Por Eduardo Aliverti
Una vieja sentencia dice que el periodismo consiste en llenar los lugares que dejan libres los anuncios publicitarios. La frase bien podría corroborarse tomando los grandes diarios de circulación nacional, cuyas ediciones de algunos (cuantos) días se empeñan en demostrar que si hay crisis no se nota porque el centimetraje de publicidad es apabullante. Pero también puede adaptársela a las equivalencias informativas respecto de sí mismas. Es decir: cuántos y cuáles lugares ocupan ciertas noticias porque hay otras, tradicionalmente centrales, que en la coyuntura desaparecieron o carecen de sitial preponderante. Cabría la presunción de que algo de esto debe contemplarse, si se toma nota del papel secundario que, últimamente, adquieren las informaciones del ámbito económico. Es imposible, por supuesto, no constatar que la economía está presente en casi todo lo que sucede. Desde las inundaciones hasta “la inseguridad”; desde el debate por la libertad sindical hasta las denuncias de corrupción; desde la ley de medios audiovisuales hasta el proyecto de reforma política, en algún punto todo pasa por la economía porque en ella anida el cómo y para quiénes se gobierna, y el cómo y para quiénes se intenta plantar una alternativa de gobierno u oposición. Gobernar, o preparase para ello, es administrar y proyectar la economía. Sin embargo, ese rasgo estructural, filosófico, de lo económico, en ciertos momentos o etapas no es lo único que construye las noticias (aunque siempre subyazca). A veces, el valor que se le da a lo episódico tiene una relación inversamente proporcional con lo que la sociedad percibe, de la economía, en su actualidad y rumbo macros.
Veámoslo desde esta lógica: si hubiera seria preocupación, o fuerte inquietud, por lo que puede suceder con los salarios, las reservas monetarias, la deuda, los precios, el desempleo, ¿habría que los grandes titulares sean las peleas de Moyano con la Corte Suprema, o los cruces de los K con Clarín, o la polémica sobre los asesinatos y delitos en el conurbano bonaerense, o el Macrigate, o el valijero, o Papel Prensa, o lo que dicen Legrand, Tinelli y Susana? ¿Habría que la asignación por hijo para familias de carenciados, un reclamo que se hacía oír a los gritos y hace años, desde todo el espectro político, quedara mediáticamente subsumido en cómo puede ser que no se hubieran previsto las colas de reclamantes ante las delegaciones de la Anses? ¿Habría que para hablar de terremotos financieros tengan que remitirse al default de una empresa de un emirato árabe? ¿Habría que se trate de que la maestra asesinada en Derqui quería ser mamá, como recuadro destacado de portada?
Podemos tomar el análisis que hacen los propios especialistas en economía, de los grandes medios, sobre la prospectiva de “los mercados”. La recaudación impositiva aumentará por el ingreso de las retenciones a la soja, que andará de cosecha espectacular (si el suelo queda hecho mierda y a la hora de evaluar catástrofes “naturales” debe examinarse la deforestación y el sembradío irrestricto es otro problema, que no les mueve un pelo a los liberales). La tasa de interés norteamericana es cero, prácticamente, y eso hace que los bonos argentinos sean muy atractivos para los inversores porque, encima, cayó bien la reapertura del canje de deuda con los que habían quedado afuera. El Banco Central sigue comprando dólares porque la entrada de divisas tiene fortaleza. Aumentan los depósitos en los bancos. Los economistas corrigen hacia arriba las cifras de reactivación. El gasto público y el aumento a los jubilados permiten imaginar un incremento del consumo, pero el riesgo de inflación que eso supone es chico, comparado con el despegue que tendría la actividad en su conjunto. Subrayemos lo siguiente: todo esto no es lo que dice el oficialismo ni sus órganos de prensa ni sus simpatizantes (que también, claro), sino un compendio de lo que opina el conjunto de los analistas y militantes del establishment. Voceros del agro incluidos. Y casi extintos, dicho sea de paso, a menos que alguien registre que hayan vuelto a alzar la voz. ¿Por qué perdió tanta energía la Mesa de Enlace? ¿No era que deberíamos importar leche más temprano que tarde, y que ya no se vende ni un tractor, y que había que aprender de Uruguay, y que los pueblos del interior se mueren, y que el trigo no daría abasto para el consumo interno, y que el bife de lomo debía costar 80 pesos? ¿Cuándo mintieron? ¿En la trifulca por la 125 o ahora? ¿O siempre?
Como ésa es la realidad o lo que los mismos representantes del poder concentrado dicen que es la realidad, volvemos a la hipótesis de con qué se llena el espacio que dejaron libre los pronósticos de tragedia. La malaventura anunciada por ellos, insistamos, porque, si es por la otra forma de ver la realidad, vaya si existen la tragedia y el acostumbrado paisaje de la conflictividad crispada. Ahí están los inundados, los paros de los maestros, los indigentes, los hospitales públicos en colapso o cerca de ello, el drama de la vivienda. Jamás eso les fue un indicador a tener en cuenta. Les fue lo que sociológicamente se sabe denominar “normismo”; esto es, aceptación de que el mal funcionamiento de algo, cualquier cosa, aun cuando incluya el sufrimiento de vastas masas de población, es un hecho natural: pobres y miseria habrá siempre. Así que no es eso. Es medir con los parámetros que a ellos les importan. Y si esas cuantificaciones dan bien, lo que resulta es que el debate político se circunscribe a chiquitajes. Porque convengamos, asumiendo que decirlo es de una alta incorrección y no hay otra que malinterpretarlo: valijas, espionajes, sobreprecios en licitaciones públicas, Carrió diciendo que Cobos es una ameba y si el fútbol es para todos o todos pagamos la televisación del fútbol, apenas para ejemplificar, son al fin y al cabo elementos colaterales de quien impone un Gran Relato. Menem fue uno de los que entendieron que funciona así, y ganó con el 50 por ciento de los votos cuando ya se sabía que era un canalla. El espacio que dejaba vacío la fantasía de que económicamente se estaba bien fue ocupado por las denuncias de corrupción (en el segundo tramo de su sultanato), sin que los medios se detuviesen en “la inseguridad”, por caso. Ahora, el punto es análogo. En la edificación noticiosa, a falta de que la economía no parece afrontar tormentas, se impone luchar en forma salvaje por los intereses corporativos afectados, a través de que los medios destacan lo políticamente episódico. Con la diferencia, claro, respecto del menemato, de que entonces el poder económico estaba chocho; y ahora ve que algunos o varios de sus privilegios están lastimados.
Volvió una enseñanza que nunca debe irse. Lo que se dice y publica tiene tanto valor como lo que se ignora u oculta. Debe ser que, de tan obvio que es, un montonazo de gente parece haberlo olvidado.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-136186-2009-11-30.html
lunes, 30 de noviembre de 2009
Importante operativo en siete cabarets de Plaza Huincul
Se realizó en el marco de una causa nacional sobre trata. Fueron rescatadas seis mujeres de distintas nacionalidades.
NEUQUÉN (AN).- Con un importante despliegue de gendarmes, el Juzgado Federal que conduce Margarita Gudiño de Argüelles allanó siete cabarets de Plaza Huincul, en el marco de una investigación nacional sobre trata de personas. Una ciudadana paraguaya de unos 30 años fue rescatada y quedó bajo la custodia de un equipo especial dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Otras cinco mujeres de distintas nacionalidades declararán hoy en Neuquén.
El operativo se realizó durante la madrugada de ayer, con la presencia de la titular del Juzgado Federal Penal 2 de Neuquén e íntegramente a cargo de Gendarmería Nacional. Según confirmó el jefe de la agrupación XII Comahue, Daniel De La Colina, fueron más de 100 gendarmes los que estuvieron al frente de los allanamientos simultáneos en los que, además de la detección de las seis mujeres, se recabaron pruebas en el marco de una investigación nacional.
El procedimiento, de gran despliegue, se realizó en siete lugares de Plaza Huincul. La actuación sorpresiva, en este tipo de investigaciones, es la condición que determina el éxito, por lo que los cabarets, whiskerías y casas de alternancia fue abordadas al mismo tiempo.
El jefe de la agrupación Comahue confirmó el secuestro de documentación variada, material informático, dinero en efectivo y dos armas.
El operativo fue de tal magnitud que incluso participó personal de la oficina de Rescate de Víctimas de Trata, dependiente de Derechos Humanos de Nación. Su función principal, además de dar contención en el momento de los allanamientos, comenzó ayer por la tarde en una casa en Neuquén, en donde se alojó a las 5 mujeres que prestarán declaración hoy. Es habitual que, aún cuando son obligadas a ejercer la prostitución contra su voluntad, las víctimas de trata lo nieguen. El temor es el principal factor. Allí es donde cobra importancia el trabajo de rescate en las primeras horas, donde se intenta brindar la seguridad que las víctimas necesitan para declarar libremente sobre los hechos.
"Con los elementos probatorios que se recolectaron, las declaraciones de las testigos y de los eventuales imputados, más el material que Gendarmería aportó a la causa se investigará si existe vínculo con una red", explicó De La Colina, que destacó la participación de gendarmes, incluso de la unidad de Investigaciones de Bariloche.
http://www.rionegro.com.ar/diario/2009/11/30/1259540501124.php
NEUQUÉN (AN).- Con un importante despliegue de gendarmes, el Juzgado Federal que conduce Margarita Gudiño de Argüelles allanó siete cabarets de Plaza Huincul, en el marco de una investigación nacional sobre trata de personas. Una ciudadana paraguaya de unos 30 años fue rescatada y quedó bajo la custodia de un equipo especial dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Otras cinco mujeres de distintas nacionalidades declararán hoy en Neuquén.
El operativo se realizó durante la madrugada de ayer, con la presencia de la titular del Juzgado Federal Penal 2 de Neuquén e íntegramente a cargo de Gendarmería Nacional. Según confirmó el jefe de la agrupación XII Comahue, Daniel De La Colina, fueron más de 100 gendarmes los que estuvieron al frente de los allanamientos simultáneos en los que, además de la detección de las seis mujeres, se recabaron pruebas en el marco de una investigación nacional.
El procedimiento, de gran despliegue, se realizó en siete lugares de Plaza Huincul. La actuación sorpresiva, en este tipo de investigaciones, es la condición que determina el éxito, por lo que los cabarets, whiskerías y casas de alternancia fue abordadas al mismo tiempo.
El jefe de la agrupación Comahue confirmó el secuestro de documentación variada, material informático, dinero en efectivo y dos armas.
El operativo fue de tal magnitud que incluso participó personal de la oficina de Rescate de Víctimas de Trata, dependiente de Derechos Humanos de Nación. Su función principal, además de dar contención en el momento de los allanamientos, comenzó ayer por la tarde en una casa en Neuquén, en donde se alojó a las 5 mujeres que prestarán declaración hoy. Es habitual que, aún cuando son obligadas a ejercer la prostitución contra su voluntad, las víctimas de trata lo nieguen. El temor es el principal factor. Allí es donde cobra importancia el trabajo de rescate en las primeras horas, donde se intenta brindar la seguridad que las víctimas necesitan para declarar libremente sobre los hechos.
"Con los elementos probatorios que se recolectaron, las declaraciones de las testigos y de los eventuales imputados, más el material que Gendarmería aportó a la causa se investigará si existe vínculo con una red", explicó De La Colina, que destacó la participación de gendarmes, incluso de la unidad de Investigaciones de Bariloche.
http://www.rionegro.com.ar/diario/2009/11/30/1259540501124.php
Inédita audiencia pública del TSJ por un planteo mapuche
Es la primera en la historia del Poder Judicial de Neuquén.
NEUQUÉN (AN).- La primera audiencia pública en la historia del Poder Judicial de Neuquén se realizará el 5 de febrero de 2010 para tratar un planteo de inconstitucionalidad de comunidades mapuches contra la creación del municipio de Villa Pehuenia.
Así lo dispuso el Tribunal Superior de Justicia en una reciente resolución.
A esa audiencia podrán asistir organizaciones sociales que se inscriban bajo la figura de "amigos del tribunal". Cada representante de las mismas dispondrá de un plazo para exponer su postura, y los vocales del Tribunal podrán hacerles preguntas aclaratorias.
Las audiencias públicas fueron dispuestas por el Tribunal Superior en julio de este año con el objetivo de "contribuir a facilitar el efectivo acceso a la jurisdicción y al control social difuso sobre la actividad judicial en el seno del propio Tribunal".
"La Audiencia Pública contribuye a que el público en general y los litigantes en particular, sean puestos en condiciones de comprender el mejor funcionamiento de la justicia", afirmó el TSJ en la resolución del 24 de noviembre pasado.
La cuestión que se debatirá viene desde 2004, cuando la comunidad mapuche Catalán y la Confederación Indígena Neuquina plantearon la inconstitucionalidad de la ley 2439 que creó la municipalidad de Villa Pehuenia y pidieron la suspensión del decreto 2/04 del entonces gobernador Jorge Sobisch que llamó a elegir al intendente.
Argumentaron que "de llevarse a cabo el acto electoral convocado, a efectos de que la comunidad exprese su voto para seleccionar a las autoridades que conformarán la Comisión Municipal de Villa Pehuenia, se obligaría a los miembros de las comunidades indígenas Catalán, Puel y Plácido Puel que representan, a participar, bajo pena de ser sancionados, en una actividad que consideran dañina para la preservación de su propia cultura".
El TSJ de entonces les rechazó el pedido de suspender las elecciones pero la acción de inconstitucionalidad siguió tramitándose.
Ahora, el TSJ decidió esta inédita convocatoria a audiencia pública, según informaron por separado a este diario el abogado Juan Manuel Salgado y la oficina de prensa del TSJ. Quienes deseen participar de la audiencia en carácter de "amigos del tribunal" para tener voz y ser escuchados tendrán plazo hasta el 29 de diciembre para inscribirse.
El acto se realizará en el cuarto piso de Alberdi 52, sede del TSJ, a partir de las 9:30 y los vocales dispusieron que tenga la más amplia difusión para garantizar la participación de los interesados.
El CELS quiere estar en la causa Fuentealba II
La organización hizo una presentación para ingresar como "amigo del tribunal". Se investigan las responsabilidades políticas en el asesinato del docente.
NEUQUÉN (AN).- El Centro de Estudios Legales y Sociales formuló una presentación ante el Tribunal Superior de Justicia para ser tenido como "amigo del tribunal" en el caso Fuentealba II. El escrito está fundamentado en abundantes menciones a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Lo presentaron Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, patrocinado por Rodrigo Borda y Denise Sapoznik. Una copia fue entregada a este diario por Fernando Dalmazzo, presidente del Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados.
Señala el escrito que el CELS "es una organización no gubernamental que desde 1979 se dedica a la promoción y protección de los derechos humanos, el fortalecimiento del sistema democrático y el Estado de derecho en Argentina. Para llevar adelante esa tarea desarrolla sus actividades especialmente desde el punto de vista técnico-legal".
Respecto de su legitimidad para participar del proceso como "amigo del tribunal" o "amicus curiae", menciona que "si la amplia participación de las víctimas en una investigación penal en nuestro sistema jurídico sólo puede asignarse mediante el reconocimiento de su calidad de querellante, es forzoso reconocer que, al menos de conformidad con el derecho interno vigente, los órganos de justicia deben admitir que al querellante se le asigna plenas facultades para tener acceso y capacidad de actuar en dicho proceso legal". La causa Fuentealba II, en la que se investigan otras responsabilidades en el asesinato del docente por encima del autor material, se encuentra estancada.
http://www.rionegro.com.ar/diario/2009/11/30/1259540501113.php
NEUQUÉN (AN).- El Centro de Estudios Legales y Sociales formuló una presentación ante el Tribunal Superior de Justicia para ser tenido como "amigo del tribunal" en el caso Fuentealba II. El escrito está fundamentado en abundantes menciones a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Lo presentaron Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, patrocinado por Rodrigo Borda y Denise Sapoznik. Una copia fue entregada a este diario por Fernando Dalmazzo, presidente del Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados.
Señala el escrito que el CELS "es una organización no gubernamental que desde 1979 se dedica a la promoción y protección de los derechos humanos, el fortalecimiento del sistema democrático y el Estado de derecho en Argentina. Para llevar adelante esa tarea desarrolla sus actividades especialmente desde el punto de vista técnico-legal".
Respecto de su legitimidad para participar del proceso como "amigo del tribunal" o "amicus curiae", menciona que "si la amplia participación de las víctimas en una investigación penal en nuestro sistema jurídico sólo puede asignarse mediante el reconocimiento de su calidad de querellante, es forzoso reconocer que, al menos de conformidad con el derecho interno vigente, los órganos de justicia deben admitir que al querellante se le asigna plenas facultades para tener acceso y capacidad de actuar en dicho proceso legal". La causa Fuentealba II, en la que se investigan otras responsabilidades en el asesinato del docente por encima del autor material, se encuentra estancada.
http://www.rionegro.com.ar/diario/2009/11/30/1259540501113.php
sábado, 28 de noviembre de 2009
“La vivienda como un derecho”
Son organizaciones que trabajan para el acceso a la vivienda de los sectores más desfavorecidos. Ya presentaron un documento en el Congreso: intentan establecer el “uso social de la propiedad” y compensar la lógica del mercado.
Por Ailín Bullentini
Un conjunto de organizaciones sociales de todo el país que trabajan con problemáticas relacionadas con la vivienda comenzaron a delinear un anteproyecto de Ley Nacional de Hábitat con el objetivo de “reafirmar la vivienda y el hábitat como derechos de todos los ciudadanos argentinos” y para “ordenar” las distintas propuestas y proyectos que desde cada nivel de gobierno se intente aplicar para solucionar los conflictos relacionados con el tema. “Más allá de la ley, la intención es instalar en la agenda pública el debate acerca de las necesidades habitacionales que padece un importante sector de la población en la agenda pública, para que sea asumido en la agenda política. Nadie nos corre para sacar la ley, lo importante es que en los hogares argentinos se reconozca y se hable de estos problemas”, apuntó Fernando Ojeda, referente de una de las organizaciones que integra la Red Hábitat Argentina, cuna donde nació la idea. Si bien el documento cuenta sólo con sus lineamientos generales, el conjunto de colectivos lo presentó a los presidentes de las comisiones de Vivienda tanto de Diputados como de Senadores, los que se comprometieron a trabajar con el grupo.
“No es echarle la culpa al Estado, sino hacer que tome conciencia de lo grave que es la situación del país en cuanto a política habitacional”, puntualizó Ojeda, que integra la Asociación Civil El Ceibo –trabaja con habitantes de casas tomadas en el barrio porteño de Palermo–, fundadora de la Red Hábitat Argentina en 1997, de donde surgió la idea de elaboración de la ley, poco tiempo después. El objetivo primordial es generar “un conjunto de criterios básicos que rijan la legislación relativa al hábitat en todo el país, para evitar que se produzcan los enormes desequilibrios que existen hoy”, remarcó José Alberto Rocha, referente del Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la provincia de Buenos Aires (Fotivba), que participa del proyecto casi desde sus inicios.
