estatutos deben ajustarse a la nueva Constitución, deben compatibilizarse. En esos términos será un avance de lo que van a ser las autonomías”, dijo. Una de las primeras tareas de la Asamblea será la aprobación de la ley marco de Autonomías, establecidas en la Carta Magna refrendada en enero de este año.

“A partir de mañana Bolivia pasa a ser un país autónomo, sin que eso ponga en riesgo la unidad nacional. Hasta ahora, la oposición había intentado usar la autonomía para fragmentar territorialmente a Bolivia, como ocurrió en los Balcanes con la ex Yugoslavia. La derecha extrema trató de usar la autonomía para dividir al país. Creo que esa es una de las claves para entender la derrota de la derecha y la ultraderecha en Boliva: no supo entender que la autonomía es una demanda democrática, no una demanda secesionista”, dijo el ministro.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-136580-2009-12-07.html

viernes, 4 de diciembre de 2009

RAMíREZ, EXPERTA EN TEMAS INDíGENAS: "Estos conflictos son políticos, no jurídicos"


NEUQUÉN (AN)- "El Poder Judicial no va a solucionar los conflictos; pero es al juez a quien le llega el problema y debe resolver un problema político, social, que se traduce en lo jurídico. Los que puede hacer el juez, y esto hay que tenerlo presente, es abrir puertas o cerrarlas" en términos de respeto de los derechos.

Así lo definió Silvina Ramírez, una abogada que desde hace 15 años se ocupa de los derechos de los pueblos indígenas. Esto la llevó a trabajar en Bolivia, Ecuador, Guatemala y Colombia. Además es profesora de Derecho Constitucional y de Derechos de los Pueblos Originarios y Neoconstitucionalismo en la UBA.

Hoy dará una charla en Zapala sobre "Los derechos de los pueblos indígenas: normativa nacional e internacional", organizada por la Asociación de Magistrados de Neuquén.

En diálogo con "Río Negro" la experta señaló que frente a estos temas "los Estados tienen desconocimiento, en el mejor de los casos, y en el peor, frente a conflictos de intereses no siguen los caminos más deseables".

Anticipó que hoy expondrá sobre "las herramientas jurídicas que existen para que los jueces puedan decidir con los mejores argumentos los casos que se les presentan. Esto va desde la normativa que existe a nivel internacional y se debe aplicar en la Argentina, hasta antecedentes jurisprudenciales sobre cómo se abordaron algunos casos en la Corte Interamericana".

Mencionó "las constituciones nacional y provincial, la ley nacional 26160 que es de emergencia de la posesión de la tierra; prohíben los desalojos por un plazo de tiempo y ordena tareas de mensura y demarcación de los territorios. También existe el convenio 169 de la OIT que es un buen resumen de la multiplicidad de derechos de los pueblos indígenas. Es decir, herramientas hay, la cuestión es cómo se interpretan y aplican".

Ramírez afirmó que "lentamente se va construyendo una jurisprudencia alrededor de los derechos de los pueblos indígenas". Y se mostró favorable a que los códigos procesales y de fondo incluyan "alguna normativa que pueda funcionar como articulación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena".

Por otra parte descartó que en la región se llegue a niveles de conflictividad como en Chile. "Por empezar la legislación es muy distinta, y aquí está la Confederación Indígena que tiene una postura dialoguista", diferenció.

http://www.rionegro.com.ar/diario/2009/12/04/1259890311198.php

Las violaciones del 2010

Por Eva Giberti

¿Cuántas violaciones de mujeres y niñas se esperan para el año 2010?

No resultaría complejo ensayar un cálculo, una proyección según la tendencia actual, si tuviésemos en cuenta las estadísticas que nos permiten elaborar las víctimas atendidas mediante la Brigada que las asiste y que forma parte del Programa Las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

Cuando revisamos nuestros números confirmamos lo que ya es sabido: el 95 por ciento de las víctimas son mujeres adolescentes y niñas. No es novedad.

También encontramos que las edades preferidas por los violadores para violar corresponden a quienes tienen entre 19 y 29 años y muy cerca, estadísticamente, las víctimas que tienen entre 11 y 15 años. ¿Y las más chiquitas? Entre los 0 y los 5 años un 22 por ciento, con una característica especial: el 15 por ciento son niñas y el 7 por ciento son varones de esa edad.

¿Cómo aparecen los más pequeños? Por lo general es su madre quien denuncia y con ella es preciso trabajar para que, además de prometerse a sí misma que “llegará hasta las últimas consecuencias” para detener al violador, en su vivencia singular querría tenerlo delante y no necesariamente para insultarlo. Lo que en estas situaciones importa es no incurrir en la denominada revictimización presionando a la criatura para que cuente lo que no siempre puede contar.

La resistencia a establecer contacto con las comisarías en estas situaciones proviene de hechos históricamente reconocidos: la imprudencia de las preguntas impuestas por algunos policías que recibían a la víctima generó el rechazo que aún hoy encontramos. Actualmente la situación es diferente y es estrictamente necesario que la comunidad conozca cuál es el mecanismo que hoy en día ponemos en marcha cuando una víctima de violación recurre a una comisaría. Porque la atenderán las profesionales de la Brigada que se ocupa de los Delitos contra la Integridad Sexual formada por mujeres.

La víctima que recurre a la comisaría, mediante la intervención de esta Brigada que depende del Programa Las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, recibirá de inmediato la imprescindible atención médica y psicológica así como la defensa de sus derechos, empezando por exigirle al Estado la detención del delincuente. Cualquier comisaría debe llamar inicialmente a esta Brigada y no incorporar diálogos con la víctima. No dudo que alguien podrá contar: “No es cierto, porque yo conocí a una chica a la que le preguntaron de todo...” Esta es la primera de las desmentidas con la que nos encontramos, en la cual se funden memorias de años anteriores.

La resistencia podría insistir: “Pero después me van a hacer volver para declarar...” Este punto es clave: siempre le pedirán que declare, porque ha sido víctima de un delito. La diferencia con la Brigada Móvil reside en que estas dos profesionales, además de acompañar a la víctima en la comisaría, y escucharla según el tiempo que precise para hablar, la trasladan en un automóvil al hospital donde se le suministra la dosis de medicamentos necesarios para impedir la infección por VIH, junto con la pastilla del “día después” para evitar un embarazo. Procedimiento que se realiza acompañando permanentemente a la víctima, además de comunicarse con la familia –o quien la víctima solicite– para intentar neutralizar los posibles comentarios negativos que podrían partir de una madre o de un padre que elige criticar a la víctima porque salió de noche o porque llevaba falda corta (críticas y acusaciones que están muy lejos de ser excepcionales).

Estos procedimientos se tornan complejos cuando la víctima en un 50 por ciento de las historias conoce al violador. O sea: es su cuñado, un amigo de su hermano o un vecino. Porque en estas situaciones la familia suele sabotear la necesidad de la denuncia “para mantener la paz familiar”. Situación que complejiza el estado de ánimo de la víctima y que reclama otro extenso artículo especializado.

Estos porcentajes

¿Se mantendrán durante el año 2010? Estoy utilizando los obtenidos durante el año 2008, que no incluyen los acompañamientos de las víctimas a las revisaciones clínicas a cargo de los médicos forenses, tema que abre un capítulo delicado, así como la intervención de los médicos legistas (que pertenecen a la Policía Federal). Estos son puntos cuya exposición, que estimo la comunidad debe conocer, gravitan de manera particular en el acompañamiento inmediato y seguimiento de una víctima de violación, la cual debe ser cuidadosa y celosamente protegida de cualquier intervención periodística que intente fotografiarla o localizar su domicilio. El hecho constituye, cuando se produce, una nueva violación, intentando “ver si se le nota en la cara o en alguna parte del cuerpo lo que le pasó”, lograr algún detalle que pueda ilustrar las fantasías de televidentes o lectores.

Puedo anticiparles que los detalles forman parte de un ensangrentado basurero mundial, tan antiguo como la historia de la humanidad y el porcentaje de sus miembros activos. Tal como las estadísticas lo evidencian, muestran que el 98 por ciento de los violadores son varones. Estoy utilizando datos que abarcan desde enero a junio del año 2008, con un total de 358 intervenciones de la Brigada.

La proyección que podríamos realizar, para suponer qué nos espera durante el año próximo, no constituye misterio: si no se detiene a los violadores –para lo cual es fundamental el refinamiento de los criterios jurídicos que reconozca a la víctima como tal en lugar de sospechar de ella–, si no se los detiene, se potenciará la violación como delito “esperable y fatal”. Detenerlos reclama una tarea a cargo de la víctima: mantener su denuncia y colaborar en la prevención, para que a otras mujeres no les suceda lo mismo. Merced a estas conversaciones con las mujeres violadas ha sido posible rastrear y detener a violadores que años antes se mantenían en el anonimato.

