Criticada por el Vaticano y por China y elogiada por Evo Morales, la exitosa película de Cameron dispara reflexiones tanto políticas como éticas y estéticas que permiten una mirada que cruza los diferentes planos significativos.
Por Horacio González
Avatar fue criticada por el Vaticano y por China, elogiada por Evo Morales y los críticos de la nueva minería transnacional. ¿Todo esto provoca o admite este film, que en poco tiempo más –obvio– será multipremiado por Hollywood? ¿Cuál es el tema de Avatar? Es la vieja tesis de que toda metamorfosis es la forma más delicada del espíritu. Es lo que implicaría su verdadera dimensión ética. Metamorfosis mística entre la naturaleza vegetal, los animales y los hombres. Y amalgama entre todos los hombres, de la estirpe que fueran. ¿Qué agrega el director de la película a esta cosmología? La bienvenida metamorfosis entre la vida humana y su réplica tecnológica. Videojuegos denominados Second Life y otros del mismo género están en la mente de Cameron, el director.
Sólo que en Avatar hay muchos más planos significativos. En cuanto a las artes de la interpretación actoral, cambia totalmente la raíz del antiguo oficio. Queda sometida la actuación a un proceso también de metamorfosis. Entre la gestualidad dramática y el dramatismo tecnodigital. Se sustituyen así las teorías de la acción dramática que inauguraron el siglo XX y que originaron la diversidad de identidades actorales que conocemos. ¿Están en peligro luego de Avatar? No, porque, a su vez, el film se basa en las más conocidas mitologías narrativas, base de todas las teorías actorales, atrayéndolas momentáneamente a la nueva industria del cine digital. Nada nuevo bajo el sol (el que ilumina nuestros pobres asuntos terrícolas).
Otro avatar más del film: el misticismo naturalista que lo impulsa no parece contraponerse a la tecnología, sino que podrá ser un capítulo posterior de ella. O bien, se insinúa que mantendrá con ella una relación circular, complementaria. Lo que se narra es una lucha entre civilizaciones guerreras, una de ellas cazadora, que viaja montada en grandes pájaros de reminiscencia prehistórica como en las películas de Walt Disney. (Se ve una escena de caza a simulacros de rinocerontes diseñados oníricamente. Sangre, inverosímilmente, hay poca.)
El héroe lo es por igual de las dos civilizaciones, la técnica y la mística, que se transfunden. En un caso, el héroe soldado deja entrever un destino a autoinculpación del cual saldrá el salvataje de la cultura técnica planetaria. Y por otro, el mismo héroe desdoblado, pero ahora extranjero, se suma a la lucha ajena descubriendo en sí destrezas de redención. Ambos héroes practican una fusión mística. Mueren juntos, en una suerte de cristianismo bífido que no deja de ser interesante, una suerte de doble de Cristo rápidamente borroneado. Herético, desde luego. A Ratzinger no le va a gustar, claro. Pero se equivoca el Vaticano al ver todo eso poco teológico. Son las altas devociones profanas del cine norteamericano progresista.
Las tecnologías de guerra son presentadas como remedos monstruosos, zoomórficos, carros de guerra que de tan fantasiosos parecen griegos o romanos (obvio: siempre en la Ilíada suenan mejor estas cosas), pero hay detalles que permiten entrever que los pueblos agredidos desde sus místicas danzas power flower, no dudarán en utilizarlas (de hecho, lo hacen en el combate).
Sin duda, es una película con un viejo argumento teológico-político, pero de tono menor respecto de Solaris o Blade Runner, para mencionar dos proyectos considerados de ciencia ficción que contienen genuinas vetas filosóficas. Si se quiere, es mediocre lo que presenta Cameron (aunque no hollywoodianamente hablando) frente al mundo metafísico de la ciencia ficción de Tarkovsky o lo que hizo Ridley Scott con las novelas de Philip Dick. Esas llevan a la verdadera refundación ética de lo humano luego de un pasaje por otro “avatar”, si se quiere más interesante: el fracaso de la fabricación de bellos semidioses asesinos que quieren volver a ser humanos.
