El país llegó a un acuerdo con la ICANN, la corporación que administra los nombresde dominios en la Web, que permitirá mayor participación internacional en el organismo privado.
Estados Unidos firmó hoy un acuerdo con la Corporación de Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN) que le da más independencia a la institución para coordinar el sistema.
Este acuerdo, que regirá a partir de mañana, llega después de años de críticas de la Unión Europea (UE), Rusia, China, India y otros países, que señalaban que la administración de la red de redes era demasiado importante para que quedara únicamente en manos de Estados Unidos. Entre otras cosas, se quejaban de la lentitud para extender las direcciones de Internet en otros idiomas que no sea el inglés.Asimismo, el acuerdo establece que el organismo creado en 1998 sea "independiente y no sea controlado por ninguna entidad" y determina que la ICANN continúe siendo una organización privada y sin fines de lucro. De esta forma se pone fin al papel directo que jugó el gobierno estadounidense desde el desarrollo de Internet a partir del sistema de comunicaciones militares Arpanet de los años 60.
"Esta nueva afirmación marca una emocionante nueva etapa en el desarrollo de ICANN como una entidad verdaderamente internacional y confirma de una vez por todas que el modelo de participación pública de ICANN funciona de hecho", dijo Rod Beckstrom, jefe ejecutivo de la Corporación. "Un mundo, una Internet, todos conectados, ese es nuestro objetivo en ICANN. Este acuerdo le da a los agentes internacionales implicados una voz aún más poderosa en nuestras actividades", añadió.
Por su parte, la UE saludó el anuncio. "Saludo la decisión de la administración estadounidense de adaptar el rol clave de la ICANN en la administración de Internet a la realidad del siglo XXI y de un mundo globalizado", indicó en un comunicado la comisaria europea para Sociedad de la Información y Medios, Viviane Reding."Los usuarios de Internet de todo el mundo podrán esperar ahora que las decisiones de la ICANN sobre nombres de dominios y direcciones sean más independientes y más responsables, y que se tomen en cuenta los intereses de todo el mundo", añadió.
http://www.clarin.com/diario/2009/09/30/um/m-02009524.htm
miércoles, 30 de septiembre de 2009
Las universidades de todo el país expresaron su apoyo a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
Las casas de altos estudios consideraron al proyecto "indispensable" para garantizar la "igualdad de oportunidades" en el acceso a los medios de comunicación masiva y para poner un límite a los "monopolios" que favoreció la ley de la dictadura.Este apoyo quedó plasmado en una resolución aprobada por unanimidad al finalizar el 62 plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en la ciudad cordobesa de Villa María.
En este sentido, se expresó el vicerrector del CIN y también rector de la Universidad Nacional de Villa María (Córdoba), Martín Gill, que dijo a Télam que la nueva ley es "indispensable" porque la vigente "se encuentra viciada desde su origen por ser de la dictadura militar". "Las universidades siempre han abogado por una nueva ley reguladora de medios", dijo Gill.
En la misma línea se expresó el rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Ruta, también integrante del CIN, que dijo que la nueva ley es "un gesto de coherencia" con lo que vienen haciendo las universidades, de abrir sus puertas para "reflexionar, discutir y debatir" esta ley. "Por lo que las universidades vivieron durante la dictadura son concientes de que es insostenible una ley de medios como la que existe. La necesidad de una ley es impostergable y va más allá de las diferencias, incluso políticas, que puedan tener", dijo.
Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de Misiones, Aldo Caballero, ratificó esta postura y consideró la necesidad de su sanción "sin modificaciones en el Senado", teniendo en cuenta que es una ley que lleva "26 años de tratamiento".
En diálogo con Télam, asumió que toda ley es "perfectible", como cualquier acto humano, y que en un futuro se "pueden perfeccionar algunos aspectos", pero dejó claro que en todo caso "es mejor que la que tenemos, que es de la dictadura".Caballero señaló también el sentido "federalista" de esta ley y señaló que "ninguno de los canales de televisión disponibles en las localidades del interior del país informan sobre el clima local, sino que lo que se da es el clima en Buenos Aires".
En tanto, el vicerrector de la Universidad Nacional de Quilmes, Mario Lozano, destacó la "amplitud de voces" y las menores posibilidades de "situaciones monopólicas" que permite esta ley, y se preguntó "si los políticos de la oposición que se oponen se dan cuenta que alguna vez pueden ser gobierno y que los monopolios lo que hacen es "fijar la agenda política", en vez de que lo hagan los políticos democráticamente elegidos por el pueblo.
Lozano se refirió también a los condicionamientos financieros que pueden tener algunas organizaciones sociales a la hora de tener un espacio de radiodifusión, y explicó que pueden paliarse con "exenciones impositivas" y "mecanismos de financiación externos".
Dejó claro que "el epíteto que intentan adjudicar hoy a la ley, calificándola como Ley K a modo de insulto, en años futuros será vista como un orgullo y seguramente la oposición dirá que se trató de una ley votada por ellos y no una ley K, como dicen ahora en forma peyorativa".
En tanto, el consejo directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires declaró su apoyo al proyecto oficial, al resaltar que es el producto de "la movilización, perseverancia y madurez de amplios sectores de la sociedad" que "aportaron a la construcción del proyecto de ley".En el escrito reivindican las mejoras al proyecto logradas en los foros, las audiencias públicas y el trabajo en comisión de la Cámara de Diputados.
Neuquén: Adhesión al Proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales
Les acercamos información respecto de la Adhesión al Proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales, de la que acompaña nuestro compañero y Presidente del Partido Justicialista Dto.Neuquén Luis Sagaseta.
Los abajo firmantes expresan públicamente su apoyo y adhesión al Proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales, solicitando su tratamiento y pronta sanción en el Senado, ya que la misma reemplazará a la actual ley de radiodifusión.-
Hoy, y frente al debate que se refleja diariamente en los medios de difusión locales y nacionales, expresamos nuestro apoyo al tratamiento del proyecto de “Ley de medios” que actualmente transita distintas comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación.
La modificación de la actual Ley permitiría saldar una deuda pendiente de la dirigencia política y democrática con la sociedad argentina, generar una nueva relación entre los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, contemplando el proceso de globalización, la complejidad de la sociedad actual y también obviamente, el impacto de las nuevas tecnologías sobre las relaciones sociales y las interacciones económicas.
El proyecto, perfectible, esta siendo trabajado en estos días por la Cámara de Senadores, seguramente será mejorado desde múltiples enfoques por las distintas comisiones en las que será tratado.
Por último, hay que recordar la innumerable cantidad de proyectos de modificación a la Ley de Radiodifusión que fueron quedando en el camino. Hoy nos encontramos frente a una oportunidad de cambiar esa antigua y desactualizada Ley sancionada por gobiernos militares que sostiene la monopolización de los medios de difusión.
ADHIEREN:
Intendente de Neuquén Capital, Martín Farizano; Intendente de Añelo – Jacinto Hernandez; Intendente de Rincón de los Sauces – Hugo Wernli; Intendente de Chos Malal – Carlos Lator; Intendente de Cutral-Co – Ramón Rioseco; Intendente de Centenario – Javier Bertoldo; Intendente de Las Ovejas – Nicomedes Navarrete; Intendente de Piedra del Águila – Adolfo Paine; Diputada Provincial – Cecilia Bianchi; Diputado Provincial – Luis Sagaseta; Diputado Provincial – Ariel Kohan; Diputado Provincial – Miguel Guidali; Oscar Nahuel – Concejal y presidente del Concejo Deliberante de Centenario; Daniel Egea – Concejal de Centenario; Olga Alfonso – Concejal de Centenario; Darío Martínez – Concejal de Neuquén.
Los abajo firmantes expresan públicamente su apoyo y adhesión al Proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales, solicitando su tratamiento y pronta sanción en el Senado, ya que la misma reemplazará a la actual ley de radiodifusión.-
Hoy, y frente al debate que se refleja diariamente en los medios de difusión locales y nacionales, expresamos nuestro apoyo al tratamiento del proyecto de “Ley de medios” que actualmente transita distintas comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación.
La modificación de la actual Ley permitiría saldar una deuda pendiente de la dirigencia política y democrática con la sociedad argentina, generar una nueva relación entre los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, contemplando el proceso de globalización, la complejidad de la sociedad actual y también obviamente, el impacto de las nuevas tecnologías sobre las relaciones sociales y las interacciones económicas.
El proyecto, perfectible, esta siendo trabajado en estos días por la Cámara de Senadores, seguramente será mejorado desde múltiples enfoques por las distintas comisiones en las que será tratado.
Por último, hay que recordar la innumerable cantidad de proyectos de modificación a la Ley de Radiodifusión que fueron quedando en el camino. Hoy nos encontramos frente a una oportunidad de cambiar esa antigua y desactualizada Ley sancionada por gobiernos militares que sostiene la monopolización de los medios de difusión.
ADHIEREN:
Intendente de Neuquén Capital, Martín Farizano; Intendente de Añelo – Jacinto Hernandez; Intendente de Rincón de los Sauces – Hugo Wernli; Intendente de Chos Malal – Carlos Lator; Intendente de Cutral-Co – Ramón Rioseco; Intendente de Centenario – Javier Bertoldo; Intendente de Las Ovejas – Nicomedes Navarrete; Intendente de Piedra del Águila – Adolfo Paine; Diputada Provincial – Cecilia Bianchi; Diputado Provincial – Luis Sagaseta; Diputado Provincial – Ariel Kohan; Diputado Provincial – Miguel Guidali; Oscar Nahuel – Concejal y presidente del Concejo Deliberante de Centenario; Daniel Egea – Concejal de Centenario; Olga Alfonso – Concejal de Centenario; Darío Martínez – Concejal de Neuquén.
Con acuerdo en la necesidad de derogar
Ante los senadores expusieron expertos en derecho y en comunicación. Hubo opiniones divididas pero la mayoría señaló que se debe reemplazar la ley de la dictadura. El académico Martín Becerra dijo que hoy cuatro compañías “acaparan el 78 por ciento del mercado”.Por Miguel Jorquera
Constitucionalistas, expertos en derecho administrativo y especialistas en comunicación dividieron opiniones sobre el proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual, aunque coincidieron en la necesidad de “derogar la ley de la dictadura” y avanzar en la construcción de una nueva normativa para los medios de comunicación. El plenario de las comisiones legislativas que debate en el Senado la propuesta oficial tuvo ayer su jornada más extensa y diversificada de las cuatro que lleva realizadas.
Por la mañana fue el turno de los constitucionalistas. Alberto González Arzac defendió el proyecto; Bernardo Licht pidió un plazo mayor para que los grupos oligopólicos se desprendan de medios para adecuarse a la nueva normativa y Daniel Sabsay y Félix Loñ cuestionaron la injerencia del Ejecutivo en la autoridad de aplicación.
“Así como fue superada la dictadura militar, hoy debe superarse la dictadura de los medios de comunicación”, dijo Arzac. “No cabe duda de que los medios audiovisuales están en manos monopólicas y hay que terminar con este monopolio”, añadió el constitucionalista antes de sostener que la nueva norma debe analizarse “bajo la óptica” del artículo 42 de la Constitución, referido a la defensa de la competencia.
Desde la vereda de enfrente, Sabsay sostuvo que “el proyecto de ley resulta sumamente atractivo en cuanto a sus propósitos y enunciados”, pero incluye “puntos flacos”, como “la inseguridad jurídica, la violación a la propiedad privada y la discrecionalidad del Poder Ejecutivo”. A esa línea también adhirió Loñ. Más moderado, Licht se pronunció a favor de otorgar un plazo mayor a un año –como establece el proyecto– para que las corporaciones puedan desprenderse de las licencias que excedan el tope fijado por la futura ley. Las preguntas de los senadores y las respuestas de los constitucionalistas se extendieron hasta las 15.
Una hora y media después se reanudó el plenario con los especialistas en derecho administrativo. Ahí también se dividieron opiniones. “El artículo 161 es la regla de la apertura del mercado (de los medios audiovisuales de comunicación), la norma regulatoria. Es parte del artículo 42 de la Constitución y de la discrecionalidad que este Congreso tiene”, afirmó Eduardo Mertehikian, para quien “la jurisprudencia de la Corte Suprema avala este procedimiento”. Mientras, Valentín Thury Cornejo consideró que la “asignación del espectro radioeléctrico se realiza con carácter precario e impreciso”, que se presta a actitudes discrecionales, por lo tanto “deben asignarse con títulos jurídicos para proteger las inversiones”.
Aun con algunos reparos, las disertaciones de los especialistas en comunicación volcaron la balanza a favor del proyecto. Martín Becerra, profesor universitario e investigador del Conicet, fue contundente sobre la concentración de medios en la Argentina: “Los cuatro primeros actores (compañías) en televisión, radios y TV por cable acaparan el 78 por ciento del mercado. El 70 por ciento de los contenidos de televisión que se ven en el país se produce en el área metropolitana de Buenos Aires y el 86 por ciento de esa producción la realizan apenas dos canales. En tanto, el 50 por ciento del territorio nacional no tiene acceso a la televisión abierta”, enumeró Becerra, antes de insistir en la necesidad de terminar con “la concentración de contenidos y operadores”.
El subsecretario general de la Presidencia y ex interventor del Comfer Gustavo López trazó el recorrido de “frustraciones” en veintiséis años de democracia para terminar “con la ley de la dictadura amoldada (tras la década del ’90) a los intereses de las grandes empresas de la comunicación”. Preguntó: “¿Cómo un país que pudo juzgar a las juntas militares, una experiencia casi inédita en el mundo, y cambió su Constitución, no pudo darse una nueva ley de medios? Es debido a las dificultades y las presiones de los grandes grupos económicos y los grandes medios de comunicación”. Recordó que el Comfer está intervenido porque, según la ley vigente, debería estar al mando de militares: “No existe una estructura tan similar a la SIDE como el Comfer, nadie lo puede controlar, porque está ideado bajo la doctrina de seguridad nacional”, destacó López. Y concluyó que “ahora es el tiempo de cambiar la ley”.
Henoch Aguiar, especialista en telecomunicaciones, cuestionó aspectos del proyecto: que “las audiencias públicas sólo se establecen para renovar licencias y no para su adjudicación”; que “las licencias, que requieren un nivel importante de inversión, sólo sean adjudicadas por veinte años”; y abogó por “exigir más especificaciones para evitar la posición dominante”. Igual, consideró que “es un momento fantástico para poder hacer el cambio de ley” y propuso “lograr consenso para realizar una verdadera política de Estado”.
Constitucionalistas, expertos en derecho administrativo y especialistas en comunicación dividieron opiniones sobre el proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual, aunque coincidieron en la necesidad de “derogar la ley de la dictadura” y avanzar en la construcción de una nueva normativa para los medios de comunicación. El plenario de las comisiones legislativas que debate en el Senado la propuesta oficial tuvo ayer su jornada más extensa y diversificada de las cuatro que lleva realizadas.
Por la mañana fue el turno de los constitucionalistas. Alberto González Arzac defendió el proyecto; Bernardo Licht pidió un plazo mayor para que los grupos oligopólicos se desprendan de medios para adecuarse a la nueva normativa y Daniel Sabsay y Félix Loñ cuestionaron la injerencia del Ejecutivo en la autoridad de aplicación.
“Así como fue superada la dictadura militar, hoy debe superarse la dictadura de los medios de comunicación”, dijo Arzac. “No cabe duda de que los medios audiovisuales están en manos monopólicas y hay que terminar con este monopolio”, añadió el constitucionalista antes de sostener que la nueva norma debe analizarse “bajo la óptica” del artículo 42 de la Constitución, referido a la defensa de la competencia.
Desde la vereda de enfrente, Sabsay sostuvo que “el proyecto de ley resulta sumamente atractivo en cuanto a sus propósitos y enunciados”, pero incluye “puntos flacos”, como “la inseguridad jurídica, la violación a la propiedad privada y la discrecionalidad del Poder Ejecutivo”. A esa línea también adhirió Loñ. Más moderado, Licht se pronunció a favor de otorgar un plazo mayor a un año –como establece el proyecto– para que las corporaciones puedan desprenderse de las licencias que excedan el tope fijado por la futura ley. Las preguntas de los senadores y las respuestas de los constitucionalistas se extendieron hasta las 15.
Una hora y media después se reanudó el plenario con los especialistas en derecho administrativo. Ahí también se dividieron opiniones. “El artículo 161 es la regla de la apertura del mercado (de los medios audiovisuales de comunicación), la norma regulatoria. Es parte del artículo 42 de la Constitución y de la discrecionalidad que este Congreso tiene”, afirmó Eduardo Mertehikian, para quien “la jurisprudencia de la Corte Suprema avala este procedimiento”. Mientras, Valentín Thury Cornejo consideró que la “asignación del espectro radioeléctrico se realiza con carácter precario e impreciso”, que se presta a actitudes discrecionales, por lo tanto “deben asignarse con títulos jurídicos para proteger las inversiones”.
Aun con algunos reparos, las disertaciones de los especialistas en comunicación volcaron la balanza a favor del proyecto. Martín Becerra, profesor universitario e investigador del Conicet, fue contundente sobre la concentración de medios en la Argentina: “Los cuatro primeros actores (compañías) en televisión, radios y TV por cable acaparan el 78 por ciento del mercado. El 70 por ciento de los contenidos de televisión que se ven en el país se produce en el área metropolitana de Buenos Aires y el 86 por ciento de esa producción la realizan apenas dos canales. En tanto, el 50 por ciento del territorio nacional no tiene acceso a la televisión abierta”, enumeró Becerra, antes de insistir en la necesidad de terminar con “la concentración de contenidos y operadores”.
El subsecretario general de la Presidencia y ex interventor del Comfer Gustavo López trazó el recorrido de “frustraciones” en veintiséis años de democracia para terminar “con la ley de la dictadura amoldada (tras la década del ’90) a los intereses de las grandes empresas de la comunicación”. Preguntó: “¿Cómo un país que pudo juzgar a las juntas militares, una experiencia casi inédita en el mundo, y cambió su Constitución, no pudo darse una nueva ley de medios? Es debido a las dificultades y las presiones de los grandes grupos económicos y los grandes medios de comunicación”. Recordó que el Comfer está intervenido porque, según la ley vigente, debería estar al mando de militares: “No existe una estructura tan similar a la SIDE como el Comfer, nadie lo puede controlar, porque está ideado bajo la doctrina de seguridad nacional”, destacó López. Y concluyó que “ahora es el tiempo de cambiar la ley”.
Henoch Aguiar, especialista en telecomunicaciones, cuestionó aspectos del proyecto: que “las audiencias públicas sólo se establecen para renovar licencias y no para su adjudicación”; que “las licencias, que requieren un nivel importante de inversión, sólo sean adjudicadas por veinte años”; y abogó por “exigir más especificaciones para evitar la posición dominante”. Igual, consideró que “es un momento fantástico para poder hacer el cambio de ley” y propuso “lograr consenso para realizar una verdadera política de Estado”.
Internet no aísla ni aliena
Carlos Cortés, haciendo referencia a una serie de estudios sobre el tema, retoma la afirmación de Manuel Castells para señalar que Internet incrementa la sociabilidad y la actividad de las personas.
