Los grupos multimedios Clarín y Uno anunciaron que iniciarán acciones legales “para hacer valer sus derechos”. Desde el Comfer calificaron el avance como “una forma de presión que ahora busca limitar la aplicación de la ley”.La batalla judicial por la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ya tiene dos contendientes confirmados. Ayer, los grupos Clarín y Uno, dos de los principales multimedios oligopólicos afectados por la legislación que se aprobó anteayer en el Senado, anunciaron que iniciarán acciones legales “para hacer valer sus derechos”, tal como lo había asegurado un día antes la oposición. Desde el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) los avances de las empresas mediáticas fueron calificados como “una forma de presión que buscó primero tratar de que no salga la ley y ahora de limitar su aplicación”.
“El Grupo Clarín va a recurrir a la Justicia para hacer valer sus derechos”, anunció ayer el director de Relaciones Externas del multimedio, Jorge Rendo, en declaraciones por radio. “No se trata de ganar tiempo, se trata de que realmente hay artículos que son inconstitucionales. Alguien debe reparar esto”, aseguró. Por su parte, el empresario mendocino Daniel Vila, presidente del Grupo Uno y socio de José Luis Manzano y Francisco de Narváez en el canal televisivo América, también adelantó que van a presentarse ante los tribunales “para impedir que se aplique” la ley y amenazó: “Sin judicialización habrá despidos”. En ese sentido, Rendo aseguró que “no hay ningún plan de achique de personal por parte del Grupo Clarín”, que tiene, según aseguró, más de 16 mil empleados directos.
El ejecutivo de Clarín manifestó que “hay cosas de la ley que son insólitas y que no existen en ningún lugar del mundo” y exigió que “de algún modo deben ser reparadas”. A su vez, Vila advirtió que la nueva normativa de medios “trae problemas, está mal redactada, tiene artículos repetidos. Ni creo que fuera redactada por un abogado”, lanzó. El mendocino, por su parte, preguntó: “¿Qué pasa si en un año no vendo mi empresa?”, para responderse a sí mismo: “Tendré que bajar la persiana, pagar las indemnizaciones y despedir gente”.
Pocas horas después de la trasnochada votación en la Cámara de Senadores, el sábado por la madrugada, distintos dirigentes de la oposición habían anunciado acciones legales contra la flamante ley. En sintonía con su socio Vila, el diputado de Unión-PRO y dueño de varios medios, Francisco de Narváez, había asegurado que “se trata de una ley hecha a los apurones que terminará judicializándose ya que varios artículos son abiertamente anticonstitucionales”. Por su parte, el senador radical Ernesto Sanz había vaticinado “una alta litigiosidad”, al igual que la diputada de PRO Paula Bertol: “Esta ley va a recorrer los Tribunales”.
Luis Lázaro, coordinador general del Comfer y uno de los redactores del texto de la ley, negó categóricamente que haya argumentos válidos para sostener la inconstitucionalidad de la norma. Consultado por Página/12 dijo que “el propósito de la ley es proteger el derecho a la información de la sociedad, que está por encima de cualquier negocio en particular. Este es el principio en el cual se basa esta ley, y figura en el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene rango constitucional”. De todas formas, advirtió, “hasta que no se resuelva en la Corte Suprema, no se puede decir que el asunto esté jurídicamente terminado”. En el mismo sentido ya se había manifestado el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, al asegurar que aquel que se sienta afectado por la ley “tiene todo el derecho del mundo” a litigar, aunque, sostuvo, “no tendrá ningún sustento”.
Los antecedentes muestran una fuerte tendencia a la judicialización en los conflictos que hubo en este ámbito. Desde el decreto duhaldista 1214/03, que permitía a provincias y municipios tener canales y radios propias, hasta el más reciente conflicto por los derechos de retransmisión del fútbol local, cada vez que los intereses de los grupos mediáticos chocaron con alguna decisión gubernamental el asunto se resolvió en los Tribunales. Ese fue el caso de dos episodios que tuvieron a Daniel Vila como protagonista: cuando se opuso a que se instalara una repetidora de Canal 7 en San Rafael (Mendoza) y cuando se recurrió a la Justicia para que obligue a incluir al canal público en las grillas de sus operadoras de cable.
