La Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico hizo lugar a un insólito pedido de los abogados de Cablevisión y permitió así una nueva dilación en el expediente que investiga la validez de la fusión entre las dos mayores firmas operadoras de cable del país: Multicanal y Cablevisión.
En un oficio fechado el 11 de diciembre, el tribunal le exige al secretario de Comercio de la Nación, Guillermo Moreno, que presente los originales del expediente que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia lleva adelante para estudiar la operación comercial entre las cableoperadoras.
En verdad, el funcionario ya había presentado los veinte cuerpos, unas 5.560 fojas, fotocopiados y autenticados por escribano público, tal como señalan los usos y costumbres. Sin embargo, los magistrados los rechazaron y conminaron al organismo a presentar en 48 horas la documentación original. Semejante pedido, con semejante cantidad de fojas de por medio, podría derivar en el cajoneo indefinido de la causa.
El oficio judicial aparece firmado por los jueces Edmundo Hendler y Juan Carlos Bonzón, a quien fuentes oficiales señalan como un magistrado de muy buenos vínculos con el grupo encabezado por Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto.
De esta manera, el Grupo Clarín llevó adelante una nueva manifestación de poder y logró interponer una vez más una maniobra dilatoria que le permite seguir adelante con una operación comercial dirigida a concentrar casi todo el mercado de la televisión por cable de la Argentina.
A través de Cablevisión, Clarín opera una de las mayores redes de sistemas de televisión por cable de la Argentina y Latinoamérica. Según información del propio monopolio, su cableoperadora supera los 3.200.000 clientes en televisión y los 760.000 en el servicio de banda ancha.
La fusión entre los dos principales operadores de cable de la Argentina lleva varios capítulos. En un principio, en diciembre de 2007, fue aprobada luego de que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia diera su visto bueno pero siempre y cuando se cumpliera con una serie de condicionamientos. Entre ellos se encontraba el reemplazo del tendido del cableado aéreo por la instalación de fibra óptica y que ambas empresas respetaran las zonas de mayor influencia que cada una tenía previamente a la fusión.
Defensa de la Competencia, a través de la Resolución 106, ordenó una auditoría para verificar que estos y otros requerimientos fueran cumplidos por las cableoperadoras. Pero la investigación oficial demostró incumplimientos generalizados.
Fue el interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, quien anunció, en el Congreso de la Nación, la denegación a la solicitud de operación conjunta de Cablevisión y Multicanal.
Mariotto había declarado que “la conducta de la empresa incumple incuestionablemente el régimen de multiplicidad de licencias, viola cláusulas de titularidad, realiza prácticas monopólicas e incumple la prohibición de maniobras de simulación”.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 43 de la Ley 22.285 –la normativa sobre medios que estaba vigente en el momento en que solicitó la fusión y que es la que antecedía a la recientemente aprobada Ley de Servicios Audiovisuales de Comunicación– una misma persona física o jurídica sólo podía tener una licencia de servicios complementarios de radiodifusión en una misma localización. Pero a raíz de la fusión con Multicanal y de sucesivas absorciones previas, Cablevisión pasó a tener más de una licencia de cable en diferentes jurisdicciones.
La empresa había presentado una propuesta mediante la cual renunciaba a las licencias excedentes, pero el organismo oficial consideró que sólo se trataba de renunciamientos nominales porque la compañía –por diferentes procesos de absorción– mantenía en su poder la estructura y la frecuencia de aquellos sellos de los que se desprendía.
El Grupo Clarín, entonces, solicitó una medida cautelar pidiendo la suspensión de la resolución. En primera instancia, la Justicia le dio la razón, pero luego los magistrados de la Sala III de la Cámara de Apelaciones Contenciosa Administrativa, Jorge Argento y Carlos Grecco, revocaron el fallo inicial y consideraron que tanto el Comfer como la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia están facultados para convertirse en organismos de aplicación de las leyes de la competencia y de radiodifusión, respectivamente.
En un nuevo intento de apelación que busca revertir la nueva sentencia, ahora la pelota pasó a la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones del Fuero Penal Económico, donde no se aceptan –parece– las fotocopias autenticadas por escribanos públicos que presentan los organismos oficiales.