Por Carlos Eduardo Cortés S.*
Desde San José de Costa Rica
La comunicación se reconoce hoy como un tema político central. El modelo de ordenamiento del mundo se basa cada vez más en la arquitectura de las redes y las nuevas tecnologías digitales de información y comunicación (TIC), que van conformando un modelo de sociedad futura.
Con toda razón, redes globales como OURMedia/NUESTROSMedios, se preguntan por las consecuencias de este cambio y se preguntan si las nuevas condiciones que brindan las TIC promueven o dispersan los encuentros y la creación de espacios colectivos de comunicación, comunidad e intereses. Pero, es la gente, no la tecnología, la que da razón y sentido a estos cambios, y es allí donde reside la esperanza. El argentino Daniel Prieto Castillo ha parafraseado un dicho en forma maravillosa: “Dime qué hiciste con las anteriores tecnologías y te diré qué harás con las nuevas”.
Numerosas investigaciones recientes demuestran, como lo ha descripto el investigador español Manuel Castells, que “Internet no aísla ni aliena, sino que incrementa la sociabilidad y la actividad de las personas en todas las dimensiones de la vida”. Sus usuarios más activos y frecuentes, cuando se comparan con los no usuarios, son personas más sociables, tienen más amistades, más intensidad de relaciones familiares, más iniciativa profesional, menos tendencia a la depresión y al aislamiento, más autonomía personal, más riqueza comunicativa y más participación ciudadana y sociopolítica.
Este aspecto de la participación es especialmente significativo. Siete años de investigación sistemática del Proyecto Futuro Digital (Escuela de Comunicación Annenberg, Universidad de California del Sur), suministran claras percepciones de los estadounidenses sobre el valor de Internet como fuente de información y su creciente uso para participar en comunidades en línea.
El 80 por ciento de los usuarios de Internet mayores de 17 años de edad la considera como una fuente importante de información –en 2006 era el 66 por ciento–, superior a la televisión (68), la radio (63), y los periódicos (63).
El estudio encontró un profundo impacto social producido por el aumento de la participación en comunidades en línea, cuya población se duplicó en sólo tres años y tiene una consecuencia muy significativa sobre la participación en causas sociales, así como sobre el desdibujamiento de lo presencial y lo no-presencial: 55 por ciento de los participantes en comunidades en línea afirman que se sienten tan fuertemente vinculados a éstas como a sus comunidades presenciales.
Esta tendencia es confirmada por otras investigaciones globales. El World Internet Project (worldinternetproject.net), un proyecto longitudinal comparado sobre uso de Internet y otras tecnologías digitales en la vida cotidiana de personas de 26 países, encontró en 2008 notables similitudes y diferencias significativas en el modo en que los usuarios usan y confían en la Internet en Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia, Medio Oriente y Oceanía.
Young Adults Revealed, estudio de Synovate (synovate.com), por encargo de Microsoft, entrevistó en 2008 a 12.400 jóvenes entre 18 y 24 años, en 26 países de cuatro continentes. Aunque centrado en estilos de consumo, reveló que “la comunicación mediante redes sociales y mensajería instantánea no es vista por las personas jóvenes como una actividad opcional o de entretenimiento, sino como una parte diaria y necesaria para su existencia”.
Finalmente, una investigación apoyada en una encuesta del Ministerio de Educación de Argentina a 3300 jóvenes confirma que los medios y las nuevas tecnologías configuran nuevas formas de sociabilidad juvenil y que las pantallas no aíslan, sino que son soportes de relaciones.
Los medios se han dispersado en el espacio y en el tiempo; ocupan más lugares y tiempo de consumo en momentos distintos, según la decisión de cada integrante de esta generación que, por primera vez, articula y complementa el uso de teléfono, mensajes de texto y chateo, y diferencia cada medio por su función comunicativa (Roxana Morduchowicz, Coord., Los jóvenes y las pantallas: nuevas formas de sociabilidad, Barcelona: Gedisa, 2008).
Razones de sobra para que los adultos asumamos el tema con mayor seriedad, pues estos mismos cambios están presentes en nuestros hogares, en mayor o menor medida.
* Gerente de Radio Nederland Training Centre - América latina.
http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-132621-2009-09-30.html
Por Carlos Eduardo Cortés S.*
Desde San José de Costa Rica
La comunicación se reconoce hoy como un tema político central. El modelo de ordenamiento del mundo se basa cada vez más en la arquitectura de las redes y las nuevas tecnologías digitales de información y comunicación (TIC), que van conformando un modelo de sociedad futura.
Con toda razón, redes globales como OURMedia/NUESTROSMedios, se preguntan por las consecuencias de este cambio y se preguntan si las nuevas condiciones que brindan las TIC promueven o dispersan los encuentros y la creación de espacios colectivos de comunicación, comunidad e intereses. Pero, es la gente, no la tecnología, la que da razón y sentido a estos cambios, y es allí donde reside la esperanza. El argentino Daniel Prieto Castillo ha parafraseado un dicho en forma maravillosa: “Dime qué hiciste con las anteriores tecnologías y te diré qué harás con las nuevas”.
Numerosas investigaciones recientes demuestran, como lo ha descripto el investigador español Manuel Castells, que “Internet no aísla ni aliena, sino que incrementa la sociabilidad y la actividad de las personas en todas las dimensiones de la vida”. Sus usuarios más activos y frecuentes, cuando se comparan con los no usuarios, son personas más sociables, tienen más amistades, más intensidad de relaciones familiares, más iniciativa profesional, menos tendencia a la depresión y al aislamiento, más autonomía personal, más riqueza comunicativa y más participación ciudadana y sociopolítica.
Este aspecto de la participación es especialmente significativo. Siete años de investigación sistemática del Proyecto Futuro Digital (Escuela de Comunicación Annenberg, Universidad de California del Sur), suministran claras percepciones de los estadounidenses sobre el valor de Internet como fuente de información y su creciente uso para participar en comunidades en línea.
El 80 por ciento de los usuarios de Internet mayores de 17 años de edad la considera como una fuente importante de información –en 2006 era el 66 por ciento–, superior a la televisión (68), la radio (63), y los periódicos (63).
El estudio encontró un profundo impacto social producido por el aumento de la participación en comunidades en línea, cuya población se duplicó en sólo tres años y tiene una consecuencia muy significativa sobre la participación en causas sociales, así como sobre el desdibujamiento de lo presencial y lo no-presencial: 55 por ciento de los participantes en comunidades en línea afirman que se sienten tan fuertemente vinculados a éstas como a sus comunidades presenciales.
Esta tendencia es confirmada por otras investigaciones globales. El World Internet Project (worldinternetproject.net), un proyecto longitudinal comparado sobre uso de Internet y otras tecnologías digitales en la vida cotidiana de personas de 26 países, encontró en 2008 notables similitudes y diferencias significativas en el modo en que los usuarios usan y confían en la Internet en Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia, Medio Oriente y Oceanía.
Young Adults Revealed, estudio de Synovate (synovate.com), por encargo de Microsoft, entrevistó en 2008 a 12.400 jóvenes entre 18 y 24 años, en 26 países de cuatro continentes. Aunque centrado en estilos de consumo, reveló que “la comunicación mediante redes sociales y mensajería instantánea no es vista por las personas jóvenes como una actividad opcional o de entretenimiento, sino como una parte diaria y necesaria para su existencia”.
Finalmente, una investigación apoyada en una encuesta del Ministerio de Educación de Argentina a 3300 jóvenes confirma que los medios y las nuevas tecnologías configuran nuevas formas de sociabilidad juvenil y que las pantallas no aíslan, sino que son soportes de relaciones.
Los medios se han dispersado en el espacio y en el tiempo; ocupan más lugares y tiempo de consumo en momentos distintos, según la decisión de cada integrante de esta generación que, por primera vez, articula y complementa el uso de teléfono, mensajes de texto y chateo, y diferencia cada medio por su función comunicativa (Roxana Morduchowicz, Coord., Los jóvenes y las pantallas: nuevas formas de sociabilidad, Barcelona: Gedisa, 2008).
Razones de sobra para que los adultos asumamos el tema con mayor seriedad, pues estos mismos cambios están presentes en nuestros hogares, en mayor o menor medida.
* Gerente de Radio Nederland Training Centre - América latina.
http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-132621-2009-09-30.html
Comunicación, tecnología y poder
Los desarrollos tecnológicos no pueden analizarse de manera aislada, porque están vinculados con decisiones políticas y económicas, sostiene Carlos Valle. Y agrega que el concepto de dignidad humana es imprescindible para hablar de comunicación.
Por Carlos Valle *
La decisión tomada sobre el sistema de digitalización que adoptará nuestro país nos hace recordar algunas afirmaciones que se han hecho a lo largo de la historia de la industrialización tanto como que venía acompañada de promesas de mayor bienestar, como la insistencia de algunos teóricos en que la responsabilidad reside en los seres humanos y que resulta inaceptable representar a la tecnología como un monstruo que amenaza la vida humana, porque es neutral y pasiva, lo cual ha obviado realidades presentes que enfrenta la comunicación.
Es imposible aislar la comunicación de la tecnología. Por el contrario, hay una cierta retroalimentación entre los procesos económicos, políticos y sociales y el desarrollo de ciertas áreas de la tecnología que son determinantes a la comunicación misma. ¿Es ésta una descripción cabal del mundo moderno? ¿Es la tecnología una amenaza tan feroz y determinante del mundo actual? ¿De qué manera determina esta visión de la tecnología las posibilidades de la comunicación? ¿Cómo afecta el desarrollo tecnológico la dignidad humana? ¿Será necesario rechazar la tecnología?
A. Piscitelli considera que, dada la complejidad del mundo tecnológico, es conveniente comenzar por establecer un encuadre que permita poner en evidencia los paradójicos desafíos que se ciernen sobre el futuro de la humanidad y la preservación de la dignidad de las personas. Todo esto se torna más evidente porque un rasgo de la revolución tecnológica actual es que tiene características propias muy superiores comparadas con otras anteriores. Cambios anteriores se dieron en el marco de un reducido número de sociedades y se difundieron en un área geográfica limitada, pero el proceso de globalización ha situado entre sus principales gestores a los conglomerados económico-mediáticos para “determinar los modelos de convivencia que se desean alcanzar”.
¿Qué hay detrás de este enorme despliegue de recursos y este incesante desarrollo de la ciencia y la tecnología para servir al complejo económico y político? La respuesta más evidente es el afianzamiento del poder. Alguna vez Norman Mailer había comentado que la tecnología nos dice: “De ahora en más vamos a tener mucho menos placer, pero mucho más poder... Ese es el credo de la tecnología”. ¿Quiénes tendrán menos placer pero más poder? ¿Quiénes acumularán poder por miedo a perder el placer? ¿Quiénes harán del poder el sumo placer?
Se ha argumentado si los objetos técnicos tienen cualidades políticas. Porque pareciera ser que lo importante no es tanto la tecnología en sí misma como el sistema económico y social en el cual la tecnología está inmersa. Los objetos tecnológicos no carecen de importancia porque la tecnología llega a ser una forma de construir orden. Es así que, por medio de sus estructuras tecnológicas, las sociedades determinan, en gran parte, cómo han de trabajar las personas que integran cada sociedad, cómo se han de comunicar y viajar, etcétera.
Lewis Mumford creía que en la historia de Occidente existen dos tradiciones respecto de la tecnología: una autoritaria y otra democrática. La experiencia demuestra que cuanto más una sociedad se basa en un sofisticado sistema tecnológico más tiende a funcionar con un sistema de control altamente jerárquico. Este control, ¿es necesariamente inherente a la tecnología? La respuesta más frecuente es que así “tiene que ser” porque no se puede dejar el control de la tecnología en manos inexpertas. Así se argumenta, por ejemplo, en el mundo de la economía. Uno está sujeto a “las leyes del mercado”. Estas “leyes”, que parecen haber caído del cielo, son las que determinan las acciones sin ninguna consideración sobre su incidencia en la vida de la gente. Pero lo cierto es que la economía misma no es una ciencia natural y los grandes cambios tecnológicos no tienen su origen y desarrollo en una esfera neutral, porque los basamentos de la sociedad provienen de decisiones políticas.
Por este motivo el concepto de la dignidad humana es imprescindible para hablar de la verdadera comunicación porque hace a la esencia de una comunidad democrática. Una comunicación en la cual el desarrollo tecnológico esté al servicio de la vida. Es la búsqueda del respeto por la dignidad humana la que hermana a todos los seres humanos, independientemente de su religión o de su ideología. Para ello se deberá trabajar para abrir espacios a una comunicación que cree el desarrollo de una comunidad solidaria, que denuncie la discriminación y la opresión y deje que los acallados sean oídos. Las poderosas armas de los medios podrían jugar un papel integrador de la comunidad toda, pero para ello la sociedad deberá velar con astucia y perseverancia e ir en búsqueda de estructuras más democráticas.
* Comunicador social. Ex presidente de la Asociación Mundial para las Comunicaciones Cristianas (WACC).
http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-132622-2009-09-30.html
Por Carlos Valle *
La decisión tomada sobre el sistema de digitalización que adoptará nuestro país nos hace recordar algunas afirmaciones que se han hecho a lo largo de la historia de la industrialización tanto como que venía acompañada de promesas de mayor bienestar, como la insistencia de algunos teóricos en que la responsabilidad reside en los seres humanos y que resulta inaceptable representar a la tecnología como un monstruo que amenaza la vida humana, porque es neutral y pasiva, lo cual ha obviado realidades presentes que enfrenta la comunicación.
Es imposible aislar la comunicación de la tecnología. Por el contrario, hay una cierta retroalimentación entre los procesos económicos, políticos y sociales y el desarrollo de ciertas áreas de la tecnología que son determinantes a la comunicación misma. ¿Es ésta una descripción cabal del mundo moderno? ¿Es la tecnología una amenaza tan feroz y determinante del mundo actual? ¿De qué manera determina esta visión de la tecnología las posibilidades de la comunicación? ¿Cómo afecta el desarrollo tecnológico la dignidad humana? ¿Será necesario rechazar la tecnología?
A. Piscitelli considera que, dada la complejidad del mundo tecnológico, es conveniente comenzar por establecer un encuadre que permita poner en evidencia los paradójicos desafíos que se ciernen sobre el futuro de la humanidad y la preservación de la dignidad de las personas. Todo esto se torna más evidente porque un rasgo de la revolución tecnológica actual es que tiene características propias muy superiores comparadas con otras anteriores. Cambios anteriores se dieron en el marco de un reducido número de sociedades y se difundieron en un área geográfica limitada, pero el proceso de globalización ha situado entre sus principales gestores a los conglomerados económico-mediáticos para “determinar los modelos de convivencia que se desean alcanzar”.
¿Qué hay detrás de este enorme despliegue de recursos y este incesante desarrollo de la ciencia y la tecnología para servir al complejo económico y político? La respuesta más evidente es el afianzamiento del poder. Alguna vez Norman Mailer había comentado que la tecnología nos dice: “De ahora en más vamos a tener mucho menos placer, pero mucho más poder... Ese es el credo de la tecnología”. ¿Quiénes tendrán menos placer pero más poder? ¿Quiénes acumularán poder por miedo a perder el placer? ¿Quiénes harán del poder el sumo placer?
Se ha argumentado si los objetos técnicos tienen cualidades políticas. Porque pareciera ser que lo importante no es tanto la tecnología en sí misma como el sistema económico y social en el cual la tecnología está inmersa. Los objetos tecnológicos no carecen de importancia porque la tecnología llega a ser una forma de construir orden. Es así que, por medio de sus estructuras tecnológicas, las sociedades determinan, en gran parte, cómo han de trabajar las personas que integran cada sociedad, cómo se han de comunicar y viajar, etcétera.
Lewis Mumford creía que en la historia de Occidente existen dos tradiciones respecto de la tecnología: una autoritaria y otra democrática. La experiencia demuestra que cuanto más una sociedad se basa en un sofisticado sistema tecnológico más tiende a funcionar con un sistema de control altamente jerárquico. Este control, ¿es necesariamente inherente a la tecnología? La respuesta más frecuente es que así “tiene que ser” porque no se puede dejar el control de la tecnología en manos inexpertas. Así se argumenta, por ejemplo, en el mundo de la economía. Uno está sujeto a “las leyes del mercado”. Estas “leyes”, que parecen haber caído del cielo, son las que determinan las acciones sin ninguna consideración sobre su incidencia en la vida de la gente. Pero lo cierto es que la economía misma no es una ciencia natural y los grandes cambios tecnológicos no tienen su origen y desarrollo en una esfera neutral, porque los basamentos de la sociedad provienen de decisiones políticas.
Por este motivo el concepto de la dignidad humana es imprescindible para hablar de la verdadera comunicación porque hace a la esencia de una comunidad democrática. Una comunicación en la cual el desarrollo tecnológico esté al servicio de la vida. Es la búsqueda del respeto por la dignidad humana la que hermana a todos los seres humanos, independientemente de su religión o de su ideología. Para ello se deberá trabajar para abrir espacios a una comunicación que cree el desarrollo de una comunidad solidaria, que denuncie la discriminación y la opresión y deje que los acallados sean oídos. Las poderosas armas de los medios podrían jugar un papel integrador de la comunidad toda, pero para ello la sociedad deberá velar con astucia y perseverancia e ir en búsqueda de estructuras más democráticas.
* Comunicador social. Ex presidente de la Asociación Mundial para las Comunicaciones Cristianas (WACC).
http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-132622-2009-09-30.html
martes, 29 de septiembre de 2009
El turno de los abogados y de los especialistas en comunicación
Durante la quinta audiencia pública convocada por la Cámara Alta, distintos abogados constitucionalistas coincidieron en la necesidad de "derogar la ley de la dictadura", aunque con diferentes matices. Mientras unos reivindican el fin de los monopolios, otros critican el poder que se le otorga al Ejecutivo en la nueva ley. El plenario espera la palabra de los especialistas Eduardo Merenhikian, Valentín Thury Cornejo, Henoch Aguiar, Gustavo López, Julio Bárbaro y Martín Becerra.
El constitucionalista Alberto González Arzac entendió que la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados, que ahora analiza el Senado, "es perfectamente constitucional" y cuestionó a aquellos que "reclaman más tiempo" para debatirla porque -sostuvo- ya ha sido "considerada suficientemente como para seguir esperando".
"Así como fue superada la dictadura militar, debe superarse la dictadura de los medios de comunicación, que hoy subsiste, cosa que esta ley nos posibilita", aseveró Arzac.
Al iniciar su exposición, González Arzac aclaró que no representaba "intereses concretos, a diferencia de otros", y confesó que sintió "una gran satisfacción" cuando se presentó el nuevo proyecto de ley. Agregó que "no cabe duda de que los medios audiovisuales están en manos monopólicas y que se debe terminar con este monopolio". Por último, sostuvo que el proyecto en discusión se debe analizar bajo la óptica del Artículo 42 de la Constitución Nacional, que se refiere a la defensa de la competencia.