Pero, “mantener la denuncia significa concurrir a la policía para identificar al violador y yo no quiero que me hagan preguntas...” Ningún policía le hará preguntas: podrá sentarse delante de una computadora en un recinto aislado de otras personas y acompañada por una colega de la Brigada Móvil –que ha concurrido a su domicilio para buscarla– tratando de reconocer al sujeto; o bien para dictarle el identiquit a un policía que intentará reproducir los rasgos del violador según ella los describa.

Las preguntas aparecerán en otro lugar, si el fiscal o el juez lo estiman pertinente: éste es un tema interesante particularmente cuando son las mismas profesionales las que acompañan durante esas entrevistas en ámbito judicial. Corresponde saber que las profesionales de la Brigada con frecuencia son citadas a declarar, ya que fueron las primeras y generalmente únicas que escucharon –sin interrogar– la narración que la víctima aportó. Y son estas profesionales las que describen el estado en que encontraron a esa persona cuando, en comisaría, tomaron contacto con ella, momentos después de haber sido violada.

La comunidad no puede ignorar que, en situación de violación, cualquier comisaría de la ciudad de Buenos Aires tiene la obligación de llamar a la Brigada Móvil. Los jueces, fiscales y defensores conocen perfectamente este procedimiento que existe desde el año 2006 y saben que cuentan con el testimonio técnico, vital y sin titubeos que aportan las colegas de la Brigada Móvil cuando se les solicita. Lo cual sucede con frecuencia.

Los derechos de las víctimas –internacionalmente protegidos– exigen que se la proteja de cualquier interrogatorio dirigido a descripciones de la violación en sí, fogoneado por la curiosidad masturbatoria de algún funcionario. La presencia de las colegas de la Brigada Móvil le garantiza a la víctima una atención inmediata, lo cual es significativamente diferente de una visita a una institución, donde, escritorio mediante, relatará lo sucedido durante días u horas anteriores. Las colegas de la Brigada Móvil se mantienen al lado de la víctima en todo momento, después de haberse entrenado a partir de filosofías y técnicas reguladas por la ética de las víctimas (como dimensión actual de la tarea en este campo).

Podemos suponer que la tendencia futura de las violaciones –comparando estadísticas y países– es correlativa con las características del género masculino que incluye al universo de los violadores. También podemos suponer que, advertida la comunidad de que cuenta con un equipo que funciona a toda hora y durante todos los días del año –si bien el caudal más significativo de intervenciones se produce los días domingo entre las 13 y las 18–, queda a su cargo la responsabilidad de exigir respeto hacia las víctimas así como decisiones políticas referidas a los delitos contra la integridad sexual. También queda a cargo de la comunidad denunciar (no siempre al violador, en oportunidades es preciso que la gente se haga escuchar frente a determinadas decisiones jurídicas) y saber que los derechos de quien delinque están legalmente protegidos. Si las personas violadas pudieran hacer valer los propios, ¿sería necesario describir cómo trabajamos con ellas?

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-136401-2009-12-04.html

jueves, 3 de diciembre de 2009

El espectro es Sandino

La Asamblea Nacional de Nicaragua declaró oficialmente al general Augusto César Sandino "Héroe nacional" en reconocimiento a su lucha en defensa de la soberanía frente a la intervención imperialista. Sandino lideró la resistencia contra el ejército de ocupación estadounidense en su país y fue asesinado el 21 de febrero de 1934 por órdenes del dictador Anastasio Somoza.

La propuesta había sido presentada por el titular del Parlamento, el sandinista René Núñez, en octubre pasado, y apuntaba a rendir homenaje a Sandino (1895-1934), al otorgarle un reconocimiento ya existente de hecho para la mayoría de su pueblo.

Los diputados destacaron la importancia de que los nicaragüenses reconozcan que Sandino "plasma con sus acciones la plenitud de la soberanía y la independencia política y económica del país".

El proyecto fue aprobado ayer por los 88 diputados asistentes del total de 92 que tiene el cuerpo. En sus fundamentos, el texto planteó que el llamado "General de Hombres Libres" es "modelo y pauta a seguir, como otros Héroes

Nacionales", entre ellos el general José Dolores Estrada, Andrés Castro, el general Benjamín Zeledón y el educador Emmanuel Mongalo.

El general Sandino fue un campesino que lideró la resistencia nicaragüense contra el ejército de ocupación estadounidense en su país.

La lucha contra Estados Unidos se mantuvo entre 1927 y 1933, y tras lograr el retiro de las tropas extranjeras, Sandino fue asesinado el 21 de febrero de 1934 en Managua por órdenes del dictador Anastasio Somoza.

El hoy gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), formado en la década de 1960 como organización guerrillera para combatir a la dictadura de Somoza, se inspiró en la figura del general para su denominación.

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-136379-2009-12-03.html

El discreto encanto de la mano estatal


Desde que tomó el control de los recursos previsionales, la Anses logró un aumento en los activos que antes manejaban las AFJP. También cambió el destino que se le da al dinero: hay más aportes a obras e industrias y se creó la asignación por hijo.

Por David Cufré

Desde que la Anses se hizo cargo de los aportes previsionales que manejaban las AFJP, los recursos crecieron 37,1 por ciento. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de las jubilaciones (FGS) pasó de 98.224 millones de pesos el 5 de diciembre del año pasado –monto que entregaron las administradoras privadas– a 134.672 millones el 30 de octubre último. El dato lo presentó ayer el titular del organismo de la seguridad social, Diego Bossio, al exponer ante la Comisión Bicameral del Congreso que audita el destino de ese dinero. El aumento se explica tanto por la recuperación de los mercados financieros como por la continuidad del superávit de la Anses, lo cual permitió financiar la creación de la asignación por hijo y entregar a los jubilados y pensionados un plus de entre 200 y 350 pesos con el haber de este mes.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad reúne los recursos que habían acumulado los afiliados a las AFJP durante catorce años y los excedentes de la Anses. Ese dinero es un resguardo para el pago de jubilaciones a futuro. Bossio explicó que se trata de un stock que no puede destinarse a una suba de haberes permanente, porque se agotaría en menos de un año. Sin embargo, la rentabilidad que entregan los 134 mil millones ahorrados permite cubrir el costo de la nueva asignación por hijo. Si los fondos hubieran seguido en manos de las AFJP, esa opción habría estado vedada.

El destino de los recursos es diferente al que le daban las administradoras también en otros aspectos. El financiamiento de proyectos productivos o de infraestructura equivale ahora al 5,97 por ciento del FGS, contra el 2,22 de la época de las AFJP. La dimensión del salto se aprecia mejor al comparar cifras absolutas: ahora son 8035 millones de pesos, contra 2183 de la etapa privada. Es una suba del 268 por ciento en once meses. Otro ítem con un fuerte incremento es el de las cédulas hipotecarias: de 60 millones a 493 millones de pesos. Esto es porque la Anses está financiando los créditos para la compra y construcción de viviendas que lanzó el Banco Hipotecario. Ya hay unos 1800 préstamos concedidos desde que arrancó el plan y se estima que hacia fin de año rondarán los 4000.

Las AFJP, a su vez, destinaban el 5,23 por ciento de su cartera a acciones de empresas extranjeras, mientras que en la actualidad es el 4,87 por ciento. La Anses ha ido repatriando recursos, pero la valorización de esos activos luego de que pasó lo peor de la crisis financiera internacional elevó el monto neto: de 5137 millones a 6560 millones de pesos. En cambio, en acciones locales las AFJP volcaban el 7,99 por ciento de los aportes de sus afiliados (7844 millones de pesos al 5 de diciembre de 2008), en tanto que la Anses deriva ahora el 9,91 por ciento (13.350 millones).

La principal crítica de senadores y diputados de la oposición en la Comisión Bicameral fue el incremento en las inversiones en títulos públicos. En este caso, pasó del 59,48 por ciento de la cartera administrada por las AFJP (58.427 millones de pesos) a 62,29 por ciento (83.885 millones). Bossio respondió que los 67 principales países del mundo destinan en promedio un 85,5 por ciento de los fondos previsionales a financiar a sus respectivos tesoros nacionales. Julián Obiglio, diputado del PRO, retrucó que el riesgo de default en esos países es sensiblemente menor que en Argentina.

El otro eje de debate entre Bossio y legisladores de la oposición fue por el uso de la rentabilidad del FGS para pagar la asignación por hijo. El propio Obiglio y el senador radical Gerardo Morales apuntaron que “en lugar de usar la plata de los jubilados, el subsidio debería salir del presupuesto nacional”. En este caso, el funcionario y el diputado Juan Carlos Díaz Roig (FpV) respondieron que la Anses no es sólo un organismo previsional que se ocupa de los jubilados, sino un ente de la seguridad social que debe atender las necesidades de otros segmentos de argentinos. Además, apuntaron que la Anses se financia no sólo con aportes de trabajadores, sino con impuestos. “El indigente que paga IVA está financiando a los jubilados”, graficó Díaz Roig. “Era injusto que no tuviera ninguna compensación”, completó.

