Durante la quinta audiencia pública convocada por la Cámara Alta, distintos abogados constitucionalistas coincidieron en la necesidad de "derogar la ley de la dictadura", aunque con diferentes matices. Mientras unos reivindican el fin de los monopolios, otros critican el poder que se le otorga al Ejecutivo en la nueva ley. El plenario espera la palabra de los especialistas Eduardo Merenhikian, Valentín Thury Cornejo, Henoch Aguiar, Gustavo López, Julio Bárbaro y Martín Becerra.
El constitucionalista Alberto González Arzac entendió que la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados, que ahora analiza el Senado, "es perfectamente constitucional" y cuestionó a aquellos que "reclaman más tiempo" para debatirla porque -sostuvo- ya ha sido "considerada suficientemente como para seguir esperando".
"Así como fue superada la dictadura militar, debe superarse la dictadura de los medios de comunicación, que hoy subsiste, cosa que esta ley nos posibilita", aseveró Arzac.
Al iniciar su exposición, González Arzac aclaró que no representaba "intereses concretos, a diferencia de otros", y confesó que sintió "una gran satisfacción" cuando se presentó el nuevo proyecto de ley. Agregó que "no cabe duda de que los medios audiovisuales están en manos monopólicas y que se debe terminar con este monopolio". Por último, sostuvo que el proyecto en discusión se debe analizar bajo la óptica del Artículo 42 de la Constitución Nacional, que se refiere a la defensa de la competencia.
Daniel Sabsay, por su parte, opinó que "si bien el proyecto resulta sumamente atractivo en cuanto a sus propósitos y sus enunciados generales, los medios que se utilizan para propender a esos fines incurren en distintas contradicciones". Criticó lo que a su criterio constituye un "excesivo poder otorgado al Poder Ejecutivo", como así también lo que entendió una "violación a la propiedad privada", en referencia al proceso de desinversión de los actuales licenciatarios, dispuesto por la norma.
"En este proyecto encontramos lados flacos que hacen a la seguridad jurídica, a la legalidad, y a la no discrecionalidad del poder político", señaló Sabsay, quien planteó la necesidad de que, paralelamente a esta norma, el Congreso debata una "ley de libre acceso a la información pública y de regulación de la pauta oficial de propaganda".
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-132601-2009-09-29.html
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