Daniel Sabsay, por su parte, opinó que "si bien el proyecto resulta sumamente atractivo en cuanto a sus propósitos y sus enunciados generales, los medios que se utilizan para propender a esos fines incurren en distintas contradicciones". Criticó lo que a su criterio constituye un "excesivo poder otorgado al Poder Ejecutivo", como así también lo que entendió una "violación a la propiedad privada", en referencia al proceso de desinversión de los actuales licenciatarios, dispuesto por la norma.
"En este proyecto encontramos lados flacos que hacen a la seguridad jurídica, a la legalidad, y a la no discrecionalidad del poder político", señaló Sabsay, quien planteó la necesidad de que, paralelamente a esta norma, el Congreso debata una "ley de libre acceso a la información pública y de regulación de la pauta oficial de propaganda".
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-132601-2009-09-29.html
El constitucionalista Alberto González Arzac entendió que la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados, que ahora analiza el Senado, "es perfectamente constitucional" y cuestionó a aquellos que "reclaman más tiempo" para debatirla porque -sostuvo- ya ha sido "considerada suficientemente como para seguir esperando".
"Así como fue superada la dictadura militar, debe superarse la dictadura de los medios de comunicación, que hoy subsiste, cosa que esta ley nos posibilita", aseveró Arzac.
Al iniciar su exposición, González Arzac aclaró que no representaba "intereses concretos, a diferencia de otros", y confesó que sintió "una gran satisfacción" cuando se presentó el nuevo proyecto de ley. Agregó que "no cabe duda de que los medios audiovisuales están en manos monopólicas y que se debe terminar con este monopolio". Por último, sostuvo que el proyecto en discusión se debe analizar bajo la óptica del Artículo 42 de la Constitución Nacional, que se refiere a la defensa de la competencia.
Daniel Sabsay, por su parte, opinó que "si bien el proyecto resulta sumamente atractivo en cuanto a sus propósitos y sus enunciados generales, los medios que se utilizan para propender a esos fines incurren en distintas contradicciones". Criticó lo que a su criterio constituye un "excesivo poder otorgado al Poder Ejecutivo", como así también lo que entendió una "violación a la propiedad privada", en referencia al proceso de desinversión de los actuales licenciatarios, dispuesto por la norma.
"En este proyecto encontramos lados flacos que hacen a la seguridad jurídica, a la legalidad, y a la no discrecionalidad del poder político", señaló Sabsay, quien planteó la necesidad de que, paralelamente a esta norma, el Congreso debata una "ley de libre acceso a la información pública y de regulación de la pauta oficial de propaganda".
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-132601-2009-09-29.html
La dictadura cerró medios, pero se rebelan aliados
Los golpistas profundizaron el carácter represivo del régimen: allanaron y clausuraron los únicos dos medios de comunicación afines al presidente Manuel Zelaya, Radio Globo y Canal 36 de Televisión. También impidieron las manifestaciones.
Sin libertad de expresión ni de reunión, en Honduras se acaban los medios de comunicación afines al presidente Manuel Zelaya y las marchas opositoras de la resistencia popular. El régimen de facto conducido por Roberto Micheletti suspendió el domingo las garantías constitucionales fundamentales por 45 días e impuso el estado de sitio por ese mismo lapso. Ayer lo puso en marcha: en horas de la madrugada local, grupos de policías y militares allanaron y clausuraron los únicos dos medios de comunicación afines a Zelaya, Radio Globo y Canal 36 de Televisión. La explicación fue tan simple como autoritaria: “La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) queda autorizada para suspender cualquier radioemisora, canal de televisión o sistema de cable que no ajuste su programación a las presentes disposiciones”, señaló el comunicado oficial. Por la noche, Micheletti dejó entrever que podría revisar el decreto con el que instauró el estado de sitio.
La condena de Zelaya fue inmediata. “Han silenciado las únicas voces que tenía el pueblo hondureño, están matando nuestro espíritu de forma cruel e inhumana”, denunció el derrocado mandatario. “Han desmantelado la radio, han terminado de desmantelar la constitución de la República”, se lamentó a su turno Andrés Pavón, presidente de la Comisión hondureña para la Defensa de los Derechos Humanos. “Esta es una agresión total, ésta es una dictadura militar”, denunció el dirigente. Según relató Alejandro Villator, director de Radio Globo, los efectivos militares ingresaron en la radio a las 5.20 hora local y, sin presentar notificación legal alguna, militarizaron las instalaciones, acordonaron las inmediaciones y procedieron a decomisar todos los equipos y antenas de frecuencias. “Las cinco personas que se encontraban en el edificio de la radio en el momento del cierre tuvieron que salir huyendo por unas escaleras”, precisó Villator. “La radio está hecha un desastre. Destrozaron todo”, agregó el director. En cuanto a la señal del Canal 36, lo único que se ve en las pantallas desde ayer a la mañana es una señal de barras.
La medida acabó con las únicas fuentes de información críticas del gobierno que existían en el país centroamericano. Desde el golpe de Estado del 28 de junio pasado, Radio Globo y Canal 36 eran los únicos medios en defender la restitución de Zelaya en su cargo, habían apoyado la consulta popular que propugnaba el presidente para convocar a una Asamblea Constituyente y transmitían en directo las manifestaciones de la resistencia así como las declaraciones de Zelaya.
El cierre de los medios opositores no fue la única consecuencia que tuvo ayer el cercenamiento de las garantías constitucionales. La dictadura le apuntó a las manifestaciones callejeras. Como cada mañana desde hace desde hace 90 días, el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado había convocado a una manifestación que debía partir en horas de la mañana desde la Universidad Pedagógica, punto de reunión habitual al este de Tegucigalpa. Pero a partir de ayer, marchar quedó prohibido: cuando los hondureños comenzaron a llegar al punto de encuentro, un operativo de 200 policías, respaldados con dos camiones hidrantes y un helicóptero, los estaba esperando. El cordón fue absoluto y la marcha no pudo arrancar.
Pero las repercusiones locales e internacionales fueron tales que, por primera vez, se oyó una voz crítica al interior de las propias filas golpistas. Ayer, José Alfredo Saavedra, presidente del Congreso, le pidió a Micheletti que revea la medida. “Hicimos una solicitud respetuosa en el sentido de analizar la posibilidad de dejar sin valor el decreto ejecutivo”, señaló el congresista de facto. “Voy a consultar con la Corte Suprema de Justicia e incluso con los candidatos presidenciales para así tomar la decisión más conveniente a los intereses de nuestra patria, que sería derogar ese decreto en el momento más oportuno”, concedió el dictador.
Comunicación Audiovisual: especialistas en derecho constitucional manifestarán su postura en el Senado
Las audiencias por el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual continuarán en el plenario de las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión; Presupuesto y Hacienda; Asuntos Constitucionales e Industria y Comercio del Senado. Hoy participarán Damián Loretti, Gregorio Badeni, Bernardo Licht, entre otros.
Según el cronograma, desde las 9.30 manifestarán su postura sobre la iniciativa que fue aprobada en Diputados especialistas en derecho constitucional, como Damián Loretti, Gregorio Badeni, Bernardo Licht, Félix Loñ, Daniel Sabsay y Alberto González Arzac.En tanto, a las 15 será el turno de los consultores en derecho administrativo Eduardo Mertehikian y Valentín Thury Cornejo.Cerrarán la jornada los especialistas en comunicaciones Henoch Aguiar, Gustavo López, Martín Becerra y Julio Bárbaro.Ayer en el plenario de comisiones participaron representantes del sector gremial y de organizaciones de derechos humanos.
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=162405&id=316308&dis=1&sec=1
Según el cronograma, desde las 9.30 manifestarán su postura sobre la iniciativa que fue aprobada en Diputados especialistas en derecho constitucional, como Damián Loretti, Gregorio Badeni, Bernardo Licht, Félix Loñ, Daniel Sabsay y Alberto González Arzac.En tanto, a las 15 será el turno de los consultores en derecho administrativo Eduardo Mertehikian y Valentín Thury Cornejo.Cerrarán la jornada los especialistas en comunicaciones Henoch Aguiar, Gustavo López, Martín Becerra y Julio Bárbaro.Ayer en el plenario de comisiones participaron representantes del sector gremial y de organizaciones de derechos humanos.
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=162405&id=316308&dis=1&sec=1
“Libertad de expresión, libertad de imprenta y derecho a la información”
El subsecretario de Presidencia de la Nación, Gustavo López, y el coordinador general del COMFER, Luis Lázaro, defendieron ante legisladores nacionales, provinciales y organizaciones sociales el proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y se encuentra en tratamiento en el Senado. Lo hicieron esta tarde en la reunión convocada por la comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones para debatir la iniciativa del Ejecutivo nacional que propone regular el ejercicio de los medios de comunicación. En la ocasión, López afirmó que el proyecto oficial está basado en la libertad de expresión, la libertad de imprenta y el derecho a la información. Contrastó la iniciativa con la norma vigente que, dijo, “es la ley de la dictadura modificada por los grupos de medios más importantes para su propio beneficio”. En tanto, Lázaro indicó que la propuesta “democratiza los medios de comunicación del país”. También participaron del debate los diputados nacionales Hugo Acuña –MPN- y Hugo Prieto –Concertación-. Previo a la reunión en comisión, la vicegobernadora Ana Pechen recibió en su despacho al subsecretario de la Nación, quien estuvo acompañado por Ariel Kogan, diputado de la Concertación.
En su exposición, López argumentó que la sanción de la ley es “urgente” porque se trata de un cambio “que lleva 26 años de demora”. A la vez, explicó que es la primera vez que un sistema político planifica un sistema de medios democrático. Destacó como puntos salientes del proyecto del Ejecutivo la participación de sectores sociales, académicos y de la oposición; la fijación de límites para la formación de monopolios; y la armonización de los derechos universales con el desarrollo de la industria, entre otros aspectos. También subrayó la participación que se le otorga a entidades sin fines de lucro, asociaciones, cooperativas, sindicatos y universidades en el acceso a licencias de radiodifusión.
En otro tramo, el funcionario nacional observó que la composición de la autoridad de aplicación “guarda equilibrio” al garantizar la representación de las minorías parlamentarias y los académicos. Además, recordó las modificaciones realizadas a la ley vigente que “se acomodaron a las necesidades de crecimiento de los grandes grupos de medios de comunicación” y “permitieron construir un sistema de medios concentrado”. Por caso, mencionó los decretos que permitieron la compra-venta de licencias y el aumento de éstas de 4 a 24. Añadió que es una norma inaplicable y basada en la doctrina de la seguridad nacional. Aclaró que el proyecto no hace referencia a la publicidad oficial sino a pautas publicitarias que sólo contemplan la emisión por radio y TV.
A su turno, Lázaro sostuvo que la demora en el debate de una nueva ley de medios fomentó un modelo concentrado. “Perdimos la oportunidad de construir un sistema equilibrado de comunicación”, dijo. Consideró que la sanción de la norma es una necesidad de la democracia y el federalismo. Manifestó que los monopolios afectan el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos y defendió la integración de la autoridad de aplicación.
Por su parte, Acuña detalló las modificaciones que realizó el bloque del MPN a través de un dictamen por minoría sobre el proyecto oficial. En ese sentido, pidió que la autoridad de aplicación sea un organismo “más técnico y federal” con participación de sectores del periodismo, juristas y académicos. A la vez, objetó el proyecto oficial por violar el principio de libertad religiosa al admitir solamente el culto católico e hizo lo propio con la aplicación retroactiva de la ley en relación al plazo de un año que da la norma a los medios que superen la cantidad de licencias autorizadas para desprenderse del excedente. También se pronunció a favor de la elección del Defensor del Público y celebró la sanción de una nueva ley “con la mayor cantidad de consensos”.
Prieto sustentó su apoyo a la iniciativa del Ejecutivo en la solución que da a la posición dominante de algunos grupos en el mercado de los medios de comunicación. “Es un aporte a la consolidación definitiva de la democracia”, consideró el diputado nacional y agregó que debe primar la libertad de expresión sobre la propiedad de las empresas periodísticas.
Participaron los diputados Carlos Pacheco, presidente de la comisión, José Russo, Graciela Muñiz Saavedra, Ariel Kogan, Luis Sagaseta, Hugo Goncalves, Rodolfo Canini y Paula Sánchez.
Fuente: 28-Sep-2009; Prensa - Legislatura de la Provincia del Neuquén.
En su exposición, López argumentó que la sanción de la ley es “urgente” porque se trata de un cambio “que lleva 26 años de demora”. A la vez, explicó que es la primera vez que un sistema político planifica un sistema de medios democrático. Destacó como puntos salientes del proyecto del Ejecutivo la participación de sectores sociales, académicos y de la oposición; la fijación de límites para la formación de monopolios; y la armonización de los derechos universales con el desarrollo de la industria, entre otros aspectos. También subrayó la participación que se le otorga a entidades sin fines de lucro, asociaciones, cooperativas, sindicatos y universidades en el acceso a licencias de radiodifusión.
En otro tramo, el funcionario nacional observó que la composición de la autoridad de aplicación “guarda equilibrio” al garantizar la representación de las minorías parlamentarias y los académicos. Además, recordó las modificaciones realizadas a la ley vigente que “se acomodaron a las necesidades de crecimiento de los grandes grupos de medios de comunicación” y “permitieron construir un sistema de medios concentrado”. Por caso, mencionó los decretos que permitieron la compra-venta de licencias y el aumento de éstas de 4 a 24. Añadió que es una norma inaplicable y basada en la doctrina de la seguridad nacional. Aclaró que el proyecto no hace referencia a la publicidad oficial sino a pautas publicitarias que sólo contemplan la emisión por radio y TV.
A su turno, Lázaro sostuvo que la demora en el debate de una nueva ley de medios fomentó un modelo concentrado. “Perdimos la oportunidad de construir un sistema equilibrado de comunicación”, dijo. Consideró que la sanción de la norma es una necesidad de la democracia y el federalismo. Manifestó que los monopolios afectan el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos y defendió la integración de la autoridad de aplicación.
Por su parte, Acuña detalló las modificaciones que realizó el bloque del MPN a través de un dictamen por minoría sobre el proyecto oficial. En ese sentido, pidió que la autoridad de aplicación sea un organismo “más técnico y federal” con participación de sectores del periodismo, juristas y académicos. A la vez, objetó el proyecto oficial por violar el principio de libertad religiosa al admitir solamente el culto católico e hizo lo propio con la aplicación retroactiva de la ley en relación al plazo de un año que da la norma a los medios que superen la cantidad de licencias autorizadas para desprenderse del excedente. También se pronunció a favor de la elección del Defensor del Público y celebró la sanción de una nueva ley “con la mayor cantidad de consensos”.
Prieto sustentó su apoyo a la iniciativa del Ejecutivo en la solución que da a la posición dominante de algunos grupos en el mercado de los medios de comunicación. “Es un aporte a la consolidación definitiva de la democracia”, consideró el diputado nacional y agregó que debe primar la libertad de expresión sobre la propiedad de las empresas periodísticas.
Participaron los diputados Carlos Pacheco, presidente de la comisión, José Russo, Graciela Muñiz Saavedra, Ariel Kogan, Luis Sagaseta, Hugo Goncalves, Rodolfo Canini y Paula Sánchez.
Fuente: 28-Sep-2009; Prensa - Legislatura de la Provincia del Neuquén.
lunes, 28 de septiembre de 2009
En busca de las firmas
El oficialismo empezará a buscar esta semana las firmas para llevar al recinto el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobado por Diputados. El kirchnerismo necesita el aval de al menos 8 de los 15 miembros que integran las comisiones de Industria, Comunicación, Presupuesto y Asuntos Constitucionales. En la primera tiene 9 votos garantizados, pero en las otras tres tiene siete. Precisamente, el voto faltante –en todas ellas– está en manos del titular de la Comisión de Comunicación, el empresario mediático Guillermo Jenefes, que ayer aseguró que “es imposible” que lleguen a tratar la ley en el recinto el jueves 8 de octubre, tal como había planificado inicialmente el Gobierno.
“Los tres poderes debemos actuar en forma independiente y espero que el Senado pueda actuar como la Cámara revisora del Parlamento, lo cual significa que muy probablemente se introduzcan modificaciones, ya que no es un proyecto perfecto, que no merezca introducir una coma”, afirmó ayer Jenefes. El jefe del bloque del FpV en el Senado, Miguel Angel Pichetto, junto al presidente provisional de la Cámara, José Pampuro, y el titular de Diputados, su comprovinciano Eduardo Fellner, intentan convencer al senador jujeño de que acompañe la iniciativa oficial. Dada su condición de empresario de medios, la principal resistencia de Jenefes gira en torno del artículo 161, que prevé el plazo de un año para que las empresas en posición dominante vendan sus medios para adaptarse a la nueva ley.
Las audiencias del plenario de comisiones continuarán hoy con sindicatos vinculados con el sector audiovisual y organizaciones de derechos humanos y ONG. Por la mañana hablarán representantes del Sindicato Argentino de Televisión, de la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones; y de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, entre otros. En tanto, a partir de las 15 concurrirán Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, el Serpaj, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación de Derechos Civiles (ADC).
Mañana, en tanto, será el turno de los especialistas en derecho de la información y los abogados constitucionalistas. Al plenario fueron convocados los abogados Gregorio Badeni, Daniel Sabsay, Alberto González Arzac y Félix Loñ. También se aguarda la presencia del ex secretario de Comunicaciones Henoch Aguiar, los ex interventores del Comfer Gustavo López (actual subsecretario general de la Presidencia) y Julio Bárbaro, y el profesor de Comunicación (UBA) Guillermo Mastrini.
“A partir de allí se irán formando las distintas mayorías para eventualmente sostener un dictamen”, aseguró ayer Jenefes, tomando distancia del proyecto kirchnerista. El jujeño aclaró que aún no tiene “posición definida” sobre el artículo 161. “No tengo una opinión formada, lo estoy estudiando”, insistió.
Por otra parte, agrupaciones sociales, estudiantiles, de derechos humanos y sindicales, entre otras, convocaron para hoy frente al Congreso a una Jornada Cultural Participativa en apoyo al proyecto de ley. El encuentro comenzará a las 14 e incluirá una radio abierta con la participación de emisoras comunitarias, medios alternativos, periodistas, actores y diferentes personalidades.
“Los tres poderes debemos actuar en forma independiente y espero que el Senado pueda actuar como la Cámara revisora del Parlamento, lo cual significa que muy probablemente se introduzcan modificaciones, ya que no es un proyecto perfecto, que no merezca introducir una coma”, afirmó ayer Jenefes. El jefe del bloque del FpV en el Senado, Miguel Angel Pichetto, junto al presidente provisional de la Cámara, José Pampuro, y el titular de Diputados, su comprovinciano Eduardo Fellner, intentan convencer al senador jujeño de que acompañe la iniciativa oficial. Dada su condición de empresario de medios, la principal resistencia de Jenefes gira en torno del artículo 161, que prevé el plazo de un año para que las empresas en posición dominante vendan sus medios para adaptarse a la nueva ley.