ESCUELA NOBLE DE FORMACIÓN DE JUECES
La invitación, formulada en lenguaje sobrio, distinguido, llevaba en el ángulo superior izquierdo el logo de una institución respetada: el Centro de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, entre cuyos fundadores se destacan Miguel Braun, hombre de la Universidad de Harvard y antiguo consultor del BID y el Banco Mundial, y Sonia Cavallo. En el centro, otro logo de una institución algo más opaca: la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura. Finalmente, a la derecha, el último isotipo en elegantes cursivas: la Fundación Noble, del Grupo Clarín.
Motivo de la invitación: un ciclo de charlas sobre Los desafíos de la Justicia, en el marco del compromiso por “alcanzar la excelencia institucional de la Argentina”. Los firmantes de la invitación expresan que en ella “decidimos generar espacios para la capacitación, formación y reflexión por parte de magistrados, responsables de llevar adelante uno de los poderes pilares de la democracia y el estado de derecho: la administración de Justicia”.
Supongamos que hasta aquí todo suene más o menos razonable. Lo llamativo es quién firma la invitación y se dispone a capacitar, formar y hacer reflexionar a los jueces: Jorge C. Rendo, bajo cuya rúbrica puede leerse: Director Corporativo de Relaciones Externas. Grupo Clarín. El otro detalle no menor: la invitación anuncia que el primer curso se llevará a cabo en el auditorio del diario Clarín, Piedras 1743.
¿Cómo es la cosa? ¿El Grupo Clarín funciona como una escuela para la excelencia de los magistrados? Si se tratara de una vinculación entre funcionarios del Ejecutivo y un importante grupo económico, ¿no se hablaría con suspicacia de tráfico de influencias o relaciones non sanctas?
Escuela de formación de cuadros. La invitación tiene fecha 16 de mayo de 2007. Es lo que se llama construcción de estrategias. Con método, paso a paso. Tal como, el sábado mismo, apurando el expediente, el gran diario argentino tituló, a partir de una movida del transparentísimo gobernador Alberto Rodríguez Sáa, “Primer paso para que la Corte se pronuncie sobre la ley de medios”.
En un oficio fechado el 11 de diciembre, el tribunal le exige al secretario de Comercio de la Nación, Guillermo Moreno, que presente los originales del expediente que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia lleva adelante para estudiar la operación comercial entre las cableoperadoras.
En verdad, el funcionario ya había presentado los veinte cuerpos, unas 5.560 fojas, fotocopiados y autenticados por escribano público, tal como señalan los usos y costumbres. Sin embargo, los magistrados los rechazaron y conminaron al organismo a presentar en 48 horas la documentación original. Semejante pedido, con semejante cantidad de fojas de por medio, podría derivar en el cajoneo indefinido de la causa.
El oficio judicial aparece firmado por los jueces Edmundo Hendler y Juan Carlos Bonzón, a quien fuentes oficiales señalan como un magistrado de muy buenos vínculos con el grupo encabezado por Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto.
De esta manera, el Grupo Clarín llevó adelante una nueva manifestación de poder y logró interponer una vez más una maniobra dilatoria que le permite seguir adelante con una operación comercial dirigida a concentrar casi todo el mercado de la televisión por cable de la Argentina.
A través de Cablevisión, Clarín opera una de las mayores redes de sistemas de televisión por cable de la Argentina y Latinoamérica. Según información del propio monopolio, su cableoperadora supera los 3.200.000 clientes en televisión y los 760.000 en el servicio de banda ancha.
La fusión entre los dos principales operadores de cable de la Argentina lleva varios capítulos. En un principio, en diciembre de 2007, fue aprobada luego de que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia diera su visto bueno pero siempre y cuando se cumpliera con una serie de condicionamientos. Entre ellos se encontraba el reemplazo del tendido del cableado aéreo por la instalación de fibra óptica y que ambas empresas respetaran las zonas de mayor influencia que cada una tenía previamente a la fusión.
Defensa de la Competencia, a través de la Resolución 106, ordenó una auditoría para verificar que estos y otros requerimientos fueran cumplidos por las cableoperadoras. Pero la investigación oficial demostró incumplimientos generalizados.