Aunque la audiencia fue tranquila, el conjunto de legisladores de la oposición presentó a Bossio un escrito con sus objeciones al manejo del FGS. Hay cuatro puntos principales: el aumento en la compra de títulos públicos, el “desvío” de recursos para la asignación por hijo y dos denuncias por compra de bonos (Bonar 14 y Bonar 16) a precios superiores a los del mercado. La diputada Fernanda Reyes, una de las denunciantes, indicó que una de esas causas ya es investigada por la jueza Servini de Cubría.

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-136353-2009-12-03.html

martes, 1 de diciembre de 2009

Se realizó el Taller sobre Derechos Humanos para Periodistas


Como parte del proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Protección de Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación realizó el primer Taller sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), Derechos de Incidencia Colectiva (DIC) y Memoria para Periodistas.
Con la presencia de académicos, legisladores, periodistas, artistas y referentes sociales, profesionales y estudiantes de la comunicación debatieron la temática de derechos durante dos jornadas desarrolladas en el Archivo Nacional de la Memoria, en el predio del Espacio para la Memoria, la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA).
El rol de los periodistas y los medios de comunicación en la promoción y defensa de los DESC y DIC fue el eje de las ponencias. En los distintos paneles, fue presentado el desarrollo jurídico que permitió la creación y consolidación de un Sistema de protección de derechos, al tiempo que se debatió el desafío actual de los periodistas en el análisis social de esta temática.
El Taller fue inaugurado por el Presidente del Archivo, Ramón Torres Molina, y por el Subsecretario de Protección de los Derechos Humanos, Luis Alén, y contó con la presencia de los investigadores Rodolfo Mattarollo, Damián Loreti, Laura Saldivia, Ricardo Rouvier y Mariana Moyano; los periodistas Mariana Carbajal, Ricardo Ragendorfer, Paloma García y Marta Dillon. Además, participaron el diputado Juan Sylvestre Begnis y referentes de la cultura como Ignacio Copani y Ángel Cappa. La coordinación del mismo estuvo a cargo de Marcelo Duhalde, Director de Prensa y Comunicación del Archivo Nacional de la Memoria.
El proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Protección de los Derechos Humanos es el resultado de un convenio de cooperación internacional, financiado conjuntamente entre el Estado Argentino y la Unión Europea. Este Proyecto ha creado ocho Observatorios de Derechos Humanos, que funcionan en otras tantas provincias, en acuerdo con Universidades Nacionales donde desarrollan actividades de capacitación e intercambio de experiencias, así como también actividades de difusión y sensibilización, destinadas a miembros de organizaciones sociales, formadores, comunicadores sociales, agentes públicos y comunidad en general para la promoción activa de los derechos humanos y el fortalecimiento de las políticas públicas que lleva adelante el Gobierno Nacional.

Fuente: Archivo Nacional de la Memoria.

Con expertise represivo internacional


El Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos, con sede en Alemania, entregó antecedentes a la Justicia sobre cómo la empresa automotriz colaboró con totalitarismos en procura de “beneficios”. Los antecedentes de Carlos Ruckauf.

Por Gustavo Veiga

Las denuncias contra la empresa Mercedes Benz por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura se robustecieron la semana pasada con la presentación de un informe del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (Ecchr), con sede en Alemania. A modo de amicus curiae –un trámite judicial en el que terceros ajenos a un juicio ofrecen de manera voluntaria su opinión respecto del litigio para colaborar con el tribunal–, el organismo aportó antecedentes internacionales sobre hechos semejantes a los que se investigan en la Argentina y en los que estuvo involucrada la automotriz. Por caso, una denuncia que pesa sobre ella en la Justicia de Estados Unidos por haber colaborado con el apartheid sudafricano, además de antecedentes similares durante el régimen nazi que gobernó desde Berlín entre 1933 y 1945.

El largo y tortuoso camino recorrido por los familiares y compañeros de los catorce delegados y activistas desaparecidos de la compañía ahora parece más diáfano, según la abogada de la querella, Florencia Arieto: “Con la presentación del amicus curiae quedan muy claras algunas cosas. ¿Podía haber evitado la Mercedes Benz el secuestro de sus propios trabajadores? La respuesta es sí, aunque hubiera sido a costa de su propia producción. Por eso se aprovechó de una coyuntura política de totalitarismo para hacer desaparecer gente que pensaba distinto, por eso es cómplice de delitos de lesa humanidad”, dice Arieto, quien patrocina a Héctor Aníbal Ratto, uno de los sobrevivientes que declaró ante el Tribunal Oral Federal Nº 1. Junto a él, también se presentó la periodista alemana Gaby Weber, quien investigó las desapariciones de trabajadores en la compañía y aportó documentación desclasificada.

La causa de la Mercedes Benz ya tiene once cuerpos y el objetivo de la querella es que los jueces citen a declaración indagatoria al responsable de producción de la fábrica durante la dictadura, Juan Rolando Tasselkraut. “Está vivo y muy lúcido. Lo ubicamos en San Fernando”, señala Arieto. Según los denunciantes, los otros dos responsables de lo que ocurrió entre abril de 1976 y agosto del ’77 –período en el que desaparecieron los catorce obreros– son el ex ministro de Trabajo de Isabel Perón Carlos Ruckauf y el histórico gremialista del Smata José Rodríguez, quien falleció el pasado 6 de noviembre.

Los trabajadores desaparecidos son Rubén Oscar Caddeo, José Antonio Vizzini, Miguel Grieco, Esteban Alfredo Reimer, Víctor Hugo Ventura, Carlos Adolfo Cienciala, Oscar Alberto Alvarez Bauman, Fernando Omar Del Conte, Héctor Alberto Belmonte, Alberto Gigena, Diego Eustaquio Núñez, Jorge Alberto Leichner, Juan José Mosquera y Alberto Francisco Arenas. El primero desapareció el 5 de abril de 1976 y el último el 19 de agosto de 1977. A Juan José Martín, Alfredo Martín y a Ratto se los llevaron desde la planta de González Catán, pero fueron liberados tiempo después.

El informe presentado por el Ecchr alemán que firma su secretario general, el abogado Wolfgang Kaleck, fue realizado con el objetivo de señalar que la Argentina tiene la obligación “de perseguir y condenar a los responsables –sea cual fuere su forma de participación– de las violaciones de derechos humanos, incluyendo cuando se trata de actores no estatales”. El Centro es una organización registrada en el juzgado municipal de Berlín-Charlottenburg, trabaja con un equipo internacional de abogados y cuenta con expertos mundialmente reconocidos como Theo Van Boven, de la Universidad de Maastricht y comisionado especial de las Naciones Unidas contra la tortura.

El Ecchr, en su escrito de 36 páginas, describe que la querella presentada ante el tribunal “se dirige, entre otros, contra Juan Ronaldo Tasselkraut, quien habría cometido –si es que los hechos acusados llegan a ser probados como ciertos– actos criminales no como persona privada, sino en su función como ejecutivo de la empresa Mercedes Benz Argentina SA”. A continuación señala que “la empresa tiene antecedentes de colaboración con regímenes represivos y violadores de los derechos humanos, sobre todo en la época del nacionalsocialismo en Alemania”. Y describe que “utilizó el trabajo forzado de cerca de 50.000 prisioneros de guerra y presos de los campos de concentración ofrecidos por el régimen nazi”. Trazando un paralelo con las violaciones a los derechos humanos cometidas en la Argentina, el Ecchr dice que la automotriz alemana “aparentemente tampoco habría dudado, en Sudáfrica, en entregar a las fuerzas de seguridad en bandeja a sus propios trabajadores con tendencias críticas o sindicalistas”.

El amicus curiae señala en sus conclusiones que “si no se judicializa directamente a las empresas y a sus representantes, la impunidad por las violaciones de derechos humanos sigue y se produce una situación de permisividad tácita que puede ser interpretada por las empresas en el sentido de que pueden seguir actuando en perjuicio a personas sin límites ni morales ni legales, lo cual generaría graves contradicciones y pondría en riesgo lo que aquí se ha podido determinar como principios fundamentales del derecho internacional penal: la responsabilidad penal de empresas y sus representantes por participación y colaboración en violaciones de derechos humanos”.