No le restamos mérito a la escritura digital expresionista del film de Cameron. Pero no es tan novedoso el factor tridimensional, ni mucho menos lo es la hipótesis del hombre prometeico que sucumbe al no respetar la sacralidad de la naturaleza. En toda su expresividad está en el Fausto de Goethe (¡qué decimos!), proveniente de la Metamorfosis de Ovidio. Filemón y Baucis, que son también arbolitos sacros, son sacrificados ante el espíritu fáustico industrialista, en sobrecogedora escena. Ahora, el coronel de ese ejército que pinta Cameron, burdamente tratado, es un pobre agente de las empresas multiplanetarias de minería. No hay naciones definidas en Avatar, hay vil experimento humano, aunque sea bajo el aspecto de una negociación (al principio) con los nativos de otro planeta. El coronel Kilgore de Coppola en Apocalipse Now –que remotamente inspira a Parker, el de Avatar– es infinitamente superior, pues en su condición caricaturesca, conserva un lúgubre y dolorido patetismo. Por no hablar del coronel Kurtz, donde se dan cita todas las líneas de ruptura del relato occidental. No hay que olvidar que a este crucial personaje (en donde se resumen todos los manierismos actorales de la mágica baulera de Marlon Brando) lo encontramos en Apocalipse Now leyendo un poema de Thomas Elliot. Ahora que los canales públicos vuelven a pasar como verdadera “replicante” de Avatar a Apocalipse Now, surgen las enormes diferencias artísticas.
Es que Coppola se inspira en Elliot, que a la vez conduce a Joseph Conrad, luego a La rama dorada, de Frazer, y por último a un libro revelador de la crítica literaria, From ritual to romance, de Jessie Weston, que en 1920 examinó la importancia de las leyendas del rey Arturo en la configuración de las mitologías narrativas de Occidente. Todos ellos son objetos de un grácil metalenguaje en el film y aparecen en una toma de la película de Coppola como un pilón de libros abandonados en la recámara de Kurtz. Un absoluto gesto de retroalimentación entre cine y literatura. Ese sí es un avatar, una carnosa metamorfosis.
La reciente recreación de Apocalipse Now en la novela de José Pablo Feinmann, Carter en Vietnam, se hace en nombre de seguir examinando la decadencia del propio lenguaje de la sociedad norteamericana, su ejército y sus industrias culturales. En el último número de la revista Los inrrokuptibles, un buen artículo sobre Avatar indica que en una de las escenas, donde el ejército bombardea un árbol totémico, se reproduce la caída del World Trade Center. Conclusión: “Hace asumir al ejército estadounidense la responsabilidad del 11 de septiembre”, además de otras vergüenzas profundas, esta vez por las culpabilidades ecológicas.
Como se ve, el film de Cameron parece representar una universalización política, de raíz humanística, en la discusión sobre las relaciones del hombre con la naturaleza. Surge evidente, además, la crítica a los medios militares-corporativos de destrucción de las fuentes de vida planetaria. Hay que agregar, sin embargo, que la “salvación” proviene del propio Imperio y su poder autocrítico, minoritario, pero efectivo. Un poder científico-cinematográfico.
Es que Avatar proviene en particular del nuevo giro científico y representacional de su industria cinematográfica. Su relato no es sino una fábula sin la calidad aristocratizante que tenía la radical crítica de Coppola a la historia devastada. Cameron hace predominar demorados remates finales calcados del viejo western y se deja ganar por las connotaciones de una love story que promete un retorno humano al planeta que los derrota, una mejor negociación entre las corporaciones mineras-militares, la ciencia que creó los hombres-avatar y las poblaciones nativas.
No sabemos por qué China la prohíbe; nada justifica una prohibición ni ésta puede entenderse cabalmente. Que Evo Morales la recomiende como una reflexión oportuna sobre la Madre Tierra nos parece muy comprensible. Esta gran figura del presente momento boliviano une la digna densidad de su antropología política con un candor novedoso, en un modelo de reconstrucción del lenguaje político inhabitual, desafiante e inspirador.
Sin embargo, siempre queda en pie el problema de estos films surgidos del guionismo y la nueva “gnosis tecnológica” de las grandes producciones de un sector del capitalismo informático liberal, que agita mitologías y meta-leyendas surgidas de la propia historia del cine norteamericano, con profesionalismo enraizado en una historia del relato industrial-cultural muy evidente. Pero sin realizar esfuerzos como el que en su momento, en plena década del ’70, iluminó a Apocalipse Now. Evidentemente, es necesaria una nueva cinematografía que esté al nivel de las discusiones mas profundas de nuestras sociedades. Desde luego, no la representa Avatar.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-139335-2010-01-31.html
domingo, 31 de enero de 2010
sábado, 30 de enero de 2010
EL PAPEL PRENSA DEBE TENER EL MISMO PRECIO PARA TODOS
Los medios Gráficos pymes y cooperativos asociados en Dypra, iniciarán esta semana una serie de acciones de difusión sobre la problemática del papel para periódicos en Argentina, luego de que la justicia pusiera en suspenso una resolución de la Secretaría de Comercio Interior que señalaba que el papel para periódicos debía venderse a todos los medios al mismo precio. “Los diarios y periódicos regionales de Argentina vemos con preocupación que la justicia a través de una medida cautelar haya suspendido la aplicación de una medida que nuestro sector viene reclamando a los gobiernos desde hace varias décadas. Por la resolución 1/2010 dictada por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación se establece que "las operaciones de comercialización de papel para diario, en fábricas nacionales, deberán efectuarse por un precio igualitario”, sostuvieron fuentes de la entidad.