Las audiencias del plenario de comisiones continuarán hoy con sindicatos vinculados con el sector audiovisual y organizaciones de derechos humanos y ONG. Por la mañana hablarán representantes del Sindicato Argentino de Televisión, de la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones; y de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, entre otros. En tanto, a partir de las 15 concurrirán Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, el Serpaj, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación de Derechos Civiles (ADC).
Mañana, en tanto, será el turno de los especialistas en derecho de la información y los abogados constitucionalistas. Al plenario fueron convocados los abogados Gregorio Badeni, Daniel Sabsay, Alberto González Arzac y Félix Loñ. También se aguarda la presencia del ex secretario de Comunicaciones Henoch Aguiar, los ex interventores del Comfer Gustavo López (actual subsecretario general de la Presidencia) y Julio Bárbaro, y el profesor de Comunicación (UBA) Guillermo Mastrini.
“A partir de allí se irán formando las distintas mayorías para eventualmente sostener un dictamen”, aseguró ayer Jenefes, tomando distancia del proyecto kirchnerista. El jujeño aclaró que aún no tiene “posición definida” sobre el artículo 161. “No tengo una opinión formada, lo estoy estudiando”, insistió.
Por otra parte, agrupaciones sociales, estudiantiles, de derechos humanos y sindicales, entre otras, convocaron para hoy frente al Congreso a una Jornada Cultural Participativa en apoyo al proyecto de ley. El encuentro comenzará a las 14 e incluirá una radio abierta con la participación de emisoras comunitarias, medios alternativos, periodistas, actores y diferentes personalidades.
domingo, 27 de septiembre de 2009
El Frente para la Victoria intentará firmar el dictamen de la ley de Comunicación Audiovisual
El bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Senadores intentará esta semana comenzar a firmar el dictamen del proyecto de Ley de Comunicación Audiovisual, cuyo debate en un plenario de comisiones que comenzó el pasado miércoles continuará durante toda esta semana.
El presidente del bloque oficialista, Miguel Angel Pichetto, anunció el viernes que planteará el próximo martes la posibilidad de instalar una fecha tentativa a partir de la cual se comenzaría con la firma de los proyectos presentados sobre la nueva Ley de Radiodifusión.Hasta ahora, el único expediente vigente, y sobre el cual se discute en las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión; Presupuesto y Hacienda; Asuntos Constitucionales e Industria y Comercio es el que impulsa el oficialismo y que ya fue sancionado por Diputados.Tanto el bloque radical, con sus aliados de la Coalición Cívica, como el justicialismo disidente, a través del interbloque federal, anticiparon que presentarán dictámenes diferentes al del oficialismo.Pichetto admitió que una fecha tentativa para poner a disposición el dictamen para su firma, que no tendría modificaciones del que vino de Diputados, será este viernes 2 de octubre.Si ese día el proyecto del gobierno reúne las ocho firmas necesarias en cada una de las cuatro comisiones se convertirá en el dictamen de la mayoría y estará listo para ser discutido en sesión a partir del siguiente viernes 9 de octubre.En el caso de que el Frente para la Victoria quisiera tratar el tema en sesión antes de ese día, necesitará reunir un número especial en el recinto (los dos tercios de los senadores presentes) para comenzar la discusión.Más allá de la intención del oficialismo, la posibilidad más cercana es que el proyecto sea discutido en la sesión del miércoles 14 de octubre.Mientras tanto, el plenario de comisiones continuará durante esta semana con la discusión del proyecto de Ley, en una serie de maratónicas reuniones que se extenderán de lunes a viernes, entre las diez de la mañana y las ocho de la noche.Mañana será el turno de los sindicatos vinculados al sector audiovisual y de las organizaciones de derechos humanos y no gubernamentales.Desde las 10 pasarán por el plenario de comisiones que se lleva a cabo en el Salón Azul de la Cámara alta los representantes del Sindicato Argentino de Televisión, de la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones; y de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa.También fueron convocadas la Confederación de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social, la Unión de Trabajadores de la Educación y el ex secretario del Sindicato Argentino de Televisión, Héctor Barabino.En tanto, a partir de las 15 participarán del plenario representantes de Abuelas de Plaza de Mayo; de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ); y del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).Además, habrá espacio para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y para la Asociación de Derechos Civiles (ADC).El martes, en tanto, será el turno de los especialistas en derecho de la información y de los constitucionalistas.Al plenario fueron convocados los constitucionalistas Gregorio Badeni, Daniel Sabsay, Alberto González Arzac y Felix Loñ.También se aguarda la presencia de los especialistas en comunicación el ex secretario de Comunicaciones Henoch Aguiar, los ex interventores del COMFER Gustavo López (actual subsecretario General de la Presidencia) y Julio Bárbaro; y Guillermo Mastini, de la UBA.
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=162240&id=315959&dis=1&sec=1
El presidente del bloque oficialista, Miguel Angel Pichetto, anunció el viernes que planteará el próximo martes la posibilidad de instalar una fecha tentativa a partir de la cual se comenzaría con la firma de los proyectos presentados sobre la nueva Ley de Radiodifusión.Hasta ahora, el único expediente vigente, y sobre el cual se discute en las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión; Presupuesto y Hacienda; Asuntos Constitucionales e Industria y Comercio es el que impulsa el oficialismo y que ya fue sancionado por Diputados.Tanto el bloque radical, con sus aliados de la Coalición Cívica, como el justicialismo disidente, a través del interbloque federal, anticiparon que presentarán dictámenes diferentes al del oficialismo.Pichetto admitió que una fecha tentativa para poner a disposición el dictamen para su firma, que no tendría modificaciones del que vino de Diputados, será este viernes 2 de octubre.Si ese día el proyecto del gobierno reúne las ocho firmas necesarias en cada una de las cuatro comisiones se convertirá en el dictamen de la mayoría y estará listo para ser discutido en sesión a partir del siguiente viernes 9 de octubre.En el caso de que el Frente para la Victoria quisiera tratar el tema en sesión antes de ese día, necesitará reunir un número especial en el recinto (los dos tercios de los senadores presentes) para comenzar la discusión.Más allá de la intención del oficialismo, la posibilidad más cercana es que el proyecto sea discutido en la sesión del miércoles 14 de octubre.Mientras tanto, el plenario de comisiones continuará durante esta semana con la discusión del proyecto de Ley, en una serie de maratónicas reuniones que se extenderán de lunes a viernes, entre las diez de la mañana y las ocho de la noche.Mañana será el turno de los sindicatos vinculados al sector audiovisual y de las organizaciones de derechos humanos y no gubernamentales.Desde las 10 pasarán por el plenario de comisiones que se lleva a cabo en el Salón Azul de la Cámara alta los representantes del Sindicato Argentino de Televisión, de la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones; y de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa.También fueron convocadas la Confederación de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social, la Unión de Trabajadores de la Educación y el ex secretario del Sindicato Argentino de Televisión, Héctor Barabino.En tanto, a partir de las 15 participarán del plenario representantes de Abuelas de Plaza de Mayo; de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ); y del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).Además, habrá espacio para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y para la Asociación de Derechos Civiles (ADC).El martes, en tanto, será el turno de los especialistas en derecho de la información y de los constitucionalistas.Al plenario fueron convocados los constitucionalistas Gregorio Badeni, Daniel Sabsay, Alberto González Arzac y Felix Loñ.También se aguarda la presencia de los especialistas en comunicación el ex secretario de Comunicaciones Henoch Aguiar, los ex interventores del COMFER Gustavo López (actual subsecretario General de la Presidencia) y Julio Bárbaro; y Guillermo Mastini, de la UBA.
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=162240&id=315959&dis=1&sec=1
Comparar sin anteojeras
Por Mario Wainfeld
El proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) tiene un trayecto democrático y parlamentario más que interesante. La Cámara de Diputados recogió importantes reformas exigidas por la oposición de centroizquierda que, con su incorporación, lo aprobó en general. En Senadores es más que posible que se añadan cambios relevantes en la cláusula de desinversión y, eventualmente, en la autoridad de aplicación (ver asimismo nota aparte). En todo caso, esos aspectos se ventilaron en las cámaras, en foros públicos y en los medios. La polémica alcanzó un refinamiento inusual, digno de ser saludado. Hasta se escudriña con lupa cuántas comisiones examinan el texto.
Ese trámite rico e intenso suele menoscabarse con un discurso que reniega de la falta de institucionalidad, de la urgencia, de un oficialismo sordo y cerrado. Un sobrevuelo por leyes determinantes en los últimos 25 años comprueba que la prisa, las mayorías apretadas, los pasos fugaces por las cámaras han sido más regla que excepción. También que determinaciones gravísimas (el corralito, el recorte a las jubilaciones) se impusieron mediante decretos del Ejecutivo y se refrendaron por el Congreso más tarde, en plena aplicación. La disciplina de los oficialismos, la restricción a aportes opositores también fueron costumbre.
El análisis comparado es inusual en las crónicas domésticas: ni se coteja el presente con el pasado, ni la realidad local con la de otras comarcas. Si se lo hiciera, como se tratará de esbozar en esta breve nota, quizás habría juicios menos tonantes. Tal vez por eso no se hacen, también incide la pereza. Para desafiarla, apenas, vaya este recordatorio, que no pretende ser exhaustivo ni, ejem, cerrar el debate.
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Ampliación de la Corte (primera presidencia de Menem, 1989). A tantos años vista, huelga decir que para el gobierno peronista era esencial cambiar la composición de la Corte Suprema, vía la ampliación del número de sus integrantes. Lo precisaba para su proyecto económico social: una sedicente “modernización” que arrasó al Estado benefactor, renunció a la política monetaria, desguazó el patrimonio estatal y barrió con conquistas laborales producto de años de lucha.
En septiembre de 1989 el presidente Carlos Menem hizo entrar el proyecto de ley por el Senado, donde contaba con mayoría confortable. Fue aprobado en septiembre, pese a la oposición de la bancada radical. José Luis Manzano, jefe del bloque justicialista de Diputados, procuró que se tratara ese mismo día, fracasó. El proyecto debió esperar unos meses y se consagró en una sesión escandalosa, literalmente entre gallos y medianoche. La lista de oradores se suspendió abruptamente, el radicalismo se retiró del recinto, la iniciativa ganó raspando. Manzano saltó de alegría, entonó la marcha peronista a voz en cuello con sus compañeros. Doce días después se enviaron los pliegos de los nuevos cortesanos al Senado. La sesión, secreta, fue un modelo de ejecutividad: duró siete minutos, sin presencia de la oposición.
Manzano, por estos días, mora cerca del Congreso. Hace lobby desenfadado contra la ley de SCA, en representación del Grupo Vila, que integra. El Chupete se vale del perfil bajo y el diálogo entre cortinados, a diferencia de lo que hacía en esos idos buenos tiempos. Sus gestiones no versan sobre calidad institucional sino sobre vísceras sensibles. Daniel Vila, otra cabeza del grupo, es quien sale a la palestra haciendo comparaciones con la dictadura militar. Ni mención a episodios en los que Manzano fue protagonista central como el que reseñamos o como...
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La privatización de YPF (1991, primera presidencia de Menem). El Senado fue la cámara iniciadora. Aun con el clima de época (privatista y de abatimiento de la resistencia popular) al oficialismo le costó colar la entrega de la nave insignia de las empresas estatales. La Cámara alta, con todo, le fue fiel y aprobó la propuesta del Ejecutivo. La UCR se opuso y hasta auguró que revisaría la privatización más adelante, si llegara al gobierno. En Diputados el trámite fue tumultuoso, el catamarqueño Luis Saadi denunció que giraban sobornos de ocho millones de dólares por cada legislador (seguramente exageraba en cuanto a la extensión y al importe). Hubo lo que ahora se llamaría “borocotización”.
Tras varios fracasos en lograr quórum, el oficialismo consiguió el apoyo del llamado bloque intersindical, compañeros cegetistas que cooperaron en la entrega. Se llegó al quórum estricto, circunstancia en la que Jorge Matzkin (jefe de la bancada peronista) conminó sarcásticamente a “que salgan los radicales que están atrás de los cortinados”, un slogan que transformaría en mantra. La sesión se prolongó más de un día, con un cuarto intermedio. El proyecto se aprobó sin modificaciones. Los radicales, que se retiraron del recinto comandados por César Jaroslavsky, despotricaron contra la medida. Pero al día siguiente, en conferencia de prensa, le hicieron una reverencia a la seguridad jurídica anunciando que no la revisarían si llegaran a la Casa Rosada en 1995.
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Recorte jubilatorio (presidencia De la Rúa 2000). En julio de 2001, Fernando de la Rúa y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, anunciaron en la Casa Rosada que “primero se pagará la deuda (externa)” y luego los salarios y jubilaciones estatales. Dos días después se dictó el decreto 896/01 que recortó jubilaciones y salarios estatales en un 13 por ciento. La resistencia a la movida incluyó un paro general nacional convocado por la CGT y la CTA. El decreto fue enviado al Congreso en pos de una mayor legitimación. Diputados lo aprobó, aun con el distanciamiento del Frepaso, por primera vez durante la gestión aliancista. La ley entró al Senado el 25 de julio, sólo dos semanas después del anuncio. De la Rúa envió una carta de puño y letra a cada uno de los senadores justicialistas que se mostraban renuentes y despotricaban a voz en cuello. Su comportamiento, empero, fue funcional a la aciaga iniciativa aunque cuidando las formas. Dieron quórum para una atolondrada sesión ¡sábado a la noche! En la madrugada dominical levantaron la mano los senadores oficialistas, varios provinciales y un tránsfuga justicialista: Omar Vaquir. Los votos alcanzaron, ahí justito.
Aun con los pruritos justicialistas, el texto pasó por una sola comisión senatorial, la de Presupuesto. Los radicales gobernantes en 2001 eran, por lo visto, menos puntillosos que ahora, cuando moran en la vereda de enfrente. Tal vez habría venido bien un vistazo de la Comisión de Asuntos Constitucionales: el recorte era manifiestamente violatorio de varias garantías consagradas en la Carta Magna. La Corte Suprema declaró la inevitable inconstitucionalidad en 2002. En el ínterin, los jubilados vieron sisados sus ingresos.
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Corralito (De la Rúa, 2001). El corralito fue también implementado mediante decreto por la dupla De la Rúa-Cavallo, cuando estaban en preembarque del gobierno hacia la sociedad civil y el ostracismo. El megaministro hizo el anuncio el primero de diciembre. El consabido decreto de necesidad y urgencia llevó el número 1570/01, se publicó en el Boletín Oficial dos días después. La implementación fue inmediata. El 19 de diciembre, horas antes de la declaración del estado de sitio, la Cámara de Diputados lo aprobó limitando algo sus alcances. El Senado redondearía el proceso unos pocos días y varios presidentes después: el Día de Reyes de 2002, con Eduardo Duhalde en el sillón de Rivadavia. Del paso por las comisiones nada registra la crónica, audiencias públicas no hubo.
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Otras yerbas. La sinopsis podría sumar casos más patológicos, con mayores irregularidades y corrupción, como la Reforma Laboral de la Alianza, con sobornos para senadores oficialistas y opositores. O intentos de fraude parlamentario, frustrados por testigos y periodistas, como fue la invención de “diputruchos” para lograr quórum para el menemismo en 1992.
Tampoco nos detendremos en la ley de obediencia debida, de tremendas consecuencias en materia de derechos humanos. Se resolvió a tambor batiente con presiones sobre el bloque oficialista y sin abrir las comisiones parlamentarias a los organismos de derechos humanos.
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Legitimidad y legalidad. La ilegitimidad de la actual composición del Parlamento, otra acusación en boga, amerita asimismo una mirada retrospectiva. El especialista en Comunicaciones Guillermo Mastrini encontró un ejemplo comparativo bien pertinente, que está posteado en el blog seminariogargarella.blogs pot.com. Evoca Mastrini: “En agosto de 1989, luego de la caída del alfonsinismo, pero antes de que asumieran los diputados electos, el Parlamento aprobó las leyes de Emergencia Económica y de Reforma del Estado, conocidas como leyes Dromi. En uno de sus artículos se eliminaba el impedimento para que los dueños de medios gráficos pudieran ser licenciatarios de medios de radiodifusión. A partir de dicha modificación pudo constituirse el grupo Clarín. De esta forma, no sería arriesgado señalar que de sancionarse la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tendría la misma legitimidad de origen que todos los grupos multimedia que existen en Argentina. Salvo que se utilice un criterio cuando el proceso favorece y otro cuando perjudica”. Ajá.
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Otras yerbas (II). La primacía del Ejecutivo es otro rezongo recurrente, con poco anclaje en la experiencia comparada. El politólogo italiano Gianfranco Pasquino (insospechado, que se sepa, de populismo o kirchnerismo) desmenuza la cuestión en su recomendable libro “Los poderes de los Jefes de Gobierno”. “Quien debe hacer las leyes –mociona Pasquino– es el Gabinete y no el Parlamento, el primer Ministro y no los parlamentarios, por buenas razones.” Lo sostiene con datos empíricos de importantes sistemas políticos europeos. En Alemania, el 76 por ciento de las leyes aprobadas fue promovida por el “Gobierno”. En España la marca sube al 92 por ciento, en la ejemplar Suecia llega al 96 por ciento. Acá llamarían “escribanías” a esos parlamentos.
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El pasado y el hoy. El cronista sabe que, en el acotado marco de lo posible, es mejor que las leyes se asienten en consensos amplios. Eso les da, de movida, sustentabilidad y legitimidad mayor. Las administraciones kirchneristas no quisieron o no supieron construir esos consensos para la reforma del Consejo de la Magistratura (cuya aprobación consiguieron) o para las retenciones móviles (contienda que perdieron). En la recuperación democrática ha habido muchos casos edificantes con aprobación unánime o filo unánime: la ley de Defensa de la Democracia, la que sancionó la inconstitucionalidad de las leyes de la impunidad, la ley Nacional de Educación por citar un puñado. Ese objetivo superior no siempre es accesible.
El repaso de esta columna, que se sabe discrecional pero pretende no ser arbitrario, no aspira al conformismo ni reniega de la búsqueda de mejor praxis política o parlamentaria. Pero sí dar cuenta de que algunos reproches que se concentran en el presente parten del falso implícito de que todo tiempo pasado fue mejor.
El martes que viene, 29 de septiembre, se cumplirán 140 años desde que el Congreso aprobó a libro cerrado el Código Civil redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield. Así lo impulsó el presidente Domingo Faustino Sarmiento levantando vendavales de cuestionamientos. En este año se conmemoró el decimoquinto aniversario de la Reforma Constitucional de 1994 cuyo nodo, “el núcleo de coincidencias básicas”, fue pactado por el peronismo y el radicalismo antes de la Constituyente. Lo blindaron y lo sustrajeron al debate respectivo.
Con tales precedentes y tanta agua corrida bajo el puente, lo sensato es contextualizar y valorar menos prejuiciosamente lo que está transcurriendo, sin renunciar para nada a tratar de mejorar los desempeños colectivos, día a día, de aquí en más.