El gran grupo lo completan cooperativas de vivienda de todo el país y algunos profesionales vinculados con la problemática, el Frente de Personas en Situación de calle, la Federación Tierra y Vivienda y la Alianza Internacional de Habitantes, entre otras. La senadora de Tierra del Fuego María Ros Díaz participa de las reuniones de forma activa, aunque aseguró no ser la impulsora del proyecto.
El primer paso es fijar los lineamientos principales que permitan comprender las numerosas aristas que integran la problemática habitacional en la que están sumidos varios millones de argentinos, para luego poder abarcarlas. “Luego se avanzará sobre los puntos específicos que regulen el acceso al suelo y su uso, el ordenamiento territorial y demás especificidades que aparecen siempre en la discusión. Pero lo principal es pensar en puntos generales que sienten las bases para hacer efectivo el derecho que todos tenemos a vivir en un lugar digno”, aseveró Rocha. Así, aunque pocos, los lineamientos principales impulsan una modificación sustancial respecto de la forma en que se trabaja la problemática habitacional actualmente en el país.
El primer punto refiere a la elaboración de una política nacional de desarrollo territorial y hábitat que, sin afectar la autonomía de cada uno de los niveles de gobierno, “evite que cada quien vaya para el lado que le parezca”, sostuvo Rocha. Una especie de guía a la que se deban adecuar cada una de las propuestas diseñadas para promover soluciones a la problemática en sus diferentes aristas: vivienda, mejoramiento de barrios, infraestructura, servicios, falta de integración social.
En esa política habitacional, el anteproyecto exige que el Estado planifique, promueva y articule medidas que apunten a “compensar la lógica de mercado”. Rocha explicó que “no se está pidiendo la eliminación de la propiedad privada, sino la participación del Estado como regulador en este ámbito para evitar la acumulación ociosa de la tierra en pocas manos. No se puede permitir que haya gente hacinada en un asentamiento y, a pocos metros, miles de metros cuadrados desabitados”.
Ambos puntos se relacionan con el establecimiento de la “función social de la propiedad”, tercer pilar del proyecto, que se convierte no sólo en la columna vertebral que da sentido a los demás criterios del documento, sino que excede lo meramente conceptual. “Se busca reafirmar aquello que dice la Constitución, de que cada persona tiene derecho a tener una vivienda y que existan criterios con los que las personas que no cuenten con ese derecho se puedan valer frente a la Justicia –detalló Ojeda–. La Justicia responde cuando el derecho a la salud o a la educación no se cumple. Cuando se falta al derecho a la vivienda, no presta atención. Eso se busca cambiar.”
El anteproyecto es el resultado de más de una década de trabajo, aunque los referentes de las organizaciones no demuestran agotamiento. “Nadie nos apura. Queremos que todos sepan de lo que hablamos. Primero, porque son muchísimas las personas que sufren estos problemas, pero además porque le puede pasar a cualquiera. Lo principal ahora es involucrar a todos en el debate, para avanzar todos juntos después”, opinó Ojeda.
Un conjunto de organizaciones sociales de todo el país que trabajan con problemáticas relacionadas con la vivienda comenzaron a delinear un anteproyecto de Ley Nacional de Hábitat con el objetivo de “reafirmar la vivienda y el hábitat como derechos de todos los ciudadanos argentinos” y para “ordenar” las distintas propuestas y proyectos que desde cada nivel de gobierno se intente aplicar para solucionar los conflictos relacionados con el tema. “Más allá de la ley, la intención es instalar en la agenda pública el debate acerca de las necesidades habitacionales que padece un importante sector de la población en la agenda pública, para que sea asumido en la agenda política. Nadie nos corre para sacar la ley, lo importante es que en los hogares argentinos se reconozca y se hable de estos problemas”, apuntó Fernando Ojeda, referente de una de las organizaciones que integra la Red Hábitat Argentina, cuna donde nació la idea. Si bien el documento cuenta sólo con sus lineamientos generales, el conjunto de colectivos lo presentó a los presidentes de las comisiones de Vivienda tanto de Diputados como de Senadores, los que se comprometieron a trabajar con el grupo.
“No es echarle la culpa al Estado, sino hacer que tome conciencia de lo grave que es la situación del país en cuanto a política habitacional”, puntualizó Ojeda, que integra la Asociación Civil El Ceibo –trabaja con habitantes de casas tomadas en el barrio porteño de Palermo–, fundadora de la Red Hábitat Argentina en 1997, de donde surgió la idea de elaboración de la ley, poco tiempo después. El objetivo primordial es generar “un conjunto de criterios básicos que rijan la legislación relativa al hábitat en todo el país, para evitar que se produzcan los enormes desequilibrios que existen hoy”, remarcó José Alberto Rocha, referente del Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la provincia de Buenos Aires (Fotivba), que participa del proyecto casi desde sus inicios.
El gran grupo lo completan cooperativas de vivienda de todo el país y algunos profesionales vinculados con la problemática, el Frente de Personas en Situación de calle, la Federación Tierra y Vivienda y la Alianza Internacional de Habitantes, entre otras. La senadora de Tierra del Fuego María Ros Díaz participa de las reuniones de forma activa, aunque aseguró no ser la impulsora del proyecto.
El primer paso es fijar los lineamientos principales que permitan comprender las numerosas aristas que integran la problemática habitacional en la que están sumidos varios millones de argentinos, para luego poder abarcarlas. “Luego se avanzará sobre los puntos específicos que regulen el acceso al suelo y su uso, el ordenamiento territorial y demás especificidades que aparecen siempre en la discusión. Pero lo principal es pensar en puntos generales que sienten las bases para hacer efectivo el derecho que todos tenemos a vivir en un lugar digno”, aseveró Rocha. Así, aunque pocos, los lineamientos principales impulsan una modificación sustancial respecto de la forma en que se trabaja la problemática habitacional actualmente en el país.
El primer punto refiere a la elaboración de una política nacional de desarrollo territorial y hábitat que, sin afectar la autonomía de cada uno de los niveles de gobierno, “evite que cada quien vaya para el lado que le parezca”, sostuvo Rocha. Una especie de guía a la que se deban adecuar cada una de las propuestas diseñadas para promover soluciones a la problemática en sus diferentes aristas: vivienda, mejoramiento de barrios, infraestructura, servicios, falta de integración social.
En esa política habitacional, el anteproyecto exige que el Estado planifique, promueva y articule medidas que apunten a “compensar la lógica de mercado”. Rocha explicó que “no se está pidiendo la eliminación de la propiedad privada, sino la participación del Estado como regulador en este ámbito para evitar la acumulación ociosa de la tierra en pocas manos. No se puede permitir que haya gente hacinada en un asentamiento y, a pocos metros, miles de metros cuadrados desabitados”.
Ambos puntos se relacionan con el establecimiento de la “función social de la propiedad”, tercer pilar del proyecto, que se convierte no sólo en la columna vertebral que da sentido a los demás criterios del documento, sino que excede lo meramente conceptual. “Se busca reafirmar aquello que dice la Constitución, de que cada persona tiene derecho a tener una vivienda y que existan criterios con los que las personas que no cuenten con ese derecho se puedan valer frente a la Justicia –detalló Ojeda–. La Justicia responde cuando el derecho a la salud o a la educación no se cumple. Cuando se falta al derecho a la vivienda, no presta atención. Eso se busca cambiar.”
El anteproyecto es el resultado de más de una década de trabajo, aunque los referentes de las organizaciones no demuestran agotamiento. “Nadie nos apura. Queremos que todos sepan de lo que hablamos. Primero, porque son muchísimas las personas que sufren estos problemas, pero además porque le puede pasar a cualquiera. Lo principal ahora es involucrar a todos en el debate, para avanzar todos juntos después”, opinó Ojeda.
La lucha contra la trata ya tiene un fallo emblemático
Es la primera condena en un caso de trata desde que se sancionó la ley que tipificó el delito. El significado de la sentencia.
Por Mariana Carbajal
Julia Núñez se dedicaba a reclutar a niñas y adolescentes en barrios pobres de los alrededores de la ciudad de Santa Fe. Las tentaba con una oferta de trabajo doméstico, pero terminaban como esclavas sexuales en un burdel de la provincia de Buenos Aires. Ayer, Núñez, de 55 años, fue condenada a diez años de prisión por trata de personas para explotación sexual, en el primer juicio oral desde la sanción de la ley que tipificó el delito federal, en abril de 2008. Se probó que la mujer reclutó a Carolina F., una niña de 13 años que permanece desaparecida, y a otra joven, de 19, que testimonió ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe –que llevó adelante el proceso– y relató cómo operaba la red mafiosa, en la que Núñez era el primer eslabón: después de captarlas bajo engaño, las entregaba a un hombre que las ablandaba violándolas, si se resistían las amenazaba con hacerle daño a sus familiares –en su caso a su hija de dos años– y las trasladaba hasta un cabaret en la localidad de América, cerca de Trenque Lauquen. En la misma banda está involucrado otro hombre, preso por homicidio, que se comunicaba con la reclutadora con el celular de un agente penitenciario y aprovechaba las salidas transitorias de las cuales gozaba para operar para la red.
El caso es emblemático. No sólo porque es el primer caso con una condena por trata de personas para explotación sexual en el país. Además, porque muestra cómo operan estas mafias que se aprovechan de la vulnerabilidad social de las familias pobres, que entregan a sus niñas y adolescentes de buena fe por una oferta laboral que termina siendo falsa. Por barrios pobres del país transitan reclutadoras y reclutadores diariamente en busca de posibles víctimas, que luego son forzadas a prostituirse y no reciben ni un peso.
Actualmente hay 34 personas con procesamientos firmes en distintos juzgados del país por el delito de trata, que incluye la captación, el transporte y/o traslado –ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior–, la acogida o la recepción de personas para su explotación sexual, laboral, sometimiento a trabajo esclavo, reducción a la servidumbre o extracción de órganos, indicó a Página/12 el fiscal Marcelo Colombo, a cargo de la Unidad Fiscal Especial en materia de trata de personas (Ufase) de la Procuración General de la Nación. El 64 por ciento de los procesados está imputado en casos de trata para explotación sexual y el resto en hechos de explotación laboral.
El Tribunal Oral en lo Federal de Santa Fe, presidido por el juez José María Escobar Cello, le aplicó a Núñez una condena de diez años de cárcel. La pena máxima para el caso de trata de menores de edad, cuando mediara engaño, es de quince años. Ese monto fue el que pidió el fiscal Martín Suárez Faisal para Núñez. Durante el juicio quedó probado que la red que integraba Núñez estaba formada además por otros dos integrantes. Uno de ellos es Juan Ramón “El Pollo” Rojas, que sería un conocido “fiolo” de Playa Norte, un barrio del nordeste de la ciudad de Santa Fe. Estaba prófugo y fue detenido el 30 de octubre. Rojas está preso en la DDI de la localidad bonaerense de Quilmes a disposición del Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe, a cargo de Francisco Miño. El otro involucrado sería Héctor Rousselot, que cumple condena en la cárcel santafesina de Las Flores y gozaba del beneficio de las salidas transitorias. Se probó en el juicio que Núñez lo visitaba en prisión: se presume que serían pareja. A Rousselot, el juez Miño le dictó una falta de mérito meses atrás. Ahora tendrá que volver a ser investigado, señaló a Página/12 el fiscal Suárez Maisal. El fiscal se mostró satisfecho con la condena, aunque fue menor a la que había solicitado. Pero estimó que las penas máximas tienen que recaer sobre Rojas y Rousselot.
El juicio comenzó el jueves y terminó ayer. A las 13.30 se conoció la condena. Los fundamentos serán leídos el próximo viernes. Declararon 18 testigos, entre ellos madres de otras adolescentes de las localidades de Recreo y Coronda, donde operaba Núñez, que habían sido tentadas por la misma reclutadora, pero que rechazaron su oferta mentirosa. Pero la declaración principal fue la de Viviana Ruiz, de 19 años, víctima de la banda.
Violación y amenaza
La investigación se inició el 9 de enero en la ciudad de Coronda, cuando Carmen Acosta denunció en la policía local la ausencia del hogar de su hija Carolina F., entonces de 13 años. El fiscal Suárez Maisal destacó la actuación de la comisaria Sonia Acosta y la oficial auxiliar Delia Baella, de la seccional primera de esa ciudad, que pudieron establecer las principales líneas de investigación por donde terminaría resolviéndose el caso.
Según se pudo reconstruir en el juicio, Núñez se llevó el 18 de diciembre de 2008 a Carolina tentada por una oferta laboral como empleada doméstica. La oferta consistía en 400 pesos mensuales por un trabajo de 14 a 17 horas diario. La misma oferta hizo semanas después, el 9 de febrero, en la localidad de Recreo a Viviana Ruiz. La muchacha, de 19 años, aceptó. Está en pareja y tiene una nena de 2 años.
Ruiz relató que Núñez la llevó caminando unos cinco kilómetros hasta su casa y después siguieron hasta una estación de servicio donde se encontraron con Rojas, que venía en un remis. Núñez le dijo que subiera al vehículo, que ella la acompañaría, pero la engañó otra vez: la muchachita se fue sola con Rojas. Núñez se la entregó. El hombre la condujo a una vivienda deshabitada durante unas horas y luego la llevó a su propia casa, donde la esperaba preparando la cena su hija, en Playa Norte. Rojas, contó la joven, le dijo que se bañara. Y cuando estaba en el baño, el hombre entró y la violó, con la amenaza de que si se resistía le haría daño a su hija. Al día siguiente la policía realizó un operativo en la casa de Rojas, porque la familia de Ruiz ya había denunciado que la joven no había regresado a la casa, pero el hombre logró escapar con ella. Un día después, contó Ruiz, partieron de Santa Fe en micro a Rosario y de ahí luego hasta Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, donde los esperaba un taxista que conocía a Rojas y sabía adónde los tenía que llevar: el cabaret Mimo, en la localidad de América, partido de Rivadavia, a pocos kilómetros de Trenque Lauquen.
Al llegar al burdel, en la puerta, estaba Carolina, según contó Ruiz. Como Rojas se enteró de que la policía de Coronda la estaba buscando, a partir de la denuncia de su familia, decidió llevarla de regreso. La niña se presentó espontáneamente en el Juzgado de Menores de la ciudad de Santa Fe, a cargo de Susana Giordano de Bilicich, acompañada por una hermana de 29 años, residente en Santo Tomé. Dijo allí que no quería volver a su casa porque su padre y sus hermanos “la fiolaban” y abusaban de ella. Señaló también que conoció al Pollo Rojas porque era amigo de su novio y que era de confianza. Al finalizar la audiencia, la jueza se declaró incompetente y giró las actuaciones al Juzgado de Instrucción a cargo de Jorge Patrizi. El magistrado dispuso el traslado de la niña a la Casa de la Joven, dependiente de la Subsecretaría de la Niñez y la Adolescencia en Santa Fe. Pero Carolina se escapó del lugar el 2 de marzo y desde entonces se desconoce su paradero. Su fotografía y nombre completo están en la página web de la organización Missing Children entre los niños y niñas perdidos. En el juicio se reconstruyó que después de haber sido reclutada por Núñez, Rousselot le habría entregado a la niña a Rojas.
A poco de llegar al burdel Mimo, Ruiz pudo escaparse y denunció su situación a un patrullero con el que se cruzó. La policía la llevó de regreso a su casa.
Núñez fue arrestada el 11 de febrero. Patrizi se declaró incompetente el 26 de febrero y giró las actuaciones al Juzgado Federal Nº 2, a cargo de Miño, quien ordenó en marzo que se tomara indagatoria a la mujer y a Rousselot, a quien finalmente le dictó falta de mérito. Núñez, en cambio, fue reconocida en rueda de presos, y el 6 de abril fue procesada por el delito de trata de personas. Tras el juicio oral –no fue público por orden del tribunal porque una de las víctimas era menor de edad– la situación de Rousselot quedó comprometida. El agente penitenciario Jorge Mauricio Toledo, de la cárcel de Las Flores, reconoció que le prestaba su celular para comunicarse con Núñez desde el penal. La primera mujer condenada por trata para explotación sexual cumplirá la condena en la Unidad Penitenciaria 4 de Santa Fe, donde esperó el juicio tras las rejas.
Julia Núñez se dedicaba a reclutar a niñas y adolescentes en barrios pobres de los alrededores de la ciudad de Santa Fe. Las tentaba con una oferta de trabajo doméstico, pero terminaban como esclavas sexuales en un burdel de la provincia de Buenos Aires. Ayer, Núñez, de 55 años, fue condenada a diez años de prisión por trata de personas para explotación sexual, en el primer juicio oral desde la sanción de la ley que tipificó el delito federal, en abril de 2008. Se probó que la mujer reclutó a Carolina F., una niña de 13 años que permanece desaparecida, y a otra joven, de 19, que testimonió ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe –que llevó adelante el proceso– y relató cómo operaba la red mafiosa, en la que Núñez era el primer eslabón: después de captarlas bajo engaño, las entregaba a un hombre que las ablandaba violándolas, si se resistían las amenazaba con hacerle daño a sus familiares –en su caso a su hija de dos años– y las trasladaba hasta un cabaret en la localidad de América, cerca de Trenque Lauquen. En la misma banda está involucrado otro hombre, preso por homicidio, que se comunicaba con la reclutadora con el celular de un agente penitenciario y aprovechaba las salidas transitorias de las cuales gozaba para operar para la red.
El caso es emblemático. No sólo porque es el primer caso con una condena por trata de personas para explotación sexual en el país. Además, porque muestra cómo operan estas mafias que se aprovechan de la vulnerabilidad social de las familias pobres, que entregan a sus niñas y adolescentes de buena fe por una oferta laboral que termina siendo falsa. Por barrios pobres del país transitan reclutadoras y reclutadores diariamente en busca de posibles víctimas, que luego son forzadas a prostituirse y no reciben ni un peso.
Actualmente hay 34 personas con procesamientos firmes en distintos juzgados del país por el delito de trata, que incluye la captación, el transporte y/o traslado –ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior–, la acogida o la recepción de personas para su explotación sexual, laboral, sometimiento a trabajo esclavo, reducción a la servidumbre o extracción de órganos, indicó a Página/12 el fiscal Marcelo Colombo, a cargo de la Unidad Fiscal Especial en materia de trata de personas (Ufase) de la Procuración General de la Nación. El 64 por ciento de los procesados está imputado en casos de trata para explotación sexual y el resto en hechos de explotación laboral.
