El secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde disertó en Madrid, sobre el tema, en el Encuentro Iberoamericano sobre Derechos Humanos y Ciudadanía: Memorias en Transición”, que se celebró en el Círculo de Bellas Artes de dicha ciudad, organizado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y la Fundación Contamíname, con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación de España. En el dicho encuentro participaron académicos, expertos, personalidades políticas y miembros de organizaciones no gubernamentales de España y América Latina.
Memoria, verdad y justicia. La experiencia argentina
Ante una muy nutrida y calificada concurrencia, al presentar al Secretario Duhalde en nombre de los organizadores, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, el sociólogo Emilio Silva, destacó la ejemplaridad del proceso actual en la Argentina sobre memoria y justicia, al que calificó como “modélico y del que hay mucho que aprender” y calificó al disertante como “un militante histórico de los Derechos Humanos en América Latina”, resaltando el trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos a su cargo.
A continuación se incluye la transcripción de la citada conferencia del Secretario Duhalde:
MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA:
LA EXPERIENCIA ARGENTINA
Para comenzar, quiero señalar mi agradecimiento a los organizadores de este Seminario por la deferencia de invitarme a hablar en el mismo y exponer la experiencia de mi país en la materia.
Muy lejos de mi propósito, pretender mostrar las políticas implementadas en la Argentina como receta universal, por dos razones fundamentales. En primer lugar, por estar convencido que cada proceso nacional, tiene una especificidad que nace de circunstancias propias del modo en que se dio el ejercicio de la violencia antidemocrática y negación de los derechos humanos protegidos, así como los actores sociales involucrados en el conflicto.
En segundo lugar, porque la historia de los veintiséis años transcurridos desde la recuperación de las instituciones democráticas hasta el presente en mi país, no son parte de un plan preconcebido desde un inicio por los poderes públicos, sino el fruto de tensiones, marchas y contramarchas, hijas de los intereses en pugna, cuyo desemboque, fue el resultado de la lucha inclaudicable del movimiento de Derechos Humanos, encabezado por las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo y la asunción de sus banderas por parte del Estado.
Claro está que sería necio negar que toda experiencia nacional, deja enseñanzas -en lo positivo y en lo negativo- que pueden convertirse en lecciones aprovechables en el plano internacional para otras realidades.
Dentro de la labor de la Secretaría a mi cargo, las políticas reparatorias de las consecuencias del terrorismo de Estado y la lucha contra la impunidad de los responsables de los crímenes de lesa humanidad, forman uno de los pilares de la actividad.
Entrando de lleno al fondo del tema de esta charla, resulta imposible comprender el proceso de "Memoria, Verdad y Justicia" que se lleva adelante en la Argentina, tal vez por su profundidad casi sin parangón en la realidad internacional actual, sin la previa enunciación de las características que tuvo lo que he denominado hace tres décadas como "el Estado Terrorista argentino".
La dimensión de la tragedia ocurrida en mi país, por su masividad, sólo puede compararse en la América Latina del siglo XX, con la sufrida por el pueblo guatemalteco a lo largo de más de cincuenta años, a partir del derrocamiento de Jacobo Arbenz en 1954.
A diferencia de aquél, el proceso represivo ilegal argentino, tuvo un período de implementación muchísimo más concentrado y al mismo tiempo una elaboración y planeamiento sistemático, que adquirió formas específicas y singulares dentro de los Estados de excepción en América Latina que dieron por tierra con los regímenes institucionales democráticos.
El régimen militar instaurado a partir del 24 de marzo de 1976, se basó en una elaborada teoría ligada a la Doctrina de la Seguridad Nacional. Nacido en el transcurso de una crisis política profunda y de la necesidad de ajustes constantes en el modo de acumulación del capital para el mantenimiento del injusto orden social, implicó en sí un cambio substancial de las formas: se configuró el Estado Terrorista, partiendo de supuestos que se esgrimieron como permanentes y que contradecían las bases fundamentales del Estado democrático. Se afirmaba en que el principio de sujeción a la ley, la publicidad de los actos y el control judicial de los mismos, incapacitaba definitivamente al Estado para la defensa de los intereses de la sociedad. En consecuencia, apareció como sustrato de dicha concepción la necesidad de estructuración -casi con tanta fuerza como el Estado Público- del Estado Clandestino y como instrumento de éste, el terror como método. Modelo único, a su propio juicio, capaz de defender el orden capitalista y contrarrestar con la eficacia necesaria la contestación y la insurgencia social. Por ende, debía incorporarse una actividad permanente y paralela del Estado al margen de toda legalidad formal, con el crimen masivo y el terror como método fundamental. Así, el Estado Terrorista, aparecía la culminación degenerativa del Estado Militar "eficiente".