Informe: Nicolás Lantos
El proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) tiene un trayecto democrático y parlamentario más que interesante. La Cámara de Diputados recogió importantes reformas exigidas por la oposición de centroizquierda que, con su incorporación, lo aprobó en general. En Senadores es más que posible que se añadan cambios relevantes en la cláusula de desinversión y, eventualmente, en la autoridad de aplicación (ver asimismo nota aparte). En todo caso, esos aspectos se ventilaron en las cámaras, en foros públicos y en los medios. La polémica alcanzó un refinamiento inusual, digno de ser saludado. Hasta se escudriña con lupa cuántas comisiones examinan el texto.
Ese trámite rico e intenso suele menoscabarse con un discurso que reniega de la falta de institucionalidad, de la urgencia, de un oficialismo sordo y cerrado. Un sobrevuelo por leyes determinantes en los últimos 25 años comprueba que la prisa, las mayorías apretadas, los pasos fugaces por las cámaras han sido más regla que excepción. También que determinaciones gravísimas (el corralito, el recorte a las jubilaciones) se impusieron mediante decretos del Ejecutivo y se refrendaron por el Congreso más tarde, en plena aplicación. La disciplina de los oficialismos, la restricción a aportes opositores también fueron costumbre.
El análisis comparado es inusual en las crónicas domésticas: ni se coteja el presente con el pasado, ni la realidad local con la de otras comarcas. Si se lo hiciera, como se tratará de esbozar en esta breve nota, quizás habría juicios menos tonantes. Tal vez por eso no se hacen, también incide la pereza. Para desafiarla, apenas, vaya este recordatorio, que no pretende ser exhaustivo ni, ejem, cerrar el debate.
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Ampliación de la Corte (primera presidencia de Menem, 1989). A tantos años vista, huelga decir que para el gobierno peronista era esencial cambiar la composición de la Corte Suprema, vía la ampliación del número de sus integrantes. Lo precisaba para su proyecto económico social: una sedicente “modernización” que arrasó al Estado benefactor, renunció a la política monetaria, desguazó el patrimonio estatal y barrió con conquistas laborales producto de años de lucha.
En septiembre de 1989 el presidente Carlos Menem hizo entrar el proyecto de ley por el Senado, donde contaba con mayoría confortable. Fue aprobado en septiembre, pese a la oposición de la bancada radical. José Luis Manzano, jefe del bloque justicialista de Diputados, procuró que se tratara ese mismo día, fracasó. El proyecto debió esperar unos meses y se consagró en una sesión escandalosa, literalmente entre gallos y medianoche. La lista de oradores se suspendió abruptamente, el radicalismo se retiró del recinto, la iniciativa ganó raspando. Manzano saltó de alegría, entonó la marcha peronista a voz en cuello con sus compañeros. Doce días después se enviaron los pliegos de los nuevos cortesanos al Senado. La sesión, secreta, fue un modelo de ejecutividad: duró siete minutos, sin presencia de la oposición.
Manzano, por estos días, mora cerca del Congreso. Hace lobby desenfadado contra la ley de SCA, en representación del Grupo Vila, que integra. El Chupete se vale del perfil bajo y el diálogo entre cortinados, a diferencia de lo que hacía en esos idos buenos tiempos. Sus gestiones no versan sobre calidad institucional sino sobre vísceras sensibles. Daniel Vila, otra cabeza del grupo, es quien sale a la palestra haciendo comparaciones con la dictadura militar. Ni mención a episodios en los que Manzano fue protagonista central como el que reseñamos o como...
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La privatización de YPF (1991, primera presidencia de Menem). El Senado fue la cámara iniciadora. Aun con el clima de época (privatista y de abatimiento de la resistencia popular) al oficialismo le costó colar la entrega de la nave insignia de las empresas estatales. La Cámara alta, con todo, le fue fiel y aprobó la propuesta del Ejecutivo. La UCR se opuso y hasta auguró que revisaría la privatización más adelante, si llegara al gobierno. En Diputados el trámite fue tumultuoso, el catamarqueño Luis Saadi denunció que giraban sobornos de ocho millones de dólares por cada legislador (seguramente exageraba en cuanto a la extensión y al importe). Hubo lo que ahora se llamaría “borocotización”.
Tras varios fracasos en lograr quórum, el oficialismo consiguió el apoyo del llamado bloque intersindical, compañeros cegetistas que cooperaron en la entrega. Se llegó al quórum estricto, circunstancia en la que Jorge Matzkin (jefe de la bancada peronista) conminó sarcásticamente a “que salgan los radicales que están atrás de los cortinados”, un slogan que transformaría en mantra. La sesión se prolongó más de un día, con un cuarto intermedio. El proyecto se aprobó sin modificaciones. Los radicales, que se retiraron del recinto comandados por César Jaroslavsky, despotricaron contra la medida. Pero al día siguiente, en conferencia de prensa, le hicieron una reverencia a la seguridad jurídica anunciando que no la revisarían si llegaran a la Casa Rosada en 1995.
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Recorte jubilatorio (presidencia De la Rúa 2000). En julio de 2001, Fernando de la Rúa y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, anunciaron en la Casa Rosada que “primero se pagará la deuda (externa)” y luego los salarios y jubilaciones estatales. Dos días después se dictó el decreto 896/01 que recortó jubilaciones y salarios estatales en un 13 por ciento. La resistencia a la movida incluyó un paro general nacional convocado por la CGT y la CTA. El decreto fue enviado al Congreso en pos de una mayor legitimación. Diputados lo aprobó, aun con el distanciamiento del Frepaso, por primera vez durante la gestión aliancista. La ley entró al Senado el 25 de julio, sólo dos semanas después del anuncio. De la Rúa envió una carta de puño y letra a cada uno de los senadores justicialistas que se mostraban renuentes y despotricaban a voz en cuello. Su comportamiento, empero, fue funcional a la aciaga iniciativa aunque cuidando las formas. Dieron quórum para una atolondrada sesión ¡sábado a la noche! En la madrugada dominical levantaron la mano los senadores oficialistas, varios provinciales y un tránsfuga justicialista: Omar Vaquir. Los votos alcanzaron, ahí justito.
Aun con los pruritos justicialistas, el texto pasó por una sola comisión senatorial, la de Presupuesto. Los radicales gobernantes en 2001 eran, por lo visto, menos puntillosos que ahora, cuando moran en la vereda de enfrente. Tal vez habría venido bien un vistazo de la Comisión de Asuntos Constitucionales: el recorte era manifiestamente violatorio de varias garantías consagradas en la Carta Magna. La Corte Suprema declaró la inevitable inconstitucionalidad en 2002. En el ínterin, los jubilados vieron sisados sus ingresos.
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Corralito (De la Rúa, 2001). El corralito fue también implementado mediante decreto por la dupla De la Rúa-Cavallo, cuando estaban en preembarque del gobierno hacia la sociedad civil y el ostracismo. El megaministro hizo el anuncio el primero de diciembre. El consabido decreto de necesidad y urgencia llevó el número 1570/01, se publicó en el Boletín Oficial dos días después. La implementación fue inmediata. El 19 de diciembre, horas antes de la declaración del estado de sitio, la Cámara de Diputados lo aprobó limitando algo sus alcances. El Senado redondearía el proceso unos pocos días y varios presidentes después: el Día de Reyes de 2002, con Eduardo Duhalde en el sillón de Rivadavia. Del paso por las comisiones nada registra la crónica, audiencias públicas no hubo.
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Otras yerbas. La sinopsis podría sumar casos más patológicos, con mayores irregularidades y corrupción, como la Reforma Laboral de la Alianza, con sobornos para senadores oficialistas y opositores. O intentos de fraude parlamentario, frustrados por testigos y periodistas, como fue la invención de “diputruchos” para lograr quórum para el menemismo en 1992.
Tampoco nos detendremos en la ley de obediencia debida, de tremendas consecuencias en materia de derechos humanos. Se resolvió a tambor batiente con presiones sobre el bloque oficialista y sin abrir las comisiones parlamentarias a los organismos de derechos humanos.
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Legitimidad y legalidad. La ilegitimidad de la actual composición del Parlamento, otra acusación en boga, amerita asimismo una mirada retrospectiva. El especialista en Comunicaciones Guillermo Mastrini encontró un ejemplo comparativo bien pertinente, que está posteado en el blog seminariogargarella.blogs pot.com. Evoca Mastrini: “En agosto de 1989, luego de la caída del alfonsinismo, pero antes de que asumieran los diputados electos, el Parlamento aprobó las leyes de Emergencia Económica y de Reforma del Estado, conocidas como leyes Dromi. En uno de sus artículos se eliminaba el impedimento para que los dueños de medios gráficos pudieran ser licenciatarios de medios de radiodifusión. A partir de dicha modificación pudo constituirse el grupo Clarín. De esta forma, no sería arriesgado señalar que de sancionarse la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tendría la misma legitimidad de origen que todos los grupos multimedia que existen en Argentina. Salvo que se utilice un criterio cuando el proceso favorece y otro cuando perjudica”. Ajá.
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Otras yerbas (II). La primacía del Ejecutivo es otro rezongo recurrente, con poco anclaje en la experiencia comparada. El politólogo italiano Gianfranco Pasquino (insospechado, que se sepa, de populismo o kirchnerismo) desmenuza la cuestión en su recomendable libro “Los poderes de los Jefes de Gobierno”. “Quien debe hacer las leyes –mociona Pasquino– es el Gabinete y no el Parlamento, el primer Ministro y no los parlamentarios, por buenas razones.” Lo sostiene con datos empíricos de importantes sistemas políticos europeos. En Alemania, el 76 por ciento de las leyes aprobadas fue promovida por el “Gobierno”. En España la marca sube al 92 por ciento, en la ejemplar Suecia llega al 96 por ciento. Acá llamarían “escribanías” a esos parlamentos.
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El pasado y el hoy. El cronista sabe que, en el acotado marco de lo posible, es mejor que las leyes se asienten en consensos amplios. Eso les da, de movida, sustentabilidad y legitimidad mayor. Las administraciones kirchneristas no quisieron o no supieron construir esos consensos para la reforma del Consejo de la Magistratura (cuya aprobación consiguieron) o para las retenciones móviles (contienda que perdieron). En la recuperación democrática ha habido muchos casos edificantes con aprobación unánime o filo unánime: la ley de Defensa de la Democracia, la que sancionó la inconstitucionalidad de las leyes de la impunidad, la ley Nacional de Educación por citar un puñado. Ese objetivo superior no siempre es accesible.
El repaso de esta columna, que se sabe discrecional pero pretende no ser arbitrario, no aspira al conformismo ni reniega de la búsqueda de mejor praxis política o parlamentaria. Pero sí dar cuenta de que algunos reproches que se concentran en el presente parten del falso implícito de que todo tiempo pasado fue mejor.
El martes que viene, 29 de septiembre, se cumplirán 140 años desde que el Congreso aprobó a libro cerrado el Código Civil redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield. Así lo impulsó el presidente Domingo Faustino Sarmiento levantando vendavales de cuestionamientos. En este año se conmemoró el decimoquinto aniversario de la Reforma Constitucional de 1994 cuyo nodo, “el núcleo de coincidencias básicas”, fue pactado por el peronismo y el radicalismo antes de la Constituyente. Lo blindaron y lo sustrajeron al debate respectivo.
Con tales precedentes y tanta agua corrida bajo el puente, lo sensato es contextualizar y valorar menos prejuiciosamente lo que está transcurriendo, sin renunciar para nada a tratar de mejorar los desempeños colectivos, día a día, de aquí en más.
Informe: Nicolás Lantos
sábado, 26 de septiembre de 2009
Necesidades
Por J. M. Pasquini Durán
Hay una opinión predominante en el Congreso nacional que venció las barreras que suelen dividir a oficialistas y opositores: aun los más críticos terminaron aceptando la necesidad de una nueva ley de medios audiovisuales, aunque los opositores no abandonaron el afán de criticar algunos artículos (la mayoría sugeridos en editoriales periodísticos) de la media sanción votada por mayoría en la Cámara baja. El mayor temor en la Casa Rosada –de ahí el apuro por la sanción– era que la demora en el tiempo permitiría que el poderoso aparato de presión y propaganda de los empresarios de medios quebrara la voluntad de congresistas hasta disminuir el número indispensable. El Ejecutivo puso el apuro, pero fue determinante el valor de diputados de centroizquierda que se quedaron al debate final de Diputados y mostraron que, si el resto de la oposición hubiera hecho lo mismo, habrían logrado más cambios en el articulado del proyecto de ley.
Los socialistas y algunos de los hombres de Pino Solanas, entre otros, dejaron de recibir alabanzas y amplios espacios noticiosos en los mismos medios que les endulzaban los oídos hasta el día anterior, pero cumplieron con sus convicciones y, además, hicieron sus aportes a la innovación cultural. No fue un acto revolucionario, pero aceptaron el deber de principios de las izquierdas democráticas en las sociedades modernas. Hay otras batallas que demandarán compromisos de distinto calibre si la presidenta Cristina arremete con una ley a la renta financiera y la muy postergada reforma política. Podrán criticar los modales del oficialismo o el estilo avasallante derivado de la cultura de mayoría (proscripta y perseguida por décadas), pero si avanza en esa dirección renovadora, de todos los gobiernos de esta etapa de continuidad democrática, con la excepción del Juicio a las Juntas del terrorismo de Estado al comienzo del período de Alfonsín, habrá sido sin duda el más revulsivo de todos, incluido el primer gobierno Kirchner.
A lo mejor nada de esto alcanza para asegurar la continuidad del bloque que encabeza el matrimonio en otro período gubernamental, pero sus realizaciones serán honradas en algún momento, ojalá más temprano que tarde, de un modo parecido al que recibe hoy en día la memoria de Arturo Illia o, en otros planos, de Arturo Frondizi. Es posible que las capas medias urbanas y rurales, colgadas del barrilete de los más ricos, no soporten por más tiempo el estado de crispación que hoy sacude a cualquiera que procure informarse de las novedades del país y del mundo. Una crispación desmesurada habida cuenta de que el mundo entero fue sacudido por un derrumbe financiero con muy lejanos precedentes y el país pudo mantenerse sin caer exhausto en ningún pozo. Si hoy el número de pobres es igual o mayor que en años anteriores, pese a las “tasas chinas” de crecimiento de seis años seguidos, es porque le faltó la decisión al Gobierno de redistribuir las riquezas con el mismo coraje político que le inspiró la ley de medios.
Todavía está a tiempo de sacudir la modorra de los discursos inútiles y realizar un programa renovador en la producción y el trabajo de todo el país, aunque tenga que utilizar una porción de las reservas apiladas con tanto mérito. Del mismo modo con que se pagó al contado la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se negocia la cancelación de la deuda con el Club de París y los tenedores de bonos, así podrían invertirse fondos para reconstruir la red ferroviaria nacional, la infraestructura vial y de puertos, además de un plan de viviendas populares en número suficiente para hacer diferencia. Debería ser un plan épico, capaz de incentivar el optimismo nacional y sacar al país de estas disputas entre hombres de negocios.
Así como es posible reconocer avances en algunos sentidos, al Gobierno le quedan deudas pendientes, de esas que interesan a las familias trabajadoras, a las provincias abandonadas, a los jóvenes sin futuro de vida y a tantos otros ciudadanos que están siendo ganados a la idea de la corrupción impune. Cada día hay un pequeño o gran escándalo, en los que se habla de millones y millones, sin que nadie vaya preso. Es sabido que la Justicia es lenta y que los abogados defensores son rápidos, pero si uno quiere saber cómo terminará la investigación de los medicamentos truchos podría remitirse a cualquiera de los escándalos que han estremecido el interés público, pese a que muy rara vez tuvieron un final a la vista. Terminaron en enigmas sin solución y en responsables libres de culpa y cargo. Ha pasado un cuarto de siglo y todavía la mayor parte de los terroristas de Estado envejece en sus residencias y muchos con pensiones que paga el Estado con fondos de todos.
Si el Poder Judicial está enviciado por sus propias debilidades, los otros dos poderes tienen que encontrar la manera de sacudir el árbol y abrir nuevos caminos. Toda la oposición se engolosina hablando mal del Consejo de la Magistratura porque –dicen– desde allí la Casa Rosada controla a jueces y fiscales que quieren investigar la corrupción, pero lo cierto es que el mentado Consejo no muestra el fruto de su trabajo en mejorar los tribunales y abrirles paso a los millones de expedientes que esperan turno, juntando polvo en algún anaquel olvidado. Hasta la Corte Suprema cayó en la volteada y ya se acabó la luna de miel. Ahora son acusados por divulgadores del porro, aborteros y, en el mejor de los casos, se los presenta como un grupo bien intencionado que ordena limpiar el Riachuelo, pero esas aguas siguen tan asquerosas como siempre sin que nadie tenga castigo. ¿Cuándo fue que dejó de regir en el país la norma elemental que imponía penas al culpable porque “el que las hace, las paga”? ¿O nunca fue así?
A lo mejor este rosario de rezongos, que se escuchan a diario en la calle, resulten demasiado pequeños para alguien, como la presidenta Cristina, que está dedicada a reformar las instituciones financieras del mundo, pero es casi seguro que las informaciones que recibe el ciudadano, y las que quiere recibir, están muy lejanas de los salones alfombrados de hoteles de lujo y de salas elegantes, donde un pequeño grupo –lo llaman el G-20, como en una novela de espías– tiene la osadía de pensar el nuevo mundo que renace, como el Ave Fénix, de las cenizas del que destruyó la codicia sin límites de los apostadores financieros, pero sin eliminar a los jugadores. Hasta el FMI, que no acertó ninguna previsión ni dio ningún alerta válido y sigue repitiendo sus viejas recetas de alquimistas fracasados –lo que anda bien, sus expertos logran que ande mal a corto plazo si los dejan intervenir–, anda dando vueltas por el mundo con sus bronces lustrados y sus pergaminos impolutos, como si no tuvieran ninguna culpa por los muchos males que han sacudido a los países en desarrollo. Mientras tanto, en Honduras el drama se convirtió en sainete, pero ha quedado el golpe de Estado sin que ninguna institución internacional tenga el peso suficiente para influir en las decisiones de ese pequeño país centroamericano. Es tan ridícula la impotencia, que en Washington se preguntan con alguna sorna: ¿Ahora quieren que intervengamos, cuando nos criticaron durante todo el siglo pasado por meter las narices en asuntos de terceros?
A la gente de la antigua Terrabusi, sin empleo para el día de mañana, el G-20 no les va ni les viene. Cuando la Presidenta viaja, ¿nadie se hace cargo de la población de este país? ¿O es que todos los funcionarios están ocupados con la ley de medios? Una mejor distribución de tareas también contribuiría a mantener en alto el prestigio del Gobierno.
Hay una opinión predominante en el Congreso nacional que venció las barreras que suelen dividir a oficialistas y opositores: aun los más críticos terminaron aceptando la necesidad de una nueva ley de medios audiovisuales, aunque los opositores no abandonaron el afán de criticar algunos artículos (la mayoría sugeridos en editoriales periodísticos) de la media sanción votada por mayoría en la Cámara baja. El mayor temor en la Casa Rosada –de ahí el apuro por la sanción– era que la demora en el tiempo permitiría que el poderoso aparato de presión y propaganda de los empresarios de medios quebrara la voluntad de congresistas hasta disminuir el número indispensable. El Ejecutivo puso el apuro, pero fue determinante el valor de diputados de centroizquierda que se quedaron al debate final de Diputados y mostraron que, si el resto de la oposición hubiera hecho lo mismo, habrían logrado más cambios en el articulado del proyecto de ley.