Arieto destacó que la audiencia en la que declararon Ratto y Weber “fue una bisagra muy interesante porque les permitió a los tres jueces del tribunal acotar el objeto de su pesquisa con el caso Ratto, como también preguntarle y solicitarle a Weber que entregara documentación como los archivos desclasificados de la Cancillería con el pedido de Ruckauf de que se echara a los trabajadores de Mercedes Benz en octubre de 1975. Smata y la empresa trabajaban como una sola unidad, legitimados por el entonces ministro, que preparó el terreno para el general Santiago Omar Riveros”, el primer condenado a prisión perpetua en la megacausa Campo de Mayo, por la desaparición del estudiante Floreal Avellaneda.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-136222-2009-12-01.html

lunes, 30 de noviembre de 2009

Proporciones noticiosas

Por Eduardo Aliverti
Una vieja sentencia dice que el periodismo consiste en llenar los lugares que dejan libres los anuncios publicitarios. La frase bien podría corroborarse tomando los grandes diarios de circulación nacional, cuyas ediciones de algunos (cuantos) días se empeñan en demostrar que si hay crisis no se nota porque el centimetraje de publicidad es apabullante. Pero también puede adaptársela a las equivalencias informativas respecto de sí mismas. Es decir: cuántos y cuáles lugares ocupan ciertas noticias porque hay otras, tradicionalmente centrales, que en la coyuntura desaparecieron o carecen de sitial preponderante. Cabría la presunción de que algo de esto debe contemplarse, si se toma nota del papel secundario que, últimamente, adquieren las informaciones del ámbito económico. Es imposible, por supuesto, no constatar que la economía está presente en casi todo lo que sucede. Desde las inundaciones hasta “la inseguridad”; desde el debate por la libertad sindical hasta las denuncias de corrupción; desde la ley de medios audiovisuales hasta el proyecto de reforma política, en algún punto todo pasa por la economía porque en ella anida el cómo y para quiénes se gobierna, y el cómo y para quiénes se intenta plantar una alternativa de gobierno u oposición. Gobernar, o preparase para ello, es administrar y proyectar la economía. Sin embargo, ese rasgo estructural, filosófico, de lo económico, en ciertos momentos o etapas no es lo único que construye las noticias (aunque siempre subyazca). A veces, el valor que se le da a lo episódico tiene una relación inversamente proporcional con lo que la sociedad percibe, de la economía, en su actualidad y rumbo macros.
Veámoslo desde esta lógica: si hubiera seria preocupación, o fuerte inquietud, por lo que puede suceder con los salarios, las reservas monetarias, la deuda, los precios, el desempleo, ¿habría que los grandes titulares sean las peleas de Moyano con la Corte Suprema, o los cruces de los K con Clarín, o la polémica sobre los asesinatos y delitos en el conurbano bonaerense, o el Macrigate, o el valijero, o Papel Prensa, o lo que dicen Legrand, Tinelli y Susana? ¿Habría que la asignación por hijo para familias de carenciados, un reclamo que se hacía oír a los gritos y hace años, desde todo el espectro político, quedara mediáticamente subsumido en cómo puede ser que no se hubieran previsto las colas de reclamantes ante las delegaciones de la Anses? ¿Habría que para hablar de terremotos financieros tengan que remitirse al default de una empresa de un emirato árabe? ¿Habría que se trate de que la maestra asesinada en Derqui quería ser mamá, como recuadro destacado de portada?
Podemos tomar el análisis que hacen los propios especialistas en economía, de los grandes medios, sobre la prospectiva de “los mercados”. La recaudación impositiva aumentará por el ingreso de las retenciones a la soja, que andará de cosecha espectacular (si el suelo queda hecho mierda y a la hora de evaluar catástrofes “naturales” debe examinarse la deforestación y el sembradío irrestricto es otro problema, que no les mueve un pelo a los liberales). La tasa de interés norteamericana es cero, prácticamente, y eso hace que los bonos argentinos sean muy atractivos para los inversores porque, encima, cayó bien la reapertura del canje de deuda con los que habían quedado afuera. El Banco Central sigue comprando dólares porque la entrada de divisas tiene fortaleza. Aumentan los depósitos en los bancos. Los economistas corrigen hacia arriba las cifras de reactivación. El gasto público y el aumento a los jubilados permiten imaginar un incremento del consumo, pero el riesgo de inflación que eso supone es chico, comparado con el despegue que tendría la actividad en su conjunto. Subrayemos lo siguiente: todo esto no es lo que dice el oficialismo ni sus órganos de prensa ni sus simpatizantes (que también, claro), sino un compendio de lo que opina el conjunto de los analistas y militantes del establishment. Voceros del agro incluidos. Y casi extintos, dicho sea de paso, a menos que alguien registre que hayan vuelto a alzar la voz. ¿Por qué perdió tanta energía la Mesa de Enlace? ¿No era que deberíamos importar leche más temprano que tarde, y que ya no se vende ni un tractor, y que había que aprender de Uruguay, y que los pueblos del interior se mueren, y que el trigo no daría abasto para el consumo interno, y que el bife de lomo debía costar 80 pesos? ¿Cuándo mintieron? ¿En la trifulca por la 125 o ahora? ¿O siempre?
Como ésa es la realidad o lo que los mismos representantes del poder concentrado dicen que es la realidad, volvemos a la hipótesis de con qué se llena el espacio que dejaron libre los pronósticos de tragedia. La malaventura anunciada por ellos, insistamos, porque, si es por la otra forma de ver la realidad, vaya si existen la tragedia y el acostumbrado paisaje de la conflictividad crispada. Ahí están los inundados, los paros de los maestros, los indigentes, los hospitales públicos en colapso o cerca de ello, el drama de la vivienda. Jamás eso les fue un indicador a tener en cuenta. Les fue lo que sociológicamente se sabe denominar “normismo”; esto es, aceptación de que el mal funcionamiento de algo, cualquier cosa, aun cuando incluya el sufrimiento de vastas masas de población, es un hecho natural: pobres y miseria habrá siempre. Así que no es eso. Es medir con los parámetros que a ellos les importan. Y si esas cuantificaciones dan bien, lo que resulta es que el debate político se circunscribe a chiquitajes. Porque convengamos, asumiendo que decirlo es de una alta incorrección y no hay otra que malinterpretarlo: valijas, espionajes, sobreprecios en licitaciones públicas, Carrió diciendo que Cobos es una ameba y si el fútbol es para todos o todos pagamos la televisación del fútbol, apenas para ejemplificar, son al fin y al cabo elementos colaterales de quien impone un Gran Relato. Menem fue uno de los que entendieron que funciona así, y ganó con el 50 por ciento de los votos cuando ya se sabía que era un canalla. El espacio que dejaba vacío la fantasía de que económicamente se estaba bien fue ocupado por las denuncias de corrupción (en el segundo tramo de su sultanato), sin que los medios se detuviesen en “la inseguridad”, por caso. Ahora, el punto es análogo. En la edificación noticiosa, a falta de que la economía no parece afrontar tormentas, se impone luchar en forma salvaje por los intereses corporativos afectados, a través de que los medios destacan lo políticamente episódico. Con la diferencia, claro, respecto del menemato, de que entonces el poder económico estaba chocho; y ahora ve que algunos o varios de sus privilegios están lastimados.
Volvió una enseñanza que nunca debe irse. Lo que se dice y publica tiene tanto valor como lo que se ignora u oculta. Debe ser que, de tan obvio que es, un montonazo de gente parece haberlo olvidado.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-136186-2009-11-30.html

Importante operativo en siete cabarets de Plaza Huincul

Se realizó en el marco de una causa nacional sobre trata. Fueron rescatadas seis mujeres de distintas nacionalidades.

NEUQUÉN (AN).- Con un importante despliegue de gendarmes, el Juzgado Federal que conduce Margarita Gudiño de Argüelles allanó siete cabarets de Plaza Huincul, en el marco de una investigación nacional sobre trata de personas. Una ciudadana paraguaya de unos 30 años fue rescatada y quedó bajo la custodia de un equipo especial dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Otras cinco mujeres de distintas nacionalidades declararán hoy en Neuquén.
El operativo se realizó durante la madrugada de ayer, con la presencia de la titular del Juzgado Federal Penal 2 de Neuquén e íntegramente a cargo de Gendarmería Nacional. Según confirmó el jefe de la agrupación XII Comahue, Daniel De La Colina, fueron más de 100 gendarmes los que estuvieron al frente de los allanamientos simultáneos en los que, además de la detección de las seis mujeres, se recabaron pruebas en el marco de una investigación nacional.
El procedimiento, de gran despliegue, se realizó en siete lugares de Plaza Huincul. La actuación sorpresiva, en este tipo de investigaciones, es la condición que determina el éxito, por lo que los cabarets, whiskerías y casas de alternancia fue abordadas al mismo tiempo.
El jefe de la agrupación Comahue confirmó el secuestro de documentación variada, material informático, dinero en efectivo y dos armas.
El operativo fue de tal magnitud que incluso participó personal de la oficina de Rescate de Víctimas de Trata, dependiente de Derechos Humanos de Nación. Su función principal, además de dar contención en el momento de los allanamientos, comenzó ayer por la tarde en una casa en Neuquén, en donde se alojó a las 5 mujeres que prestarán declaración hoy. Es habitual que, aún cuando son obligadas a ejercer la prostitución contra su voluntad, las víctimas de trata lo nieguen. El temor es el principal factor. Allí es donde cobra importancia el trabajo de rescate en las primeras horas, donde se intenta brindar la seguridad que las víctimas necesitan para declarar libremente sobre los hechos.
"Con los elementos probatorios que se recolectaron, las declaraciones de las testigos y de los eventuales imputados, más el material que Gendarmería aportó a la causa se investigará si existe vínculo con una red", explicó De La Colina, que destacó la participación de gendarmes, incluso de la unidad de Investigaciones de Bariloche.

http://www.rionegro.com.ar/diario/2009/11/30/1259540501124.php

Inédita audiencia pública del TSJ por un planteo mapuche


Es la primera en la historia del Poder Judicial de Neuquén.