El Tribunal Oral en lo Federal de Santa Fe, presidido por el juez José María Escobar Cello, le aplicó a Núñez una condena de diez años de cárcel. La pena máxima para el caso de trata de menores de edad, cuando mediara engaño, es de quince años. Ese monto fue el que pidió el fiscal Martín Suárez Faisal para Núñez. Durante el juicio quedó probado que la red que integraba Núñez estaba formada además por otros dos integrantes. Uno de ellos es Juan Ramón “El Pollo” Rojas, que sería un conocido “fiolo” de Playa Norte, un barrio del nordeste de la ciudad de Santa Fe. Estaba prófugo y fue detenido el 30 de octubre. Rojas está preso en la DDI de la localidad bonaerense de Quilmes a disposición del Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe, a cargo de Francisco Miño. El otro involucrado sería Héctor Rousselot, que cumple condena en la cárcel santafesina de Las Flores y gozaba del beneficio de las salidas transitorias. Se probó en el juicio que Núñez lo visitaba en prisión: se presume que serían pareja. A Rousselot, el juez Miño le dictó una falta de mérito meses atrás. Ahora tendrá que volver a ser investigado, señaló a Página/12 el fiscal Suárez Maisal. El fiscal se mostró satisfecho con la condena, aunque fue menor a la que había solicitado. Pero estimó que las penas máximas tienen que recaer sobre Rojas y Rousselot.
El juicio comenzó el jueves y terminó ayer. A las 13.30 se conoció la condena. Los fundamentos serán leídos el próximo viernes. Declararon 18 testigos, entre ellos madres de otras adolescentes de las localidades de Recreo y Coronda, donde operaba Núñez, que habían sido tentadas por la misma reclutadora, pero que rechazaron su oferta mentirosa. Pero la declaración principal fue la de Viviana Ruiz, de 19 años, víctima de la banda.
Violación y amenaza
La investigación se inició el 9 de enero en la ciudad de Coronda, cuando Carmen Acosta denunció en la policía local la ausencia del hogar de su hija Carolina F., entonces de 13 años. El fiscal Suárez Maisal destacó la actuación de la comisaria Sonia Acosta y la oficial auxiliar Delia Baella, de la seccional primera de esa ciudad, que pudieron establecer las principales líneas de investigación por donde terminaría resolviéndose el caso.
Según se pudo reconstruir en el juicio, Núñez se llevó el 18 de diciembre de 2008 a Carolina tentada por una oferta laboral como empleada doméstica. La oferta consistía en 400 pesos mensuales por un trabajo de 14 a 17 horas diario. La misma oferta hizo semanas después, el 9 de febrero, en la localidad de Recreo a Viviana Ruiz. La muchacha, de 19 años, aceptó. Está en pareja y tiene una nena de 2 años.
Ruiz relató que Núñez la llevó caminando unos cinco kilómetros hasta su casa y después siguieron hasta una estación de servicio donde se encontraron con Rojas, que venía en un remis. Núñez le dijo que subiera al vehículo, que ella la acompañaría, pero la engañó otra vez: la muchachita se fue sola con Rojas. Núñez se la entregó. El hombre la condujo a una vivienda deshabitada durante unas horas y luego la llevó a su propia casa, donde la esperaba preparando la cena su hija, en Playa Norte. Rojas, contó la joven, le dijo que se bañara. Y cuando estaba en el baño, el hombre entró y la violó, con la amenaza de que si se resistía le haría daño a su hija. Al día siguiente la policía realizó un operativo en la casa de Rojas, porque la familia de Ruiz ya había denunciado que la joven no había regresado a la casa, pero el hombre logró escapar con ella. Un día después, contó Ruiz, partieron de Santa Fe en micro a Rosario y de ahí luego hasta Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, donde los esperaba un taxista que conocía a Rojas y sabía adónde los tenía que llevar: el cabaret Mimo, en la localidad de América, partido de Rivadavia, a pocos kilómetros de Trenque Lauquen.
Al llegar al burdel, en la puerta, estaba Carolina, según contó Ruiz. Como Rojas se enteró de que la policía de Coronda la estaba buscando, a partir de la denuncia de su familia, decidió llevarla de regreso. La niña se presentó espontáneamente en el Juzgado de Menores de la ciudad de Santa Fe, a cargo de Susana Giordano de Bilicich, acompañada por una hermana de 29 años, residente en Santo Tomé. Dijo allí que no quería volver a su casa porque su padre y sus hermanos “la fiolaban” y abusaban de ella. Señaló también que conoció al Pollo Rojas porque era amigo de su novio y que era de confianza. Al finalizar la audiencia, la jueza se declaró incompetente y giró las actuaciones al Juzgado de Instrucción a cargo de Jorge Patrizi. El magistrado dispuso el traslado de la niña a la Casa de la Joven, dependiente de la Subsecretaría de la Niñez y la Adolescencia en Santa Fe. Pero Carolina se escapó del lugar el 2 de marzo y desde entonces se desconoce su paradero. Su fotografía y nombre completo están en la página web de la organización Missing Children entre los niños y niñas perdidos. En el juicio se reconstruyó que después de haber sido reclutada por Núñez, Rousselot le habría entregado a la niña a Rojas.
A poco de llegar al burdel Mimo, Ruiz pudo escaparse y denunció su situación a un patrullero con el que se cruzó. La policía la llevó de regreso a su casa.
Núñez fue arrestada el 11 de febrero. Patrizi se declaró incompetente el 26 de febrero y giró las actuaciones al Juzgado Federal Nº 2, a cargo de Miño, quien ordenó en marzo que se tomara indagatoria a la mujer y a Rousselot, a quien finalmente le dictó falta de mérito. Núñez, en cambio, fue reconocida en rueda de presos, y el 6 de abril fue procesada por el delito de trata de personas. Tras el juicio oral –no fue público por orden del tribunal porque una de las víctimas era menor de edad– la situación de Rousselot quedó comprometida. El agente penitenciario Jorge Mauricio Toledo, de la cárcel de Las Flores, reconoció que le prestaba su celular para comunicarse con Núñez desde el penal. La primera mujer condenada por trata para explotación sexual cumplirá la condena en la Unidad Penitenciaria 4 de Santa Fe, donde esperó el juicio tras las rejas.
viernes, 27 de noviembre de 2009
El fallo del TSJ contra Poblete "es un alivio"
Lo dijo Sandra Rodríguez. Vinculó el asesinato de Fuentealba con la causa de la zona liberada. "El responsable político es el mismo: Sobisch", afirmó. Palmieri valoró la sentencia.
NEUQUÉN (AN)- Sandra Rodríguez, viuda del docente Carlos Fuentealba, dijo que la confirmación de la prisión perpetua al cabo primero José Poblete "es un alivio más que una satisfacción". Y vinculó la represión en la que asesinaron a su marido con la causa de la zona liberada: "en ambos casos las víctimas fuimos los docentes y el responsable político es el mismo. En forma reiterada Sobisch aplicó un plan represivo que consistió en atacar todas las protestas sociales. Esa fue su respuesta durante todo su mandato".
Por su parte el abogado Gustavo Palmieri, querellante en ambas causas, afirmó que "el caso de Plaza Huincul da lugar a la posibilidad de que nos demos cuenta como sociedad de que no hay personas que están fuera de la ley, que quienes cometen conductas consideradas como delitos temen responder frente al poder judicial, y que éste, en términos republicanos, debe ser independiente".
Como informó ayer "Río Negro", el Tribunal Superior de Justicia dejó firme la condena a prisión perpetua de Poblete, autor del asesinato de Fuentealba el 4 de abril de 2007.
Por otro lado, la Cámara de Apelaciones rechazó planteos de nulidad de Sobisch en la causa de la zona liberada, que lo tiene como imputado.
Ayer el TSJ difundió una copia del extenso fallo que declaró la inadmisibilidad del recurso de casación presentado por la defensa de Poblete, Ladislao Simon.
Simon cuestionó numerosos aspectos del fallo e hizo gravísimas denuncias contra los investigadores del asesinato de Fuentealba, ocurrido el 4 de abril de 2007 en Arroyito.
Los vocales Oscar Massei, Guillermo Labate, Ricardo Kohon y Felipe Cía votaron por la inadmisibilidad del recurso mientras que el vocal subrogante Tomás Gavernet propuso declararlo admisible para revisar el fondo de la cuestión.
La resolución judicial rescata el trabajo del juez de Instrucción, Cristian Piana, de la fiscal Sandra González Taboada, del querellante Palmieri, así como la sentencia de la Cámara integrada por Mario Rodríguez Gómez, Luis Fernández y Héctor Dedominichi (subrogante).
Entre otras pruebas, valora el reconocimiento de una docente que identificó a Poblete como autor del disparo.
Consultada ayer por radio FM UNC CALF, Sandra Rodríguez expresó su deseo de que ambas causas marquen un precedente judicial a nivel nacional en relación a la responsabilidad que les cabe a las autoridades en este tipo de hechos, y así poner "un cerco a la impunidad de los gobernantes".
Palmieri señaló a la misma emisora que "el Tribunal consideró que el recurso del defensor es inadmisible. Esto desde el punto de vista procesal cierra el camino provincial de los recursos. Le queda una última instancia que es un recurso extraordinario de la Corte Suprema".
Por su parte el abogado Gustavo Palmieri, querellante en ambas causas, afirmó que "el caso de Plaza Huincul da lugar a la posibilidad de que nos demos cuenta como sociedad de que no hay personas que están fuera de la ley, que quienes cometen conductas consideradas como delitos temen responder frente al poder judicial, y que éste, en términos republicanos, debe ser independiente".
Como informó ayer "Río Negro", el Tribunal Superior de Justicia dejó firme la condena a prisión perpetua de Poblete, autor del asesinato de Fuentealba el 4 de abril de 2007.
Por otro lado, la Cámara de Apelaciones rechazó planteos de nulidad de Sobisch en la causa de la zona liberada, que lo tiene como imputado.
Ayer el TSJ difundió una copia del extenso fallo que declaró la inadmisibilidad del recurso de casación presentado por la defensa de Poblete, Ladislao Simon.
Simon cuestionó numerosos aspectos del fallo e hizo gravísimas denuncias contra los investigadores del asesinato de Fuentealba, ocurrido el 4 de abril de 2007 en Arroyito.
Los vocales Oscar Massei, Guillermo Labate, Ricardo Kohon y Felipe Cía votaron por la inadmisibilidad del recurso mientras que el vocal subrogante Tomás Gavernet propuso declararlo admisible para revisar el fondo de la cuestión.
La resolución judicial rescata el trabajo del juez de Instrucción, Cristian Piana, de la fiscal Sandra González Taboada, del querellante Palmieri, así como la sentencia de la Cámara integrada por Mario Rodríguez Gómez, Luis Fernández y Héctor Dedominichi (subrogante).
Entre otras pruebas, valora el reconocimiento de una docente que identificó a Poblete como autor del disparo.
Consultada ayer por radio FM UNC CALF, Sandra Rodríguez expresó su deseo de que ambas causas marquen un precedente judicial a nivel nacional en relación a la responsabilidad que les cabe a las autoridades en este tipo de hechos, y así poner "un cerco a la impunidad de los gobernantes".
Palmieri señaló a la misma emisora que "el Tribunal consideró que el recurso del defensor es inadmisible. Esto desde el punto de vista procesal cierra el camino provincial de los recursos. Le queda una última instancia que es un recurso extraordinario de la Corte Suprema".
En línea con la información
El número que brinda información sobre aborto con medicamentos recibió 1700 llamados en sus cuatro meses de existencia, según el informe “Más información, menos riesgo”. El 21 por ciento de las mujeres que consultaron tiene entre 16 y 20 años.
Por Mariana Carbajal
Cada veintidós minutos una mujer llama a la línea habilitada para dar información sobre el aborto con medicamentos. En apenas cuatro meses y medio desde su lanzamiento, el teléfono gestionado por una ONG de mujeres recibió casi 1700 llamadas de embarazadas –o de personas cercanas a ellas– que no quieren continuar con la gestación en curso y no cuentan con el dinero que les exigen en un consultorio privado para realizarse la práctica de forma segura, un monto que puede llegar a rondar los 5000 pesos. El número de consultas se incrementó en los últimos dos meses, a partir de que la línea tuvo mayor difusión en los medios de comunicación.
El nuevo informe sobre el funcionamiento de la línea “Más información, menos riesgo” fue dado a conocer ayer, en el auditorio del Anexo del Senado, en el marco de las actividades que se desarrollan esta semana por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. “La prohibición (del aborto) como violencia política contra las mujeres”, fue el título del trabajo, que presentó la abogada Luciana Sánchez, integrante de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, la ONG que atiende el celular 011-156-664-7070, en el que se brinda información sobre el uso del misoprostol, una droga de uso obstétrico, que puede ser utilizada para interrumpir un embarazo.
Sánchez recordó que la información que suministran está disponible a través de Internet en páginas de la Organización Mundial de la Salud y de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología.
“Los datos de este informe refuerzan la necesidad de abrir el debate democrático que nos debemos para la legalización del aborto”, señaló a Página/12 María José Lubertino, presente en el auditorio. El encuentro contó con un panel de legisladoras de distintas fuerzas que acompañan la iniciativa, entre ellas la socialista Silvia Augsburger y Cecilia Merchán, de Encuentro Popular, y María Luisa Storani, diputada electa del radicalismo. También estuvo el ex fiscal general de Bahía Blanca Hugo Cañón, presidente de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, en representación del también electo diputado Martín Sabbatella, de Encuentro por la Democracia y la Equidad. Además, participaron integrantes de distintas organizaciones de mujeres.
Sánchez repitió algunas de las frases que –señaló– con desesperación dicen las mujeres que llaman a la línea, ante la necesidad de recurrir a un aborto y no tener el dinero para pagar un procedimiento en un consultorio privado: “Tuve que sacar un crédito en el banco”, “El médico me cobra 5000 pesos”, “Tuve que pedirle un adelanto a mi patrona”, “Tengo que esperar que me paguen el plan”, “Les pedí plata a todas mis amigas”, “Vendí la heladera”, “Quedé debiendo el alquiler”, “Me gasté los ahorros que tenía para arreglarme los dientes”. Según el cálculo de la ONG, las mujeres en el país pagan al año unos 1000 millones de pesos por abortos clandestinos. Llegaron a esa cifra partiendo de que distintas estimaciones con método científicos señalan que se realizan alrededor de 500 mil abortos al año y tomando como costo promedio 2000 pesos por procedimiento. Ya sea quirúrgico o con medicamentos, el valor de un aborto en la Argentina oscila entre 1000 y 5000 pesos, explicaron.
Ocho de cada diez mujeres que llamaron a la línea entre el 1º de agosto y el 20 de noviembre viven en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. En ese lapso, 944 embarazadas recibieron información sobre el uso del misoprostol, considerada una droga “esencial” por la OMS. Alrededor de 300 se comunicaron más de una vez. Otras cuatrocientas personas llamaron como acompañantes de embarazadas. “Tengo miedo. Una enfermera le dijo a mi mamá que me tenía que abrir el útero con una cuchara”, contaron ayer que dijo una de las jóvenes que llamaron. “Acá en el barrio el aborto es como el resfrío”, dijo otra. “Me violaron, pero ninguna clínica ni hospital me hace el aborto”, contó otra de las mujeres que pidieron información. Sólo el uno por ciento de las que se comunicaron tenía “información completa y correcta sobre el uso del misoprostol para abortar”, indicó Sánchez.
Según el informe de la ONG, el 75 por ciento de las mujeres que llamaron a la línea tiene entre 21 y 40 años. El 21 por ciento, entre 16 y 20 años. El 40 por ciento tiene entre uno y tres hijos. “Diversos estudios realizados en la Argentina y en otros países por la OMS y la Flasgo vienen demostrando consistentemente que el uso del misoprostol es la principal causa de la reducción notable del aborto infectado y de la mortalidad por aborto”, señaló Sánchez. “El 45 por ciento de las mujeres que recibieron información lo hicieron acompañadas por sus parejas varones. Todas las menores de 18 años llamaron acompañadas, salvo excepciones, por su familia cercana. En un gran número de casos son esas acompañantes las que llaman primero”, detalló Sánchez.
El derecho a la información, a la libre expresión y a conocer los avances de la ciencia son los tres pilares en los que se fundamenta la propuesta de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto. Una línea similar existe ya en otros países latinoamericanos, que tienen un marco legal restrictivo de acceso al aborto.
Cada veintidós minutos una mujer llama a la línea habilitada para dar información sobre el aborto con medicamentos. En apenas cuatro meses y medio desde su lanzamiento, el teléfono gestionado por una ONG de mujeres recibió casi 1700 llamadas de embarazadas –o de personas cercanas a ellas– que no quieren continuar con la gestación en curso y no cuentan con el dinero que les exigen en un consultorio privado para realizarse la práctica de forma segura, un monto que puede llegar a rondar los 5000 pesos. El número de consultas se incrementó en los últimos dos meses, a partir de que la línea tuvo mayor difusión en los medios de comunicación.
El nuevo informe sobre el funcionamiento de la línea “Más información, menos riesgo” fue dado a conocer ayer, en el auditorio del Anexo del Senado, en el marco de las actividades que se desarrollan esta semana por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. “La prohibición (del aborto) como violencia política contra las mujeres”, fue el título del trabajo, que presentó la abogada Luciana Sánchez, integrante de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, la ONG que atiende el celular 011-156-664-7070, en el que se brinda información sobre el uso del misoprostol, una droga de uso obstétrico, que puede ser utilizada para interrumpir un embarazo.
Sánchez recordó que la información que suministran está disponible a través de Internet en páginas de la Organización Mundial de la Salud y de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología.
“Los datos de este informe refuerzan la necesidad de abrir el debate democrático que nos debemos para la legalización del aborto”, señaló a Página/12 María José Lubertino, presente en el auditorio. El encuentro contó con un panel de legisladoras de distintas fuerzas que acompañan la iniciativa, entre ellas la socialista Silvia Augsburger y Cecilia Merchán, de Encuentro Popular, y María Luisa Storani, diputada electa del radicalismo. También estuvo el ex fiscal general de Bahía Blanca Hugo Cañón, presidente de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, en representación del también electo diputado Martín Sabbatella, de Encuentro por la Democracia y la Equidad. Además, participaron integrantes de distintas organizaciones de mujeres.