Los socialistas y algunos de los hombres de Pino Solanas, entre otros, dejaron de recibir alabanzas y amplios espacios noticiosos en los mismos medios que les endulzaban los oídos hasta el día anterior, pero cumplieron con sus convicciones y, además, hicieron sus aportes a la innovación cultural. No fue un acto revolucionario, pero aceptaron el deber de principios de las izquierdas democráticas en las sociedades modernas. Hay otras batallas que demandarán compromisos de distinto calibre si la presidenta Cristina arremete con una ley a la renta financiera y la muy postergada reforma política. Podrán criticar los modales del oficialismo o el estilo avasallante derivado de la cultura de mayoría (proscripta y perseguida por décadas), pero si avanza en esa dirección renovadora, de todos los gobiernos de esta etapa de continuidad democrática, con la excepción del Juicio a las Juntas del terrorismo de Estado al comienzo del período de Alfonsín, habrá sido sin duda el más revulsivo de todos, incluido el primer gobierno Kirchner.
A lo mejor nada de esto alcanza para asegurar la continuidad del bloque que encabeza el matrimonio en otro período gubernamental, pero sus realizaciones serán honradas en algún momento, ojalá más temprano que tarde, de un modo parecido al que recibe hoy en día la memoria de Arturo Illia o, en otros planos, de Arturo Frondizi. Es posible que las capas medias urbanas y rurales, colgadas del barrilete de los más ricos, no soporten por más tiempo el estado de crispación que hoy sacude a cualquiera que procure informarse de las novedades del país y del mundo. Una crispación desmesurada habida cuenta de que el mundo entero fue sacudido por un derrumbe financiero con muy lejanos precedentes y el país pudo mantenerse sin caer exhausto en ningún pozo. Si hoy el número de pobres es igual o mayor que en años anteriores, pese a las “tasas chinas” de crecimiento de seis años seguidos, es porque le faltó la decisión al Gobierno de redistribuir las riquezas con el mismo coraje político que le inspiró la ley de medios.
Todavía está a tiempo de sacudir la modorra de los discursos inútiles y realizar un programa renovador en la producción y el trabajo de todo el país, aunque tenga que utilizar una porción de las reservas apiladas con tanto mérito. Del mismo modo con que se pagó al contado la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se negocia la cancelación de la deuda con el Club de París y los tenedores de bonos, así podrían invertirse fondos para reconstruir la red ferroviaria nacional, la infraestructura vial y de puertos, además de un plan de viviendas populares en número suficiente para hacer diferencia. Debería ser un plan épico, capaz de incentivar el optimismo nacional y sacar al país de estas disputas entre hombres de negocios.
Así como es posible reconocer avances en algunos sentidos, al Gobierno le quedan deudas pendientes, de esas que interesan a las familias trabajadoras, a las provincias abandonadas, a los jóvenes sin futuro de vida y a tantos otros ciudadanos que están siendo ganados a la idea de la corrupción impune. Cada día hay un pequeño o gran escándalo, en los que se habla de millones y millones, sin que nadie vaya preso. Es sabido que la Justicia es lenta y que los abogados defensores son rápidos, pero si uno quiere saber cómo terminará la investigación de los medicamentos truchos podría remitirse a cualquiera de los escándalos que han estremecido el interés público, pese a que muy rara vez tuvieron un final a la vista. Terminaron en enigmas sin solución y en responsables libres de culpa y cargo. Ha pasado un cuarto de siglo y todavía la mayor parte de los terroristas de Estado envejece en sus residencias y muchos con pensiones que paga el Estado con fondos de todos.
Si el Poder Judicial está enviciado por sus propias debilidades, los otros dos poderes tienen que encontrar la manera de sacudir el árbol y abrir nuevos caminos. Toda la oposición se engolosina hablando mal del Consejo de la Magistratura porque –dicen– desde allí la Casa Rosada controla a jueces y fiscales que quieren investigar la corrupción, pero lo cierto es que el mentado Consejo no muestra el fruto de su trabajo en mejorar los tribunales y abrirles paso a los millones de expedientes que esperan turno, juntando polvo en algún anaquel olvidado. Hasta la Corte Suprema cayó en la volteada y ya se acabó la luna de miel. Ahora son acusados por divulgadores del porro, aborteros y, en el mejor de los casos, se los presenta como un grupo bien intencionado que ordena limpiar el Riachuelo, pero esas aguas siguen tan asquerosas como siempre sin que nadie tenga castigo. ¿Cuándo fue que dejó de regir en el país la norma elemental que imponía penas al culpable porque “el que las hace, las paga”? ¿O nunca fue así?
A lo mejor este rosario de rezongos, que se escuchan a diario en la calle, resulten demasiado pequeños para alguien, como la presidenta Cristina, que está dedicada a reformar las instituciones financieras del mundo, pero es casi seguro que las informaciones que recibe el ciudadano, y las que quiere recibir, están muy lejanas de los salones alfombrados de hoteles de lujo y de salas elegantes, donde un pequeño grupo –lo llaman el G-20, como en una novela de espías– tiene la osadía de pensar el nuevo mundo que renace, como el Ave Fénix, de las cenizas del que destruyó la codicia sin límites de los apostadores financieros, pero sin eliminar a los jugadores. Hasta el FMI, que no acertó ninguna previsión ni dio ningún alerta válido y sigue repitiendo sus viejas recetas de alquimistas fracasados –lo que anda bien, sus expertos logran que ande mal a corto plazo si los dejan intervenir–, anda dando vueltas por el mundo con sus bronces lustrados y sus pergaminos impolutos, como si no tuvieran ninguna culpa por los muchos males que han sacudido a los países en desarrollo. Mientras tanto, en Honduras el drama se convirtió en sainete, pero ha quedado el golpe de Estado sin que ninguna institución internacional tenga el peso suficiente para influir en las decisiones de ese pequeño país centroamericano. Es tan ridícula la impotencia, que en Washington se preguntan con alguna sorna: ¿Ahora quieren que intervengamos, cuando nos criticaron durante todo el siglo pasado por meter las narices en asuntos de terceros?
A la gente de la antigua Terrabusi, sin empleo para el día de mañana, el G-20 no les va ni les viene. Cuando la Presidenta viaja, ¿nadie se hace cargo de la población de este país? ¿O es que todos los funcionarios están ocupados con la ley de medios? Una mejor distribución de tareas también contribuiría a mantener en alto el prestigio del Gobierno.
viernes, 25 de septiembre de 2009
CERRARON LA PAGINA DE LA REVISTA 2010
Compañeros, amigos y lectores de la Revista 2010:Hoy a la mañana nos sorprendió la noticia de que habían dado de baja la página de nuestra revista. Antes de escribir esto, discutimos en la redacción hasta que punto difundirlo, y si nuestras sospechas podían malinterpretarse. Pero hay dos motivos por los que no podemos dejar de hacer público este hecho.
En una coyuntura como la actual, donde se está discutiendo la nueva Ley de Radiodifusión, y donde el canal Todo Noticias viene manipulando a la audiencia con su “TN puede desaparecer”, tenemos que decir que esto es falso, TN no va a desaparecer de aprobarse la nueva Ley de medios, pero nuestra página, por los visto, si pudo desaparecer.
La segunda razón para hacerlo publico, es que venimos viendo como los largos tentáculos del monopolio han operado a través de ARTEAR S.A. para censurar Blogs, como “Mundo Perverso”, “Registro Mundo”, o “¿Qué te pasa Clarín?”, y hacer cerrar cuentas de Youtube, bajo la excusa de proteger derechos de Copyright, eliminando así el exhaustivo registro de contenidos audiovisuales de, por ejemplo, el portal elortiba.org.
La justificación del Hosting de nuestra página fue que utilizamos nuestra cuenta de correo para enviar “correo basura”. Algo falso, ya que venimos enviando desde hace 3 años la misma cantidad de mails, una vez al mes, cuando sale nuestra revista, a los mismos contactos de siempre.
Además, esto fue sin previo aviso, y no fue que cerraron la cuenta de correo, sino que dieron de baja directamente la página (www.revista2010.com.ar), única forma de comunicarnos con nuestros lectores, y con quienes quieren difundir información a través de nuestra revista.
No estamos para sembrar sospechas, ni para generar escándalos. Si por algo se caracteriza nuestra publicación, es por evitar caer en el tumultuoso show en el que incurren gran parte de los medios para acrecentar sus ventas.
Tampoco buscamos con esto generar publicidad engañosa, si hay algo que no queremos en estos momentos es victimizarnos, como hace TN. Si fuese así, ya hubiésemos denunciado el cierre de nuestro primer grupo de Facebook, o los impedimentos para distribuir el número de la Revista 2010 de noviembre del 2008, donde el título de tapa fue “Apropiación de bebes Vip”, y donde realizamos un extenso informe reflejando la forma en que la justicia ampara a Ernestina Herrera de Noble para que no se sepa la identidad de sus hijos apropiados, algo asumido por la propia dueña del multimedio.
Pero como no es nuestro estilo, dejamos pasar estos hechos. En última instancia, sabemos las reglas de juego. Reglas de juego que queremos cambiar en el marco de la Constitución, y con un Parlamento elegido democráticamente, que debate en estos momentos la Ley de la dictadura, la que ayer brindaron con Videla, y que hoy defienden para no perder sus corruptos privilegios, con sus mercenarios empleados legislativos.
Como hoy no tiene la posibilidad de eliminar físicamente al que piensa distinto, como hicieron durante la dictadura, como cómplices civiles del genocidio, buscaremos seguir el ejemplo de quienes desde el periodismo dieron su vida para construir un país con justicia social y libertad.
Por una Ley de Medios de la Democracia
Juicio y castigo a los cómplices civiles y militares de la dictadura
Restitución de los bebés apropiados en cautiverio
Juan Manuel Fonrouge
Director Revista 2010
www.revista2010.com.ar
www.jmfonrouge.blogspot.com
En una coyuntura como la actual, donde se está discutiendo la nueva Ley de Radiodifusión, y donde el canal Todo Noticias viene manipulando a la audiencia con su “TN puede desaparecer”, tenemos que decir que esto es falso, TN no va a desaparecer de aprobarse la nueva Ley de medios, pero nuestra página, por los visto, si pudo desaparecer.
La segunda razón para hacerlo publico, es que venimos viendo como los largos tentáculos del monopolio han operado a través de ARTEAR S.A. para censurar Blogs, como “Mundo Perverso”, “Registro Mundo”, o “¿Qué te pasa Clarín?”, y hacer cerrar cuentas de Youtube, bajo la excusa de proteger derechos de Copyright, eliminando así el exhaustivo registro de contenidos audiovisuales de, por ejemplo, el portal elortiba.org.
La justificación del Hosting de nuestra página fue que utilizamos nuestra cuenta de correo para enviar “correo basura”. Algo falso, ya que venimos enviando desde hace 3 años la misma cantidad de mails, una vez al mes, cuando sale nuestra revista, a los mismos contactos de siempre.
Además, esto fue sin previo aviso, y no fue que cerraron la cuenta de correo, sino que dieron de baja directamente la página (www.revista2010.com.ar), única forma de comunicarnos con nuestros lectores, y con quienes quieren difundir información a través de nuestra revista.
No estamos para sembrar sospechas, ni para generar escándalos. Si por algo se caracteriza nuestra publicación, es por evitar caer en el tumultuoso show en el que incurren gran parte de los medios para acrecentar sus ventas.
Tampoco buscamos con esto generar publicidad engañosa, si hay algo que no queremos en estos momentos es victimizarnos, como hace TN. Si fuese así, ya hubiésemos denunciado el cierre de nuestro primer grupo de Facebook, o los impedimentos para distribuir el número de la Revista 2010 de noviembre del 2008, donde el título de tapa fue “Apropiación de bebes Vip”, y donde realizamos un extenso informe reflejando la forma en que la justicia ampara a Ernestina Herrera de Noble para que no se sepa la identidad de sus hijos apropiados, algo asumido por la propia dueña del multimedio.
Pero como no es nuestro estilo, dejamos pasar estos hechos. En última instancia, sabemos las reglas de juego. Reglas de juego que queremos cambiar en el marco de la Constitución, y con un Parlamento elegido democráticamente, que debate en estos momentos la Ley de la dictadura, la que ayer brindaron con Videla, y que hoy defienden para no perder sus corruptos privilegios, con sus mercenarios empleados legislativos.
Como hoy no tiene la posibilidad de eliminar físicamente al que piensa distinto, como hicieron durante la dictadura, como cómplices civiles del genocidio, buscaremos seguir el ejemplo de quienes desde el periodismo dieron su vida para construir un país con justicia social y libertad.
Por una Ley de Medios de la Democracia
Juicio y castigo a los cómplices civiles y militares de la dictadura
Restitución de los bebés apropiados en cautiverio
Juan Manuel Fonrouge
Director Revista 2010
www.revista2010.com.ar
www.jmfonrouge.blogspot.com
Los primeros cruces en el Senado
En un debate que duró alrededor de ocho horas, los principales cuestionamientos fueron sobre la composición de la autoridad de aplicación de la nueva ley y los plazos de desinversión para aquellas empresas de medios en posición dominante.Por Sebastian Abrevaya
Con la presencia del interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, y del titular del Sistema Nacional de Medios Públicos, Tristán Bauer, comenzaron en el Senado las audiencias para analizar el proyecto de ley de Servicios Audiovisuales aprobado por la Cámara de Diputados. Durante el extenso debate, que duró alrededor de ocho horas, los legisladores de la oposición protagonizaron varios cruces con el interventor del Comfer, quien defendió los temas más discutidos de la iniciativa oficial, como la composición de la autoridad de aplicación y los plazos de desinversión para aquellas empresas de medios en posición dominante. Hubo, además, reclamos para incluir la regulación de la publicidad oficial y varios cuestionamientos al decreto firmado por Néstor Kirchner en 2005, que prorrogó por diez años las licencias de distintos medios de comunicación.
Finalmente y tal como exigió la oposición, a las 10 de la mañana el Salón Azul del Senado estaba poblado por los 60 miembros del plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda; Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión; Industria y Comercio; y Asuntos Constitucionales. Minutos más tarde, Mariotto comenzó con un breve repaso del espíritu del proyecto aprobado en Diputados y luego el conductor del encuentro, el senador Guillermo Jenefes, abrió el juego a las preguntas de la oposición. El plenario arrancó frío hasta que los ocho senadores radicales empezaron a cuestionar al interventor del Comfer. Ante la avanzada, además de Mariotto, salieron a respaldar la postura del oficialismo los kirchneristas al frente de las distintas comisiones.
“Aun con los cambios que se han hecho tenemos la certeza de que va a terminar copado por el kirchnerismo”, disparó el titular de la UCR, Gerardo Morales, con relación al directorio de la autoridad de aplicación. Los radicales reclamaron que se “garantice la independencia” del órgano, para lo cual exigieron que sus miembros sean aprobados por dos tercios de las Cámaras del Congreso Nacional, tal como sucede con el defensor del Pueblo, y que, además, sean previamente sometidos a la consideración pública, como sucede con los integrantes de la Corte Suprema. El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Fernández, le retrucó que su propuesta era “medianamente descabellada”. Además, Mariotto repitió en varias oportunidades que el Poder Ejecutivo designará sólo a dos de los miembros del directorio; la Comisión Bicameral designará a otros tres –uno en representación de la primera minoría, uno por la segunda minoría, y el último por la tercera– y el Consejo Federal los otros dos, uno de ellos miembro de las facultades de Comunicación del país.
El senador Juan Carlos Marino cuestionó que el proyecto de ley no prohibiera explícitamente el ingreso de empresas contratistas del Estado en la prestación de servicios audiovisuales y puso como ejemplo a evitar la adquisición de Radio Del Plata por parte de Electroingeniería, cercana al gobierno nacional. Si bien Mariotto admitió que no existe tal prohibición de manera taxativa, subrayó que sólo podrán obtener una licencia aquellas empresas que tengan como “objeto único” la prestación de servicios audiovisuales. Exaltados, en la bancada radical agregaron que el empresario del juego, Lázaro Báez, también podría ser propietario de un medio. Mariotto replicó que la ley “no tiene casos particulares” y pidió que “quede en claro que ninguna persona con fines de lucro puede tener posición dominante en el mercado”.
Prácticamente todos los senadores opositores coincidieron en cuestionar el artículo 161, que fija el plazo de un año para que aquellas empresas en posición dominante se desprendan de sus medios. La senadora puntana Liliana Negre de Alonso fue una de las más enfáticas defensoras de “los derechos adquiridos”, “el derecho a la propiedad” y “la afectación patrimonial” de las empresas monopólicas. Mariotto contrapuso el ejemplo de “experiencias internacionales” como Microsoft e insistió en que “un año es un plazo razonable, teniendo en cuenta que la libertad de expresión no puede convivir con monopolios y oligopolios”.
En el marco de ese debate, senadores como Morales o el socialista Rubén Giustiniani cuestionaron la prórroga de las licencias firmada por el ex presidente en 2005. Mariotto enmarcó aquel decreto en la crisis económica de 2001 y reveló que “se atendió el reclamo de los empresarios para que pudieran regularizar sus deudas”.
Otro punto de discordia giró en torno del artículo 32, que diferencia la adjudicación de licencias en las ciudades con más o menos de 500 mil habitantes. Según el proyecto, cuando supera esa cantidad, quien otorga la licencia es el Poder Ejecutivo y en caso contrario lo hace la autoridad de aplicación. El titular de la bancada radical, Ernesto Sanz, consideró que se trata de una cuestión “discrecional” y Morales agregó que eso “le otorga poder de veto al Gobierno”. El interventor del Comfer les respondió que sólo se trata de una “diferencia de jerarquía del acto administrativo” y aclaró que en todos los casos el que lleva adelante el proceso de adjudicación es la autoridad de aplicación, quien debe llamar a concurso previo.
El presidente del Sistema de Medios Públicos no apareció sino hasta después del receso realizado a las 14. Bauer casi no polemizó con los legisladores y elogió el proyecto, acusó a los medios comerciales de televisión de “estupidizar a los seres humanos” y destacó la acción del canal Encuentro y el traslado de su sede a la ex ESMA.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-132391-2009-09-25.html
Con la presencia del interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, y del titular del Sistema Nacional de Medios Públicos, Tristán Bauer, comenzaron en el Senado las audiencias para analizar el proyecto de ley de Servicios Audiovisuales aprobado por la Cámara de Diputados. Durante el extenso debate, que duró alrededor de ocho horas, los legisladores de la oposición protagonizaron varios cruces con el interventor del Comfer, quien defendió los temas más discutidos de la iniciativa oficial, como la composición de la autoridad de aplicación y los plazos de desinversión para aquellas empresas de medios en posición dominante. Hubo, además, reclamos para incluir la regulación de la publicidad oficial y varios cuestionamientos al decreto firmado por Néstor Kirchner en 2005, que prorrogó por diez años las licencias de distintos medios de comunicación.