La resolución anunciada por el ministro de Economía Amado Boudou semanas atrás, conlleva un importante alivio económico a cientos de empresas gráficas regionales, productora de diarios y periódicos, a las que el papel importa de un 50 a un 70 por ciento de sus costos."El precio del papel es una barrera económica para entrar a la producción de contenidos gráficos, para los medios más grandes -Clarín y Nación- esa barrera es más baja que para el resto de los medios del país, si esto no se atiende no es posible garantizar el derecho a la información en su plenitud, porque el camino hacia la monopolización es inexorable". aseguran desde la entidad. “El Estado nacional y la justicia no pueden favorecer el monopolio de producción de papel para medios gráficos. El Estado debe velar por la libertad de prensa”, sostienen desde Dypra. Hoy la empresa Papel Prensa es una sociedad mixta -estatal y privada-, cuya composición accionaria corresponde a Grupo Clarín 49%, La Nación S.A 22,5%, el Estado nacional 27,5% y 1%, otros).
La medida cautelar que puso en suspenso la venta de papel a igual precio fue promovida por los socios mayoritarios, Clarín y La Nación y tiende a avalar un despropósito ya que Papel Prensa surgió en la década del 70 como una herramienta que impidiera que por vía del controlo del precio del papel las empresas extranjeras cercenaran la libertad de prensa.
“Prensa argentina” no es sólo un “puñado de diarios” privilegiados y concentrados. Hay que asegurar la presencia y sustentabilidad de todos, para el bien común”, afirman desde Dypra.
Una empresa como Papel Prensa, con participación estatal, los precios no deben definirse por el mayor volumen de compra sino que la presencia del Estado debe garantizar que los pequeños y medianos productores de comunicación gráfica no queden sometidos al arbitrio de un puñado de grandes medios, que además son de Capital Federal. El alto costo del papel implica reducir el número de páginas y de material entregado, mientras quienes acceden al papel barato -socios además de la papelera- pueden entregar cada vez más por cada vez menos, compitiendo con ventajas en cada región de nuestro país.
Es importante garantizar la presencia plural de todos en Democracia, por lo que defendemos la Resolución 1/2010 dictada por la Secretaría de Comercio Interior e instamos que a la mayor brevedad el Estado Nacional encuentre los caminos de asegurar lo que justificó la medida, tanto en su responsabilidad institucional como en la propia de su calidad de accionista de la empresa Papel Prensa.
Nahum Mirad
Presidente Dypra
Jorge Déboli
Secretario Dypra
Fuente: La Copla.
La resolución anunciada por el ministro de Economía Amado Boudou semanas atrás, conlleva un importante alivio económico a cientos de empresas gráficas regionales, productora de diarios y periódicos, a las que el papel importa de un 50 a un 70 por ciento de sus costos."El precio del papel es una barrera económica para entrar a la producción de contenidos gráficos, para los medios más grandes -Clarín y Nación- esa barrera es más baja que para el resto de los medios del país, si esto no se atiende no es posible garantizar el derecho a la información en su plenitud, porque el camino hacia la monopolización es inexorable". aseguran desde la entidad. “El Estado nacional y la justicia no pueden favorecer el monopolio de producción de papel para medios gráficos. El Estado debe velar por la libertad de prensa”, sostienen desde Dypra. Hoy la empresa Papel Prensa es una sociedad mixta -estatal y privada-, cuya composición accionaria corresponde a Grupo Clarín 49%, La Nación S.A 22,5%, el Estado nacional 27,5% y 1%, otros).
La medida cautelar que puso en suspenso la venta de papel a igual precio fue promovida por los socios mayoritarios, Clarín y La Nación y tiende a avalar un despropósito ya que Papel Prensa surgió en la década del 70 como una herramienta que impidiera que por vía del controlo del precio del papel las empresas extranjeras cercenaran la libertad de prensa.
“Prensa argentina” no es sólo un “puñado de diarios” privilegiados y concentrados. Hay que asegurar la presencia y sustentabilidad de todos, para el bien común”, afirman desde Dypra.
Una empresa como Papel Prensa, con participación estatal, los precios no deben definirse por el mayor volumen de compra sino que la presencia del Estado debe garantizar que los pequeños y medianos productores de comunicación gráfica no queden sometidos al arbitrio de un puñado de grandes medios, que además son de Capital Federal. El alto costo del papel implica reducir el número de páginas y de material entregado, mientras quienes acceden al papel barato -socios además de la papelera- pueden entregar cada vez más por cada vez menos, compitiendo con ventajas en cada región de nuestro país.