El trágico resultado fue el de 30.000 detenidos desaparecidos asesinados, de todas las edades y condición social, la mayor parte de ellos arrojados con vida al mar tras inenarrables procesos de tortura física y mental, o fusilados y enterrados clandestinamente, y otros 10.000 detenidos prisioneros, las más de ellos, sin procesos judiciales sólo "a disposición del Poder Ejecutivo", en las cárceles de la República; más de 200.000 ciudadanos exiliados y una cifra superior de cesanteados en sus trabajos públicos y privados, profesores y estudiantes expulsados de las casas de estudio, y de hombres y mujeres que engrosaron "las listas negras" de "muertos civiles" sin acceso a empleos públicos o privados, por considerarlos vinculados a la delincuencia subversiva por su militancia política, social o su actividad intelectual, calificada disidente o incompatible con el proceso militar en curso.
El Estado terrorista, a su vez, con su política de desapariciones, con la falta de explicación y respuesta del Estado, con la búsqueda desesperada por sus familiares y allegados de cada uno de los 30.000 secuestrados, con el carácter masivo y al mismo tiempo selectivo de las víctimas, fruto de un rastreo de todos los sectores sociales identificando los elementos contestatarios, produjo un profundo impacto social, convertido en un agujero negro en la conciencia colectiva, cuyos daños persisten hoy en día.
Pero también generó un proceso civil de resistencia, que tuvo a su cabeza un surgente Movimiento de Derechos Humanos que simbolizó los factores éticos y políticos conculcados, y la voluntad de un pueblo oprimido pero no vencido.
Las Madres de la Plaza de Mayo, con gran coraje e imaginación, lideraron ese proceso en abierto desafío al régimen, ocuparon el espacio público con sus pañuelos blancos y las fotos de sus hijos desaparecidos, soportando todos los embates incluyendo el secuestro de su fundadora Azucena Villaflor y de varias de sus integrantes, que pasaron a engrosar las filas de los desaparecidos.
Hoy, aquellas Madres y Abuelas, son figuras universalmente reconocidas.
EL FIN DE LA DICTADURA MILITAR
La política de aniquilamiento dio sus frutos en lo inmediato. No sólo respecto de las organizaciones revolucionarias armadas que ya estaban notoriamente muy debilitadas al momento del golpe de Estado, sino mayoritariamente del movimiento obrero organizado, ya que más de la mitad de los detenidos desaparecidos eran delegados de fábricas y activistas sindicales. Debilitó enormemente las redes de solidaridad social, persiguiendo a sus integrantes, centró su acción criminal, además, en la persecución de profesionales de actividades que consideró reñidas o cuestionantes de lo que denominaban "el modo de vida occidental y cristiano", como los psicólogos y psicoanalistas, periodistas, abogados defensores de presos políticos, hombres y mujeres de la cultura, maestros de escuelas y docentes universitarios, sospechados de un materialismo ateo. Músicos y cantantes, no fueron ajenos a estas persecuciones: tal el caso de Mercedes Sosa, que debió marchar al exilio. Nadie estaba libre de sospechas. La condición de estudiantes era de por sí, un motivo que justificaba que fuera investigado.
Los jefes militares ensoberbecidos por éxito de este baño de sangre, que calificaron como el triunfo de la "Tercera Guerra Mundial contra el Comunismo apátrida", decidieron marchar por una gloria mayor: la recuperación de las Islas Malvinas, enclave en el Atlántico Sur, perteneciente a la Argentina y que se encuentra en poder de Gran Bretaña. El 2 de abril de 1982, desembarcaron en el Puerto Stanley a través de una torpe maniobra militar destinada al fracaso. Mientras los soldados rasos pelearon con dignidad y coraje los altos mandos militares escribieron otra página cruel de su carencia de valores morales, éticos y hasta militares. Cerca de mil soldados argentinos perdieron la vida, mientras la alta oficialidad capituló y se rindió sin siquiera perder el lustre de sus botas en el fangoso terreno isleño.
