Los especialistas reivindican el subsidio a la niñez, que se ha convertido en el plan social más importante de América latina. No obstante, remarcan que el objetivo central para consolidar la integración social debe ser el pleno empleo.Producción: Tomás Lukin
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Problemas estructurales
Por Nicolás Dvoskin *
El reciente anuncio del Gobierno, que pretende extender las asignaciones familiares a trabajadores en negro y desocupados, ha vuelto a poner en primer plano el no tan viejo debate sobre la política social. Decimos no tan viejo porque esta discusión tiene un origen muy claro en el tiempo: la consolidación del modelo neoliberal. La discusión sobre la política social estuvo ausente de la agenda hasta el golpe militar de 1976. Esto se debe a que existía en nuestro país –y en gran parte del mundo– un modelo económico que incorporaba a la vasta mayoría de la población, sobre la base de la preeminencia de la industria y el mercado interno. Por supuesto que había pobres, pero no se trataba de patrones estructurales. La irrupción del modelo neoliberal, que comenzó con la dictadura y se profundizó durante los noventa, desarticuló la estructura productiva, desguazó la industria y orientó a la Argentina hacia la valorización financiera y la preeminencia del sector de servicios. De esta manera, la necesidad de salarios altos para consumir el producto industrial y garantizar la rentabilidad del sistema productivo fue reemplazada por la necesidad sistémica de salarios bajos que aseguraran la competitividad internacional y la remisión de utilidades al exterior. El aumento de la pobreza no fue una consecuencia indeseada del neoliberalismo sino una condición necesaria de su reproducción. Aquí entra en escena, entonces, el debate por la política social.
Aunque el Gobierno plantee públicamente que la política de extensión de asignaciones familiares no es un plan social sino una igualación de derechos, esto es sólo un mote discursivo. Esto se sustenta en la comparación del programa con planes sociales de ejecución similar en otros países de América latina, como el Bolsa Familia de Brasil o el Plan Oportunidades de México. Estos programas, con evidente éxito, han consistido en la entrega de dinero a familias en situación de pobreza extrema a condición de que los niños vayan a la escuela y cumplan con las normas de vacunación. Una simple muestra de datos nos permite ver que esta medida que toma Argentina es el proyecto de este tipo más ambicioso del continente. En primer lugar, es el que más porcentaje del PBI destina al programa (0,83 por ciento contra 0,37 por ciento de Brasil y 0,31 por ciento de México). Pero, sobre todo, es el que más dinero destina a cada familia (166 dólares ajustados por paridad de poder adquisitivo por familia tipo contra 78 de Brasil y 101 de México). En síntesis, pensar en el proyecto como una extensión de lo que ya realizan exitosamente otros países, pero con mayores recursos, reporta un mensaje alentador. No es poca cosa estar hablando del plan social más importante de América latina.
¿Qué efectos tiene este programa sobre la economía nacional? Pues bien, suponiendo que se repitieran los resultados obtenidos en Brasil y México ciertamente habría una fuerte mejora en la calidad de vida de los más pobres. Además, habría un impulso a la demanda agregada que daría un empujón a una economía cuyo crecimiento se está desacelerando. Las estimaciones del programa en Brasil arrojan que un 95 por ciento de los recursos empleados han sido efectivamente gastados en alimentos. Si Argentina pudiera repetir este porcentaje habría un fuerte impulso a la producción de alimentos en el mercado interno y una baja en la pobreza. Pensando en las proyecciones del crecimiento, esta medida podría conducir a un aumento adicional del PBI de más del 1,5 por ciento vía efecto multiplicador.
Sin embargo, subsisten problemas estructurales. El reemplazo de las estructuras de integración social de antaño por políticas de entrega de dinero no repone los daños del neoliberalismo. Todo programa que transfiera dinero a las familias sin duda paliará la pobreza, mas no puede ser ni suficiente ni permanente. En primer lugar, porque la integración social genuina se da con trabajo, y este plan no fomenta ni aumenta el empleo ni reduce la precarización laboral. Pero, sobre todo, porque para que una transferencia de dinero tenga éxito debe pasar por el mercado, y ya sabemos que los mercados no son neutrales. Es decir, aumentar la demanda sobre mercados concentrados puede repercutir en un aumento de rentabilidades extraordinarias, y éste es el resultado evidente de aplicar medidas como el llamado “ingreso universal”. Para que el éxito de la política sea duradero, es necesario complementarla con medidas de corte estructural, como por ejemplo la producción estatal subsidiada de alimentos en Venezuela o las guarderías gratuitas de Suecia y Dinamarca. En todo caso, para combatir la pobreza más urgente ningún costo es demasiado alto.