Sánchez repitió algunas de las frases que –señaló– con desesperación dicen las mujeres que llaman a la línea, ante la necesidad de recurrir a un aborto y no tener el dinero para pagar un procedimiento en un consultorio privado: “Tuve que sacar un crédito en el banco”, “El médico me cobra 5000 pesos”, “Tuve que pedirle un adelanto a mi patrona”, “Tengo que esperar que me paguen el plan”, “Les pedí plata a todas mis amigas”, “Vendí la heladera”, “Quedé debiendo el alquiler”, “Me gasté los ahorros que tenía para arreglarme los dientes”. Según el cálculo de la ONG, las mujeres en el país pagan al año unos 1000 millones de pesos por abortos clandestinos. Llegaron a esa cifra partiendo de que distintas estimaciones con método científicos señalan que se realizan alrededor de 500 mil abortos al año y tomando como costo promedio 2000 pesos por procedimiento. Ya sea quirúrgico o con medicamentos, el valor de un aborto en la Argentina oscila entre 1000 y 5000 pesos, explicaron.
Ocho de cada diez mujeres que llamaron a la línea entre el 1º de agosto y el 20 de noviembre viven en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. En ese lapso, 944 embarazadas recibieron información sobre el uso del misoprostol, considerada una droga “esencial” por la OMS. Alrededor de 300 se comunicaron más de una vez. Otras cuatrocientas personas llamaron como acompañantes de embarazadas. “Tengo miedo. Una enfermera le dijo a mi mamá que me tenía que abrir el útero con una cuchara”, contaron ayer que dijo una de las jóvenes que llamaron. “Acá en el barrio el aborto es como el resfrío”, dijo otra. “Me violaron, pero ninguna clínica ni hospital me hace el aborto”, contó otra de las mujeres que pidieron información. Sólo el uno por ciento de las que se comunicaron tenía “información completa y correcta sobre el uso del misoprostol para abortar”, indicó Sánchez.
Según el informe de la ONG, el 75 por ciento de las mujeres que llamaron a la línea tiene entre 21 y 40 años. El 21 por ciento, entre 16 y 20 años. El 40 por ciento tiene entre uno y tres hijos. “Diversos estudios realizados en la Argentina y en otros países por la OMS y la Flasgo vienen demostrando consistentemente que el uso del misoprostol es la principal causa de la reducción notable del aborto infectado y de la mortalidad por aborto”, señaló Sánchez. “El 45 por ciento de las mujeres que recibieron información lo hicieron acompañadas por sus parejas varones. Todas las menores de 18 años llamaron acompañadas, salvo excepciones, por su familia cercana. En un gran número de casos son esas acompañantes las que llaman primero”, detalló Sánchez.
El derecho a la información, a la libre expresión y a conocer los avances de la ciencia son los tres pilares en los que se fundamenta la propuesta de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto. Una línea similar existe ya en otros países latinoamericanos, que tienen un marco legal restrictivo de acceso al aborto.
jueves, 26 de noviembre de 2009
Los negocios porteños deberán aceptar cambios y devoluciones de mercadería todos los días
Los comercios porteños estarán obligados a aceptar de los clientes cambios y devoluciones de productos todos los días y horarios en que atienden al público, de acuerdo a una ley sancionada hoy por la Legislatura de la Ciudad.La norma, elaborada por el diputado Alejandro Rabinovich, del bloque Autonomía con Igualdad, precisa que para el cambio siempredeberá respetarse el valor del producto al momento en que fuecomprado.
La medida regirá también para las empresas que brindenservicios en la Ciudad de Buenos Aires, los que deberán aceptar lacancelación de un contrato en los mismos días y horarios en queatienden para ventas."Esta ley resulta imprescindible para procurar una relaciónigualitaria y no que el consumidor deba adaptarse a losmecanismos, horarios, plazos caprichoso que le impone elproveedor", explicó el legislador.
La norma, que ya cuenta con dictamen favorable de la Comisiónde Consumidores y Usuarios, precisa que para el cambio siempredeberá respetarse el valor del producto al momento en que fuecomprado.
Los pibes tienen su propia ley penal
La norma establece una escala de sanciones alternativas para los adolescentes que cometen delitos, en la que la prisión es el “último recurso”. Se los juzgará a partir de los 14 años. En marzo lo tratará Diputados.
Por Horacio Cecchi
El Senado dio media sanción al proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil, al votar en particular todos sus artículos, y lo giró a Diputados donde a partir del 1º de marzo debatirán la sanción de la ley. El proyecto es polémico y reúne apoyos como resistencias. Por un lado puede considerarse de avanzada, porque organiza la escala de alternativas a la privación de libertad e instala como norma de cumplimiento obligatorio que la detención sea el último recurso. Pero nada indica que vaya a ser cumplida, ya que las leyes actuales y la Convención de los Derechos del Niño adoptada con rango constitucional ya lo impiden, y sin embargo no se cumplen. También resulta polémico el límite de edad al que se aplicará la ley, ya que incluye la franja desde los 14 años hasta los 16, límite actual para la sanción penal.
Quienes sostienen el proyecto coinciden en que al incorporar la franja de 14 y 15 permitirán el blanqueo de las detenciones ilegales de chicos de esa edad que comete a diario la policía, lo que permitirá el control efectivo sobre esas detenciones. Quienes cuestionan el proyecto aseguran que en lugar de poner freno a las detenciones, se está autorizando la ilegalidad estatal y consideran que sería lo mismo que legalizar la tortura para mantener mayor control sobre ella.
El 8 de julio pasado, el proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil recibió media sanción en general en el Senado y fue enviada al tratamiento en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Población y Desarrollo Humano, de Presupuesto y Hacienda, y de Trabajo y Previsión Social. El 29 de octubre pasado, tal como informó este diario, dichas comisiones elevaron un dictamen con la unificación en un proyecto consensuado que ahora recibió media sanción artículo por artículo.
El proyecto aclara que “la libertad... es la regla. La privación de libertad durante el proceso tendrá carácter excepcional y será aplicada como medida de último recurso y por tiempo determinado, siendo éste el más breve posible”. Lo mismo señala la Convención de los Derechos del Niño, que lleva desde el viernes pasado 20 años de antigüedad, que la privación de la libertad debe aplicarse sólo como “último recurso”, argumento sostenido por quienes cuestionan la necesidad de la nueva ley y aseguran que es votada para conformar la presión de la mano dura y la tolerancia cero.
La media sanción también prohíbe el alojamiento en dependencias policiales, penitenciarias o de fuerzas de seguridad y ordena que serán alojados en dependencias específicas y con personal capacitado. Y establece medios alternativos de solución de conflictos, además de especificar ocho tipos de sanciones diferentes, en orden de gravedad creciente, y que son especificadas en el artículo 43: Disculpas personales ante la víctima; reparación del daño causado; prestación de servicios a la comunidad; órdenes de orientación y supervisión; inhabilitación; privación de libertad durante el fin de semana o tiempo libre; privación de libertad en domicilio; privación de libertad en centro especializado.
La Convención, en su artículo 37, inciso b, indica que “el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”; y en su artículo 40, incisos 3.b. y 4. propone la “aplicación de medidas alternativas a la internación en instituciones”.
A las 19.21, el Senado se dispuso a la votación de los artículos que no ofrecían discusión, que fueron aprobados por 45 votos a favor y uno en contra, el de la senadora Teresita Quintela (FpV La Rioja). Quintela sostuvo su oposición al artículo 1, el que indica la imputabilidad hasta los 14 años incluidos. “Me opongo a bajar la edad porque nos retrotrae a las leyes de la dictadura. La violencia de los niños adolescentes en situación de riesgo es nuestra responsabilidad y es una hipocresía penarlos por nuestra falta, en una sociedad que es hipócrita”, sostuvo Quintela.
Diez artículos fueron los que se modificaron en profundidad en las comisiones y que fueron votados en particular. Entre ellos, los que se referían a las medidas de coerción, a la exclusión de la figura del hurto simple y el de arrojar objetos a los medios de transporte (dentro del ámbito penal). Este último recibió cuatro votos adversos. También se modificó el artículo 53, considerado como uno de los artículos clave, ya que determina qué delitos son penados con prisión o reclusión de más de 5 años. La senadora Sonia Escudero (FpV Salta) recordó que la Argentina está denunciada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que los jueces terminan disponiendo penas como la perpetua. Escudero defendió la inclusión de penas de 5 a 15 años entre los 16 y 17 años, por delitos gravísimos, porque sostuvo que “el mensaje que se quiere dar no es de impunidad”. Marita Perceval por su lado, defendió el proyecto, sosteniendo que no resolverá la inseguridad sino que es de protección de los adolescentes, porque los quita de la lógica de penalización de adultos.
El sistema de responsabilidad penal juvenil, finalmente, recibió media sanción entonces, en el Senado, y ahora deberá tratarse en Diputados, a partir del 1º de marzo para definir, finalmente, si se transforma en ley o no un debate que viene desde hace décadas.
hcecchi@pagina12.com.ar
El Senado dio media sanción al proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil, al votar en particular todos sus artículos, y lo giró a Diputados donde a partir del 1º de marzo debatirán la sanción de la ley. El proyecto es polémico y reúne apoyos como resistencias. Por un lado puede considerarse de avanzada, porque organiza la escala de alternativas a la privación de libertad e instala como norma de cumplimiento obligatorio que la detención sea el último recurso. Pero nada indica que vaya a ser cumplida, ya que las leyes actuales y la Convención de los Derechos del Niño adoptada con rango constitucional ya lo impiden, y sin embargo no se cumplen. También resulta polémico el límite de edad al que se aplicará la ley, ya que incluye la franja desde los 14 años hasta los 16, límite actual para la sanción penal.
Quienes sostienen el proyecto coinciden en que al incorporar la franja de 14 y 15 permitirán el blanqueo de las detenciones ilegales de chicos de esa edad que comete a diario la policía, lo que permitirá el control efectivo sobre esas detenciones. Quienes cuestionan el proyecto aseguran que en lugar de poner freno a las detenciones, se está autorizando la ilegalidad estatal y consideran que sería lo mismo que legalizar la tortura para mantener mayor control sobre ella.
El 8 de julio pasado, el proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil recibió media sanción en general en el Senado y fue enviada al tratamiento en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Población y Desarrollo Humano, de Presupuesto y Hacienda, y de Trabajo y Previsión Social. El 29 de octubre pasado, tal como informó este diario, dichas comisiones elevaron un dictamen con la unificación en un proyecto consensuado que ahora recibió media sanción artículo por artículo.
El proyecto aclara que “la libertad... es la regla. La privación de libertad durante el proceso tendrá carácter excepcional y será aplicada como medida de último recurso y por tiempo determinado, siendo éste el más breve posible”. Lo mismo señala la Convención de los Derechos del Niño, que lleva desde el viernes pasado 20 años de antigüedad, que la privación de la libertad debe aplicarse sólo como “último recurso”, argumento sostenido por quienes cuestionan la necesidad de la nueva ley y aseguran que es votada para conformar la presión de la mano dura y la tolerancia cero.
La media sanción también prohíbe el alojamiento en dependencias policiales, penitenciarias o de fuerzas de seguridad y ordena que serán alojados en dependencias específicas y con personal capacitado. Y establece medios alternativos de solución de conflictos, además de especificar ocho tipos de sanciones diferentes, en orden de gravedad creciente, y que son especificadas en el artículo 43: Disculpas personales ante la víctima; reparación del daño causado; prestación de servicios a la comunidad; órdenes de orientación y supervisión; inhabilitación; privación de libertad durante el fin de semana o tiempo libre; privación de libertad en domicilio; privación de libertad en centro especializado.
La Convención, en su artículo 37, inciso b, indica que “el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”; y en su artículo 40, incisos 3.b. y 4. propone la “aplicación de medidas alternativas a la internación en instituciones”.
A las 19.21, el Senado se dispuso a la votación de los artículos que no ofrecían discusión, que fueron aprobados por 45 votos a favor y uno en contra, el de la senadora Teresita Quintela (FpV La Rioja). Quintela sostuvo su oposición al artículo 1, el que indica la imputabilidad hasta los 14 años incluidos. “Me opongo a bajar la edad porque nos retrotrae a las leyes de la dictadura. La violencia de los niños adolescentes en situación de riesgo es nuestra responsabilidad y es una hipocresía penarlos por nuestra falta, en una sociedad que es hipócrita”, sostuvo Quintela.
Diez artículos fueron los que se modificaron en profundidad en las comisiones y que fueron votados en particular. Entre ellos, los que se referían a las medidas de coerción, a la exclusión de la figura del hurto simple y el de arrojar objetos a los medios de transporte (dentro del ámbito penal). Este último recibió cuatro votos adversos. También se modificó el artículo 53, considerado como uno de los artículos clave, ya que determina qué delitos son penados con prisión o reclusión de más de 5 años. La senadora Sonia Escudero (FpV Salta) recordó que la Argentina está denunciada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que los jueces terminan disponiendo penas como la perpetua. Escudero defendió la inclusión de penas de 5 a 15 años entre los 16 y 17 años, por delitos gravísimos, porque sostuvo que “el mensaje que se quiere dar no es de impunidad”. Marita Perceval por su lado, defendió el proyecto, sosteniendo que no resolverá la inseguridad sino que es de protección de los adolescentes, porque los quita de la lógica de penalización de adultos.
El sistema de responsabilidad penal juvenil, finalmente, recibió media sanción entonces, en el Senado, y ahora deberá tratarse en Diputados, a partir del 1º de marzo para definir, finalmente, si se transforma en ley o no un debate que viene desde hace décadas.
hcecchi@pagina12.com.ar
miércoles, 25 de noviembre de 2009
Río Negro ostenta triste récord en femicidios
La provincia ocupa el segundo lugar en el país, detrás de Formosa, en la tasa de mortalidad por crímenes extremos cometidos contra mujeres. En la Argentina ocurre 1 cada 36 horas.Los femicidios, o feminicidios, son crímenes de odio hacia mujeres, crímenes misóginos, un delito en su forma más extrema. El femicidio, parte del bagaje teórico feminista, procede tanto de las autoras Diana Russell y Jill Radford en su obra "Femicide. The politics of woman killing" como por Mary Anne Warren en 1985 en su libro "Gendercide: The Implications of Sex Selection". Ambos conceptos fueron castellanizados por la política feminista mexicana Marcela Lagarde como "feminicidio", siendo adoptado este término, tras un largo debate, frente al término "genericidio".
Tal concepto determina que no toda violencia que ocasiona la muerte de una mujer es un femicidio. Cuando el hecho de que sea mujer es irrelevante, se trata de un homicidio.
Según estadísticas llevadas en distintos lugares del planeta, puesto que se trata de un flagelo global, las mujeres entre los 15 y los 44 años tienen una mayor probabilidad de ser mutiladas o asesinadas por hombres que de morir de cáncer, malaria, sida, accidentes de tráfico o guerra combinados. En Argentina, según datos de Amnistía Internacional, se produce 1 femicidio cada 36 horas.
Río Negro tiene el triste privilegio de ocupar el segundo lugar, después de Formosa, en la Tasa de Mortalidad por Femicidios del país. Es de 2 cada 100.000, siendo la media nacional de 1 cada 100.000 (con 6 casos).
La provincia de Neuquén, por su parte, se sitúa por debajo de la media nacional (con 2 casos).
El dato es del trabajo del Instituto de Estudios Jurídico-Sociales de la Mujer -Indeso Mujer- de Rosario hecho sobre los femicidios en lo que va del 2009.
Según el mencionado informe -efectuado en base a datos aportados por la prensa nacional y regional-, Argentina registró el último año, 204 casos de mujeres asesinadas, 63 más que el año pasado (en 2008 fue de 141).
En el 50% de los casos, las víctimas tenían entre 15 y 34 años.
El 93% de los asesinos, eran conocidos de las víctimas.
El 25% eran pareja, el 22% ex pareja y el 24% conocido o pariente de la víctima.
El 35,3% de las víctimas fueron ultimadas con arma blanca; el 24, 5% con arma de fuego y el 30,4% golpeadas, estranguladas, ahogadas, ahorcadas o quemadas.
La Provincia de Río Negro registró 6 femicidios, mientras que Neuquén, según el relevamiento citado, 2.
El Instituto de Estudios Jurídicos Sociales de la Mujer que realiza este monitoreo hace algunos años, alertó en las consecuencias dramáticas que acarrea la demora en la Reglamentación de la ley 26.485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sancionada en abril de 2009 y la falta de presupuesto para abordar este flagelo.
SUSANA YAPPERT
Tal concepto determina que no toda violencia que ocasiona la muerte de una mujer es un femicidio. Cuando el hecho de que sea mujer es irrelevante, se trata de un homicidio.
Según estadísticas llevadas en distintos lugares del planeta, puesto que se trata de un flagelo global, las mujeres entre los 15 y los 44 años tienen una mayor probabilidad de ser mutiladas o asesinadas por hombres que de morir de cáncer, malaria, sida, accidentes de tráfico o guerra combinados. En Argentina, según datos de Amnistía Internacional, se produce 1 femicidio cada 36 horas.
Río Negro tiene el triste privilegio de ocupar el segundo lugar, después de Formosa, en la Tasa de Mortalidad por Femicidios del país. Es de 2 cada 100.000, siendo la media nacional de 1 cada 100.000 (con 6 casos).
La provincia de Neuquén, por su parte, se sitúa por debajo de la media nacional (con 2 casos).
El dato es del trabajo del Instituto de Estudios Jurídico-Sociales de la Mujer -Indeso Mujer- de Rosario hecho sobre los femicidios en lo que va del 2009.
Según el mencionado informe -efectuado en base a datos aportados por la prensa nacional y regional-, Argentina registró el último año, 204 casos de mujeres asesinadas, 63 más que el año pasado (en 2008 fue de 141).
En el 50% de los casos, las víctimas tenían entre 15 y 34 años.
El 93% de los asesinos, eran conocidos de las víctimas.
El 25% eran pareja, el 22% ex pareja y el 24% conocido o pariente de la víctima.
El 35,3% de las víctimas fueron ultimadas con arma blanca; el 24, 5% con arma de fuego y el 30,4% golpeadas, estranguladas, ahogadas, ahorcadas o quemadas.
La Provincia de Río Negro registró 6 femicidios, mientras que Neuquén, según el relevamiento citado, 2.
El Instituto de Estudios Jurídicos Sociales de la Mujer que realiza este monitoreo hace algunos años, alertó en las consecuencias dramáticas que acarrea la demora en la Reglamentación de la ley 26.485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sancionada en abril de 2009 y la falta de presupuesto para abordar este flagelo.
