La senadora nacional Blanca Osuna manifestó hoy su satisfacción por la sanción de las cuatro leyes de derechos humanos que fueron aprobadas esta semana en el Senado y que se convirtieron en ley.
Se trata de las normas: que autoriza a la Justicia ordenar los procedimientos necesarios para la obtención de ADN de imputados o víctimas; la que crea el Banco Nacional de Datos Genéticos en la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología; la que permite la participación de agrupaciones como querellantes en los juicios por desaparecidos, y la eliminación de calumnias e injurias como delito penal.
Al respecto, Osuna señaló que “estas leyes enriquecen la política de derechos humanos de nuestro país y representan nuevas herramientas legales muy importantes para avanzar en el proceso de búsqueda de verdad y justicia para miles de personas que aún no conocen su verdadera identidad y sus familias”.
La senadora destacó el contundente acompañamiento de los senadores en la votación de estas leyes “que tienen como objetivo la defensa del derecho a la identidad y la libertad”. Al respecto, consideró que “la restitución de la identidad de los chicas y chicos apropiados y que sufren conciente o inconcientemente sus derechos coartados, es la manera más eficaz de reparar los daños producidos y los efectos que esas brutales apropiaciones tiene en estos jóvenes y en sus familias. Además es la única forma de restablecer plenamente el derecho conculcado a la identidad, en fin de tener la libertad de saber quienes somos”.
“El Estado profundiza su responsabilidad en la búsqueda de la verdad y la justicia y cumple con su obligación de investigar y sancionar los delitos que constituyan violaciones a los derechos humanos, respetando el derecho internacional, las obligaciones y sentencias de la Corte Interamericana de Justicia y de los procedimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sobre todo en el marco del respecto irrestricto a los derechos humanos.
Y agregó: “estas iniciativas refuerzan la política de Estado del gobierno nacional en materia de derechos humanos y de memoria, verdad y justicia., que ha incluido, entre otros hechos destacados, la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final con lo que se revirtió el proceso de institucionalización de la impunidad; y los fallos judiciales que declararon la inconstitucionalidad de los decretos de indulto a los genocidas”.
Leyes aprobadas
La denominada “Ley de ADN” modifica el artículo 218 bis del Código Penal y establece que el juez que intervenga en causas por violaciones a los derechos humanos "podrá ordenar la obtención de ADN del imputado o de otra persona, cuando ello fuere necesario para su identificación o para la constatación de circunstancias de importancia para la investigación". Para ello permite el secuestro de objetos que contengan células desprendidas del cuerpo de personas de las que se sospeche que su identidad fue alterada.
Esta ley, explicó Osuna, “apunta a facilitar la búsqueda e identificación de hijos e hijas de personas desaparecidas durante la dictadura que fueron apropiados y la identificación genética de los restos de personas víctimas de desaparición forzada. Se regula la obligación del Estado Nacional de reparar a aquellas personas víctimas de desaparición forzada y sus familiares, estableciendo un procedimiento para la realización de todas aquellas medidas necesarias para reestablecer su identidad”.
La ley de creación del Banco de Banco Nacional de Datos Genéticos en la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene como objetivo "garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria para la identificación de hijos de desaparecidos y de los restos de las víctimas de desaparición forzada". Entre sus funciones se destaca la de intervenir como perito oficial en las causas judiciales y el hecho de contar con un Archivo Nacional de Datos Genéticos.
Además se aprobó la norma que extiende la legitimación para querellar en procesos donde se investiguen crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos a organizaciones de derechos humanos (hasta ahora se le era reconocido solamente al particular ofendido).
Por último, el Senado sancionó la ley que suprime la figura como delito penal de las calumnias e injurias. “Esto representa un avance importante en materia de libertad de expresión, -indicó Osuna- puesto que va en la línea de ampliar el derecho a expresarse, a decir lo que se piensa y se siente”. Y destacó que “con esta ley aprobada por unanimidad, se cumple el compromiso asumido por el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se da respuesta a un viejo reclamo de las organizaciones periodísticas”.
Esta iniciativa atiende a un pedido de la CIDH , que advirtió el año pasado a la Argentina que estos delitos, tal como están redactados, atentan contra la libertad de expresión, ya que se podía castigar con penas de prisión a un periodista por lo que escribiera.
Fuente: http://senadoraosuna.blogspot.com
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