Por Marcos Muñoz*
¿Qué sucedería si otros actores sociales se instalaran a
metros de un templo en el Alto neuquino o en el Barrio Obrero de Cipolletti
para difundir falsedades sobre sus creencias? Seguramente se denunciaría como
persecución. Sin embargo, en Neuquén y Río Negro asistimos hoy a una dinámica
inversa: una avanzada de sectores evangélicos que, con una mezcla de soberbia e
impunidad, busca avasallar el espacio público y nuestras instituciones
educativas.
Como docentes del sistema público provincial, estamos
profundamente comprometidos con la transmisión y construcción de saberes
científicos y ciudadanos. Esta labor ya es lo suficientemente compleja en el
marco de una competencia desleal con la información que circula en las redes
sociales y atravesada por las discusiones sobre las currículas y una carga
administrativa que nos quita el aliento, como para sumar la presión de
discursos que pretenden desmantelar derechos conquistados.
Es necesario cuestionar la logística de estas acciones:
¿Cómo se financian las biblias y folletos que reparten? ¿Por qué quienes los
entregan en las puertas de escuelas primarias, CPEM o EPET, ESRN o CET se
niegan a identificarse?
Nuestras escuelas son laicas. Esto no es solo un decir: es
un principio constitucional. La laicidad garantiza la separación entre la
educación pública y las instituciones religiosas para asegurar un ambiente
plural, donde no se privilegie ningún culto y se respete la libertad de
conciencia de cada estudiante, tal como lo dictan las normativas del Consejo
Provincial de Educación (CPE).
"Nuestras escuelas son laicas. Esto no es solo un
decir: es un principio constitucional que en Neuquén se traduce en la Ley
Orgánica de Educación N° 2945. Su Artículo 3 ratifica la laicidad, mientras que
el Artículo 33 (incisos 9 y 10) nos impone a los docentes el deber ético y
legal de proteger a los estudiantes de cualquier presión ideológica o
religiosa."
La postura de estos sectores parece ignorar que los derechos
consagrados en nuestras constituciones son el resultado de grandes debates y
luchas populares frente a injusticias históricas. Son los derechos que
permitieron que las mujeres y las infancias hoy no vivan bajo las mismas
opresiones y negaciones del siglo pasado.
Cuando una organización que claramente persigue objetivos
políticos busca avasallar lo escrito en la Carta Magna y elige las puertas de
una escuela rionegrina o neuquina para su despliegue, está cometiendo un claro
acto de provocación. Ante la prepotencia que pretende ignorar la ley y el
respeto al carácter público de la educación, la respuesta debe ser una sola: la
defensa irrestricta de la laicidad como garantía de libertad para todos y
todas.
Por ello, considero primordial que exista una regulación al
respecto, para impedir que este tipo de situaciones se repita: una política
pública que resguarde el derecho de estudiantes, docentes y familias es urgente
para garantizar una educación laica.
* Docente Nivel Medio. Provincia de Neuquén.