Un nuevo dolor se sumó a las heridas del pueblo argentino.
Dicha derrota puso fin a los sueños imperiales de la dictadura y signó su alejamiento del poder, sumida en disensos internos y acorralada por una sociedad civil, que no desaprovechó la coyuntura, y que tenía conciencia del aislamiento internacional de los militares que la sojuzgaban, fruto de la solidaridad de los pueblos y del resultado de las denuncias en todos los foros universales.
Pero aquel Movimiento de Derechos Humanos, fortalecido, no bajó los brazos con el fin de la dictadura terrorista. Tornó ineficaz la autoamnistía de la propia dictadura, y condicionó también el contenido de la futura democracia, cuando conspicuos miembros de la clase política preanunciaron que debía darse vuelta la página de la historia y mirar para adelante. Los organismos de Derechos Humanos, con su presencia en las calles, reafirmaron que no podía construirse una democracia duradera y profunda, sobre la ciénaga del olvido, el ocultamiento de la verdad y la injusticia.
Ello impulsó a que la recuperada democracia constitucional presidida por Raúl Alfonsín, creara, a poco de asumir, la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (CONADEP) primera constatación oficial del exterminio colectivo llevado adelante por los usurpadores militares del poder. Tras la labor de ésta y su informe titulado "Nunca más", resultaba inevitable el juzgamiento de las Juntas Militares, que se habían turnado en el poder. En un proceso histórico y sin precedentes, un tribunal judicial ordinario, que no un tribunal especial ni una corte internacional, respetuoso del principio de legalidad, condenaba a los jefes de una dictadura militar sangrienta a penas de prisión perpetua como en el caso del entonces Teniente General Videla y el Almirante Massera, sus máximos responsables.
El gobierno civil se daba por satisfecho con este enorme gesto y con su resonancia simbólica que trascendió las fronteras y que marcaba un hito en la historia argentina del siglo XX. Las víctimas sobrevivientes, los familiares de los detenidos desaparecidos y asesinados, el movimiento de derechos humanos y numerosos sectores de la sociedad civil, por el contrario, promovían la continuidad de los juicios a los genocidas. Se impulsaron y abrieron nuevos procesos y en el primero de ellos, fue condenado a 25 años de reclusión otro notorio jefe militar: el general Camps. Tras ello, se hicieron oír fuertes planteos militares reclamando la impunidad.
El poder político fue sensible a estas presiones, temeroso de que se interrumpiera el proceso democrático e impulsó el dictado de las llamadas leyes de Obediencia Debida y Punto Final, aún en tiempo del gobierno de Alfonsín, complementadas con los indultos a los Comandantes condenados, dispuestos por el presidente Menem. De este modo se cerraron ignominiosamente los procesos abiertos y se clausuró la posibilidad de juzgamiento.
A partir de allí se abrió una etapa de más de quince años de lucha múltiple contra la impunidad, llevada adelante por sectores de la sociedad civil, cada vez más amplios y reclamantes, encabezados por las Madres, las Abuelas, y los restantes organismos de derechos humanos. No quedó recurso al que no se apelara. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el más alto órgano jurisdiccional de la Organización de Estados Americanos, consagro el derecho al reconocimiento a conocer la verdad de lo ocurrido con las víctimas, se impulsó la apertura de investigaciones judiciales, aunque sin posibilidad de sanción penal, llamados "juicios por la verdad". Estos tomaron centenares de testimonios y acumularon todo tipo de pruebas.
Paralelamente, bajo los principios de la Justicia Universal, se iniciaron procesos en España, Italia, Francia y Alemania, para juzgar a los militares argentinos por los crímenes cometidos contra ciudadanos de aquellas naciones. Para enervarlos e impedir la extradición de los responsables, el presidente Fernando de la Rúa, dictó un decreto disponiendo el rechazo in límine, sin tratamiento judicial, de los exhortos de jueces extranjeros con peticiones de captura y de extradición de aquellos.