SUSANA YAPPERT
Publicidad sexista
Por Mariana Carbajal
La abogada Susana Chiarotti adelantó que enviará una carta a la filial francesa de la automotriz Renault para denunciar la publicidad sexista que se difunde por estos días en las pantallas de TV. La pieza de la agencia Publicis Graffiti muestra a un fotógrafo que sale con una compañera a la que secuestran ante sus ojos. No se sabe quién la secuestra pero la joven cae en una trampa puesta para tal fin. El muchacho mira a la cámara y dice “por lo menos no fui a trabajar”, se sube al auto y cuando va a poner su mochila en el asiento trasero, se da cuenta de que tiene espacio en el del acompañante, ahí la coloca, y arranca el auto con absoluta tranquilidad, sin hacer ninguna alusión a la desaparición de la joven ni demostrar preocupación o angustia. La publicidad ya generó denuncias en el Observatorio de Medios, que integran el Inadi, el Consejo Nacional de la Mujer y el Comfer.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/135897-43788-2009-11-25.html
La abogada Susana Chiarotti adelantó que enviará una carta a la filial francesa de la automotriz Renault para denunciar la publicidad sexista que se difunde por estos días en las pantallas de TV. La pieza de la agencia Publicis Graffiti muestra a un fotógrafo que sale con una compañera a la que secuestran ante sus ojos. No se sabe quién la secuestra pero la joven cae en una trampa puesta para tal fin. El muchacho mira a la cámara y dice “por lo menos no fui a trabajar”, se sube al auto y cuando va a poner su mochila en el asiento trasero, se da cuenta de que tiene espacio en el del acompañante, ahí la coloca, y arranca el auto con absoluta tranquilidad, sin hacer ninguna alusión a la desaparición de la joven ni demostrar preocupación o angustia. La publicidad ya generó denuncias en el Observatorio de Medios, que integran el Inadi, el Consejo Nacional de la Mujer y el Comfer.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/135897-43788-2009-11-25.html
“Cuando las víctimas son mujeres nadie se alarma”
En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la abogada rosarina advierte que la violencia machista es “un problema de seguridad y una violación de los derechos humanos”.
Por Mariana Carbajal
“Si las 204 víctimas de femicidios registradas en los primeros diez meses del año en la Argentina fueran personas perseguidas por su color de piel o por profesar la religión judía, estaríamos hablando de un genocidio, pero como son simplemente mujeres, nadie se alarma”, cuestionó Susana Chiarotti, la abogada rosarina que integra el comité de expertas de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se encarga de evaluar a los países del continente en el cumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, suscripta en Belém do Pará. En una entrevista con este diario, Chiarotti consideró que “se debe entender que la violencia contra las mujeres es un problema de seguridad y una violación de los derechos humanos”. La especialista destacó avances que se han realizado en el país en el último año, como la sanción de una ley integral, pero reclamó la urgente implementación de un Plan Nacional de Acción para enfrentar la violencia machista y la inclusión en el Presupuesto 2010, en discusión en el Congreso, de partidas específicas para ponerlo en marcha.
Además, evaluó el impacto regional que tendrá la flamante condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a México por los femicidios en Ciudad Juárez. Chiarotti es reconocida internacionalmente por su larga militancia en la defensa de los derechos de las mujeres. Feminista, es fundadora y directora del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario (Insgenar), y responsable de Monitoreo del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), organización que patrocinó a una de las madres de las tres víctimas de femicidio –dos de ellas adolescentes– que llevaron a México ante la CIDH.
“Se empezó a cumplir con una de las asignaturas pendientes que tenía el país: delinear un marco jurídico para enfrentar la violencia contra las mujeres. Tenemos una ley desde abril y está en proceso de reglamentación”, se apresura a destacar Chiarotti a la hora de hacer un balance sobre las medidas que el Comité de Expertas de la OEA le viene reclamando a la Argentina para cumplir con la Convención de Belém do Pará. Chiarotti hizo alusión a la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, que consagra el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, y define los lineamientos generales de un plan de acción que involucra a los tres poderes del Estado y que deberá aplicarse en todo el país, en cada provincia y en cada municipio (ver aparte).
–La ley contempla la violencia contra la libertad reproductiva. ¿En qué casos se la violaría?
–Se podría aplicar esa figura si un médico se opone arbitrariamente a una ligadura de trompas o le niega a una adolescente consejería en salud sexual y reproductiva por cuestiones de edad.
–¿Y si en un hospital se obstruye el acceso a un aborto no punible?
–También. La reglamentación tiene que dar pautas claras tanto a los profesionales de la salud como a los medios de comunicación sobre cómo se instrumenta la violencia mediática, que es otra modalidad contemplada en la norma. Pero más allá de la reglamentación, todavía nos falta un Plan Nacional de Acción contra la violencia hacia las mujeres, federal y coordinado en todo el país, como establece la norma.
–En el Consejo Nacional de la Mujer aseguran que lo están elaborando.
–El proyecto de ley del Presupuesto 2010 que se está discutiendo en el Congreso no contempla ninguna partida específica. Eso es muy preocupante.
–En el Consejo sostienen que ya cuentan con un millón y medio de dólares para empezar a implementar la ley.
–Las mujeres en Argentina somos más de 20 millones. Entre enero y octubre de este año se cometieron 204 femicidios, de acuerdo con un relevamiento de los casos publicados en diarios de todo el país (N. de R.: publicado en la edición del lunes último de Página/12). Imaginemos si fueran personas perseguidas por el color de la piel o por ser judíos: sería un genocidio. Pero como son simplemente mujeres, nadie se alarma. Para encarar una política de prevención de la violencia contra las mujeres en serio, que incluya campañas en los medios de comunicación e intervenciones en la cultura, para llevar adelante la sanción y la erradicación de este flagelo, se necesita más que un millón y medio de dólares. Se debe entender que la violencia contra las mujeres es un problema de seguridad y una violación de los derechos humanos.
–¿Considera que debe incorporarse al Código Penal la figura del femicidio, como ya tienen otras legislaciones en Latinoamérica?
–No soy partidaria de una figura específica. No creo que todo fenómeno social que tiene que ser visibilizado requiera de una figura jurídica específica, porque después sucede que los requisitos para que se configure son tantos que es de muy difícil aplicación y los femicidios terminan quedando impunes.
–¿Qué impacto tendrá en Latinoamérica la condena por los femicidios en Ciudad Juárez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que acaba de recibir México?
–Creo que va a marcar un antes y un después. Tenemos mucha expectativa. En la Argentina la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligatoria, lo que va a significar que las cortes nacionales tengan que analizar las muertes de mujeres como crímenes de género.
–¿Qué importancia tienen los medios de comunicación en la lucha contra la violencia machista?
–Mucha. En primer lugar, los medios tienen que abstenerse de mostrarnos a las mujeres como objetos y deben desterrar el concepto de crimen pasional, porque están transmitiendo la idea de que el asesinato es fruto del amor, que la amaba tanto que la mató. El amor no mata. No deben mostrar a la víctima como promiscua, con un abordaje sensacionalista. Recuerdo el caso de Nora Dalmasso. Hay programas de televisión y canciones que nos hacen mucho daño al mostrarnos como objetos sexuales.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-135897-2009-11-25.html
Por Mariana Carbajal
“Si las 204 víctimas de femicidios registradas en los primeros diez meses del año en la Argentina fueran personas perseguidas por su color de piel o por profesar la religión judía, estaríamos hablando de un genocidio, pero como son simplemente mujeres, nadie se alarma”, cuestionó Susana Chiarotti, la abogada rosarina que integra el comité de expertas de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se encarga de evaluar a los países del continente en el cumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, suscripta en Belém do Pará. En una entrevista con este diario, Chiarotti consideró que “se debe entender que la violencia contra las mujeres es un problema de seguridad y una violación de los derechos humanos”. La especialista destacó avances que se han realizado en el país en el último año, como la sanción de una ley integral, pero reclamó la urgente implementación de un Plan Nacional de Acción para enfrentar la violencia machista y la inclusión en el Presupuesto 2010, en discusión en el Congreso, de partidas específicas para ponerlo en marcha.
Además, evaluó el impacto regional que tendrá la flamante condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a México por los femicidios en Ciudad Juárez. Chiarotti es reconocida internacionalmente por su larga militancia en la defensa de los derechos de las mujeres. Feminista, es fundadora y directora del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario (Insgenar), y responsable de Monitoreo del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), organización que patrocinó a una de las madres de las tres víctimas de femicidio –dos de ellas adolescentes– que llevaron a México ante la CIDH.
“Se empezó a cumplir con una de las asignaturas pendientes que tenía el país: delinear un marco jurídico para enfrentar la violencia contra las mujeres. Tenemos una ley desde abril y está en proceso de reglamentación”, se apresura a destacar Chiarotti a la hora de hacer un balance sobre las medidas que el Comité de Expertas de la OEA le viene reclamando a la Argentina para cumplir con la Convención de Belém do Pará. Chiarotti hizo alusión a la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, que consagra el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, y define los lineamientos generales de un plan de acción que involucra a los tres poderes del Estado y que deberá aplicarse en todo el país, en cada provincia y en cada municipio (ver aparte).
–La ley contempla la violencia contra la libertad reproductiva. ¿En qué casos se la violaría?
–Se podría aplicar esa figura si un médico se opone arbitrariamente a una ligadura de trompas o le niega a una adolescente consejería en salud sexual y reproductiva por cuestiones de edad.
–¿Y si en un hospital se obstruye el acceso a un aborto no punible?
–También. La reglamentación tiene que dar pautas claras tanto a los profesionales de la salud como a los medios de comunicación sobre cómo se instrumenta la violencia mediática, que es otra modalidad contemplada en la norma. Pero más allá de la reglamentación, todavía nos falta un Plan Nacional de Acción contra la violencia hacia las mujeres, federal y coordinado en todo el país, como establece la norma.
–En el Consejo Nacional de la Mujer aseguran que lo están elaborando.
–El proyecto de ley del Presupuesto 2010 que se está discutiendo en el Congreso no contempla ninguna partida específica. Eso es muy preocupante.
–En el Consejo sostienen que ya cuentan con un millón y medio de dólares para empezar a implementar la ley.
–Las mujeres en Argentina somos más de 20 millones. Entre enero y octubre de este año se cometieron 204 femicidios, de acuerdo con un relevamiento de los casos publicados en diarios de todo el país (N. de R.: publicado en la edición del lunes último de Página/12). Imaginemos si fueran personas perseguidas por el color de la piel o por ser judíos: sería un genocidio. Pero como son simplemente mujeres, nadie se alarma. Para encarar una política de prevención de la violencia contra las mujeres en serio, que incluya campañas en los medios de comunicación e intervenciones en la cultura, para llevar adelante la sanción y la erradicación de este flagelo, se necesita más que un millón y medio de dólares. Se debe entender que la violencia contra las mujeres es un problema de seguridad y una violación de los derechos humanos.
–¿Considera que debe incorporarse al Código Penal la figura del femicidio, como ya tienen otras legislaciones en Latinoamérica?
–No soy partidaria de una figura específica. No creo que todo fenómeno social que tiene que ser visibilizado requiera de una figura jurídica específica, porque después sucede que los requisitos para que se configure son tantos que es de muy difícil aplicación y los femicidios terminan quedando impunes.
–¿Qué impacto tendrá en Latinoamérica la condena por los femicidios en Ciudad Juárez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que acaba de recibir México?
–Creo que va a marcar un antes y un después. Tenemos mucha expectativa. En la Argentina la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligatoria, lo que va a significar que las cortes nacionales tengan que analizar las muertes de mujeres como crímenes de género.
–¿Qué importancia tienen los medios de comunicación en la lucha contra la violencia machista?
–Mucha. En primer lugar, los medios tienen que abstenerse de mostrarnos a las mujeres como objetos y deben desterrar el concepto de crimen pasional, porque están transmitiendo la idea de que el asesinato es fruto del amor, que la amaba tanto que la mató. El amor no mata. No deben mostrar a la víctima como promiscua, con un abordaje sensacionalista. Recuerdo el caso de Nora Dalmasso. Hay programas de televisión y canciones que nos hacen mucho daño al mostrarnos como objetos sexuales.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-135897-2009-11-25.html
Los derechos humanos como commodity
María Soledad Balsas cuestiona una campaña publicitaria que utiliza también Internet y que, a su juicio, banaliza temas de la agenda pública.
Por María Soledad Balsas *
Arnet ha lanzado recientemente una peculiar campaña publicitaria. Creada por la agencia Santo, la saga de la empresa del grupo Telecom está compuesta por cinco comerciales protagonizados por el cordobés Fabián “La Mole” Moli, ex campeón argentino de box, camuflado de un “honesto” sereno de garaje que encuentra un sobre con 400.000 pesos y se propone devolverlos a su dueño, un tal Pérez. Como no le resulta sencillo localizarlo, decide contratar los servicios de Internet y llamadas libres para facilitar la búsqueda.
La campaña cuenta, además, con un blog propio que incluye algunos de los videos promocionados, describe el perfil de su protagonista y propone consignas tan irrisorias como un test de opción múltiple para identificar al propietario del sobre. Allí, los visitantes pueden dejar sus comentarios sobre los comerciales y los que llevan el apellido Pérez, hasta publicar las fotos de su familia.
¿Es ésta la democratización que propicia Internet?
Pero lo que más inquieta de esta campaña es la parodia que realiza sobre la intensa búsqueda de Julio López, principal testigo en el juicio contra el represor Echecolatz desaparecido en 2006. Algunas características del personaje, la referencia temática a la búsqueda, la elección del apellido y la indiferenciación entre géneros ficcionales e informativos dada a partir del uso de la voz en off del periodista Julio Bazán, títulos y videographs, entrevistas a familiares y la indicación de la temperatura y la humedad en pantalla recuerdan una estética publicitaria new age que banaliza hasta el absurdo los problemas más críticos de la agenda pública, transformándolos en commodities.
* Candidata al Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y becaria del Conicet.
http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-135892-2009-11-25.html
Por María Soledad Balsas *
Arnet ha lanzado recientemente una peculiar campaña publicitaria. Creada por la agencia Santo, la saga de la empresa del grupo Telecom está compuesta por cinco comerciales protagonizados por el cordobés Fabián “La Mole” Moli, ex campeón argentino de box, camuflado de un “honesto” sereno de garaje que encuentra un sobre con 400.000 pesos y se propone devolverlos a su dueño, un tal Pérez. Como no le resulta sencillo localizarlo, decide contratar los servicios de Internet y llamadas libres para facilitar la búsqueda.
La campaña cuenta, además, con un blog propio que incluye algunos de los videos promocionados, describe el perfil de su protagonista y propone consignas tan irrisorias como un test de opción múltiple para identificar al propietario del sobre. Allí, los visitantes pueden dejar sus comentarios sobre los comerciales y los que llevan el apellido Pérez, hasta publicar las fotos de su familia.
¿Es ésta la democratización que propicia Internet?
Pero lo que más inquieta de esta campaña es la parodia que realiza sobre la intensa búsqueda de Julio López, principal testigo en el juicio contra el represor Echecolatz desaparecido en 2006. Algunas características del personaje, la referencia temática a la búsqueda, la elección del apellido y la indiferenciación entre géneros ficcionales e informativos dada a partir del uso de la voz en off del periodista Julio Bazán, títulos y videographs, entrevistas a familiares y la indicación de la temperatura y la humedad en pantalla recuerdan una estética publicitaria new age que banaliza hasta el absurdo los problemas más críticos de la agenda pública, transformándolos en commodities.
* Candidata al Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y becaria del Conicet.
http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-135892-2009-11-25.html
Un debate ¿sólo comunicacional?
Pablo Castillo recupera elementos de la memoria cultural y televisiva de la Argentina para plantear que la incursión de Marcelo Tinelli, Mirtha Legrand y Susana Giménez en el debate sobre la manera de gestionar lo público es el emergente de una disputa entre modelos culturales, sociales y éticos.
Por Pablo Castillo *
En los principios de los setenta andaba por los quince años y vivía en Mataderos. La mayoría de mis amigos no conocían Flores, que quedaba a sólo quince minutos de colectivo. La revista Pelo tampoco llegaba a los kioscos del barrio. Sí se la podía conseguir en Rivadavia y Culpina, a tres cuadras de mi colegio secundario.
El rock nacional todavía era para una minoría y en el barrio se escuchaba principalmente a Sandro, algo de Palito Ortega o Favio y poco de música extranjera. Quizás algo de Elvis o Los Beatles. Los barrios no sólo mostraban topologías definidas, sino que alambraban con bastante éxito los tipos de consumos culturales que prevalecían en su interior.
Si bien la llegada de la democracia y el espíritu del ’73 homogeneizó algunas prácticas sociales y culturales, los lugares de circulación de esos jóvenes no se modificaron sustancialmente. Las prácticas deportivas en clubes como el José Hernández, Nueva Chicago o el Liberal o sus bailes de Carnaval permanecieron inalterables.
Diez años después, aun con un peso más decisivo de los medios masivos –en particular de la tele, todavía sin el refugio del cable–, los programas locales con mayor audiencia de esa época seguían interpelando a públicos específicos. Lejos de la hibridación posterior.
El humor de Olmedo, Juan Carlos Altavista y los mismos hermanos Sofovich no coinci-dían con los gustos de la clase media urbana y muchas veces esa distinción cultural se podía percibir en los modos en que se distribuían los potenciales televidentes los programadores de los cuatro canales de aire. Los públicos en general no colisionaban. Había uno para No toca botón, Polémica en el bar o el Venga a bailar de Velazco Ferrero y otro para Botica de tango, Situación límite o Compromiso. Quizás las telenovelas funcionaban como campo transicional, pero esto forma parte de otra discusión, donde habría que introducir la temática de género y que trascienden los límites de estas reflexiones.
En ese escenario, a fines de 1989, aparece Marcelo Tinelli con un programa que inicialmente surgió como de informes de distintos deportes y que, ante la falta de audiencia y presupuesto, terminó trastocándose en comentarios de bloopers de eventos deportivos. Lo demás es historia conocida. Ese mismo recorrido podríamos hacer con Susana Giménez que, después del modelaje y de ser parte de las películas picarescas de los setenta y primeros años de los ochenta, a fines de esa década comienza en ATC con el primer programa de Hola Susana.
Distinto es el caso de Mirtha Legrand, actriz que alcanza su popularidad en el prestigioso cine argentino de los cuarenta y que después de comenzar en 1968 con los “Almuerzos” en Canal 9, dirigido principalmente a recorrer los campos de la farándula, en los últimos años se ha desempeñado jugando el papel de fiscal de la política y de los políticos.
Es cierto que en los cambios socioculturales, económicos y comunicacionales de los noventa estos personajes encontraron un terreno propicio para consolidar su visibilidad y sintonía con las nuevas coordenadas que proponía el menemismo, pero también hay mucho de mérito propio en sus permanencias por tantas décadas.
Por eso, ahora que en los últimos tiempos sus voces dejaron de percibirse sólo como un efecto del diseño de los modos de la comunicación masiva de los noventa y aparecen con reclamos a los modos en que se gestiona lo público se vuelve difícil, desde lo estrictamente político, encontrar respuestas que logren interpelarlos en sus registros específicos.