Fue el interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, quien anunció, en el Congreso de la Nación, la denegación a la solicitud de operación conjunta de Cablevisión y Multicanal.
Mariotto había declarado que “la conducta de la empresa incumple incuestionablemente el régimen de multiplicidad de licencias, viola cláusulas de titularidad, realiza prácticas monopólicas e incumple la prohibición de maniobras de simulación”.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 43 de la Ley 22.285 –la normativa sobre medios que estaba vigente en el momento en que solicitó la fusión y que es la que antecedía a la recientemente aprobada Ley de Servicios Audiovisuales de Comunicación– una misma persona física o jurídica sólo podía tener una licencia de servicios complementarios de radiodifusión en una misma localización. Pero a raíz de la fusión con Multicanal y de sucesivas absorciones previas, Cablevisión pasó a tener más de una licencia de cable en diferentes jurisdicciones.
La empresa había presentado una propuesta mediante la cual renunciaba a las licencias excedentes, pero el organismo oficial consideró que sólo se trataba de renunciamientos nominales porque la compañía –por diferentes procesos de absorción– mantenía en su poder la estructura y la frecuencia de aquellos sellos de los que se desprendía.
El Grupo Clarín, entonces, solicitó una medida cautelar pidiendo la suspensión de la resolución. En primera instancia, la Justicia le dio la razón, pero luego los magistrados de la Sala III de la Cámara de Apelaciones Contenciosa Administrativa, Jorge Argento y Carlos Grecco, revocaron el fallo inicial y consideraron que tanto el Comfer como la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia están facultados para convertirse en organismos de aplicación de las leyes de la competencia y de radiodifusión, respectivamente.
En un nuevo intento de apelación que busca revertir la nueva sentencia, ahora la pelota pasó a la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones del Fuero Penal Económico, donde no se aceptan –parece– las fotocopias autenticadas por escribanos públicos que presentan los organismos oficiales.
ESCUELA NOBLE DE FORMACIÓN DE JUECES
La invitación, formulada en lenguaje sobrio, distinguido, llevaba en el ángulo superior izquierdo el logo de una institución respetada: el Centro de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, entre cuyos fundadores se destacan Miguel Braun, hombre de la Universidad de Harvard y antiguo consultor del BID y el Banco Mundial, y Sonia Cavallo. En el centro, otro logo de una institución algo más opaca: la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura. Finalmente, a la derecha, el último isotipo en elegantes cursivas: la Fundación Noble, del Grupo Clarín.
Motivo de la invitación: un ciclo de charlas sobre Los desafíos de la Justicia, en el marco del compromiso por “alcanzar la excelencia institucional de la Argentina”. Los firmantes de la invitación expresan que en ella “decidimos generar espacios para la capacitación, formación y reflexión por parte de magistrados, responsables de llevar adelante uno de los poderes pilares de la democracia y el estado de derecho: la administración de Justicia”.
Supongamos que hasta aquí todo suene más o menos razonable. Lo llamativo es quién firma la invitación y se dispone a capacitar, formar y hacer reflexionar a los jueces: Jorge C. Rendo, bajo cuya rúbrica puede leerse: Director Corporativo de Relaciones Externas. Grupo Clarín. El otro detalle no menor: la invitación anuncia que el primer curso se llevará a cabo en el auditorio del diario Clarín, Piedras 1743.
¿Cómo es la cosa? ¿El Grupo Clarín funciona como una escuela para la excelencia de los magistrados? Si se tratara de una vinculación entre funcionarios del Ejecutivo y un importante grupo económico, ¿no se hablaría con suspicacia de tráfico de influencias o relaciones non sanctas?
Escuela de formación de cuadros. La invitación tiene fecha 16 de mayo de 2007. Es lo que se llama construcción de estrategias. Con método, paso a paso. Tal como, el sábado mismo, apurando el expediente, el gran diario argentino tituló, a partir de una movida del transparentísimo gobernador Alberto Rodríguez Sáa, “Primer paso para que la Corte se pronuncie sobre la ley de medios”.
http://www.elargentino.com/nota-69545-Escandalo-judicial-Clarin-intenta-frenar-la-investigacion-por-monopolio-en-el-cable.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario