Se hace indispensable un cambio de paradigma en el concepto de la información pública. Para algunos, la tarea de los medios de comunicación de informar, educar y entretener se convierte en un dogma que se cumple con una rígida estructura de corte liberal. Así se contentan con cumplir con cuotas de tal cometido y se asumen compromisos comerciales por encima del compromiso con la sociedad. De este modo se renuncia a la conducción estratégica de una formidable herramienta de comunicación. Cierto es que el incumplimiento de contratos comerciales importa una sanción económica, pero no es menos cierto que el incumplimiento del contrato social significa un costo mayor. Los medios públicos son desperdiciados en momentos históricos, en los que son más necesarios. Ya ni siquiera es una cuestión política, sino de sentido común.
La grilla de los medios públicos debería ser susceptible a modificaciones coyunturales para responder a necesidades urgentes: una programación esclarecedora en relación con la Gripe A, o antes sobre el Dengue, o con eje en la política en etapa preelectoral, o exponiendo el debate cuando el conflicto con el conglomerado mediatico-agroexportador, o sobre los foros de debate de la ley de medios audiovisuales, o relativa al asedio a las democracias latinoamericanas. Con segmentos que interrumpan o desplacen el esquema rígido de la pantalla, el éter o las prioridades de la agencia informativa. Los medios en manos del Estado no son empresas comerciales para competir por la torta publicitaria ni por el rating. Hace falta más que optar por el eslogan de la tv o la radio "Públicas", y ponerlos en sintonía con las necesidades de la sociedad en el momento que se viva. También se debe despojar del prurito de informar sobre la gestión pública y los actos de gobierno. Ese prejuicio no sólo pone en riesgo el proyecto político sino que vulnera y falta al estatuto constitucional que obliga informar a la comunidad, y al derecho ciudadano de estar informado. Este estatuto no es optativo. El estado no tiene la opción de informar: está obligado. Es urgente que asuma esa responsabilidad. Es, por cierto, innegable la calidad alcanzada por los medios de gestión estatal en los últimos años.
Esto demuestra la capacidad para lograr una oferta de calidad y atractiva. Pero además de la deuda estética y profesional resalta la deuda social, que es fundamentalmente política.
La pregunta obligada es si esto es posible con la actual estructura de estos medios, herederos de conceptos retrógrados y burocráticos que los obligan a un comportamiento de oficinas públicas.
En una serie de artículos sobre los noticieros de la televisión pública que publiqué en 2003 sostenía: "Los medios en manos del estado no escaparon al anquilosamiento de la administración pública. Además, la resistencia a los embates privatizadores durante la gestión Menem y los intentos de “limpieza” con sus cientos de despidos durante el alianzato expulsaron a muchos de los mejores trabajadores y tuvo al resto en vilo por su fuente laboral. Acompañado esto por gestiones conservadoras, parásitas o elitistas, con nulo incentivo y permanentes presión y desprecio por los periodistas y trabajadores de prensa, la baja en la calidad de la prestación es inocultable. Cómo es posible, entonces, hacer pasteles si hay ingredientes para bizcochos? Los periodistas no somos materia sino sustancia. Es necesario exponer un claro proyecto informativo y una concreta línea editorial. Calificar en una primera etapa las mejores herramientas e implementar un urgente programa de formación y actualización profesional. Democratizar hacia adentro, contagiar, entusiasmar y desafiar".
Uno de los déficits mas graves, que trataba en esos artículos, está, precisamente, en la formación profesional. Una estructura burocrática nunca propende a la formación y la calidad, sino que suple sus deficiencias con el ingreso de nuevo personal que, natural e inevitablemente, se acomoda al viejo funcionamiento. Es la salida “fácil” y que nunca dio resultado. Es la idea “siempre” original. Es el error en el que cae cada uno de los funcionarios, con menor o mayor buena voluntad, a los que les toca administrar los medios de comunicación del Estado.
Estas fallas estructurales sólo pueden ser suplidas con una conducción estratégica capaz de convocar en minutos a un equipo periodístico para dar respuesta en la pantalla, el éter y la redacción. Los medios públicos deberían estar en condiciones de convocar a un equipo mínimo de sus profesionales para garantizar la respuesta ante urgencias. Y también deberían estar en condiciones de responder con pocas horas de anticipación cuando ese tiempo está disponible.
He visto pasar por Canal 7 una cantidad grosera de cuadros desperdiciados que estarían a la altura de estas necesidades. Me consta también la buena voluntad y el esfuerzo de la actual gestión en la que tengo amigos de enorme confianza. Observo cotidianamente su pelea desigual con la “maquina de impedir”. La postergación de una definición sobre el rol de los medios públicos de comunicación y de una política nacional sobre comunicación redunda en un enorme gasto económico para alimentar un elefante destinado a ser el guardián del jardín de la casa cuando alcanzaría con un buen perro.
* Periodista de Canal 7 - Co-coordinador de la Comisión de Medios Audiovisuales en Carta Abierta.
Saludos cordiales,
Marcos Muñoz
Lic. en Comunicación Social
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