NEUQUÉN (AN).- La primera audiencia pública en la historia del Poder Judicial de Neuquén se realizará el 5 de febrero de 2010 para tratar un planteo de inconstitucionalidad de comunidades mapuches contra la creación del municipio de Villa Pehuenia.
Así lo dispuso el Tribunal Superior de Justicia en una reciente resolución.
A esa audiencia podrán asistir organizaciones sociales que se inscriban bajo la figura de "amigos del tribunal". Cada representante de las mismas dispondrá de un plazo para exponer su postura, y los vocales del Tribunal podrán hacerles preguntas aclaratorias.
Las audiencias públicas fueron dispuestas por el Tribunal Superior en julio de este año con el objetivo de "contribuir a facilitar el efectivo acceso a la jurisdicción y al control social difuso sobre la actividad judicial en el seno del propio Tribunal".
"La Audiencia Pública contribuye a que el público en general y los litigantes en particular, sean puestos en condiciones de comprender el mejor funcionamiento de la justicia", afirmó el TSJ en la resolución del 24 de noviembre pasado.
La cuestión que se debatirá viene desde 2004, cuando la comunidad mapuche Catalán y la Confederación Indígena Neuquina plantearon la inconstitucionalidad de la ley 2439 que creó la municipalidad de Villa Pehuenia y pidieron la suspensión del decreto 2/04 del entonces gobernador Jorge Sobisch que llamó a elegir al intendente.
Argumentaron que "de llevarse a cabo el acto electoral convocado, a efectos de que la comunidad exprese su voto para seleccionar a las autoridades que conformarán la Comisión Municipal de Villa Pehuenia, se obligaría a los miembros de las comunidades indígenas Catalán, Puel y Plácido Puel que representan, a participar, bajo pena de ser sancionados, en una actividad que consideran dañina para la preservación de su propia cultura".
El TSJ de entonces les rechazó el pedido de suspender las elecciones pero la acción de inconstitucionalidad siguió tramitándose.
Ahora, el TSJ decidió esta inédita convocatoria a audiencia pública, según informaron por separado a este diario el abogado Juan Manuel Salgado y la oficina de prensa del TSJ. Quienes deseen participar de la audiencia en carácter de "amigos del tribunal" para tener voz y ser escuchados tendrán plazo hasta el 29 de diciembre para inscribirse.
El acto se realizará en el cuarto piso de Alberdi 52, sede del TSJ, a partir de las 9:30 y los vocales dispusieron que tenga la más amplia difusión para garantizar la participación de los interesados.

El CELS quiere estar en la causa Fuentealba II

La organización hizo una presentación para ingresar como "amigo del tribunal". Se investigan las responsabilidades políticas en el asesinato del docente.

NEUQUÉN (AN).- El Centro de Estudios Legales y Sociales formuló una presentación ante el Tribunal Superior de Justicia para ser tenido como "amigo del tribunal" en el caso Fuentealba II. El escrito está fundamentado en abundantes menciones a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Lo presentaron Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, patrocinado por Rodrigo Borda y Denise Sapoznik. Una copia fue entregada a este diario por Fernando Dalmazzo, presidente del Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados.
Señala el escrito que el CELS "es una organización no gubernamental que desde 1979 se dedica a la promoción y protección de los derechos humanos, el fortalecimiento del sistema democrático y el Estado de derecho en Argentina. Para llevar adelante esa tarea desarrolla sus actividades especialmente desde el punto de vista técnico-legal".
Respecto de su legitimidad para participar del proceso como "amigo del tribunal" o "amicus curiae", menciona que "si la amplia participación de las víctimas en una investigación penal en nuestro sistema jurídico sólo puede asignarse mediante el reconocimiento de su calidad de querellante, es forzoso reconocer que, al menos de conformidad con el derecho interno vigente, los órganos de justicia deben admitir que al querellante se le asigna plenas facultades para tener acceso y capacidad de actuar en dicho proceso legal". La causa Fuentealba II, en la que se investigan otras responsabilidades en el asesinato del docente por encima del autor material, se encuentra estancada.

http://www.rionegro.com.ar/diario/2009/11/30/1259540501113.php

sábado, 28 de noviembre de 2009

“La vivienda como un derecho”


Son organizaciones que trabajan para el acceso a la vivienda de los sectores más desfavorecidos. Ya presentaron un documento en el Congreso: intentan establecer el “uso social de la propiedad” y compensar la lógica del mercado.

Por Ailín Bullentini
Un conjunto de organizaciones sociales de todo el país que trabajan con problemáticas relacionadas con la vivienda comenzaron a delinear un anteproyecto de Ley Nacional de Hábitat con el objetivo de “reafirmar la vivienda y el hábitat como derechos de todos los ciudadanos argentinos” y para “ordenar” las distintas propuestas y proyectos que desde cada nivel de gobierno se intente aplicar para solucionar los conflictos relacionados con el tema. “Más allá de la ley, la intención es instalar en la agenda pública el debate acerca de las necesidades habitacionales que padece un importante sector de la población en la agenda pública, para que sea asumido en la agenda política. Nadie nos corre para sacar la ley, lo importante es que en los hogares argentinos se reconozca y se hable de estos problemas”, apuntó Fernando Ojeda, referente de una de las organizaciones que integra la Red Hábitat Argentina, cuna donde nació la idea. Si bien el documento cuenta sólo con sus lineamientos generales, el conjunto de colectivos lo presentó a los presidentes de las comisiones de Vivienda tanto de Diputados como de Senadores, los que se comprometieron a trabajar con el grupo.
“No es echarle la culpa al Estado, sino hacer que tome conciencia de lo grave que es la situación del país en cuanto a política habitacional”, puntualizó Ojeda, que integra la Asociación Civil El Ceibo –trabaja con habitantes de casas tomadas en el barrio porteño de Palermo–, fundadora de la Red Hábitat Argentina en 1997, de donde surgió la idea de elaboración de la ley, poco tiempo después. El objetivo primordial es generar “un conjunto de criterios básicos que rijan la legislación relativa al hábitat en todo el país, para evitar que se produzcan los enormes desequilibrios que existen hoy”, remarcó José Alberto Rocha, referente del Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la provincia de Buenos Aires (Fotivba), que participa del proyecto casi desde sus inicios.
El gran grupo lo completan cooperativas de vivienda de todo el país y algunos profesionales vinculados con la problemática, el Frente de Personas en Situación de calle, la Federación Tierra y Vivienda y la Alianza Internacional de Habitantes, entre otras. La senadora de Tierra del Fuego María Ros Díaz participa de las reuniones de forma activa, aunque aseguró no ser la impulsora del proyecto.
El primer paso es fijar los lineamientos principales que permitan comprender las numerosas aristas que integran la problemática habitacional en la que están sumidos varios millones de argentinos, para luego poder abarcarlas. “Luego se avanzará sobre los puntos específicos que regulen el acceso al suelo y su uso, el ordenamiento territorial y demás especificidades que aparecen siempre en la discusión. Pero lo principal es pensar en puntos generales que sienten las bases para hacer efectivo el derecho que todos tenemos a vivir en un lugar digno”, aseveró Rocha. Así, aunque pocos, los lineamientos principales impulsan una modificación sustancial respecto de la forma en que se trabaja la problemática habitacional actualmente en el país.
El primer punto refiere a la elaboración de una política nacional de desarrollo territorial y hábitat que, sin afectar la autonomía de cada uno de los niveles de gobierno, “evite que cada quien vaya para el lado que le parezca”, sostuvo Rocha. Una especie de guía a la que se deban adecuar cada una de las propuestas diseñadas para promover soluciones a la problemática en sus diferentes aristas: vivienda, mejoramiento de barrios, infraestructura, servicios, falta de integración social.
En esa política habitacional, el anteproyecto exige que el Estado planifique, promueva y articule medidas que apunten a “compensar la lógica de mercado”. Rocha explicó que “no se está pidiendo la eliminación de la propiedad privada, sino la participación del Estado como regulador en este ámbito para evitar la acumulación ociosa de la tierra en pocas manos. No se puede permitir que haya gente hacinada en un asentamiento y, a pocos metros, miles de metros cuadrados desabitados”.
Ambos puntos se relacionan con el establecimiento de la “función social de la propiedad”, tercer pilar del proyecto, que se convierte no sólo en la columna vertebral que da sentido a los demás criterios del documento, sino que excede lo meramente conceptual. “Se busca reafirmar aquello que dice la Constitución, de que cada persona tiene derecho a tener una vivienda y que existan criterios con los que las personas que no cuenten con ese derecho se puedan valer frente a la Justicia –detalló Ojeda–. La Justicia responde cuando el derecho a la salud o a la educación no se cumple. Cuando se falta al derecho a la vivienda, no presta atención. Eso se busca cambiar.”
El anteproyecto es el resultado de más de una década de trabajo, aunque los referentes de las organizaciones no demuestran agotamiento. “Nadie nos apura. Queremos que todos sepan de lo que hablamos. Primero, porque son muchísimas las personas que sufren estos problemas, pero además porque le puede pasar a cualquiera. Lo principal ahora es involucrar a todos en el debate, para avanzar todos juntos después”, opinó Ojeda.