Informe: Nicolás Lantos.
“El Grupo Clarín va a recurrir a la Justicia para hacer valer sus derechos”, anunció ayer el director de Relaciones Externas del multimedio, Jorge Rendo, en declaraciones por radio. “No se trata de ganar tiempo, se trata de que realmente hay artículos que son inconstitucionales. Alguien debe reparar esto”, aseguró. Por su parte, el empresario mendocino Daniel Vila, presidente del Grupo Uno y socio de José Luis Manzano y Francisco de Narváez en el canal televisivo América, también adelantó que van a presentarse ante los tribunales “para impedir que se aplique” la ley y amenazó: “Sin judicialización habrá despidos”. En ese sentido, Rendo aseguró que “no hay ningún plan de achique de personal por parte del Grupo Clarín”, que tiene, según aseguró, más de 16 mil empleados directos.
El ejecutivo de Clarín manifestó que “hay cosas de la ley que son insólitas y que no existen en ningún lugar del mundo” y exigió que “de algún modo deben ser reparadas”. A su vez, Vila advirtió que la nueva normativa de medios “trae problemas, está mal redactada, tiene artículos repetidos. Ni creo que fuera redactada por un abogado”, lanzó. El mendocino, por su parte, preguntó: “¿Qué pasa si en un año no vendo mi empresa?”, para responderse a sí mismo: “Tendré que bajar la persiana, pagar las indemnizaciones y despedir gente”.
Pocas horas después de la trasnochada votación en la Cámara de Senadores, el sábado por la madrugada, distintos dirigentes de la oposición habían anunciado acciones legales contra la flamante ley. En sintonía con su socio Vila, el diputado de Unión-PRO y dueño de varios medios, Francisco de Narváez, había asegurado que “se trata de una ley hecha a los apurones que terminará judicializándose ya que varios artículos son abiertamente anticonstitucionales”. Por su parte, el senador radical Ernesto Sanz había vaticinado “una alta litigiosidad”, al igual que la diputada de PRO Paula Bertol: “Esta ley va a recorrer los Tribunales”.
Luis Lázaro, coordinador general del Comfer y uno de los redactores del texto de la ley, negó categóricamente que haya argumentos válidos para sostener la inconstitucionalidad de la norma. Consultado por Página/12 dijo que “el propósito de la ley es proteger el derecho a la información de la sociedad, que está por encima de cualquier negocio en particular. Este es el principio en el cual se basa esta ley, y figura en el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene rango constitucional”. De todas formas, advirtió, “hasta que no se resuelva en la Corte Suprema, no se puede decir que el asunto esté jurídicamente terminado”. En el mismo sentido ya se había manifestado el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, al asegurar que aquel que se sienta afectado por la ley “tiene todo el derecho del mundo” a litigar, aunque, sostuvo, “no tendrá ningún sustento”.
Los antecedentes muestran una fuerte tendencia a la judicialización en los conflictos que hubo en este ámbito. Desde el decreto duhaldista 1214/03, que permitía a provincias y municipios tener canales y radios propias, hasta el más reciente conflicto por los derechos de retransmisión del fútbol local, cada vez que los intereses de los grupos mediáticos chocaron con alguna decisión gubernamental el asunto se resolvió en los Tribunales. Ese fue el caso de dos episodios que tuvieron a Daniel Vila como protagonista: cuando se opuso a que se instalara una repetidora de Canal 7 en San Rafael (Mendoza) y cuando se recurrió a la Justicia para que obligue a incluir al canal público en las grillas de sus operadoras de cable.
Informe: Nicolás Lantos.
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