Debe señalarse como un aspecto ejemplar de esa lucha, que no hubo ningún atentado a la integridad física de los ex represores ni otro ejercicio de respuesta que fuera mas allá de la violencia verbal cuando eran identificados en la vía pública o el señalamiento público de sus domicilios. El liderazgo ético de Madres y Abuelas reclamando Justicia y no acciones de represalias físicas fundadas en el odio y el resentimiento, fueron asumidas como conducta general. Ni siquiera las Agrupaciones de Hijos de desaparecidos y asesinados, que para entonces habían dejado de ser niños y eran jóvenes que superaban la adolescencia, cayeron en la tentación de hacer justicia por mano propia, frente a la negación de la justicia estatal.
Es preciso subrayar que todas estas acciones desplegadas a lo largo de los años permitieron una gran victoria: que el conjunto de la sociedad, o al menos su gran mayoría, hiciera suya la condena del terrorismo de Estado y viera como una necesidad inevitable la realización de los juicios a todos los militares responsables de la comisión de delitos, como la única forma posible de cicatrizar el pasado.
Esta impunidad, comenzó a llegar a su fin, cuando asumió la presidencia de la República el Dr. Néstor Kirchner en el año 2003, y colocó como eje de las políticas públicas de su gobierno al respecto, los principios de Memoria, Verdad y Justicia. Se trataba no sólo de cumplir con las responsabilidades del Estado de reparación dispuestas por los instrumentos internacionales suscriptos por la Argentina y que tienen rango constitucional, sino de recuperar los fundamentos éticos del Estado Democrático, no escindibles de la vigencia de los Derechos Humanos.
El pase a retiro de la cúpula de las tres fuerzas armadas dispuestas por el presidente Kirchner, consolidó la supremacía del poder civil y la integración de las Fuerzas Armadas en el proceso democrático.
A su vez, se generalizó la práctica de no ascender a grados inmediatos superiores y excluir del servicio activo a los militares que en los registros de la CONADEP, hubieran sido denunciados como autores de crímenes aberrantes, aunque no hubiera condenas de los mismos.
La nulidad de las llamadas leyes del perdón por el Parlamento, y su declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia, colocaron a los tres poderes del Estado en la senda de poner fin a la impunidad. La reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, declarados imprescriptibles, fue el resultado.
Debo señalar que algunas veces, observadores extranjeros, sobre todo aquellos que consideran como un elemento constitutivo de la justicia transicional, las propuestas de reconciliación y pacificación, han planteado su extrañeza que no se contemple estas posibilidades en el proceso argentino.
Para entenderlo, debemos recordar que en la Argentina no hubo una guerra civil, no hubo dos bandos del pueblo, abierta y violentamente enfrentados y que la dictadura si bien tuvo una coparticipación civil con responsabilidad decisoria, fue minoritaria por el número de sectores comprometidos con ella, que eran los integrantes de los sectores económicos mas concentrados y poderosos y la jerarquía de la Iglesia Católica.
También debe subrayarse que a su vez, las instituciones militares, depuradas de quienes participaron de la represión ilegal, hoy son parte de la democracia argentina, y no reivindican ese pasado.
Reafirmando la acción de la dictadura, sólo quedan los ex represores, sus allegados y amigos políticos, nucleados en pequeñas asociaciones o círculos privados, con el respaldo de algunos medios de comunicación, que hacen una encubierta y solapada defensa de aquellos..
Como dato, debe consignarse que las encuestas de opinión pública al momento de la derogación parlamentaria de las leyes de Obediencia Debida y Punto final, dieron un 78 % de apoyo efectivo a esa medida.
Agreguemos que por parte de los ex represores involucrados no existen signos de arrepentimiento ni voluntad de proporcionar la información que sustrajeron al abandonar la dirección del Estado, donde constaba el listado de los millares de víctimas, la forma en que se les quitó la vida, los responsables de cada hecho y el destino de sus restos. Con ellos -por su carácter de autores de crímenes contra la Humanidad- no hay reconciliación posible, sino juzgamiento y condena.
Hoy, los principios de Memoria, Verdad y Justicia, constituyen el corpus doctrinario efectivizado en políticas plasmadas e irreversibles, puestas en marcha durante la gestión del Presidente Kirchner y continuadas con la mima firmeza por la Presidenta de la Nación en ejercio, la Dra. Cristina Fernández de Kirchner.
.Pasemos un breve repaso de estos principios.
MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
LA MEMORIA
Una pieza nodal de estas políticas, ha sido y es el combate por la Memoria, que no es aséptica ni neutral.
Los actores de la consecuente actividad antidemocrática y represiva a lo largo del siglo XX, intentaron junto con el asalto a las instituciones en 1976 y hasta el presente, hacer una lectura de la historia legitimadora de su actuar. Desde esta perspectiva, toda su violencia sistemática, aparece como una mera respuesta de defensa de la Nación frente a la irracional violencia militante y social, a la que no vacilan en calificar como generada por la subversión apátrida. Como eje de esta postura aparece la defensa impúdica del terrorismo de Estado. Desde allí pretenden imponer la organización del olvido, borrando todo lo que los haga aparecer desnudos en su modelo genocida de represión y exclusión.
Ante a esta manipulación de la historia y los intentos de construcción de una falsa memoria colectiva, se opuso desde siempre la memoria de las víctimas y del movimiento de derechos humanos. Hoy es deber asumido como tal, por parte del Estado y de las instituciones democráticas, oponer a esta visión contrabandeada de los hechos, un fuerte rescate de la memoria histórica asentada en la irrefutable verdad de lo ocurrido, trayendo a la luz y convirtiendo en recuerdo permanente, aquello que los sujetos populares víctimas han levantado como bandera reivindicativa y reparatoria, a lo largo de décadas de lucha por la verdad y la justicia.
En este sentido, de la Secretaría de Estado a mi cargo, dependen el Archivo Nacional de la Memoria y el Centro Cultural de la Memoria.
No hay receta para la construcción de la memoria histórica, fuera del esfuerzo por estimularla, rescatar sus huellas, muchas veces encubiertas por el olvido, rememorando el pasado y poniendo a la luz la continuidad del acontecer histórico y sus puntos esenciales que no deben dejar de ser parte de nuestro presente en tanto pasado vivo. Claro está que esta tarea tiene un rigor en su elaboración, que no es simple espontaneísmo del recuerdo. Narración y simbolización en la resignificación del horror, no es la mera recordación de hechos del pasado. Su iluminación significante, implica mucho más: analizar desde las ciencias sociales, la sistematicidad de su práctica ilegal y su persistencia en el tiempo, desde las miradas cruzadas de los actores sociales víctimas.
De allí que la Memoria no busque cosificar la historia en forma gélida y estática, sino convertirla en un elemento dinámico y operativo con capacidad de actuar sobre la vida social, apuntalando el reconocimiento colectivo de su propia identidad y sus proyecciones futuras.
La memoria es la vida, siempre llevada por grupos vivos y por eso, en evolución permanente, abierta a la dialéctica del recuerdo y de la amnesia, es un fenómeno siempre actual, se alimenta de recuerdos indefinidos, globales o flotantes, particulares o simbólicos, ella es sensible a todos los modos de transferencia, censura o proyección. La memoria instala el recuerdo en lo sagrado, como ha señalado el académico francés Pierre Nora.
Como construcción social, como tal, es una construcción política. La memoria no es pacífica. Hay un combate por la hegemonía de la memoria. La memoria también es el reflejo de las vivencias, de los recuerdos, de los sujetos sociales en pugna, donde hay intereses representados contrapuestos, lo que impide la posibilidad de articular desde un mismo prisma una memoria completa.
La memoria también está ligada con la construcción de la sociedad que queremos, y es importante porque cuando hablamos de terrorismo de Estado estamos haciendo referencia también a la metodología impulsada por sectores políticos y económicos concentrados, que a través de las fuerzas armadas impusieron, criminal y masivamente, un modelo de sociedad ferozmente excluyente y totalmente dependiente. Y hoy si bien esa experiencia genocida, que forma parte de nuestro pasado lacerante, está siendo condenada a través de los procesos que la Justicia lleva a cabo, no ha alcanzado a esos factores político-económicos que impulsaron el golpe de Estado y que están entre nosotros. Hoy usan otros instrumentos, otros medios, pero el combate continúa.
El desafío que hoy enfrentamos en la Argentina, es construir un legado del nunca más, un discurso narrativo no cristalizado ni estático, del que puedan reapropiarse las nuevas generaciones desde la propia mirada del presente que les toque vivir, garantizándoles así el derecho a conocer su propia historia y de receptar la memoria colectiva, bajo los principios de Memoria, Verdad y Justicia y de la vigencia irrestricta de los Derechos Humanos.
El segundo aspecto esencial en los esfuerzos narrativos del pasado, con la pertinente investigación y reflexión, lo constituye el rescate de las prácticas sociales, los comportamientos colectivos y los daños en el tejido social que importó las prácticas genocidas con la articulación del terror y la manipulación social por parte de los detentadores del poder omnímodo.
Claro está que esta enunciación, no resuelve los grandes problemas teóricos que se generan en torno al debate en torno a la memoria. A la pregunta: ¿Hay una ciencia de la memoria?, la respuesta es ambivalente.
Es posible -e indispensable- la construcción de parámetros teóricos en torno a la memoria. La producción intelectual que en las últimas décadas se ha generado en el plano internacional y nacional, son prueba de ello, y de la necesidad de diferenciarse de las restantes ciencias sociales. Comenzando por la Historia. Debate central, por su diferenciación, no concluido. La Historia, a diferencia de la Memoria, es un intento de reconstrucción de aquello que ya no se corporiza y con lo que no se tiene contacto en tanto es parte del pasado. Además la historia se diferencia de la memoria por su carácter intelectual que no puede escindirse del análisis crítico. La memoria contribuye a la consolidación de un discurso narrativo desde el presente.
LA MEMORIA, COMO FORMA DE HONRAR LA VIDA
Honrar a los muertos, es un mandato histórico que todos tenemos en todo tiempo y lugar, máxime, cuando como en este caso, aquellos han perdido sus valiosas vidas fruto del accionar feroz y homicida de quienes los acallaron desde el Estado usurpado dentro de una acción masiva y sistemática contra quienes representaban los elementos más activos de la sociedad en sus prácticas políticas, sociales, intelectuales y culturales.
Cada ser humano asesinado por aquella abominable dictadura, significó en ese acto, el vano intento de sometimiento del conjunto de la sociedad a través del efecto multiplicador del terror. La búsqueda del efecto colectivo, sobre la acción individual que implicó suprimir una vida para poner fin a una conducta y a un compromiso de cada uno de aquellos seres.
En el caso argentino, entre las víctimas no cabe hacer distinción ninguna. No hay víctimas mejores ni peores. No hay víctimas más inocentes que otras. Son todos, víctimas de un terrorismo de Estado, unificados por la muerte aleve.
La búsqueda y recuperación de sus restos óseos, la lleva adelante la Justicia y los familiares y organismos de derechos humanos, a través del Equipo Argentino de Antropología Forense, Organización no gubernamental argentina, de ganado prestigio internacional, que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Cada uno de los restos que se recupera y se identifica, trae en primer lugar paz y sosiego a sus seres queridos, pero también fortalece la prueba judicial y corporiza ineluctablemente, la Memoria de lo vivido.
Es preciso subrayar que la Memoria no es el simple recuerdo del pasado y honra de los muertos. La memoria tiene un sentido colectivo de recuperación de la historia desde el presente, de enseñanza y camino hacia el futuro. Es al mismo tiempo autodefensa en nuestro quehacer diario y la posibilidad de sentar las bases de una sociedad futura sobre los pilares de una profundización democrática, de la vigencia plena de los derechos humanos y de los principios de la tolerancia, de la solidaridad y del respeto al otro. Por ello la memoria, no es abstracta, ni naturalmente dada, ni pacífica.
Hoy, además de los grandes relatos generales y colectivos, es un deber ineludible construir la memoria pública y el relato específico y particular de cada sector de la sociedad que fuera víctima concreta de aquel accionar genocida.
Con estas memorias sectoriales, no se fragmenta la memoria colectiva, se la enriquece desde las particularidades que aquella acción genocida tuvo frente a cada sector de la sociedad y ante cada hombre, ante cada mujer y ante cada niño blanco de su práctica criminal. Así las víctimas dejan de ser sólo un número en el recuento brutal de las responsabilidades de los verdugos, para recuperar su identidad corporizada en el recuerdo de todos nosotros.
El señalamiento de las Bases y Cuarteles militares donde funcionaron Centros Clandestinos de Detención y Exterminio mediante placas y pilares; la conversión de los grandes Centros Clandestinos emblemáticos en Espacios de la Memoria, como la ESMA en Buenos Aires y La Perla en Córdoba, es parte de la obra que realiza la Secretaría de Derechos Humanos a través del Archivo Nacional de la Memoria. Este es el custodio público de toda la documentación recuperada sobre la represión ilegal, sus autores y víctimas. Más de 10.000.000 de fojas constituyen su acervo documental, fuente de investigación y al mismo tiempo, prueba documental en los procesos judiciales.
EL DERECHO A LA VERDAD
Esta idea se expresa también en la consagración del Derecho a la Verdad. Este derecho al conocimiento de la verdad sobre la comisión de crímenes aberrantes vale tanto para el ominoso capítulo del pasado como obligación para el presente y el futuro. Para eso, hay que mantener en vigilia la conciencia ética y moral, y su sanción jurídica.
Al respecto cabe recordar que en el campo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, hace mucho tiempo comenzó a desarrollarse el llamado "derecho a la verdad", para el cual fue un hito importante el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recaído en un caso de desaparición forzada de personas en el cual se sostuvo que "El deber de investigar hechos de este género subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida. Incluso en el supuesto de que circunstancias legítimas del orden jurídico interno no permitieran aplicar las sanciones correspondientes a quienes sean individualmente responsables de delitos de esta naturaleza, el derecho de los familiares de la víctima de conocer cual fue el destino de ésta, y, en su caso, donde se encuentran sus restos, representa una justa expectativa que el Estado debe satisfacer con los medios a su alcance" (Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de julio de 1988).
Tales conceptos han sido receptados también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al señalar que el derecho a saber la verdad sobre los hechos, así como también la identidad de quienes participaron en ellos, constituye una obligación que el Estado tiene con los familiares de las víctimas y con la sociedad como consecuencia de las obligaciones y deberes asumidos como Estado Parte de la Convención Americana.
Tanto el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (a iniciativa de Argentina), como la Asamblea de la OEA han reconocido en sendas resoluciones, la importancia de respetar y garantizar el Derecho a la Verdad para contribuir a acabar con la impunidad y promover y proteger los derechos humanos, saludando con satisfacción la creación en varios Estados de mecanismos judiciales específicos, así como otros mecanismos extrajudiciales o ad-hoc, que complementan el sistema judicial para contribuir en la investigación de las violaciones de los derechos humanos y las del derecho internacional humanitario, y valorar la preparación y publicación de los informes y decisiones de esos órganos.
JUSTICIA
De manera general, se puede sostener que el derecho de acceso a la justicia, implica la posibilidad de toda persona, independientemente de su condición económica, social o de cualquier otra naturaleza, de acudir ante los tribunales para formular pretensiones o defenderse de ellas, de obtener un fallo de esos tribunales y, que la resolución pronunciada sea cumplida y ejecutada.
La Justicia como tal, fue negada a las víctimas sobrevivientes y a los familiares de los desaparecidos y asesinados por el terror estatal, al amparo de las leyes de obediencia debida, punto final y los indultos. Las causas judiciales fueron archivadas y los responsables, sobreseídos.
El camino de reconstrucción del derecho a la Justicia, implicó el reemplazo de la vergonzosa Corte Suprema de Justicia del período de Menem, mediante el juicio político de sus miembros, y su reemplazo por prestigiosos juristas independientes. El segundo paso fue la ratificación de la Convención sobre imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. El tercer paso, ya señalado, fue declarar la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y el Punto Final y los Indultos.