La lucha contra la trata ya tiene un fallo emblemático


Es la primera condena en un caso de trata desde que se sancionó la ley que tipificó el delito. El significado de la sentencia.
Por Mariana Carbajal
Julia Núñez se dedicaba a reclutar a niñas y adolescentes en barrios pobres de los alrededores de la ciudad de Santa Fe. Las tentaba con una oferta de trabajo doméstico, pero terminaban como esclavas sexuales en un burdel de la provincia de Buenos Aires. Ayer, Núñez, de 55 años, fue condenada a diez años de prisión por trata de personas para explotación sexual, en el primer juicio oral desde la sanción de la ley que tipificó el delito federal, en abril de 2008. Se probó que la mujer reclutó a Carolina F., una niña de 13 años que permanece desaparecida, y a otra joven, de 19, que testimonió ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe –que llevó adelante el proceso– y relató cómo operaba la red mafiosa, en la que Núñez era el primer eslabón: después de captarlas bajo engaño, las entregaba a un hombre que las ablandaba violándolas, si se resistían las amenazaba con hacerle daño a sus familiares –en su caso a su hija de dos años– y las trasladaba hasta un cabaret en la localidad de América, cerca de Trenque Lauquen. En la misma banda está involucrado otro hombre, preso por homicidio, que se comunicaba con la reclutadora con el celular de un agente penitenciario y aprovechaba las salidas transitorias de las cuales gozaba para operar para la red.
El caso es emblemático. No sólo porque es el primer caso con una condena por trata de personas para explotación sexual en el país. Además, porque muestra cómo operan estas mafias que se aprovechan de la vulnerabilidad social de las familias pobres, que entregan a sus niñas y adolescentes de buena fe por una oferta laboral que termina siendo falsa. Por barrios pobres del país transitan reclutadoras y reclutadores diariamente en busca de posibles víctimas, que luego son forzadas a prostituirse y no reciben ni un peso.
Actualmente hay 34 personas con procesamientos firmes en distintos juzgados del país por el delito de trata, que incluye la captación, el transporte y/o traslado –ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior–, la acogida o la recepción de personas para su explotación sexual, laboral, sometimiento a trabajo esclavo, reducción a la servidumbre o extracción de órganos, indicó a Página/12 el fiscal Marcelo Colombo, a cargo de la Unidad Fiscal Especial en materia de trata de personas (Ufase) de la Procuración General de la Nación. El 64 por ciento de los procesados está imputado en casos de trata para explotación sexual y el resto en hechos de explotación laboral.
El Tribunal Oral en lo Federal de Santa Fe, presidido por el juez José María Escobar Cello, le aplicó a Núñez una condena de diez años de cárcel. La pena máxima para el caso de trata de menores de edad, cuando mediara engaño, es de quince años. Ese monto fue el que pidió el fiscal Martín Suárez Faisal para Núñez. Durante el juicio quedó probado que la red que integraba Núñez estaba formada además por otros dos integrantes. Uno de ellos es Juan Ramón “El Pollo” Rojas, que sería un conocido “fiolo” de Playa Norte, un barrio del nordeste de la ciudad de Santa Fe. Estaba prófugo y fue detenido el 30 de octubre. Rojas está preso en la DDI de la localidad bonaerense de Quilmes a disposición del Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe, a cargo de Francisco Miño. El otro involucrado sería Héctor Rousselot, que cumple condena en la cárcel santafesina de Las Flores y gozaba del beneficio de las salidas transitorias. Se probó en el juicio que Núñez lo visitaba en prisión: se presume que serían pareja. A Rousselot, el juez Miño le dictó una falta de mérito meses atrás. Ahora tendrá que volver a ser investigado, señaló a Página/12 el fiscal Suárez Maisal. El fiscal se mostró satisfecho con la condena, aunque fue menor a la que había solicitado. Pero estimó que las penas máximas tienen que recaer sobre Rojas y Rousselot.
El juicio comenzó el jueves y terminó ayer. A las 13.30 se conoció la condena. Los fundamentos serán leídos el próximo viernes. Declararon 18 testigos, entre ellos madres de otras adolescentes de las localidades de Recreo y Coronda, donde operaba Núñez, que habían sido tentadas por la misma reclutadora, pero que rechazaron su oferta mentirosa. Pero la declaración principal fue la de Viviana Ruiz, de 19 años, víctima de la banda.
Violación y amenaza
La investigación se inició el 9 de enero en la ciudad de Coronda, cuando Carmen Acosta denunció en la policía local la ausencia del hogar de su hija Carolina F., entonces de 13 años. El fiscal Suárez Maisal destacó la actuación de la comisaria Sonia Acosta y la oficial auxiliar Delia Baella, de la seccional primera de esa ciudad, que pudieron establecer las principales líneas de investigación por donde terminaría resolviéndose el caso.
Según se pudo reconstruir en el juicio, Núñez se llevó el 18 de diciembre de 2008 a Carolina tentada por una oferta laboral como empleada doméstica. La oferta consistía en 400 pesos mensuales por un trabajo de 14 a 17 horas diario. La misma oferta hizo semanas después, el 9 de febrero, en la localidad de Recreo a Viviana Ruiz. La muchacha, de 19 años, aceptó. Está en pareja y tiene una nena de 2 años.
Ruiz relató que Núñez la llevó caminando unos cinco kilómetros hasta su casa y después siguieron hasta una estación de servicio donde se encontraron con Rojas, que venía en un remis. Núñez le dijo que subiera al vehículo, que ella la acompañaría, pero la engañó otra vez: la muchachita se fue sola con Rojas. Núñez se la entregó. El hombre la condujo a una vivienda deshabitada durante unas horas y luego la llevó a su propia casa, donde la esperaba preparando la cena su hija, en Playa Norte. Rojas, contó la joven, le dijo que se bañara. Y cuando estaba en el baño, el hombre entró y la violó, con la amenaza de que si se resistía le haría daño a su hija. Al día siguiente la policía realizó un operativo en la casa de Rojas, porque la familia de Ruiz ya había denunciado que la joven no había regresado a la casa, pero el hombre logró escapar con ella. Un día después, contó Ruiz, partieron de Santa Fe en micro a Rosario y de ahí luego hasta Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, donde los esperaba un taxista que conocía a Rojas y sabía adónde los tenía que llevar: el cabaret Mimo, en la localidad de América, partido de Rivadavia, a pocos kilómetros de Trenque Lauquen.
Al llegar al burdel, en la puerta, estaba Carolina, según contó Ruiz. Como Rojas se enteró de que la policía de Coronda la estaba buscando, a partir de la denuncia de su familia, decidió llevarla de regreso. La niña se presentó espontáneamente en el Juzgado de Menores de la ciudad de Santa Fe, a cargo de Susana Giordano de Bilicich, acompañada por una hermana de 29 años, residente en Santo Tomé. Dijo allí que no quería volver a su casa porque su padre y sus hermanos “la fiolaban” y abusaban de ella. Señaló también que conoció al Pollo Rojas porque era amigo de su novio y que era de confianza. Al finalizar la audiencia, la jueza se declaró incompetente y giró las actuaciones al Juzgado de Instrucción a cargo de Jorge Patrizi. El magistrado dispuso el traslado de la niña a la Casa de la Joven, dependiente de la Subsecretaría de la Niñez y la Adolescencia en Santa Fe. Pero Carolina se escapó del lugar el 2 de marzo y desde entonces se desconoce su paradero. Su fotografía y nombre completo están en la página web de la organización Missing Children entre los niños y niñas perdidos. En el juicio se reconstruyó que después de haber sido reclutada por Núñez, Rousselot le habría entregado a la niña a Rojas.
A poco de llegar al burdel Mimo, Ruiz pudo escaparse y denunció su situación a un patrullero con el que se cruzó. La policía la llevó de regreso a su casa.
Núñez fue arrestada el 11 de febrero. Patrizi se declaró incompetente el 26 de febrero y giró las actuaciones al Juzgado Federal Nº 2, a cargo de Miño, quien ordenó en marzo que se tomara indagatoria a la mujer y a Rousselot, a quien finalmente le dictó falta de mérito. Núñez, en cambio, fue reconocida en rueda de presos, y el 6 de abril fue procesada por el delito de trata de personas. Tras el juicio oral –no fue público por orden del tribunal porque una de las víctimas era menor de edad– la situación de Rousselot quedó comprometida. El agente penitenciario Jorge Mauricio Toledo, de la cárcel de Las Flores, reconoció que le prestaba su celular para comunicarse con Núñez desde el penal. La primera mujer condenada por trata para explotación sexual cumplirá la condena en la Unidad Penitenciaria 4 de Santa Fe, donde esperó el juicio tras las rejas.

viernes, 27 de noviembre de 2009

El fallo del TSJ contra Poblete "es un alivio"


Lo dijo Sandra Rodríguez. Vinculó el asesinato de Fuentealba con la causa de la zona liberada. "El responsable político es el mismo: Sobisch", afirmó. Palmieri valoró la sentencia.