Esta limitación, padecida muchas veces por el gobierno actual, que no siempre encuentra los vehículos comunicacionales más adecuados para sostener sus puntos de vista, forma parte del bagaje de las herencias aún no desatadas.
Desde el advenimiento de la democracia en 1983, todos los dirigentes y muchos de los cuadros más lúcidos de los partidos populares creyeron que la única forma de establecer una relación con los principales multimedios era negociando en el terreno de ellos. Así ayudaron a que desde los poderes multimediáticos se vaya configurando una representación de los políticos como clase, preservándose para ellos el lugar de la defensa de la libertad de prensa y ocultando los intereses económicos que se ponían en juego a través de esas relaciones que establecían –muchas veces subrepticiamente– con los distintos gobiernos de turno.
La nueva ley de medios les otorga visibilidad, casi dramática, a estas cuestiones, pero no garantiza por sí misma inscribirlas en un nuevo relato que construya otras premisas y significaciones. Por eso, cuando se intenta responder a los modos en que –desde la lógica televisiva– aparecen capciosamente entremezclados lo singular, lo particular y lo general en imágenes y discursos, casi siempre se olvida que ésta no es una batalla binaria. Ni los campos enfrentados son únicos y homogéneos. Por lo tanto, de lo que se trata, sin que esto suponga legitimar lecturas o prácticas culturales existentes, es de disputar también el sentido de la naturalización de los acontecimientos. Pero para esto es necesario entender –si se quiere tener alguna chance de triunfo– que esta confrontación es comunicacional pero, principalmente, es una disputa profunda y colectiva de modelos culturales, sociales y éticos.
* Psicólogo. Magíster en Planificación de Procesos Comunicacionales.
http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-135891-2009-11-25.html
Por Pablo Castillo *
En los principios de los setenta andaba por los quince años y vivía en Mataderos. La mayoría de mis amigos no conocían Flores, que quedaba a sólo quince minutos de colectivo. La revista Pelo tampoco llegaba a los kioscos del barrio. Sí se la podía conseguir en Rivadavia y Culpina, a tres cuadras de mi colegio secundario.
El rock nacional todavía era para una minoría y en el barrio se escuchaba principalmente a Sandro, algo de Palito Ortega o Favio y poco de música extranjera. Quizás algo de Elvis o Los Beatles. Los barrios no sólo mostraban topologías definidas, sino que alambraban con bastante éxito los tipos de consumos culturales que prevalecían en su interior.
Si bien la llegada de la democracia y el espíritu del ’73 homogeneizó algunas prácticas sociales y culturales, los lugares de circulación de esos jóvenes no se modificaron sustancialmente. Las prácticas deportivas en clubes como el José Hernández, Nueva Chicago o el Liberal o sus bailes de Carnaval permanecieron inalterables.
Diez años después, aun con un peso más decisivo de los medios masivos –en particular de la tele, todavía sin el refugio del cable–, los programas locales con mayor audiencia de esa época seguían interpelando a públicos específicos. Lejos de la hibridación posterior.
El humor de Olmedo, Juan Carlos Altavista y los mismos hermanos Sofovich no coinci-dían con los gustos de la clase media urbana y muchas veces esa distinción cultural se podía percibir en los modos en que se distribuían los potenciales televidentes los programadores de los cuatro canales de aire. Los públicos en general no colisionaban. Había uno para No toca botón, Polémica en el bar o el Venga a bailar de Velazco Ferrero y otro para Botica de tango, Situación límite o Compromiso. Quizás las telenovelas funcionaban como campo transicional, pero esto forma parte de otra discusión, donde habría que introducir la temática de género y que trascienden los límites de estas reflexiones.
En ese escenario, a fines de 1989, aparece Marcelo Tinelli con un programa que inicialmente surgió como de informes de distintos deportes y que, ante la falta de audiencia y presupuesto, terminó trastocándose en comentarios de bloopers de eventos deportivos. Lo demás es historia conocida. Ese mismo recorrido podríamos hacer con Susana Giménez que, después del modelaje y de ser parte de las películas picarescas de los setenta y primeros años de los ochenta, a fines de esa década comienza en ATC con el primer programa de Hola Susana.
Distinto es el caso de Mirtha Legrand, actriz que alcanza su popularidad en el prestigioso cine argentino de los cuarenta y que después de comenzar en 1968 con los “Almuerzos” en Canal 9, dirigido principalmente a recorrer los campos de la farándula, en los últimos años se ha desempeñado jugando el papel de fiscal de la política y de los políticos.
Es cierto que en los cambios socioculturales, económicos y comunicacionales de los noventa estos personajes encontraron un terreno propicio para consolidar su visibilidad y sintonía con las nuevas coordenadas que proponía el menemismo, pero también hay mucho de mérito propio en sus permanencias por tantas décadas.
Por eso, ahora que en los últimos tiempos sus voces dejaron de percibirse sólo como un efecto del diseño de los modos de la comunicación masiva de los noventa y aparecen con reclamos a los modos en que se gestiona lo público se vuelve difícil, desde lo estrictamente político, encontrar respuestas que logren interpelarlos en sus registros específicos.
Esta limitación, padecida muchas veces por el gobierno actual, que no siempre encuentra los vehículos comunicacionales más adecuados para sostener sus puntos de vista, forma parte del bagaje de las herencias aún no desatadas.
Desde el advenimiento de la democracia en 1983, todos los dirigentes y muchos de los cuadros más lúcidos de los partidos populares creyeron que la única forma de establecer una relación con los principales multimedios era negociando en el terreno de ellos. Así ayudaron a que desde los poderes multimediáticos se vaya configurando una representación de los políticos como clase, preservándose para ellos el lugar de la defensa de la libertad de prensa y ocultando los intereses económicos que se ponían en juego a través de esas relaciones que establecían –muchas veces subrepticiamente– con los distintos gobiernos de turno.
La nueva ley de medios les otorga visibilidad, casi dramática, a estas cuestiones, pero no garantiza por sí misma inscribirlas en un nuevo relato que construya otras premisas y significaciones. Por eso, cuando se intenta responder a los modos en que –desde la lógica televisiva– aparecen capciosamente entremezclados lo singular, lo particular y lo general en imágenes y discursos, casi siempre se olvida que ésta no es una batalla binaria. Ni los campos enfrentados son únicos y homogéneos. Por lo tanto, de lo que se trata, sin que esto suponga legitimar lecturas o prácticas culturales existentes, es de disputar también el sentido de la naturalización de los acontecimientos. Pero para esto es necesario entender –si se quiere tener alguna chance de triunfo– que esta confrontación es comunicacional pero, principalmente, es una disputa profunda y colectiva de modelos culturales, sociales y éticos.
* Psicólogo. Magíster en Planificación de Procesos Comunicacionales.
http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-135891-2009-11-25.html
martes, 24 de noviembre de 2009
COPLA, LA LEY Y LA REALIDAD
Lo que ganamos y lo que perdimos en la conformación de las estructuras que promueve la Ley. D´Elía no es Tinelli. El sujeto para el relato de Cristina y Néstor. Mujeres son las nuestras.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual comienza a tomar forma.
En la semana que pasó se conformó el Consejo Federal. Este sábado se conocieron los cuatro nombres propuestos para el nuevo Comfer.
También se barajaron los nombres para Radio y Televisión Argentina, dos designados por el Consejo Federal y otros dos por la presidenta Cristina Fernández.
Los Medios concentrados reinstalaron ( como lo hacen cíclicamente) la sensación de inseguridad. Luis D´Elía se convirtió en el adversario mediático de Marcelo Tinelli. Militancia vs. Burdel.
La militancia se pregunta si alcanzará con la promulgación de la Ley para disputar el sentido de la información que promueven los Medios concentrados. Si finalmente la gente, de cara al 2011, podrá apoyar electoralmente la continuidad del Proyecto (en construcción) Nacional y Popular que expresan y dirigen Cristina y Néstor.
Copla nació para discutir política y comunicación. La comunicación de la política del Proyecto y la política del Proyecto Nacional y Popular.
Por eso sus cuadros y militantes participaron de todas las instancias que se abrieron desde arriba y desde abajo para llegar a la promulgación de la Ley 26.522.
Del ombligo hacia afuera.
Copla debe estar contenta pero no conforme con el resultado que la designación de cargos dejó plasmado.
El Consejo Federal es presidido por Néstor Busso y este es el logro más importante, ya que el compañero expresa la voluntad de miles de argentinos que plantean un nuevo modelo de Estado en el que la sociedad civil y las organizaciones libres del pueblo accedan a instancias de gestión y no solo por la vía electoral o través de los caminos tradicionales. El Estado, el nuevo Estado debe integrarse cada vez más por gente que representa gente y no sólo desde la organización político-partidaria. Compañeros y compañeras que expresen las demandas y propuestas que la gente construye diariamente en diferentes formas organizativas.
Sin actor social organizado no hay disputa del sentido mediático, y en ese camino la conformación del Consejo Federal con representantes de las provincias, las empresas privadas, los pueblos originarios, las universidades, los trabajadores,las empresas sin fines de lucro o de la economía social puede ser un parlamento ciudadano que permita otras formas de participación social, política, cultural y económica en el Estado. El cuerpo más rico de los que propone la nueva Ley es el Consejo Federal y en él se expresa también la disputa de la transversalidad ciudadana. Por eso celebramos la designación de Busso por unanimidad y aspiramos a obtener la Secretaría Ejecutiva por la que ya se expresaron distintos sectores sociales y económicos.
RTA es una herramienta nueva. Es una nueva forma de gestionar los medios públicos. Los desafíos son enormes y la presencia de nuestro compañero Sergio Fernández Novoa junto a Tristán Bauer, Alejandro Verano de la Universidad de La Plata y Néstor Cantariño del SAT es una demostración de diversidad e interdisciplina a la que ya miran y aportan compañeros y compañeras que integran y miran o escuchan esos medios.
Lázzaro es uno de los hombres fundamentales de la Ley. Los que conocemos la construcción de la Ley 26.522 no podemos desconocer el aporte de Luis. Desde hace decenas de años, desde antes de su privatización y concentración multimediática el compañero postula que la Ley es primordial para la sociedad, para la disputa cultural, para discutir la redistribución de la riqueza, que no es solo la del ingreso, para modelar un nuevo Estado.
Copla aporta ideas y desde su diversidad también quiere aportar a la organización del sujeto que construya y acompañe los cambios que la Ley y la dirección de Néstor y Cristina determinan.
Copla se organiza en Córdoba y Neuquen, se propone en Rosario, Santa Fe, Río Negro y otras provincias. Las mujeres de Copla, con Marcela Gabioud a la cabeza reclaman espacio desde la Red Par. En Mar del Plata representantes de Copla fueron seleccionados para un premio de radio.
Copla discute en plenarios y se propone nuevas formas organizativas.
Copla se organiza para la Asamblea que la Coalición por una Radiodifusión democrática realizara el 11 de diciembre.
Copla discutirá el sábado 5 sus propuestas y modelo organizacional. Copla camina toda la cancha para construir.
http://www.lacopla.org.ar/articulos/20-opinion/177-copla-la-ley-y-la-realidad.html
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual comienza a tomar forma.
En la semana que pasó se conformó el Consejo Federal. Este sábado se conocieron los cuatro nombres propuestos para el nuevo Comfer.
También se barajaron los nombres para Radio y Televisión Argentina, dos designados por el Consejo Federal y otros dos por la presidenta Cristina Fernández.
Los Medios concentrados reinstalaron ( como lo hacen cíclicamente) la sensación de inseguridad. Luis D´Elía se convirtió en el adversario mediático de Marcelo Tinelli. Militancia vs. Burdel.
La militancia se pregunta si alcanzará con la promulgación de la Ley para disputar el sentido de la información que promueven los Medios concentrados. Si finalmente la gente, de cara al 2011, podrá apoyar electoralmente la continuidad del Proyecto (en construcción) Nacional y Popular que expresan y dirigen Cristina y Néstor.
Copla nació para discutir política y comunicación. La comunicación de la política del Proyecto y la política del Proyecto Nacional y Popular.
Por eso sus cuadros y militantes participaron de todas las instancias que se abrieron desde arriba y desde abajo para llegar a la promulgación de la Ley 26.522.
Del ombligo hacia afuera.
Copla debe estar contenta pero no conforme con el resultado que la designación de cargos dejó plasmado.
El Consejo Federal es presidido por Néstor Busso y este es el logro más importante, ya que el compañero expresa la voluntad de miles de argentinos que plantean un nuevo modelo de Estado en el que la sociedad civil y las organizaciones libres del pueblo accedan a instancias de gestión y no solo por la vía electoral o través de los caminos tradicionales. El Estado, el nuevo Estado debe integrarse cada vez más por gente que representa gente y no sólo desde la organización político-partidaria. Compañeros y compañeras que expresen las demandas y propuestas que la gente construye diariamente en diferentes formas organizativas.
Sin actor social organizado no hay disputa del sentido mediático, y en ese camino la conformación del Consejo Federal con representantes de las provincias, las empresas privadas, los pueblos originarios, las universidades, los trabajadores,las empresas sin fines de lucro o de la economía social puede ser un parlamento ciudadano que permita otras formas de participación social, política, cultural y económica en el Estado. El cuerpo más rico de los que propone la nueva Ley es el Consejo Federal y en él se expresa también la disputa de la transversalidad ciudadana. Por eso celebramos la designación de Busso por unanimidad y aspiramos a obtener la Secretaría Ejecutiva por la que ya se expresaron distintos sectores sociales y económicos.
RTA es una herramienta nueva. Es una nueva forma de gestionar los medios públicos. Los desafíos son enormes y la presencia de nuestro compañero Sergio Fernández Novoa junto a Tristán Bauer, Alejandro Verano de la Universidad de La Plata y Néstor Cantariño del SAT es una demostración de diversidad e interdisciplina a la que ya miran y aportan compañeros y compañeras que integran y miran o escuchan esos medios.
Lázzaro es uno de los hombres fundamentales de la Ley. Los que conocemos la construcción de la Ley 26.522 no podemos desconocer el aporte de Luis. Desde hace decenas de años, desde antes de su privatización y concentración multimediática el compañero postula que la Ley es primordial para la sociedad, para la disputa cultural, para discutir la redistribución de la riqueza, que no es solo la del ingreso, para modelar un nuevo Estado.
Copla aporta ideas y desde su diversidad también quiere aportar a la organización del sujeto que construya y acompañe los cambios que la Ley y la dirección de Néstor y Cristina determinan.
Copla se organiza en Córdoba y Neuquen, se propone en Rosario, Santa Fe, Río Negro y otras provincias. Las mujeres de Copla, con Marcela Gabioud a la cabeza reclaman espacio desde la Red Par. En Mar del Plata representantes de Copla fueron seleccionados para un premio de radio.
Copla discute en plenarios y se propone nuevas formas organizativas.
Copla se organiza para la Asamblea que la Coalición por una Radiodifusión democrática realizara el 11 de diciembre.
Copla discutirá el sábado 5 sus propuestas y modelo organizacional. Copla camina toda la cancha para construir.
http://www.lacopla.org.ar/articulos/20-opinion/177-copla-la-ley-y-la-realidad.html
Hugo Barcia: “Hay que formar cuadros político-comunicacionales desde la ética”
A pocos días de que la Sociedad Interamericana de Prensa haya levado anclas, el debate sobre la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sigue. El presidente de Faro de la Comunicación, Hugo Barcia, hizo un balance de la visita de la SIP y de la alternativa que plantean.
–El nuevo presidente de la SIP se fue diciendo que trabajaría para que el Gobierno modifique la nueva ley.¿Qué opina?
–La SIP ha cometido un acto irresponsable de injerencia en los asuntos internos de la Argentina. Representa a los medios concentrados, no tiene la más mínima autoridad para opinar sobre una ley sancionada por un Congreso democrático en un país soberano. Esto tiene un carácter institucional muy grave, porque la SIP no es la ONU, es una cámara empresaria. Es un insulto a la institucionalidad argentina.
–¿Qué plantean entonces ustedes de aquí en adelante?
–Faro de la Comunicación la integran cuatro organizaciones: el Grupo de Periodistas y Profesionales de la Comunicación Los 100, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa -Fatpren-, la Comisión de Medios Audiovisuales, Nicolás Casullo de Carta Abierta y el Movimiento Peronista Bloguero. Y nosotros tenemos la idea de que con la sanción de la ley, el asunto no termina. Se viene una batalla político-cultural muy importante. Tuvimos que soportar veinte años de medios concentrados, y con ellos una masa de comunicadores que se dedicaron a embrutecer al gran público.
–Entonces,¿el objetivo de Faro está unido al desarrollo de la ley?
–Sí. La idea es formar profesionales con suficiente capacidad de análisis político para saber en qué contexto se deben mover y cuál es la mejor manera de comunicar en medios democráticos.
–¿Ustedes creen que hay falencias en los trabajadores de prensa de los actuales medios?
–Absolutamente. Los diarios, y por lo general la prensa, no cumplen con el objetivo básico de transmitir lo nuevo. Desde que se transformaron en factores de poder en sí mismos en los ’90, los medios lo único que han hecho es convertirse en un deplorable campo de marte donde lo único que se hace es extorsionar a los gobiernos de turno.Eso es acomodarse a los intereses de facto que ellos representan. Eso no es el periodismo.
–Hay muchas voces que aclaran que los medios no son lo mismo que sus periodistas.
–Por supuesto que hay que diferenciar.Está el que trabaja en Clarín porque quiso trabajar en Clarín y se embandera con sus intereses, y está el que no le queda más remedio que trabajar allí. Pero el que cree que está bien trabajar en Clarín es alguien deformado culturalmente. En los últimos tiempos es muy difícil encontrar una crónica que no tenga opinión.Y para eso hay columnas de opinión.Es una batalla permanente, una crónica debe contar lo nuevo. El hecho en sí.
–Pero siempre hay una visión particular que se transmite al contar el hecho.
–Siempre hay líneas editoriales y lo que propende la nueva ley es que haya muchas líneas editoriales y que un solo grupo no imponga su línea editorial al resto.
–Y ¿cómo pretenden enfrentar este monopolio editorial?
–Cuando se implemente la ley, los medios se democraticen y haya más, se derrumbará la teoría de que se van a perder puestos de trabajo; al contrario, se van a multiplicar.Nuestra idea es formar los profesionales que puedan ocupar esos puestos de trabajo. Faro intenta ser una escuela de formación de cuadros políticos comunicacionales desde la ética. Yo no creo en el periodismo independiente, si es el periodismo de Marcelo Bonelli, por ejemplo. Yo creo en el ejemplo de Rodolfo Walsh, de Raúl Scalabrini Ortiz. La palabra periodismo independiente me suena a protagonismo personal y yo creo en las causas colectivas.