* Licenciado en Economía (UBA), docente FCE-UBA y FCS-UBA, investigador Sephila-UBA.
Iguala derechos
Por Martín Burgos *
La crisis que golpeó a Estados Unidos a fines de 2008 y se expandió por el mundo abrió nuevamente el debate sobre las políticas sociales necesarias para enfrentar los ciclos de recesión que sufre toda economía capitalista. En la Argentina, frente al nuevo aumento de la pobreza y la indigencia ligada al aumento de la desocupación y la inflación, se vienen debatiendo alternativas para enfrentar la cuestión social. Por ejemplo, varias organizaciones sociales venían impulsando un ingreso universal a la ciudadanía, que consiste en implementar un ingreso mínimo a cada uno de los habitantes de nuestro país, que se adiciona al sueldo y/o la ganancia que el mismo recibe en el mercado. El ingreso ciudadano se nutre de un análisis en el cual se muestra cierto pesimismo respecto de las capacidades del mercado de trabajo para asegurar el pleno empleo.
En ese debate, el gobierno nacional impuso su propia perspectiva con la implementación de la asignación de 180 pesos mensuales por hijo menor de 18 años, extensiva a todos los trabajadores que no estén cobrando actualmente las asignaciones familiares. La medida, tal como fue formulada, fue apoyada por las dos centrales sindicales, numerosos movimientos sociales y la gran mayoría del sector progresista del país. La perspectiva oficial parte de una visión optimista del mercado de trabajo, que ocupa un lugar central en el teorema del círculo virtuoso “mayor producción-mayor empleo-mayores salarios-mayor consumo-mayor producción...”. Su principal sustento radica en los resultados alcanzados luego de la crisis fenomenal de 2001-2002. En efecto, la veloz recuperación del mercado de trabajo hizo que la tasa de desempleo bajara del 21,5 por ciento en mayo de 2002 hasta 7,5 por ciento a fines de 2007, como muestra impactante de la fuerte creación de empleo generado durante ese período, asociado a una mejora salarial general.
Sin embargo, a pesar de la bonanza, los altos niveles de empleo no registrado no pudieron reducirse en la misma proporción: en diciembre de 2007, todavía 40 por ciento de los empleados no estaba registrado ante la seguridad social. La heterogeneidad de situaciones laborales incluidas como empleo no registrado –desde los contratos basura de importantes empresas transnacionales hasta los empleos casuales en microempresas– hacen difíciles las soluciones universales, aunque se han tomado algunas medidas específicas, como el blanqueo de personal doméstico. El llamado “empleo en negro” parece haberse instalado como parte intrínseca de la relación salarial del modelo, y sus causas deben buscarse en la correlación de fuerza existente entre el Estado, las empresas y los trabajadores. El empleo en negro, además de restarles recursos al Estado y reducir los costos empresarios, tiene como consecuencia desarticular los derechos de los trabajadores. En efecto, las conquistas sociales logradas en la Argentina durante el siglo XX se dieron en un marco de cuasi pleno empleo y un bajo nivel de empleo no registrado. Por eso muchos aportes están atados al recibo de sueldo (jubilación, aportes patronales) y se gestionan a través del sindicato (obra social).
Ante la dificultad para reducir el empleo en negro, la extensión de la asignación familiar a los que no la percibían hasta ahora, asociada a la posibilidad de jubilarse sin aportes, tiene por efecto generar una tendencia hacia la igualación de los derechos a la seguridad social del trabajador (ocupado o desocupado) inscriptos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, de la cual sólo gozaban hasta ahora los empleados en blanco. En esa perspectiva pragmática para seguir mejorando las condiciones de los trabajadores en negro, aún debe instalarse en el debate público la necesidad de mejorar el acceso al servicio de salud que en la actualidad es fragmentado y desigual en cuanto a sus prestaciones. Al depender de la obra social sindical, que en muchos casos terceriza sus prestaciones o directamente deriva recursos económicos a empresas de medicina prepaga, se deja sin derecho a la salud a los trabajadores no registrados.
Aunque todas estas medidas son y serían un avance, en el sentido de que los trabajadores en negro pasarían a ser “trabajadores en gris”, nada puede ocultar que la llave para superar los problemas de pobreza estructural se encuentra en seguir avanzando hacia el pleno empleo y lograr un trabajo decente para todos. En ese sentido, la alternativa del Estado como empleador en última instancia, en la cual el Estado ofrece empleo a toda persona que lo demanda, sigue siendo una alternativa válida en el camino hacia el pleno empleo.
* Investigador del Centro Cultural de la Cooperación.
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