NEUQUÉN (AN)- Sandra Rodríguez, viuda del docente Carlos Fuentealba, dijo que la confirmación de la prisión perpetua al cabo primero José Poblete "es un alivio más que una satisfacción". Y vinculó la represión en la que asesinaron a su marido con la causa de la zona liberada: "en ambos casos las víctimas fuimos los docentes y el responsable político es el mismo. En forma reiterada Sobisch aplicó un plan represivo que consistió en atacar todas las protestas sociales. Esa fue su respuesta durante todo su mandato".
Por su parte el abogado Gustavo Palmieri, querellante en ambas causas, afirmó que "el caso de Plaza Huincul da lugar a la posibilidad de que nos demos cuenta como sociedad de que no hay personas que están fuera de la ley, que quienes cometen conductas consideradas como delitos temen responder frente al poder judicial, y que éste, en términos republicanos, debe ser independiente".
Como informó ayer "Río Negro", el Tribunal Superior de Justicia dejó firme la condena a prisión perpetua de Poblete, autor del asesinato de Fuentealba el 4 de abril de 2007.
Por otro lado, la Cámara de Apelaciones rechazó planteos de nulidad de Sobisch en la causa de la zona liberada, que lo tiene como imputado.
Ayer el TSJ difundió una copia del extenso fallo que declaró la inadmisibilidad del recurso de casación presentado por la defensa de Poblete, Ladislao Simon.
Simon cuestionó numerosos aspectos del fallo e hizo gravísimas denuncias contra los investigadores del asesinato de Fuentealba, ocurrido el 4 de abril de 2007 en Arroyito.
Los vocales Oscar Massei, Guillermo Labate, Ricardo Kohon y Felipe Cía votaron por la inadmisibilidad del recurso mientras que el vocal subrogante Tomás Gavernet propuso declararlo admisible para revisar el fondo de la cuestión.
La resolución judicial rescata el trabajo del juez de Instrucción, Cristian Piana, de la fiscal Sandra González Taboada, del querellante Palmieri, así como la sentencia de la Cámara integrada por Mario Rodríguez Gómez, Luis Fernández y Héctor Dedominichi (subrogante).
Entre otras pruebas, valora el reconocimiento de una docente que identificó a Poblete como autor del disparo.
Consultada ayer por radio FM UNC CALF, Sandra Rodríguez expresó su deseo de que ambas causas marquen un precedente judicial a nivel nacional en relación a la responsabilidad que les cabe a las autoridades en este tipo de hechos, y así poner "un cerco a la impunidad de los gobernantes".
Palmieri señaló a la misma emisora que "el Tribunal consideró que el recurso del defensor es inadmisible. Esto desde el punto de vista procesal cierra el camino provincial de los recursos. Le queda una última instancia que es un recurso extraordinario de la Corte Suprema".

En línea con la información


El número que brinda información sobre aborto con medicamentos recibió 1700 llamados en sus cuatro meses de existencia, según el informe “Más información, menos riesgo”. El 21 por ciento de las mujeres que consultaron tiene entre 16 y 20 años.

Por Mariana Carbajal
Cada veintidós minutos una mujer llama a la línea habilitada para dar información sobre el aborto con medicamentos. En apenas cuatro meses y medio desde su lanzamiento, el teléfono gestionado por una ONG de mujeres recibió casi 1700 llamadas de embarazadas –o de personas cercanas a ellas– que no quieren continuar con la gestación en curso y no cuentan con el dinero que les exigen en un consultorio privado para realizarse la práctica de forma segura, un monto que puede llegar a rondar los 5000 pesos. El número de consultas se incrementó en los últimos dos meses, a partir de que la línea tuvo mayor difusión en los medios de comunicación.
El nuevo informe sobre el funcionamiento de la línea “Más información, menos riesgo” fue dado a conocer ayer, en el auditorio del Anexo del Senado, en el marco de las actividades que se desarrollan esta semana por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. “La prohibición (del aborto) como violencia política contra las mujeres”, fue el título del trabajo, que presentó la abogada Luciana Sánchez, integrante de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, la ONG que atiende el celular 011-156-664-7070, en el que se brinda información sobre el uso del misoprostol, una droga de uso obstétrico, que puede ser utilizada para interrumpir un embarazo.
Sánchez recordó que la información que suministran está disponible a través de Internet en páginas de la Organización Mundial de la Salud y de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología.
“Los datos de este informe refuerzan la necesidad de abrir el debate democrático que nos debemos para la legalización del aborto”, señaló a Página/12 María José Lubertino, presente en el auditorio. El encuentro contó con un panel de legisladoras de distintas fuerzas que acompañan la iniciativa, entre ellas la socialista Silvia Augsburger y Cecilia Merchán, de Encuentro Popular, y María Luisa Storani, diputada electa del radicalismo. También estuvo el ex fiscal general de Bahía Blanca Hugo Cañón, presidente de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, en representación del también electo diputado Martín Sabbatella, de Encuentro por la Democracia y la Equidad. Además, participaron integrantes de distintas organizaciones de mujeres.
Sánchez repitió algunas de las frases que –señaló– con desesperación dicen las mujeres que llaman a la línea, ante la necesidad de recurrir a un aborto y no tener el dinero para pagar un procedimiento en un consultorio privado: “Tuve que sacar un crédito en el banco”, “El médico me cobra 5000 pesos”, “Tuve que pedirle un adelanto a mi patrona”, “Tengo que esperar que me paguen el plan”, “Les pedí plata a todas mis amigas”, “Vendí la heladera”, “Quedé debiendo el alquiler”, “Me gasté los ahorros que tenía para arreglarme los dientes”. Según el cálculo de la ONG, las mujeres en el país pagan al año unos 1000 millones de pesos por abortos clandestinos. Llegaron a esa cifra partiendo de que distintas estimaciones con método científicos señalan que se realizan alrededor de 500 mil abortos al año y tomando como costo promedio 2000 pesos por procedimiento. Ya sea quirúrgico o con medicamentos, el valor de un aborto en la Argentina oscila entre 1000 y 5000 pesos, explicaron.
Ocho de cada diez mujeres que llamaron a la línea entre el 1º de agosto y el 20 de noviembre viven en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. En ese lapso, 944 embarazadas recibieron información sobre el uso del misoprostol, considerada una droga “esencial” por la OMS. Alrededor de 300 se comunicaron más de una vez. Otras cuatrocientas personas llamaron como acompañantes de embarazadas. “Tengo miedo. Una enfermera le dijo a mi mamá que me tenía que abrir el útero con una cuchara”, contaron ayer que dijo una de las jóvenes que llamaron. “Acá en el barrio el aborto es como el resfrío”, dijo otra. “Me violaron, pero ninguna clínica ni hospital me hace el aborto”, contó otra de las mujeres que pidieron información. Sólo el uno por ciento de las que se comunicaron tenía “información completa y correcta sobre el uso del misoprostol para abortar”, indicó Sánchez.
Según el informe de la ONG, el 75 por ciento de las mujeres que llamaron a la línea tiene entre 21 y 40 años. El 21 por ciento, entre 16 y 20 años. El 40 por ciento tiene entre uno y tres hijos. “Diversos estudios realizados en la Argentina y en otros países por la OMS y la Flasgo vienen demostrando consistentemente que el uso del misoprostol es la principal causa de la reducción notable del aborto infectado y de la mortalidad por aborto”, señaló Sánchez. “El 45 por ciento de las mujeres que recibieron información lo hicieron acompañadas por sus parejas varones. Todas las menores de 18 años llamaron acompañadas, salvo excepciones, por su familia cercana. En un gran número de casos son esas acompañantes las que llaman primero”, detalló Sánchez.
El derecho a la información, a la libre expresión y a conocer los avances de la ciencia son los tres pilares en los que se fundamenta la propuesta de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto. Una línea similar existe ya en otros países latinoamericanos, que tienen un marco legal restrictivo de acceso al aborto.

jueves, 26 de noviembre de 2009

Los negocios porteños deberán aceptar cambios y devoluciones de mercadería todos los días

Los comercios porteños estarán obligados a aceptar de los clientes cambios y devoluciones de productos todos los días y horarios en que atienden al público, de acuerdo a una ley sancionada hoy por la Legislatura de la Ciudad.
La norma, elaborada por el diputado Alejandro Rabinovich, del bloque Autonomía con Igualdad, precisa que para el cambio siempredeberá respetarse el valor del producto al momento en que fuecomprado.

La medida regirá también para las empresas que brindenservicios en la Ciudad de Buenos Aires, los que deberán aceptar lacancelación de un contrato en los mismos días y horarios en queatienden para ventas."Esta ley resulta imprescindible para procurar una relaciónigualitaria y no que el consumidor deba adaptarse a losmecanismos, horarios, plazos caprichoso que le impone elproveedor", explicó el legislador.

La norma, que ya cuenta con dictamen favorable de la Comisiónde Consumidores y Usuarios, precisa que para el cambio siempredeberá respetarse el valor del producto al momento en que fuecomprado.