–El encuentro internacional que organizaron el lunes pasado fue calificado de kirchnerista y se habló del patrocinio del gobierno venezolano de Hugo Chávez…
–No negamos nuestra identidad, ni nuestras intenciones. Tenemos la dignidad de decir quiénes somos y qué queremos, que es que se desarme el monopolio porque atenta contra la calidad democrática; trabajamos para un proyecto nacional. La SIP, la oposición y el monopolio ocultan sus verdaderos intereses. Por el encuentro nos llegaron a llamar “patoteros kirchneristas” financiados por los petrodólares de Chávez y que fue organizado con Kirchner como una contracumbre contra la SIP. Ninguna de estas cosas es verdadera.
Acudimos a la embajada de Venezuela y a otras organizaciones internacionales para que nos ayudaran en la convocatoria. La ayuda que tuvimos fue de militancia de otras agrupaciones políticas. No recibimos un peso de nadie. Este no fue ningún acto de gobierno. ¿Somos kirchneristas? Sí, lo somos, pero no hemos recibido ayuda del Gobierno nacional, ni de la Secretaría de Cultura, ni de Venezuela.
–¿Cuál fue el objetivo del seminario?
–Celebrar que el 9 se cumplía un mes de la sanción de la ley. Y lo otro es que no podemos dejar el espacio vacante y que los únicos que digan algo acerca del periodismo y la comunicación sea la SIP. Por eso decidimos demostrar que hay otra masa crítica, en este caso conformada por trabajadores de prensa, periodistas, comunicadores que opinamos distinto. Ellos son la patronal.
–¿Llegaron a alguna conclusión conjunta?
–La gran coincidencia entre los colegas latinoamericanos fue considerar el caso argentino como ejemplar, y que esta batalla por la democratización de los medios debe ser una batalla común.
PERFILDESDE LA PRIMERA HORA
Hugo Barcia es Presidente de Faro de la Comunicación, que reúne a periodistas, comunicadores, medios alternativos, profesores y estudiantes de comunicación, lanzada en agosto de este año. Militante de primera hora, participó desde su origen, en 2004, en la redacción de los 21 puntos por una Radiodifusión Democrática desde la Agrupación de Periodistas Los 100, de la cual es su Secretario General.
PUBLICADO EN: Buenos Aires Económico y El Argentino.
http://www.mensajewalsh.com.ar/
PUBLICADO EN: Buenos Aires Económico y El Argentino.
http://www.mensajewalsh.com.ar/
Las fotos de las dos hijas de los Pomar ya fueron publicadas en la página web de Missing Children
Candelaria, de seis años, y María del Pilar, de tres, aparecen en la página de la organización que se encarga de buscar chicos perdidos. Aparecen "en falta" desde el pasado 14 de noviembre.Ambas fotografías son actuales y en la página aparecen datos de contacto para enviar cualquier dato que exista sobre las dos jóvenes que desaparecieron junto a su familia desde hace más de una semana.
La familia, recordemos, viajaba desde Buenos Aires hasta Pergamino, el pueblo del cual el hombre era originario, y donde tenía una entrevista de trabajo el lunes 16 de noviembre.
Un nuevo video conocido en el día de ayer demuestra que toda la familia Pomar estaba junta y en su vehículo el pasado 14 de noviembre, día en el cual se perdió su rastro y comenzó su intensa búsqueda.
El video da cuenta del paso del automóvil marca Fiat de los Pomar por un puesto de peaje cercano a Luján a las 19:49 del 14 de noviembre.
El nuevo video demuestra que el coche familiar tardó 18 minutos (a una velocidad considerada "normal") parar recorrer la distancia hasta el próximo puesto de peaje, a donde también quedó registrado su paso a las 20:07 del 14 de noviembre.
En tanto, cerca de 150 efectivos de distintas divisiones de la policía bonaerense desplegaron ayer un rastrillaje a lo largo de 43 kilómetros de la ruta nacional 7, entre San Andrés de Giles y Carmen de Areco, aunque no hallaron a la familia.
El jefe de la Departamental Mercedes, comisario mayor Guillermo Britos, quien participó del procedimiento, dijo a Télam que durante el rastrillaje se encontraron un pantalón y una camisa de mujer, el primero de ellos manchado con sangre, que fue enviado a peritar y ser fotografiado para exhibirlo a familiares de los desaparecidos.
El pantalón manchado -que estaba a dos kilómetros de distancia de la camisa- fue a su vez encontrado muy cerca de un perro atropellado, que inicialmente se pensó podía pertenecer a la familia Pomar, aunque luego se descartó.
El primer juicio contra acusados de trata
Las víctimas habían sido reclutadas mediante engaños y llevadas a un prostíbulo, de donde escaparon. Los cuatro acusados podrían recibir hasta quince años de prisión, según la ley aprobada el año pasado. El jueves comienza el segundo juicio, en Santa Fe.Por Mariana Carbajal
Mañana comenzará en la localidad misionera de Eldorado el primer juicio oral y público en el país por trata de mujeres para explotación sexual desde la sanción en abril de 2008 de la ley que tipificó el delito federal. La causa se abrió a partir de la denuncia de dos adolescentes, una de 16 y otra de 18 años, muy pobres, que habían sido reclutadas bajo engaño en Paraguay y llevadas a un prostíbulo en un pequeño pueblo de la zona centro norte de la provincia, de donde lograron escapar. Los imputados son cuatro, dos hombres y dos mujeres, una de ellas, la que regenteaba el burdel. Podrían recibir hasta 15 años de cárcel. Un día después, en Santa Fe, se iniciará otro juicio oral contra una mujer acusada de reclutar adolescentes en barrios marginales de los alrededores de la capital provincial, una de las cuales, de 14 años, permanece desaparecida.
La casualidad quiso que ambos procesos orales –el de Santa Fe será a puertas cerradas– tengan lugar en la semana en que se celebra el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La trata es una expresión de ese flagelo. Los dos casos muestran, de acuerdo con la investigación judicial, cómo operan las mafias que convierten a mujeres jóvenes, a veces, niñas, en esclavas sexuales: las reclutan bajo engaño, las “ablandan” violándolas, las amenazan con lastimar o herir a familiares y las introducen en un sistema de explotación por el cual siempre están en deuda con el proxeneta.
Mañana comenzará en la localidad misionera de Eldorado el primer juicio oral y público en el país por trata de mujeres para explotación sexual desde la sanción en abril de 2008 de la ley que tipificó el delito federal. La causa se abrió a partir de la denuncia de dos adolescentes, una de 16 y otra de 18 años, muy pobres, que habían sido reclutadas bajo engaño en Paraguay y llevadas a un prostíbulo en un pequeño pueblo de la zona centro norte de la provincia, de donde lograron escapar. Los imputados son cuatro, dos hombres y dos mujeres, una de ellas, la que regenteaba el burdel. Podrían recibir hasta 15 años de cárcel. Un día después, en Santa Fe, se iniciará otro juicio oral contra una mujer acusada de reclutar adolescentes en barrios marginales de los alrededores de la capital provincial, una de las cuales, de 14 años, permanece desaparecida.
La casualidad quiso que ambos procesos orales –el de Santa Fe será a puertas cerradas– tengan lugar en la semana en que se celebra el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La trata es una expresión de ese flagelo. Los dos casos muestran, de acuerdo con la investigación judicial, cómo operan las mafias que convierten a mujeres jóvenes, a veces, niñas, en esclavas sexuales: las reclutan bajo engaño, las “ablandan” violándolas, las amenazan con lastimar o herir a familiares y las introducen en un sistema de explotación por el cual siempre están en deuda con el proxeneta.
Los cuadernos
El juicio en Misiones estará a cargo del Tribunal Oral Federal de Posadas. Pero se llevará a cabo a 193 kilómetros de la capital provincial, en la localidad de Eldorado. Los magistrados así lo dispusieron para facilitar la concurrencia de los testigos. Uno de los imputados es Roque González, paraguayo. Está acusado de haber reclutado en Ciudad del Este a dos adolescentes de un barrio muy pobre de esa ciudad paraguaya. Les prometió, según ellas declararon luego, un trabajo como meseras en un bar. El sueldo con el que las tentó muestra claramente la situación de vulnerabilidad social en la que se encontraban: apenas 100 pesos la quincena. Tenían estudios primarios. La instrucción judicial estableció que González las ingresó ilegalmente a la Argentina, en balsa por el río Paraná a la altura de la localidad de Wanda, y allí se las entregó a Carlos Francisco Loureiro y a su pareja, Dora Beatriz Raballo, quienes las llevaron a un local nocturno del pueblo de Andresito, en el centro norte de la provincia, con habilitación municipal como bar pero que funcionaba como prostíbulo. El burdel, de acuerdo con la instrucción judicial, estaba regenteado por Noemí Helfiftaich.
A los pocos minutos de llegar al bar, el 27 de octubre de 2008, las dos adolescentes paraguayas se dieron cuenta de que no iban a servir las mesas sino a los “clientes-prostituyentes”. Un día después, se escaparon. Según contaron, gracias a la ayuda que les dio una pareja, pudieron tomar un micro con la idea de regresar a sus casas. Efectivos de Gendarmería detuvieron el vehículo para hacer un control de rutina, y ellas contaron cómo habían llegado allí: una de ellas no tenía documento. Hicieron la denuncia en el Escuadrón de Gendarmería de Eldorado. Y el 15 de noviembre de 2008 la Justicia ordenó un allanamiento en el burdel: encontraron otras cuatro menores de edad y dos jóvenes de 22 años, que también eran víctimas de la explotación sexual. Del local secuestraron “cuadernos precarios” que daban cuenta de que las mujeres no se quedaban con dinero de los “servicios sexuales” que ofrecían y que cobraban entre 30 y 50 pesos. Siempre estaban en deuda dado que tenían que pagar por la habitación, la comida, el agua y la limpieza del cabaret. “Todo está anotado”, confió a este diario una fuente cercana a la investigación. “Era el sistema para limitar su libertad ambulatoria. Las mujeres no estaban encerradas. Las dejaban salir pero si llegaban tarde les cobraban multas de 30 a 100 pesos. Siempre estaban debiendo dinero”, describió la fuente.
Los cuatro imputados están detenidos. González, Loureiro y Helfiftaich están imputados del delito de trata de menores de edad, que tiene penas que van de 10 a 15 años. A Raballo se la acusa de ser partícipe secundaria. La fiscal ante el Tribunal Oral es Vivian Barbosa. Igual que su par de Santa Fe, Martín Suárez Faisal, cuentan con el asesoramiento de la Unidad Fiscal Especial en materia de trata de personas (Ufase) de la Procuración General de la Nación, a cargo de Marcelo Colombo.
El juicio en Misiones estará a cargo del Tribunal Oral Federal de Posadas. Pero se llevará a cabo a 193 kilómetros de la capital provincial, en la localidad de Eldorado. Los magistrados así lo dispusieron para facilitar la concurrencia de los testigos. Uno de los imputados es Roque González, paraguayo. Está acusado de haber reclutado en Ciudad del Este a dos adolescentes de un barrio muy pobre de esa ciudad paraguaya. Les prometió, según ellas declararon luego, un trabajo como meseras en un bar. El sueldo con el que las tentó muestra claramente la situación de vulnerabilidad social en la que se encontraban: apenas 100 pesos la quincena. Tenían estudios primarios. La instrucción judicial estableció que González las ingresó ilegalmente a la Argentina, en balsa por el río Paraná a la altura de la localidad de Wanda, y allí se las entregó a Carlos Francisco Loureiro y a su pareja, Dora Beatriz Raballo, quienes las llevaron a un local nocturno del pueblo de Andresito, en el centro norte de la provincia, con habilitación municipal como bar pero que funcionaba como prostíbulo. El burdel, de acuerdo con la instrucción judicial, estaba regenteado por Noemí Helfiftaich.
A los pocos minutos de llegar al bar, el 27 de octubre de 2008, las dos adolescentes paraguayas se dieron cuenta de que no iban a servir las mesas sino a los “clientes-prostituyentes”. Un día después, se escaparon. Según contaron, gracias a la ayuda que les dio una pareja, pudieron tomar un micro con la idea de regresar a sus casas. Efectivos de Gendarmería detuvieron el vehículo para hacer un control de rutina, y ellas contaron cómo habían llegado allí: una de ellas no tenía documento. Hicieron la denuncia en el Escuadrón de Gendarmería de Eldorado. Y el 15 de noviembre de 2008 la Justicia ordenó un allanamiento en el burdel: encontraron otras cuatro menores de edad y dos jóvenes de 22 años, que también eran víctimas de la explotación sexual. Del local secuestraron “cuadernos precarios” que daban cuenta de que las mujeres no se quedaban con dinero de los “servicios sexuales” que ofrecían y que cobraban entre 30 y 50 pesos. Siempre estaban en deuda dado que tenían que pagar por la habitación, la comida, el agua y la limpieza del cabaret. “Todo está anotado”, confió a este diario una fuente cercana a la investigación. “Era el sistema para limitar su libertad ambulatoria. Las mujeres no estaban encerradas. Las dejaban salir pero si llegaban tarde les cobraban multas de 30 a 100 pesos. Siempre estaban debiendo dinero”, describió la fuente.
Los cuatro imputados están detenidos. González, Loureiro y Helfiftaich están imputados del delito de trata de menores de edad, que tiene penas que van de 10 a 15 años. A Raballo se la acusa de ser partícipe secundaria. La fiscal ante el Tribunal Oral es Vivian Barbosa. Igual que su par de Santa Fe, Martín Suárez Faisal, cuentan con el asesoramiento de la Unidad Fiscal Especial en materia de trata de personas (Ufase) de la Procuración General de la Nación, a cargo de Marcelo Colombo.
Desaparecida
El jueves empezará el segundo proceso oral por trata de mujeres. El Tribunal Oral Criminal de Santa Fe dispuso que se haga a puertas cerradas porque involucra a una chica de 14 años, pero paradójicamente la adolescente, Carolina F., no declarará porque permanece desaparecida desde principios de este año, cuando se escapó de un hogar del gobierno provincial, la Casa de la Joven, adonde la Justicia había dispuesto su alojamiento. Su nombre y fotografía están en la página web de la organización Missing Children junto a otros “Chicos Perdidos”.
El juicio tiene como única imputada a Julia Núñez, acusada de reclutar a la adolescente en un barrio muy pobre de Coronda y a otra joven, de 19 años, en otro asentamiento del Gran Santa Fe. Núñez sería el primer eslabón de una red de trata que operaría con un prostíbulo de la localidad bonaerense de América, partido de Rivadavia, cerca de Trenque Lauquen.
La investigación se inició en la ciudad de Coronda, el 9 de enero de este año, con la denuncia de la madre de Carolina por búsqueda de paradero de su hija. Después la Justicia encontró indicios para establecer que Núñez se habría presentado en el barrio y la habría convencido para que entregara a la niña, entonces de 13 años, para trabajar como empleada doméstica, a cambio de 400 pesos. Después reclutó a la muchacha de 19 años en Recreo. Según su relato, Núñez la habría llevado a su casa en Santa Fe, donde habría sido violada por un hombre. En rueda de presos lo identificó: señaló a un preso de la cárcel de Las Flores, condenado por homicidio pero con salidas transitorias, a quien finalmente el juez federal Nº 2 Francisco Miño le dictó falta de mérito, aunque sigue siendo investigado. La violación sería parte de un ritual de “ablandamiento” de las víctimas. Luego, la joven habría sido entregada a Juan Ramón “El Pollo” Rojas, quien la habría llevado al cabaret de la localidad bonaerense de América. La muchacha contó que estuvo un día con Carolina en el local. Que a ella también la engañaron porque pensaba que iba a trabajar como empleada doméstica y que la amenazaron con atentar contra su hija de 2 años si no se prostituía.
La segunda joven llegó al burdel en momentos en que en Coronda se denunciaba públicamente la desaparición de Carolina. Por lo que Rojas habría decidido llevar a la niña de vuelta a Santa Fe. El 19 de febrero, Carolina se presentó espontáneamente ante el Juzgado de Menores a cargo de Susana Giordano de Bilicich. No acusó a Rojas. La Justicia dispuso su alojamiento en la Casa de la Joven, de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de Santa Fe. De allí se escapó y desde entonces se desconoce su paradero. Rojas estuvo prófugo durante varios meses y recién fue detenido semanas atrás: por esa razón no llega al juicio en este primer proceso. Núñez podría ser condenada a entre 10 y 15 años de prisión, por ser una de las víctimas menor de edad.
El jueves empezará el segundo proceso oral por trata de mujeres. El Tribunal Oral Criminal de Santa Fe dispuso que se haga a puertas cerradas porque involucra a una chica de 14 años, pero paradójicamente la adolescente, Carolina F., no declarará porque permanece desaparecida desde principios de este año, cuando se escapó de un hogar del gobierno provincial, la Casa de la Joven, adonde la Justicia había dispuesto su alojamiento. Su nombre y fotografía están en la página web de la organización Missing Children junto a otros “Chicos Perdidos”.
El juicio tiene como única imputada a Julia Núñez, acusada de reclutar a la adolescente en un barrio muy pobre de Coronda y a otra joven, de 19 años, en otro asentamiento del Gran Santa Fe. Núñez sería el primer eslabón de una red de trata que operaría con un prostíbulo de la localidad bonaerense de América, partido de Rivadavia, cerca de Trenque Lauquen.
La investigación se inició en la ciudad de Coronda, el 9 de enero de este año, con la denuncia de la madre de Carolina por búsqueda de paradero de su hija. Después la Justicia encontró indicios para establecer que Núñez se habría presentado en el barrio y la habría convencido para que entregara a la niña, entonces de 13 años, para trabajar como empleada doméstica, a cambio de 400 pesos. Después reclutó a la muchacha de 19 años en Recreo. Según su relato, Núñez la habría llevado a su casa en Santa Fe, donde habría sido violada por un hombre. En rueda de presos lo identificó: señaló a un preso de la cárcel de Las Flores, condenado por homicidio pero con salidas transitorias, a quien finalmente el juez federal Nº 2 Francisco Miño le dictó falta de mérito, aunque sigue siendo investigado. La violación sería parte de un ritual de “ablandamiento” de las víctimas. Luego, la joven habría sido entregada a Juan Ramón “El Pollo” Rojas, quien la habría llevado al cabaret de la localidad bonaerense de América. La muchacha contó que estuvo un día con Carolina en el local. Que a ella también la engañaron porque pensaba que iba a trabajar como empleada doméstica y que la amenazaron con atentar contra su hija de 2 años si no se prostituía.