Por su parte el Gobierno Nacional, comenzó a presentarse como parte querellante en los juicios archivados, impulsando su reapertura, con todas las garantías del debido proceso legal.
Este proceso de reapertura no ha sido fácil y el panorama es de por sí complejo. Se perdieron casi 20 años, muchos de los represores están muertos, al igual que los testigos y querellantes. La multiplicidad de causas judiciales y la imposibilidad de unificarlas por encontrarse en distintos estadios procesales, muchas veces referidas a un mismo campo de detención y exterminio, por ejemplo la ESMA o los cuarteles de Campo de Mayo, somete a los sobrevivientes de aquellos, a una interminable ronda por los tribunales donde deben una y otra vez, revivir los padecimientos sufridos.
No es lo deseado, pero sí es el camino que hoy aparece como posible para el avance de los juicios.
Sin duda en ello hay una actitud renuente de parte de los magistrados. El Poder ideológicamente más conservador del Estado es el Poder Judicial, donde la independencia e inamovilidad de los jueces, hacen que allí continúen enquistados muchos de aquellos que iniciaron la carrera judicial bajo el amparo de la dictadura.
Asimismo, no falta la tarea sucia, anónima pero de indudable origen en los propios ex militares procesados, de amenazas escritas o telefónicas a los testigos de cargo que traen aún mas desasosiego a su quehacer.
Pero han ido más allá aún, mostrando su naturaleza criminal: uno de estos testigos de 77 años de edad, Jorge Julio López, que pasara 3 años entre 1976 y 1979 en un campo clandestino de detención y clave para la condena a prisión perpetua del Comisario Miguel Etchecolatz, fue secuestrado por autores desconocidos el 18 de septiembre de 2006, ignorándose hasta la fecha que fue de él. Han resultado vanos todos los esfuerzos por hallarlo e identificar a los autores de su privación de libertad. Este gravísimo suceso no ha hecho retroceder a los cientos de testigos de cargo.
Por aquello de que es preferible una justicia tardía, a una injusticia eterna, valen la pena todos los esfuerzos y aún los riesgos. Hoy el resultado esta a la vista:
El número de causas por violación de los derechos humanos durante el terrorismo de Estado asciende a más de 1200 en todo el país.
A) Procesados: 588.
De la totalidad de las causas en trámite a nivel nacional, 588 personas se encuentran procesadas por la comisión de crímenes contra la humanidad durante el terrorismo de Estado.
De este universo se resalta
1.) Un subconjunto de 230 imputados que ya cuentan con al menos una causa transitando la etapa de juicio
2.) Un subconjunto de 120 imputados que alcanzarían en lo inmediato ese estadio procesal, dado que el Ministerio Fiscal ya ha formulado los correspondientes requerimientos de elevación a juicio.
B) Condenados: 79.
A partir de la causa 13/84 de la Cámara Federal de la Capital Federal que condenó a la pena de reclusión perpetua a Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, a Roberto Viola a 16 años y 6 meses de prisión, a Armando Lambruschini, a 8 años de prisión,y a Orlando Agosti a 3 años y 9 meses de prisión, el número de condenados por crímenes de lesa humanidad, incluyendo en listado de los condenados por apropiación de menores y sustitución de identidad en ocasión del terrorismo de Estado, suman: 78.
A ello debe sumarse el juicio realizado ante la Audiencia Territorial de Madrid al ex capitán de corbeta Adolfo Scilingo quien fue condenado a 1084 años de prisión por delitos de lesa humanidad, secuestro y torturas, sentencia ratificada por el Tribunal Supremo español.
No he tomado en cuenta otros procesos realizados en Roma y Paris, donde las condenas no se han hecho efectivas por haber sido juzgados los responsables en ausencia.
Pero lo más importante no es esta estadística, sino que este proceso inédito donde la justicia de un país en nombre de los derechos fundamentales y los principios democráticos, juzga y condena a los responsables de todo una época signada por el horror sistemático, se lleva adelante sin que ello ponga en peligro las instituciones de la República, sino por el contrario, las fortalezcan.
Muchas gracias por la atención que me dispensaran.
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