Los pibes tienen su propia ley penal


La norma establece una escala de sanciones alternativas para los adolescentes que cometen delitos, en la que la prisión es el “último recurso”. Se los juzgará a partir de los 14 años. En marzo lo tratará Diputados.

Por Horacio Cecchi
El Senado dio media sanción al proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil, al votar en particular todos sus artículos, y lo giró a Diputados donde a partir del 1º de marzo debatirán la sanción de la ley. El proyecto es polémico y reúne apoyos como resistencias. Por un lado puede considerarse de avanzada, porque organiza la escala de alternativas a la privación de libertad e instala como norma de cumplimiento obligatorio que la detención sea el último recurso. Pero nada indica que vaya a ser cumplida, ya que las leyes actuales y la Convención de los Derechos del Niño adoptada con rango constitucional ya lo impiden, y sin embargo no se cumplen. También resulta polémico el límite de edad al que se aplicará la ley, ya que incluye la franja desde los 14 años hasta los 16, límite actual para la sanción penal.
Quienes sostienen el proyecto coinciden en que al incorporar la franja de 14 y 15 permitirán el blanqueo de las detenciones ilegales de chicos de esa edad que comete a diario la policía, lo que permitirá el control efectivo sobre esas detenciones. Quienes cuestionan el proyecto aseguran que en lugar de poner freno a las detenciones, se está autorizando la ilegalidad estatal y consideran que sería lo mismo que legalizar la tortura para mantener mayor control sobre ella.
El 8 de julio pasado, el proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil recibió media sanción en general en el Senado y fue enviada al tratamiento en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Población y Desarrollo Humano, de Presupuesto y Hacienda, y de Trabajo y Previsión Social. El 29 de octubre pasado, tal como informó este diario, dichas comisiones elevaron un dictamen con la unificación en un proyecto consensuado que ahora recibió media sanción artículo por artículo.
El proyecto aclara que “la libertad... es la regla. La privación de libertad durante el proceso tendrá carácter excepcional y será aplicada como medida de último recurso y por tiempo determinado, siendo éste el más breve posible”. Lo mismo señala la Convención de los Derechos del Niño, que lleva desde el viernes pasado 20 años de antigüedad, que la privación de la libertad debe aplicarse sólo como “último recurso”, argumento sostenido por quienes cuestionan la necesidad de la nueva ley y aseguran que es votada para conformar la presión de la mano dura y la tolerancia cero.
La media sanción también prohíbe el alojamiento en dependencias policiales, penitenciarias o de fuerzas de seguridad y ordena que serán alojados en dependencias específicas y con personal capacitado. Y establece medios alternativos de solución de conflictos, además de especificar ocho tipos de sanciones diferentes, en orden de gravedad creciente, y que son especificadas en el artículo 43: Disculpas personales ante la víctima; reparación del daño causado; prestación de servicios a la comunidad; órdenes de orientación y supervisión; inhabilitación; privación de libertad durante el fin de semana o tiempo libre; privación de libertad en domicilio; privación de libertad en centro especializado.
La Convención, en su artículo 37, inciso b, indica que “el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”; y en su artículo 40, incisos 3.b. y 4. propone la “aplicación de medidas alternativas a la internación en instituciones”.
A las 19.21, el Senado se dispuso a la votación de los artículos que no ofrecían discusión, que fueron aprobados por 45 votos a favor y uno en contra, el de la senadora Teresita Quintela (FpV La Rioja). Quintela sostuvo su oposición al artículo 1, el que indica la imputabilidad hasta los 14 años incluidos. “Me opongo a bajar la edad porque nos retrotrae a las leyes de la dictadura. La violencia de los niños adolescentes en situación de riesgo es nuestra responsabilidad y es una hipocresía penarlos por nuestra falta, en una sociedad que es hipócrita”, sostuvo Quintela.
Diez artículos fueron los que se modificaron en profundidad en las comisiones y que fueron votados en particular. Entre ellos, los que se referían a las medidas de coerción, a la exclusión de la figura del hurto simple y el de arrojar objetos a los medios de transporte (dentro del ámbito penal). Este último recibió cuatro votos adversos. También se modificó el artículo 53, considerado como uno de los artículos clave, ya que determina qué delitos son penados con prisión o reclusión de más de 5 años. La senadora Sonia Escudero (FpV Salta) recordó que la Argentina está denunciada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que los jueces terminan disponiendo penas como la perpetua. Escudero defendió la inclusión de penas de 5 a 15 años entre los 16 y 17 años, por delitos gravísimos, porque sostuvo que “el mensaje que se quiere dar no es de impunidad”. Marita Perceval por su lado, defendió el proyecto, sosteniendo que no resolverá la inseguridad sino que es de protección de los adolescentes, porque los quita de la lógica de penalización de adultos.
El sistema de responsabilidad penal juvenil, finalmente, recibió media sanción entonces, en el Senado, y ahora deberá tratarse en Diputados, a partir del 1º de marzo para definir, finalmente, si se transforma en ley o no un debate que viene desde hace décadas.
hcecchi@pagina12.com.ar

miércoles, 25 de noviembre de 2009

Río Negro ostenta triste récord en femicidios

La provincia ocupa el segundo lugar en el país, detrás de Formosa, en la tasa de mortalidad por crímenes extremos cometidos contra mujeres. En la Argentina ocurre 1 cada 36 horas.

Los femicidios, o feminicidios, son crímenes de odio hacia mujeres, crímenes misóginos, un delito en su forma más extrema. El femicidio, parte del bagaje teórico feminista, procede tanto de las autoras Diana Russell y Jill Radford en su obra "Femicide. The politics of woman killing" como por Mary Anne Warren en 1985 en su libro "Gendercide: The Implications of Sex Selection". Ambos conceptos fueron castellanizados por la política feminista mexicana Marcela Lagarde como "feminicidio", siendo adoptado este término, tras un largo debate, frente al término "genericidio".
Tal concepto determina que no toda violencia que ocasiona la muerte de una mujer es un femicidio. Cuando el hecho de que sea mujer es irrelevante, se trata de un homicidio.
Según estadísticas llevadas en distintos lugares del planeta, puesto que se trata de un flagelo global, las mujeres entre los 15 y los 44 años tienen una mayor probabilidad de ser mutiladas o asesinadas por hombres que de morir de cáncer, malaria, sida, accidentes de tráfico o guerra combinados. En Argentina, según datos de Amnistía Internacional, se produce 1 femicidio cada 36 horas.
Río Negro tiene el triste privilegio de ocupar el segundo lugar, después de Formosa, en la Tasa de Mortalidad por Femicidios del país. Es de 2 cada 100.000, siendo la media nacional de 1 cada 100.000 (con 6 casos).
La provincia de Neuquén, por su parte, se sitúa por debajo de la media nacional (con 2 casos).
El dato es del trabajo del Instituto de Estudios Jurídico-Sociales de la Mujer -Indeso Mujer- de Rosario hecho sobre los femicidios en lo que va del 2009.
Según el mencionado informe -efectuado en base a datos aportados por la prensa nacional y regional-, Argentina registró el último año, 204 casos de mujeres asesinadas, 63 más que el año pasado (en 2008 fue de 141).
En el 50% de los casos, las víctimas tenían entre 15 y 34 años.
El 93% de los asesinos, eran conocidos de las víctimas.
El 25% eran pareja, el 22% ex pareja y el 24% conocido o pariente de la víctima.
El 35,3% de las víctimas fueron ultimadas con arma blanca; el 24, 5% con arma de fuego y el 30,4% golpeadas, estranguladas, ahogadas, ahorcadas o quemadas.
La Provincia de Río Negro registró 6 femicidios, mientras que Neuquén, según el relevamiento citado, 2.
El Instituto de Estudios Jurídicos Sociales de la Mujer que realiza este monitoreo hace algunos años, alertó en las consecuencias dramáticas que acarrea la demora en la Reglamentación de la ley 26.485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sancionada en abril de 2009 y la falta de presupuesto para abordar este flagelo.

SUSANA YAPPERT

Publicidad sexista

Por Mariana Carbajal
La abogada Susana Chiarotti adelantó que enviará una carta a la filial francesa de la automotriz Renault para denunciar la publicidad sexista que se difunde por estos días en las pantallas de TV. La pieza de la agencia Publicis Graffiti muestra a un fotógrafo que sale con una compañera a la que secuestran ante sus ojos. No se sabe quién la secuestra pero la joven cae en una trampa puesta para tal fin. El muchacho mira a la cámara y dice “por lo menos no fui a trabajar”, se sube al auto y cuando va a poner su mochila en el asiento trasero, se da cuenta de que tiene espacio en el del acompañante, ahí la coloca, y arranca el auto con absoluta tranquilidad, sin hacer ninguna alusión a la desaparición de la joven ni demostrar preocupación o angustia. La publicidad ya generó denuncias en el Observatorio de Medios, que integran el Inadi, el Consejo Nacional de la Mujer y el Comfer.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/135897-43788-2009-11-25.html