La segunda joven llegó al burdel en momentos en que en Coronda se denunciaba públicamente la desaparición de Carolina. Por lo que Rojas habría decidido llevar a la niña de vuelta a Santa Fe. El 19 de febrero, Carolina se presentó espontáneamente ante el Juzgado de Menores a cargo de Susana Giordano de Bilicich. No acusó a Rojas. La Justicia dispuso su alojamiento en la Casa de la Joven, de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de Santa Fe. De allí se escapó y desde entonces se desconoce su paradero. Rojas estuvo prófugo durante varios meses y recién fue detenido semanas atrás: por esa razón no llega al juicio en este primer proceso. Núñez podría ser condenada a entre 10 y 15 años de prisión, por ser una de las víctimas menor de edad.
lunes, 23 de noviembre de 2009
Un feminicidio cada 36 horas
Cada día y medio, una mujer es asesinada en la Argentina, a manos de un conocido directo de la víctima. En 93 de cada 100 casos, el crimen lo cometió la pareja o ex pareja. El 46 por ciento de las mujeres asesinadas tenía entre 15 y 34 años.
Por Mariana Carbajal
Cada 36 horas se cometió en el país un feminicidio en los primeros diez meses del año. El dato surge de un relevamiento realizado por el Instituto de Estudios Jurídicos Sociales de la Mujer (Indeso), a partir de los casos publicados en diarios y portales de noticias de todas las provincias. El estudio será presentado hoy en la sede rosarina de la Gobernación de Santa Fe, en el marco de las actividades por la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que se celebra el miércoles en todo el mundo. En total se registraron 204 feminicidios. En el 93 por ciento de los casos resultó imputado un conocido de la víctima: casi en la mitad de los hechos fue acusado y detenido su pareja o ex pareja. El 46 por ciento de las mujeres asesinadas tenía entre 15 y 34 años.
“Los feminicidios son crímenes de odio contra las mujeres, crímenes misóginos acuñados en una enorme tolerancia social y estatal ante la violencia de género”, definió la mexicana Marcela Lagarde, profesora de Antropología de la Universidad Nacional de México, autora de varios libros sobre el tema y asesora de la ONU en cuestiones de género. “El feminicidio es un acto de extrema violencia, que deja al desnudo las situaciones de terror, humillación, desprecio, hostigamiento, violación, maltrato físico, psicológico, emocional, que vivieron estas mujeres”, explicó Noemí Chiarotti, coordinadora de Indeso, una ONG de Rosario. La especialista aclaró que no toda violencia que ocasiona la muerte de una mujer puede ser considerada como “feminicidio”. “Cuando el género de la víctima es irrelevante para quien la asesina, se trata de un asesinato, no de un feminicidio”, precisó.
Ante la ausencia de estadísticas oficiales, distintas organizaciones de mujeres tomaron la decisión en los últimos años de llevar el registro de los casos publicados en medios gráficos y digitales para darle visibilidad al grave problema de la violencia contra las mujeres en el país, y sensibilizar a la sociedad y a los funcionarios públicos. Los números, entonces, son parciales y, se presume, podrían ser aún mayores.
Entre el 1º de enero y el 30 de octubre de este año, el relevamiento de Indeso encontró 204 feminicidios en la prensa. Este es el segundo año que lleva adelante el seguimiento, con la colaboración de Mujeres Autoconvocadas de Rosario (MAR). En los primeros 10 meses de 2008 contabilizaron 170 feminicidios. Es difícil determinar si hubo un incremento de los casos o el aumento se debe a que trascendieron a los medios en mayor medida. De todas formas, la cantidad impacta. En el 85 por ciento fueron ejecutados por algún familiar cercano de la víctima, según la información periodística: en 51 feminicidios, el acusado fue la pareja de la mujer muerta; en 44 casos, su ex; y en 49 hechos, un conocido o pariente como padre, hermano, cuñado o yerno entre otros.
La búsqueda de los casos estuvo a cargo de Mercedes Pagnutti, quien revisó entre 30 y 40 diarios y periódicos nacionales, regionales y locales, impresos y digitales de todo el país. Según su apreciación, “la saña con la que fueron muertas algunas mujeres fue mayor este año que el anterior”. Casos de feminicidios con treinta a cuarenta puñaladas, contó a este diario, la dejaron sin aliento. “No tengo palabras para expresar lo que se siente al leer ese tipo de hechos. Anímicamente afecta mucho”, comentó. El 35 por ciento de los feminicidios se concretó con arma blanca, el 24,5 por ciento, con arma de fuego y el 30 por ciento con golpes, estrangulamiento, ahorcamiento, inmersión o quemaduras.
Ya el primer día del año, Pagnutti se encontró con dos casos. Uno ocurrió al sur de la provincia de Santa Fe, en la localidad de San Eduardo, departamento General López: allí fue hallada muerta de varias puñaladas María Biletto. Su cuerpo estaba en una casa en construcción. Tenía apenas 14 años. Fue detenido su novio, de 20 años. El segundo feminicidio de 2009 tuvo lugar en la ciudad de Córdoba: Nora Díaz, de 32 años, fue degollada por su pareja delante de sus hijos de 12 y 9 años. Los dos últimos casos incluidos en el estudio corresponden al 30 de octubre. En Luján, provincia de Buenos Aires, María Belloto, de 31 años, apareció estrangulada. Trabajaba como empleada doméstica en un country de la zona. El presunto asesino, de 35 años, sería conocido suyo. Ese mismo día, en la ciudad rionegrina de Cipolletti, Jessica Garrido, de 14 años, también fue estrangulada con un alambre. Su pareja, de 21 años, quedó presa.
Cada 36 horas se cometió en el país un feminicidio en los primeros diez meses del año. El dato surge de un relevamiento realizado por el Instituto de Estudios Jurídicos Sociales de la Mujer (Indeso), a partir de los casos publicados en diarios y portales de noticias de todas las provincias. El estudio será presentado hoy en la sede rosarina de la Gobernación de Santa Fe, en el marco de las actividades por la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que se celebra el miércoles en todo el mundo. En total se registraron 204 feminicidios. En el 93 por ciento de los casos resultó imputado un conocido de la víctima: casi en la mitad de los hechos fue acusado y detenido su pareja o ex pareja. El 46 por ciento de las mujeres asesinadas tenía entre 15 y 34 años.
“Los feminicidios son crímenes de odio contra las mujeres, crímenes misóginos acuñados en una enorme tolerancia social y estatal ante la violencia de género”, definió la mexicana Marcela Lagarde, profesora de Antropología de la Universidad Nacional de México, autora de varios libros sobre el tema y asesora de la ONU en cuestiones de género. “El feminicidio es un acto de extrema violencia, que deja al desnudo las situaciones de terror, humillación, desprecio, hostigamiento, violación, maltrato físico, psicológico, emocional, que vivieron estas mujeres”, explicó Noemí Chiarotti, coordinadora de Indeso, una ONG de Rosario. La especialista aclaró que no toda violencia que ocasiona la muerte de una mujer puede ser considerada como “feminicidio”. “Cuando el género de la víctima es irrelevante para quien la asesina, se trata de un asesinato, no de un feminicidio”, precisó.
Ante la ausencia de estadísticas oficiales, distintas organizaciones de mujeres tomaron la decisión en los últimos años de llevar el registro de los casos publicados en medios gráficos y digitales para darle visibilidad al grave problema de la violencia contra las mujeres en el país, y sensibilizar a la sociedad y a los funcionarios públicos. Los números, entonces, son parciales y, se presume, podrían ser aún mayores.
Entre el 1º de enero y el 30 de octubre de este año, el relevamiento de Indeso encontró 204 feminicidios en la prensa. Este es el segundo año que lleva adelante el seguimiento, con la colaboración de Mujeres Autoconvocadas de Rosario (MAR). En los primeros 10 meses de 2008 contabilizaron 170 feminicidios. Es difícil determinar si hubo un incremento de los casos o el aumento se debe a que trascendieron a los medios en mayor medida. De todas formas, la cantidad impacta. En el 85 por ciento fueron ejecutados por algún familiar cercano de la víctima, según la información periodística: en 51 feminicidios, el acusado fue la pareja de la mujer muerta; en 44 casos, su ex; y en 49 hechos, un conocido o pariente como padre, hermano, cuñado o yerno entre otros.
La búsqueda de los casos estuvo a cargo de Mercedes Pagnutti, quien revisó entre 30 y 40 diarios y periódicos nacionales, regionales y locales, impresos y digitales de todo el país. Según su apreciación, “la saña con la que fueron muertas algunas mujeres fue mayor este año que el anterior”. Casos de feminicidios con treinta a cuarenta puñaladas, contó a este diario, la dejaron sin aliento. “No tengo palabras para expresar lo que se siente al leer ese tipo de hechos. Anímicamente afecta mucho”, comentó. El 35 por ciento de los feminicidios se concretó con arma blanca, el 24,5 por ciento, con arma de fuego y el 30 por ciento con golpes, estrangulamiento, ahorcamiento, inmersión o quemaduras.
Ya el primer día del año, Pagnutti se encontró con dos casos. Uno ocurrió al sur de la provincia de Santa Fe, en la localidad de San Eduardo, departamento General López: allí fue hallada muerta de varias puñaladas María Biletto. Su cuerpo estaba en una casa en construcción. Tenía apenas 14 años. Fue detenido su novio, de 20 años. El segundo feminicidio de 2009 tuvo lugar en la ciudad de Córdoba: Nora Díaz, de 32 años, fue degollada por su pareja delante de sus hijos de 12 y 9 años. Los dos últimos casos incluidos en el estudio corresponden al 30 de octubre. En Luján, provincia de Buenos Aires, María Belloto, de 31 años, apareció estrangulada. Trabajaba como empleada doméstica en un country de la zona. El presunto asesino, de 35 años, sería conocido suyo. Ese mismo día, en la ciudad rionegrina de Cipolletti, Jessica Garrido, de 14 años, también fue estrangulada con un alambre. Su pareja, de 21 años, quedó presa.
La inclusión de los más chicos
Los especialistas reivindican el subsidio a la niñez, que se ha convertido en el plan social más importante de América latina. No obstante, remarcan que el objetivo central para consolidar la integración social debe ser el pleno empleo.Producción: Tomás Lukin
debate@pagina12.com.ar
Problemas estructurales
Por Nicolás Dvoskin *
El reciente anuncio del Gobierno, que pretende extender las asignaciones familiares a trabajadores en negro y desocupados, ha vuelto a poner en primer plano el no tan viejo debate sobre la política social. Decimos no tan viejo porque esta discusión tiene un origen muy claro en el tiempo: la consolidación del modelo neoliberal. La discusión sobre la política social estuvo ausente de la agenda hasta el golpe militar de 1976. Esto se debe a que existía en nuestro país –y en gran parte del mundo– un modelo económico que incorporaba a la vasta mayoría de la población, sobre la base de la preeminencia de la industria y el mercado interno. Por supuesto que había pobres, pero no se trataba de patrones estructurales. La irrupción del modelo neoliberal, que comenzó con la dictadura y se profundizó durante los noventa, desarticuló la estructura productiva, desguazó la industria y orientó a la Argentina hacia la valorización financiera y la preeminencia del sector de servicios. De esta manera, la necesidad de salarios altos para consumir el producto industrial y garantizar la rentabilidad del sistema productivo fue reemplazada por la necesidad sistémica de salarios bajos que aseguraran la competitividad internacional y la remisión de utilidades al exterior. El aumento de la pobreza no fue una consecuencia indeseada del neoliberalismo sino una condición necesaria de su reproducción. Aquí entra en escena, entonces, el debate por la política social.
Aunque el Gobierno plantee públicamente que la política de extensión de asignaciones familiares no es un plan social sino una igualación de derechos, esto es sólo un mote discursivo. Esto se sustenta en la comparación del programa con planes sociales de ejecución similar en otros países de América latina, como el Bolsa Familia de Brasil o el Plan Oportunidades de México. Estos programas, con evidente éxito, han consistido en la entrega de dinero a familias en situación de pobreza extrema a condición de que los niños vayan a la escuela y cumplan con las normas de vacunación. Una simple muestra de datos nos permite ver que esta medida que toma Argentina es el proyecto de este tipo más ambicioso del continente. En primer lugar, es el que más porcentaje del PBI destina al programa (0,83 por ciento contra 0,37 por ciento de Brasil y 0,31 por ciento de México). Pero, sobre todo, es el que más dinero destina a cada familia (166 dólares ajustados por paridad de poder adquisitivo por familia tipo contra 78 de Brasil y 101 de México). En síntesis, pensar en el proyecto como una extensión de lo que ya realizan exitosamente otros países, pero con mayores recursos, reporta un mensaje alentador. No es poca cosa estar hablando del plan social más importante de América latina.
¿Qué efectos tiene este programa sobre la economía nacional? Pues bien, suponiendo que se repitieran los resultados obtenidos en Brasil y México ciertamente habría una fuerte mejora en la calidad de vida de los más pobres. Además, habría un impulso a la demanda agregada que daría un empujón a una economía cuyo crecimiento se está desacelerando. Las estimaciones del programa en Brasil arrojan que un 95 por ciento de los recursos empleados han sido efectivamente gastados en alimentos. Si Argentina pudiera repetir este porcentaje habría un fuerte impulso a la producción de alimentos en el mercado interno y una baja en la pobreza. Pensando en las proyecciones del crecimiento, esta medida podría conducir a un aumento adicional del PBI de más del 1,5 por ciento vía efecto multiplicador.
Sin embargo, subsisten problemas estructurales. El reemplazo de las estructuras de integración social de antaño por políticas de entrega de dinero no repone los daños del neoliberalismo. Todo programa que transfiera dinero a las familias sin duda paliará la pobreza, mas no puede ser ni suficiente ni permanente. En primer lugar, porque la integración social genuina se da con trabajo, y este plan no fomenta ni aumenta el empleo ni reduce la precarización laboral. Pero, sobre todo, porque para que una transferencia de dinero tenga éxito debe pasar por el mercado, y ya sabemos que los mercados no son neutrales. Es decir, aumentar la demanda sobre mercados concentrados puede repercutir en un aumento de rentabilidades extraordinarias, y éste es el resultado evidente de aplicar medidas como el llamado “ingreso universal”. Para que el éxito de la política sea duradero, es necesario complementarla con medidas de corte estructural, como por ejemplo la producción estatal subsidiada de alimentos en Venezuela o las guarderías gratuitas de Suecia y Dinamarca. En todo caso, para combatir la pobreza más urgente ningún costo es demasiado alto.
* Licenciado en Economía (UBA), docente FCE-UBA y FCS-UBA, investigador Sephila-UBA.
Iguala derechos
Por Martín Burgos *
La crisis que golpeó a Estados Unidos a fines de 2008 y se expandió por el mundo abrió nuevamente el debate sobre las políticas sociales necesarias para enfrentar los ciclos de recesión que sufre toda economía capitalista. En la Argentina, frente al nuevo aumento de la pobreza y la indigencia ligada al aumento de la desocupación y la inflación, se vienen debatiendo alternativas para enfrentar la cuestión social. Por ejemplo, varias organizaciones sociales venían impulsando un ingreso universal a la ciudadanía, que consiste en implementar un ingreso mínimo a cada uno de los habitantes de nuestro país, que se adiciona al sueldo y/o la ganancia que el mismo recibe en el mercado. El ingreso ciudadano se nutre de un análisis en el cual se muestra cierto pesimismo respecto de las capacidades del mercado de trabajo para asegurar el pleno empleo.
En ese debate, el gobierno nacional impuso su propia perspectiva con la implementación de la asignación de 180 pesos mensuales por hijo menor de 18 años, extensiva a todos los trabajadores que no estén cobrando actualmente las asignaciones familiares. La medida, tal como fue formulada, fue apoyada por las dos centrales sindicales, numerosos movimientos sociales y la gran mayoría del sector progresista del país. La perspectiva oficial parte de una visión optimista del mercado de trabajo, que ocupa un lugar central en el teorema del círculo virtuoso “mayor producción-mayor empleo-mayores salarios-mayor consumo-mayor producción...”. Su principal sustento radica en los resultados alcanzados luego de la crisis fenomenal de 2001-2002. En efecto, la veloz recuperación del mercado de trabajo hizo que la tasa de desempleo bajara del 21,5 por ciento en mayo de 2002 hasta 7,5 por ciento a fines de 2007, como muestra impactante de la fuerte creación de empleo generado durante ese período, asociado a una mejora salarial general.
Sin embargo, a pesar de la bonanza, los altos niveles de empleo no registrado no pudieron reducirse en la misma proporción: en diciembre de 2007, todavía 40 por ciento de los empleados no estaba registrado ante la seguridad social. La heterogeneidad de situaciones laborales incluidas como empleo no registrado –desde los contratos basura de importantes empresas transnacionales hasta los empleos casuales en microempresas– hacen difíciles las soluciones universales, aunque se han tomado algunas medidas específicas, como el blanqueo de personal doméstico. El llamado “empleo en negro” parece haberse instalado como parte intrínseca de la relación salarial del modelo, y sus causas deben buscarse en la correlación de fuerza existente entre el Estado, las empresas y los trabajadores. El empleo en negro, además de restarles recursos al Estado y reducir los costos empresarios, tiene como consecuencia desarticular los derechos de los trabajadores. En efecto, las conquistas sociales logradas en la Argentina durante el siglo XX se dieron en un marco de cuasi pleno empleo y un bajo nivel de empleo no registrado. Por eso muchos aportes están atados al recibo de sueldo (jubilación, aportes patronales) y se gestionan a través del sindicato (obra social).
Ante la dificultad para reducir el empleo en negro, la extensión de la asignación familiar a los que no la percibían hasta ahora, asociada a la posibilidad de jubilarse sin aportes, tiene por efecto generar una tendencia hacia la igualación de los derechos a la seguridad social del trabajador (ocupado o desocupado) inscriptos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, de la cual sólo gozaban hasta ahora los empleados en blanco. En esa perspectiva pragmática para seguir mejorando las condiciones de los trabajadores en negro, aún debe instalarse en el debate público la necesidad de mejorar el acceso al servicio de salud que en la actualidad es fragmentado y desigual en cuanto a sus prestaciones. Al depender de la obra social sindical, que en muchos casos terceriza sus prestaciones o directamente deriva recursos económicos a empresas de medicina prepaga, se deja sin derecho a la salud a los trabajadores no registrados.
Aunque todas estas medidas son y serían un avance, en el sentido de que los trabajadores en negro pasarían a ser “trabajadores en gris”, nada puede ocultar que la llave para superar los problemas de pobreza estructural se encuentra en seguir avanzando hacia el pleno empleo y lograr un trabajo decente para todos. En ese sentido, la alternativa del Estado como empleador en última instancia, en la cual el Estado ofrece empleo a toda persona que lo demanda, sigue siendo una alternativa válida en el camino hacia el pleno empleo.
* Investigador del Centro Cultural de la Cooperación.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)