Finalmente y tal como exigió la oposición, a las 10 de la mañana el Salón Azul del Senado estaba poblado por los 60 miembros del plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda; Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión; Industria y Comercio; y Asuntos Constitucionales. Minutos más tarde, Mariotto comenzó con un breve repaso del espíritu del proyecto aprobado en Diputados y luego el conductor del encuentro, el senador Guillermo Jenefes, abrió el juego a las preguntas de la oposición. El plenario arrancó frío hasta que los ocho senadores radicales empezaron a cuestionar al interventor del Comfer. Ante la avanzada, además de Mariotto, salieron a respaldar la postura del oficialismo los kirchneristas al frente de las distintas comisiones.
“Aun con los cambios que se han hecho tenemos la certeza de que va a terminar copado por el kirchnerismo”, disparó el titular de la UCR, Gerardo Morales, con relación al directorio de la autoridad de aplicación. Los radicales reclamaron que se “garantice la independencia” del órgano, para lo cual exigieron que sus miembros sean aprobados por dos tercios de las Cámaras del Congreso Nacional, tal como sucede con el defensor del Pueblo, y que, además, sean previamente sometidos a la consideración pública, como sucede con los integrantes de la Corte Suprema. El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Fernández, le retrucó que su propuesta era “medianamente descabellada”. Además, Mariotto repitió en varias oportunidades que el Poder Ejecutivo designará sólo a dos de los miembros del directorio; la Comisión Bicameral designará a otros tres –uno en representación de la primera minoría, uno por la segunda minoría, y el último por la tercera– y el Consejo Federal los otros dos, uno de ellos miembro de las facultades de Comunicación del país.
El senador Juan Carlos Marino cuestionó que el proyecto de ley no prohibiera explícitamente el ingreso de empresas contratistas del Estado en la prestación de servicios audiovisuales y puso como ejemplo a evitar la adquisición de Radio Del Plata por parte de Electroingeniería, cercana al gobierno nacional. Si bien Mariotto admitió que no existe tal prohibición de manera taxativa, subrayó que sólo podrán obtener una licencia aquellas empresas que tengan como “objeto único” la prestación de servicios audiovisuales. Exaltados, en la bancada radical agregaron que el empresario del juego, Lázaro Báez, también podría ser propietario de un medio. Mariotto replicó que la ley “no tiene casos particulares” y pidió que “quede en claro que ninguna persona con fines de lucro puede tener posición dominante en el mercado”.
Prácticamente todos los senadores opositores coincidieron en cuestionar el artículo 161, que fija el plazo de un año para que aquellas empresas en posición dominante se desprendan de sus medios. La senadora puntana Liliana Negre de Alonso fue una de las más enfáticas defensoras de “los derechos adquiridos”, “el derecho a la propiedad” y “la afectación patrimonial” de las empresas monopólicas. Mariotto contrapuso el ejemplo de “experiencias internacionales” como Microsoft e insistió en que “un año es un plazo razonable, teniendo en cuenta que la libertad de expresión no puede convivir con monopolios y oligopolios”.
En el marco de ese debate, senadores como Morales o el socialista Rubén Giustiniani cuestionaron la prórroga de las licencias firmada por el ex presidente en 2005. Mariotto enmarcó aquel decreto en la crisis económica de 2001 y reveló que “se atendió el reclamo de los empresarios para que pudieran regularizar sus deudas”.
Otro punto de discordia giró en torno del artículo 32, que diferencia la adjudicación de licencias en las ciudades con más o menos de 500 mil habitantes. Según el proyecto, cuando supera esa cantidad, quien otorga la licencia es el Poder Ejecutivo y en caso contrario lo hace la autoridad de aplicación. El titular de la bancada radical, Ernesto Sanz, consideró que se trata de una cuestión “discrecional” y Morales agregó que eso “le otorga poder de veto al Gobierno”. El interventor del Comfer les respondió que sólo se trata de una “diferencia de jerarquía del acto administrativo” y aclaró que en todos los casos el que lleva adelante el proceso de adjudicación es la autoridad de aplicación, quien debe llamar a concurso previo.
El presidente del Sistema de Medios Públicos no apareció sino hasta después del receso realizado a las 14. Bauer casi no polemizó con los legisladores y elogió el proyecto, acusó a los medios comerciales de televisión de “estupidizar a los seres humanos” y destacó la acción del canal Encuentro y el traslado de su sede a la ex ESMA.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-132391-2009-09-25.html
jueves, 24 de septiembre de 2009
Un debate que se amplía para evitar suspicacias
La decisión se votó sin debate y por unanimidad ayer en el recinto. El plenario de comisiones resolvió comenzar el debate hoy por la mañana con la presencia del interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, y el presidente del Sistema de Medios Públicos, Tristán Bauer.Por Miguel Jorquera
Finalmente hubo fumata blanca. Senadores kirchnerista y opositores acordaron ayer el giro del proyecto del Gobierno de Servicios de Comunicación Audiovisual –que ya tiene media sanción de Diputados– a cuatro comisiones legislativas para su debate: Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión; Presupuesto y Hacienda; Asuntos Constitucionales; e Industria y Comercio. El acuerdo, que ayer por la tarde también se votó por unanimidad en el recinto del Senado, le cerró el paso a cualquier injerencia de Julio Cobos sobre cómo se desarrollará la discusión en la Cámara alta. El plenario de comisiones resolvió comenzar el debate hoy por la mañana con la presencia del interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, y el presidente del Sistema de Medios Públicos, Tristán Bauer. Luego resolverá cómo continuarán las audiencias que hasta ahora no tienen fecha de finalización, aunque el oficialismo insiste en que la ley debe llegar al recinto entre el 7 y el 14 de octubre mientras trata de controlar su propia tropa para evitar deserciones.
El presidente provisional del Senado, José Pampuro, dejó trascender el martes por la noche que el oficialismo accedería al reclamo opositor de girar el proyecto de ley de medios a más comisiones que a las dos que él mismo había resuelto. Ayer por la mañana, antes de que se reanude el cuarto intermedio de Labor Parlamentaria (presidentes de todos los bloques), Pampuro ratificaba la resolución del oficialismo.
La decisión se adoptó después de una conversación telefónica con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (de gira por Estados Unidos) que Pampuro, y los jefes del bloques K en el Senado, Miguel Pichetto, y el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, hicieron desde el despacho de este último. La concesión oficialista tenía dos objetivos. Por un lado, incorporar la propuesta opositora de ampliar la discusión a más comisiones para sumarlos al debate y despejar las sospechas que la estrategia de la oposición había desatado sobre el tratamiento del proyecto en la Cámara baja. La otra, marginar a Cobos de cualquier injerencia sobre el desarrollo del debate en el Senado.
La oposición acogió con beneplácito la extensión del debate a otras comisiones y lo votó sin debate y por unanimidad en el recinto del Senado, ayer mismo por la tarde. Aunque cada sector político interpretó a su manera la concesión. “Olvídense de lo que pasó en Diputados, acá arranca la historia de nuevo”, sostuvo el jefe de los senadores radicales Ernesto Sanz. “Estamos cerca de que se produzca un día histórico, como el de la (Resolución) 125”, dijo Adolfo Rodríguez Saá, entusiasmado en volver a repetir la madrugada del voto “no positivo” de Cobos. “Considero que en el bloque oficialista hay más resistencia al proyecto de lo que se imaginan”, afirmó la porteña María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica.
Tampoco los bloques opositores seguirán la misma estrategia que llevaron adelante sus diputados. Todos los esfuerzos estarán puestos en arrancarle al oficialismo cambios en dos artículos del proyecto: la composición de la autoridad de aplicación y extender el plazo de un año que las empresas monopólicas tienen para desprenderse de algunas de sus compañías para adaptarse a la futura ley. Lo que obligaría a devolver el proyecto a la Cámara de Diputados (ver aparte).
En el oficialismo, trataron de mostrar la concesión no como una derrota, sino como una ratificación de su estrategia. “Con 47 senadores discutiendo en comisión, más del 60 por ciento del cuerpo participa del debate. Nadie podrá decir que esto fue acotado”, sacaban cuentas y repetían los legisladores.
El kirchnerismo insiste en que el proyecto llegue al recinto el 7 de octubre, pero también es probable que se admita la demora de una semana más. La traba temporal surgió de su propio bloque: el senador Guillermo Jenefes, cuya familia es dueña de un multimedio en Jujuy, planeó su decisión de no acotar el debate. Este senador pasó a ser una pieza clave y estará sujeto a tironeos de uno y otro lado: preside la comisión cabecera (Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión) y es miembro de otras dos comisiones de las cuatro que participan en el debate. En todas ellas, el kirchnerismo –tras las deserciones que siguieron a la 125– tiene una exigua mayoría, ocho sobre quince miembros de cada comisión. El voto de Jenefes puede volcar cualquier decisión.
El propio senador jujeño abrió ayer el debate en el plenario de comisiones, con la convocatoria para hoy a partir de las diez de la mañana de Mariotto y Bauer, además del secretario de Comunicaciones, Carlos Lisandro Salas, que no podrá asistir porque está fuera del país. Jenefes propuso al plenario utilizar “la misma metodología que se adoptó durante el debate de la Resolución 125”: acordar una lista de invitados para que expongan en el salón Azul del Senado y que respondan preguntas, en un marco sin público, más allá de la presencia de periodistas. “Queremos un debate amplio y democrático”, repitió Jenefes, que omitió ponerle fecha de cierre al debate en comisión.
Pichetto fue uno de los primeros en advertirlo. El jefe del bloque k salió al cruce de algunas posturas “dilatorias” de peronistas disidentes y radicales que objetaron que se funcionara a lo largo de “todos los días de semana”, “problemas de vuelos aéreos” o con “horarios demasiados extendidos”. “Entiendo los compromisos previos, pero esto es el Senado de la Nación”, sentenció Pichetto. Luego el rionegrino planteó el deseo de su bloque: que “esto no se extienda demasiado”.
Las primeras listas de invitados que hicieron llegar algunos senadores ya superaba los cincuenta nombres. El viernes, los cuatro presidentes de las comisiones cerrarán la lista de invitados y resolverán el plazo que se extenderán las exposiciones ante los senadores, que en principio abarcará, al menos, toda la semana próxima. Además, decidirán quiénes acudirán al debate el lunes que viene.
La oficialista Blanca Osuna pidió que acudieran los rectores de las universidades públicas y las radios universitarias, pero que no se repitan –más allá de los funcionarios– los mismos invitados que acudieron al debate en Diputados. La puntana disidente Liliana Negre de Alonso salió a responderle: “Yo quiero escuchar todas las voces y tener la posibilidad de preguntar y repreguntar”. Cerca de Pichetto admiten que el rionegrino deberá estar atento a los dos frentes: evitar la dilación del debate y que la presión del lobby mediático “no esmerile” la tropa propia como durante la discusión de la 125. Un tema siempre recurrente en el Senado.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-132315-2009-09-24.html
Finalmente hubo fumata blanca. Senadores kirchnerista y opositores acordaron ayer el giro del proyecto del Gobierno de Servicios de Comunicación Audiovisual –que ya tiene media sanción de Diputados– a cuatro comisiones legislativas para su debate: Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión; Presupuesto y Hacienda; Asuntos Constitucionales; e Industria y Comercio. El acuerdo, que ayer por la tarde también se votó por unanimidad en el recinto del Senado, le cerró el paso a cualquier injerencia de Julio Cobos sobre cómo se desarrollará la discusión en la Cámara alta. El plenario de comisiones resolvió comenzar el debate hoy por la mañana con la presencia del interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, y el presidente del Sistema de Medios Públicos, Tristán Bauer. Luego resolverá cómo continuarán las audiencias que hasta ahora no tienen fecha de finalización, aunque el oficialismo insiste en que la ley debe llegar al recinto entre el 7 y el 14 de octubre mientras trata de controlar su propia tropa para evitar deserciones.
El presidente provisional del Senado, José Pampuro, dejó trascender el martes por la noche que el oficialismo accedería al reclamo opositor de girar el proyecto de ley de medios a más comisiones que a las dos que él mismo había resuelto. Ayer por la mañana, antes de que se reanude el cuarto intermedio de Labor Parlamentaria (presidentes de todos los bloques), Pampuro ratificaba la resolución del oficialismo.
La decisión se adoptó después de una conversación telefónica con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (de gira por Estados Unidos) que Pampuro, y los jefes del bloques K en el Senado, Miguel Pichetto, y el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, hicieron desde el despacho de este último. La concesión oficialista tenía dos objetivos. Por un lado, incorporar la propuesta opositora de ampliar la discusión a más comisiones para sumarlos al debate y despejar las sospechas que la estrategia de la oposición había desatado sobre el tratamiento del proyecto en la Cámara baja. La otra, marginar a Cobos de cualquier injerencia sobre el desarrollo del debate en el Senado.
La oposición acogió con beneplácito la extensión del debate a otras comisiones y lo votó sin debate y por unanimidad en el recinto del Senado, ayer mismo por la tarde. Aunque cada sector político interpretó a su manera la concesión. “Olvídense de lo que pasó en Diputados, acá arranca la historia de nuevo”, sostuvo el jefe de los senadores radicales Ernesto Sanz. “Estamos cerca de que se produzca un día histórico, como el de la (Resolución) 125”, dijo Adolfo Rodríguez Saá, entusiasmado en volver a repetir la madrugada del voto “no positivo” de Cobos. “Considero que en el bloque oficialista hay más resistencia al proyecto de lo que se imaginan”, afirmó la porteña María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica.
Tampoco los bloques opositores seguirán la misma estrategia que llevaron adelante sus diputados. Todos los esfuerzos estarán puestos en arrancarle al oficialismo cambios en dos artículos del proyecto: la composición de la autoridad de aplicación y extender el plazo de un año que las empresas monopólicas tienen para desprenderse de algunas de sus compañías para adaptarse a la futura ley. Lo que obligaría a devolver el proyecto a la Cámara de Diputados (ver aparte).
En el oficialismo, trataron de mostrar la concesión no como una derrota, sino como una ratificación de su estrategia. “Con 47 senadores discutiendo en comisión, más del 60 por ciento del cuerpo participa del debate. Nadie podrá decir que esto fue acotado”, sacaban cuentas y repetían los legisladores.
El kirchnerismo insiste en que el proyecto llegue al recinto el 7 de octubre, pero también es probable que se admita la demora de una semana más. La traba temporal surgió de su propio bloque: el senador Guillermo Jenefes, cuya familia es dueña de un multimedio en Jujuy, planeó su decisión de no acotar el debate. Este senador pasó a ser una pieza clave y estará sujeto a tironeos de uno y otro lado: preside la comisión cabecera (Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión) y es miembro de otras dos comisiones de las cuatro que participan en el debate. En todas ellas, el kirchnerismo –tras las deserciones que siguieron a la 125– tiene una exigua mayoría, ocho sobre quince miembros de cada comisión. El voto de Jenefes puede volcar cualquier decisión.
El propio senador jujeño abrió ayer el debate en el plenario de comisiones, con la convocatoria para hoy a partir de las diez de la mañana de Mariotto y Bauer, además del secretario de Comunicaciones, Carlos Lisandro Salas, que no podrá asistir porque está fuera del país. Jenefes propuso al plenario utilizar “la misma metodología que se adoptó durante el debate de la Resolución 125”: acordar una lista de invitados para que expongan en el salón Azul del Senado y que respondan preguntas, en un marco sin público, más allá de la presencia de periodistas. “Queremos un debate amplio y democrático”, repitió Jenefes, que omitió ponerle fecha de cierre al debate en comisión.
Pichetto fue uno de los primeros en advertirlo. El jefe del bloque k salió al cruce de algunas posturas “dilatorias” de peronistas disidentes y radicales que objetaron que se funcionara a lo largo de “todos los días de semana”, “problemas de vuelos aéreos” o con “horarios demasiados extendidos”. “Entiendo los compromisos previos, pero esto es el Senado de la Nación”, sentenció Pichetto. Luego el rionegrino planteó el deseo de su bloque: que “esto no se extienda demasiado”.
Las primeras listas de invitados que hicieron llegar algunos senadores ya superaba los cincuenta nombres. El viernes, los cuatro presidentes de las comisiones cerrarán la lista de invitados y resolverán el plazo que se extenderán las exposiciones ante los senadores, que en principio abarcará, al menos, toda la semana próxima. Además, decidirán quiénes acudirán al debate el lunes que viene.
La oficialista Blanca Osuna pidió que acudieran los rectores de las universidades públicas y las radios universitarias, pero que no se repitan –más allá de los funcionarios– los mismos invitados que acudieron al debate en Diputados. La puntana disidente Liliana Negre de Alonso salió a responderle: “Yo quiero escuchar todas las voces y tener la posibilidad de preguntar y repreguntar”. Cerca de Pichetto admiten que el rionegrino deberá estar atento a los dos frentes: evitar la dilación del debate y que la presión del lobby mediático “no esmerile” la tropa propia como durante la discusión de la 125. Un tema siempre recurrente en el Senado.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-132315-2009-09-24.html
martes, 22 de septiembre de 2009
Primer round por el pase a las comisiones
José Pampuro, a cargo de la presidencia de la Cámara alta, envió la iniciativa a dos comisiones. La oposición puja por estirar los debates. Para zanjar la discusión, el oficialismo no descarta decidir el tema en una sesión especial.Por Miguel Jorquera
Hoy será la primera escaramuza entre el kirchnerismo y la oposición en la Cámara alta por el proyecto oficial de Servicios de Comunicación Audiovisual. Para el mediodía está convocada la reunión de Labor Parlamentaria. El bloque K insistirá en el giro a sólo dos comisiones legislativas, como lo decidió el presidente provisional del Senado, José Pampuro –que reemplaza a Julio Cobos, a cargo del Ejecutivo–, después de que el texto de la media sanción de Diputados llegó a sus manos ayer por la tarde. En tanto, la oposición volverá a la carga por el envío de la iniciativa, al menos, a otras dos comisiones. Si hay resistencia, el jefe del bloque K, Miguel Angel Pichetto, convocaría a una sesión para mañana en la que se votaría la cantidad de comisiones que discutirán en el Senado la ley de medios y que dirimiría la primera batalla en el Senado por su aprobación.
El texto de la media sanción de Diputados ya está desde ayer a la tarde en el Senado, aunque aún sigue la disputa por cuántas comisiones legislativas debatirán el proyecto en plenario. Ni oficialistas ni opositores están dispuestos a ceder, a pesar de que en algún momento trascendió la versión de que los bloques mayoritarios (el Frente para la Victoria y la UCR) habrían coincidido en partir las diferencias y remitirla a cuatro comisiones.
Pero los caminos se bifurcaron con la decisión de Cobos de insistir en el giro a cinco comisiones. Pichetto propondrá hoy en Labor Parlamentaria el envío a las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y Presupuesto y Hacienda. La oposición quiere sumar a Asuntos Constitucionales, Derechos y Garantías y Educación y Cultura. Incluso el ex senador de la Coalición Cívica Samuel Cabanchick quiere que se incorpore también Industria y Comercio.
Pichetto podría recurrir a una salida poco frecuente: que lo decida el pleno del Senado en el recinto. Por eso tiene previsto convocar a una sesión para mañana, donde se produciría el anticipo de lo que sería la votación de la ley de medios en la Cámara alta. Aunque el temario de la sesión todavía no está definido, tampoco se descarta debatir el proyecto que aumenta el IVA a los productos tecnológicos importados y lo reduce a las fábricas radicadas en Tierra del Fuego. Un proyecto que, según la oposición, “sólo busca encolumnar a los senadores fueguinos” que responden a la gobernadora Fabiana Ríos. Aunque sus diputados han dado muestras claras de respaldar la ley de medios.
Pichetto tampoco quiere perder tiempo. Anoche evaluaba también la posibilidad de que el plenario de las dos comisiones, a las que Pampuro girará el proyecto, comience hoy mismo o, al menos, que fije la agenda de trabajo. El bloque K quiere que el plenario funcione martes, miércoles y jueves de esta y la próxima semana, a lo que se podría sumar el viernes si este miércoles hay sesión de la Cámara.
El debate se haría con invitados que –a propuesta de los distintos bloques– representen a los sectores involucrados en el proyecto. Aunque no habrá audiencias públicas, como en Diputados. Quizás el único punto en que acuerdan senadores oficialistas y opositores. Desde la oposición se descartó la estrategia de extender el debate por fuera del Congreso, como lo hicieron en la Cámara baja. Tampoco abandonarían el recinto. Esta vez están dispuestos a dar el debate (ver aparte).
Aunque la estrategia a seguir todavía divide aguas en la oposición. Algunos, como el peronismo anti K (ver aparte), insisten en boicotear el proyecto y no dejan de anunciar que lo modificarán tras el recambio legislativo. Otros, como la UCR, aunque no descartan transitar ese camino, irán por modificaciones en dos artículos controvertidos: “mayor autarquía” de la autoridad de aplicación y estirar el plazo de un año para que las empresas monopólicas se desprendan de parte de sus activos para adecuarse a la futura normativa. Consideran que estos puntos pueden generar grietas en la bancada oficialista.
Pichetto considera que el grueso de su tropa está encolumnada pero no descuidará el frente interno. La familia del presidente de la comisión de cabecera –Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión–, el oficialista Guillermo Jenefes, es dueña de un multimedio en Jujuy. También existen algunos díscolos en el bloque K que habrían manifestado reparos al proyecto. En pleno debate en la Cámara baja, algunos diputados oficialistas coincidían en que “a Miguel hay que dejarle algún margen de actuación” para que el proyecto no se frustre en el Senado.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-132202-2009-09-22.html
Hoy será la primera escaramuza entre el kirchnerismo y la oposición en la Cámara alta por el proyecto oficial de Servicios de Comunicación Audiovisual. Para el mediodía está convocada la reunión de Labor Parlamentaria. El bloque K insistirá en el giro a sólo dos comisiones legislativas, como lo decidió el presidente provisional del Senado, José Pampuro –que reemplaza a Julio Cobos, a cargo del Ejecutivo–, después de que el texto de la media sanción de Diputados llegó a sus manos ayer por la tarde. En tanto, la oposición volverá a la carga por el envío de la iniciativa, al menos, a otras dos comisiones. Si hay resistencia, el jefe del bloque K, Miguel Angel Pichetto, convocaría a una sesión para mañana en la que se votaría la cantidad de comisiones que discutirán en el Senado la ley de medios y que dirimiría la primera batalla en el Senado por su aprobación.
El texto de la media sanción de Diputados ya está desde ayer a la tarde en el Senado, aunque aún sigue la disputa por cuántas comisiones legislativas debatirán el proyecto en plenario. Ni oficialistas ni opositores están dispuestos a ceder, a pesar de que en algún momento trascendió la versión de que los bloques mayoritarios (el Frente para la Victoria y la UCR) habrían coincidido en partir las diferencias y remitirla a cuatro comisiones.
Pero los caminos se bifurcaron con la decisión de Cobos de insistir en el giro a cinco comisiones. Pichetto propondrá hoy en Labor Parlamentaria el envío a las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y Presupuesto y Hacienda. La oposición quiere sumar a Asuntos Constitucionales, Derechos y Garantías y Educación y Cultura. Incluso el ex senador de la Coalición Cívica Samuel Cabanchick quiere que se incorpore también Industria y Comercio.
Pichetto podría recurrir a una salida poco frecuente: que lo decida el pleno del Senado en el recinto. Por eso tiene previsto convocar a una sesión para mañana, donde se produciría el anticipo de lo que sería la votación de la ley de medios en la Cámara alta. Aunque el temario de la sesión todavía no está definido, tampoco se descarta debatir el proyecto que aumenta el IVA a los productos tecnológicos importados y lo reduce a las fábricas radicadas en Tierra del Fuego. Un proyecto que, según la oposición, “sólo busca encolumnar a los senadores fueguinos” que responden a la gobernadora Fabiana Ríos. Aunque sus diputados han dado muestras claras de respaldar la ley de medios.
Pichetto tampoco quiere perder tiempo. Anoche evaluaba también la posibilidad de que el plenario de las dos comisiones, a las que Pampuro girará el proyecto, comience hoy mismo o, al menos, que fije la agenda de trabajo. El bloque K quiere que el plenario funcione martes, miércoles y jueves de esta y la próxima semana, a lo que se podría sumar el viernes si este miércoles hay sesión de la Cámara.
El debate se haría con invitados que –a propuesta de los distintos bloques– representen a los sectores involucrados en el proyecto. Aunque no habrá audiencias públicas, como en Diputados. Quizás el único punto en que acuerdan senadores oficialistas y opositores. Desde la oposición se descartó la estrategia de extender el debate por fuera del Congreso, como lo hicieron en la Cámara baja. Tampoco abandonarían el recinto. Esta vez están dispuestos a dar el debate (ver aparte).
Aunque la estrategia a seguir todavía divide aguas en la oposición. Algunos, como el peronismo anti K (ver aparte), insisten en boicotear el proyecto y no dejan de anunciar que lo modificarán tras el recambio legislativo. Otros, como la UCR, aunque no descartan transitar ese camino, irán por modificaciones en dos artículos controvertidos: “mayor autarquía” de la autoridad de aplicación y estirar el plazo de un año para que las empresas monopólicas se desprendan de parte de sus activos para adecuarse a la futura normativa. Consideran que estos puntos pueden generar grietas en la bancada oficialista.
Pichetto considera que el grueso de su tropa está encolumnada pero no descuidará el frente interno. La familia del presidente de la comisión de cabecera –Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión–, el oficialista Guillermo Jenefes, es dueña de un multimedio en Jujuy. También existen algunos díscolos en el bloque K que habrían manifestado reparos al proyecto. En pleno debate en la Cámara baja, algunos diputados oficialistas coincidían en que “a Miguel hay que dejarle algún margen de actuación” para que el proyecto no se frustre en el Senado.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-132202-2009-09-22.html
lunes, 21 de septiembre de 2009
Medios, libertades y ciudadanía
“La libertad de prensa y de información son derechos de todos, no son reaseguros para empresas periodísticas o de entretenimiento”, señala Julio Maier. Gustavo López recuerda que la ley vigente desde la dictadura considera “al ciudadano como enemigo interno”.¿Nueva era?
Por Julio B. J. Maier *
No me animo a vaticinarlo, pero sí estoy convencido al afirmar que no sólo nosotros, sino el derecho a la información en general, se merecía hace rato un debate como el actual. Hace cerca de una década, cuando todavía ejercía la cátedra en la Universidad de Buenos Aires, tomé como tema de un seminario el derecho a la libertad de prensa y a la libertad de información, constitucionales, y el derecho penal. Invité a dos periodistas que, según recuerdo, no se sintieron demasiado cómodos frente a tantos aprendices de brujos (jóvenes con pretensión académica en derecho penal). Recuerdo bien, eso sí, que yo diferenciaba la libertad de prensa y de información (artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional), de la libertad de empresa y de trabajo (artículo 14), y advertía ya que yo no tenía el mismo derecho de expresar mis ideas públicamente por medio de la prensa que el señor Clarín o el señor La Nación (para no referirme a una persona en particular), al mismo tiempo, tampoco yo gozaba del derecho a informarme, pues sólo podía recibir información de parte de aquél cuyo bolsillo tenía poder (económico) suficiente para publicar y llegar a mi destino (lectura, audición o visión) con su lectura particular (ideológica) del universo; muchos más, la mayoría, estaban incluso por debajo de mis posibilidades. Prueba de ello era la incapacidad de instrumentar un derecho humano consagrado por convenciones internacionales, regionales y universales, el derecho a réplica, derecho e instrumentación siempre rechazados por los “dueños” de la libertad de prensa y sus organizaciones, nacionales e internacionales, con cualquier argumento, incluso el de atentar el ejercicio de ese derecho contra la libertad de prensa. Me parecía, entonces, que una ley de difusión de medios escritos y audiovisuales debía intentar igualar esas posibilidades y, para ello, repartir licencias en instituciones comunitarias, en general sin fines de lucro (universidades, gremios, fundaciones, asociaciones de interés público, etc). No creo que muchos coincidieran conmigo entonces, al menos yo no conocía a ninguno. No soy un experto en la materia, razón por la cual allí quedó todo para mí, en tono de pregunta.
El debate político actual me reconforta. Sin que pueda expresar detalles, pues no me corresponde, observo que de un lado están los que, norma más, norma menos, piensan como yo, que la libertad de prensa y la libertad de información son derechos de todos, del ciudadano, y, por lo contrario, no son reaseguros para empresas “periodísticas” o de “entretenimiento” (para ser sintético). Del otro lado están aquellos para quienes esas libertades y los derechos que generan tienen nombre y apellido, los de las empresas de lucro que los explotan comercialmente. No me asombra la existencia del debate ni su configuración argumental; sí, en cambio, la ubicación en él de alguno de sus protagonistas (la UCR, por ejemplo, que parece querer doblarse para que no se rompa) y los exabruptos de algunos, que califican a los contrarios con epítetos más cercanos a ellos, sobre los cuales deberían tener más cuidado, pues en sus filas existen personas a las que el sayo les cabe.
Por lo demás, me hacen reír las atribuciones de intenciones personales a quienes proponen o defienden la ley, intenciones siempre malignas, como sus portadores. La ley, de ser sancionada, va a regir, con total independencia de cuál sea la intención –buena o mala– de cada uno de los proponentes y de los legisladores que la sancionan, y va a ser estimada como buena o como mala según su texto –que no depende de las intenciones del legislador–, conforme a los intereses políticos de quienes la aprecian o la desprecian. De allí que el debate sobre ella tenga también la virtud de mostrarnos la división de aguas en materia de política nacional.
* Profesor consulto de la Facultad de Derecho (UBA).
Un gran paso
Por Gustavo López *
Parafraseando a Neil Amstrong, la media sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un gran paso para el sistema democrático argentino.
Hasta el día de hoy tenemos una ley de la dictadura, firmada por Videla y Martínez de Hoz, basada en la doctrina de la seguridad nacional que consideraba al ciudadano como enemigo interno, sospechoso frente al Estado. Por eso, la ley de la dictadura no consideraba a la comunicación como un derecho, sino como una cuestión de seguridad. De esta concepción se desprende que se prohibía a las cooperativas, ONG, universidades y demás asociaciones sin fines de lucro ser titulares de licencias de radio o televisión. Para esa mirada represiva, estos sectores eran los más peligrosos y a los que había que controlar. Tuvieron que pasar 25 años para que algunos de ellos fueran sujetos de derecho.
Esta ley aún vigente fue modificada por decretos de necesidad y urgencia a la medida de los sucesivos grupos empresariales que se beneficiaron con la concentración económica e informativa y cuyo cambio fue impedido sistemáticamente por esos mismos grupos, con la complicidad o la impotencia del sistema político.
Cada vez que se pretendió cambiar la ley, o “no era el momento” o, si lo era, no se acumulaban fuerzas suficientes para lograrlo. Lo real y concreto es que nuestro país, que pudo juzgar a los máximos responsables del terrorismo de Estado, que pudo cambiar la Constitución, no pudo, en 26 años de democracia, cambiar la Ley de Radiodifusión.
El proyecto sancionado en Diputados es un avance enorme respecto de lo que hoy tenemos. Considera a la comunicación como un derecho humano básico, garantiza la defensa irrestricta de la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a dar, buscar y recibir información. Transparenta al organismo de conducción, incorporando a la oposición parlamentaria y a los sectores de la sociedad civil a su directorio y consagra la separación de los medios públicos del gobierno de turno. Impone límites a la formación de monopolios que puedan atentar, por su naturaleza, contra el derecho a la libertad de expresión; incorpora en condiciones de igualdad a todos los sectores sociales eliminando cualquier tipo de discriminación y establece cuotas de producción para el fomento de la industria nacional y local de contenidos, preservando la diversidad cultural.
Lamentablemente, la oposición conservadora quiso impedir a toda costa el tratamiento de la ley. En estos seis meses que transcurrieron desde que se conoció el anteproyecto oficial, intentaron desacreditarlo en lugar de discutirlo.
Uno no sabe si fue porque se oponen a todo aquello que provenga del actual gobierno o, lo que sería peor, por defender descaradamente los intereses empresariales. Lo cierto es que ese sector opositor trabajó para impedir la sanción de una nueva ley.
El Congreso se dividió entre los que queríamos cambiar la ley y los que intentaron impedirlo. Por el cambio estábamos los aliados de la Concertación y sectores tanto del socialismo como de la oposición de centroizquierda. En cambio, la oposición más conservadora se refugió en la estrategia de la dilación y la impugnación, cuya consecuencia es la vigencia de esta ley vergonzante.
La deuda por reformar la ley llevaba 25 años de debates. La sociedad civil participó de los foros de discusión, en 2001 ya había participado de audiencias públicas y además, a lo largo de estos años, miles de congresos, charlas o seminarios dieron cuenta de la necesidad de la reforma.
El oficialismo parlamentario abrió el debate y se reformularon muchos artículos. Incluso la Presidenta eliminó la participación de las telefónicas, ya que despertaba las mayores polémicas. Pero la oposición conservadora no quiso participar de esas modificaciones. Paradójicamente, si hubieran asistido a la votación en particular, algunas de las cuestiones que planteaban en los programas de televisión y no en sus bancas se hubieran reformado.
Ahora le toca al Senado. ¿Intentarán nuevamente la dilación pretendiendo eludir el debate, haciendo pasear el proyecto para que nunca salga, o asumirá su rol de representación de cara a la sociedad?
La democracia necesita reglas democráticas en materia de radiodifusión. Si el Congreso sanciona una nueva ley, el sistema democrático habrá demostrado estar maduro para mejorar nuestro sistema institucional. Dimos el primer paso, sacamos el tema de la oscuridad, corresponde a los legisladores dar a luz una nueva ley de la democracia, por la salud de la República.
* Subsecretario general de la Presidencia.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-132126-2009-09-21.html
Por Gustavo López *
Parafraseando a Neil Amstrong, la media sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un gran paso para el sistema democrático argentino.
Hasta el día de hoy tenemos una ley de la dictadura, firmada por Videla y Martínez de Hoz, basada en la doctrina de la seguridad nacional que consideraba al ciudadano como enemigo interno, sospechoso frente al Estado. Por eso, la ley de la dictadura no consideraba a la comunicación como un derecho, sino como una cuestión de seguridad. De esta concepción se desprende que se prohibía a las cooperativas, ONG, universidades y demás asociaciones sin fines de lucro ser titulares de licencias de radio o televisión. Para esa mirada represiva, estos sectores eran los más peligrosos y a los que había que controlar. Tuvieron que pasar 25 años para que algunos de ellos fueran sujetos de derecho.
Esta ley aún vigente fue modificada por decretos de necesidad y urgencia a la medida de los sucesivos grupos empresariales que se beneficiaron con la concentración económica e informativa y cuyo cambio fue impedido sistemáticamente por esos mismos grupos, con la complicidad o la impotencia del sistema político.
Cada vez que se pretendió cambiar la ley, o “no era el momento” o, si lo era, no se acumulaban fuerzas suficientes para lograrlo. Lo real y concreto es que nuestro país, que pudo juzgar a los máximos responsables del terrorismo de Estado, que pudo cambiar la Constitución, no pudo, en 26 años de democracia, cambiar la Ley de Radiodifusión.
El proyecto sancionado en Diputados es un avance enorme respecto de lo que hoy tenemos. Considera a la comunicación como un derecho humano básico, garantiza la defensa irrestricta de la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a dar, buscar y recibir información. Transparenta al organismo de conducción, incorporando a la oposición parlamentaria y a los sectores de la sociedad civil a su directorio y consagra la separación de los medios públicos del gobierno de turno. Impone límites a la formación de monopolios que puedan atentar, por su naturaleza, contra el derecho a la libertad de expresión; incorpora en condiciones de igualdad a todos los sectores sociales eliminando cualquier tipo de discriminación y establece cuotas de producción para el fomento de la industria nacional y local de contenidos, preservando la diversidad cultural.
Lamentablemente, la oposición conservadora quiso impedir a toda costa el tratamiento de la ley. En estos seis meses que transcurrieron desde que se conoció el anteproyecto oficial, intentaron desacreditarlo en lugar de discutirlo.
Uno no sabe si fue porque se oponen a todo aquello que provenga del actual gobierno o, lo que sería peor, por defender descaradamente los intereses empresariales. Lo cierto es que ese sector opositor trabajó para impedir la sanción de una nueva ley.
El Congreso se dividió entre los que queríamos cambiar la ley y los que intentaron impedirlo. Por el cambio estábamos los aliados de la Concertación y sectores tanto del socialismo como de la oposición de centroizquierda. En cambio, la oposición más conservadora se refugió en la estrategia de la dilación y la impugnación, cuya consecuencia es la vigencia de esta ley vergonzante.
La deuda por reformar la ley llevaba 25 años de debates. La sociedad civil participó de los foros de discusión, en 2001 ya había participado de audiencias públicas y además, a lo largo de estos años, miles de congresos, charlas o seminarios dieron cuenta de la necesidad de la reforma.
El oficialismo parlamentario abrió el debate y se reformularon muchos artículos. Incluso la Presidenta eliminó la participación de las telefónicas, ya que despertaba las mayores polémicas. Pero la oposición conservadora no quiso participar de esas modificaciones. Paradójicamente, si hubieran asistido a la votación en particular, algunas de las cuestiones que planteaban en los programas de televisión y no en sus bancas se hubieran reformado.
Ahora le toca al Senado. ¿Intentarán nuevamente la dilación pretendiendo eludir el debate, haciendo pasear el proyecto para que nunca salga, o asumirá su rol de representación de cara a la sociedad?
La democracia necesita reglas democráticas en materia de radiodifusión. Si el Congreso sanciona una nueva ley, el sistema democrático habrá demostrado estar maduro para mejorar nuestro sistema institucional. Dimos el primer paso, sacamos el tema de la oscuridad, corresponde a los legisladores dar a luz una nueva ley de la democracia, por la salud de la República.
* Subsecretario general de la Presidencia.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-132126-2009-09-21.html
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