Es importante garantizar la presencia plural de todos en Democracia, por lo que defendemos la Resolución 1/2010 dictada por la Secretaría de Comercio Interior e instamos que a la mayor brevedad el Estado Nacional encuentre los caminos de asegurar lo que justificó la medida, tanto en su responsabilidad institucional como en la propia de su calidad de accionista de la empresa Papel Prensa.
Nahum Mirad
Presidente Dypra
Jorge Déboli
Secretario Dypra
Fuente: La Copla.
Cumbre entre Farizano y Quiroga para limar asperezas
El diputado nacional habló de candidaturas; el intendente no.
NEUQUÉN (AN).- Hubo cumbre entre el intendente Martín Farizano y el diputado nacional Horacio Quiroga pero no hubo definiciones contundentes. Después de que el quiroguismo intentó apurar para que el partido se encolumnara detrás de la postulación del ex jefe comunal a gobernador y la reacción en contra del sector de Farizano, particularmente el Comité Capital, la reunión había generado interés.
Uno y otro aludieron del encuentro en términos similares, aunque el jefe comunal persistió en su decisión de no hablar de candidatura y el legislador, por el contrario, precisamente hizo eje en esa cuestión. "Río Negro" habló con los dos por separado.
Farizano admitió que conduce una coalición que tiene una visión diferente respecto de la conducción del gobierno nacional, en cambio Quiroga se esforzó por eludir cualquier referencia que lo involucre en la intimidad de la alianza que gobierna la ciudad.
"Hablamos de varios temas, pero en términos generales, pero no hubo definiciones", dijo Farizano.
"A mi la preocupación me la genera la gestión. Para las elecciones falta mucho y no me preocupa ni quiero verme involucrado en cuestión de candidaturas", dijo Farizano.
Añadió que "no voy a entrar en diatribas por esto, porque los debates no aportan ni suman".
A los dos se les planteó el escollo que aparece entre ellos: la coalición en la ciudad. A uno le permite gobernar la ciudad y al otro la imposibilidad de que algunas de las fuerzas la integran respalden su postulación a gobernador.
"Hay una visión diferente respecto de la conducción nacional. Voy a conducir la coalición que por sobre las diferencias hagan posible esta construcción común", señaló Farizano.
"No tengo nada que ver con el gobierno municipal, no participo, no he sido consultado ni he opinado absolutamente nada , por lo tanto no es un tema de mi atención", dijo Quiroga.
-¿Qué le dijo a Farizano?
-Le dije: "Para que quede claro, yo voy a trabajar para que Cobos sea el candidato a presidente y yo a gobernador por la UCR en 2011".
-¿ Y qué le contestó?
-Pregúntele a él.
-Se lo preguntamos a usted.
-Doy por sobreentendido, por obvio, que apoyará al candidato a presidente y a gobernador de la UCR, sea yo, quiera ser él o cualquiera otro.
-¿Farizano quiere ser candidato a gobernador?
-Yo se lo pregunté y me dijo que no?
-¿Quiere repetir la intendencia?
-No opinaré al respecto.
http://www.rionegro.com.ar/diario/2010/01/30/126481569771.php
NEUQUÉN (AN).- Hubo cumbre entre el intendente Martín Farizano y el diputado nacional Horacio Quiroga pero no hubo definiciones contundentes. Después de que el quiroguismo intentó apurar para que el partido se encolumnara detrás de la postulación del ex jefe comunal a gobernador y la reacción en contra del sector de Farizano, particularmente el Comité Capital, la reunión había generado interés.
Uno y otro aludieron del encuentro en términos similares, aunque el jefe comunal persistió en su decisión de no hablar de candidatura y el legislador, por el contrario, precisamente hizo eje en esa cuestión. "Río Negro" habló con los dos por separado.
Farizano admitió que conduce una coalición que tiene una visión diferente respecto de la conducción del gobierno nacional, en cambio Quiroga se esforzó por eludir cualquier referencia que lo involucre en la intimidad de la alianza que gobierna la ciudad.
"Hablamos de varios temas, pero en términos generales, pero no hubo definiciones", dijo Farizano.
"A mi la preocupación me la genera la gestión. Para las elecciones falta mucho y no me preocupa ni quiero verme involucrado en cuestión de candidaturas", dijo Farizano.
Añadió que "no voy a entrar en diatribas por esto, porque los debates no aportan ni suman".
A los dos se les planteó el escollo que aparece entre ellos: la coalición en la ciudad. A uno le permite gobernar la ciudad y al otro la imposibilidad de que algunas de las fuerzas la integran respalden su postulación a gobernador.
"Hay una visión diferente respecto de la conducción nacional. Voy a conducir la coalición que por sobre las diferencias hagan posible esta construcción común", señaló Farizano.
"No tengo nada que ver con el gobierno municipal, no participo, no he sido consultado ni he opinado absolutamente nada , por lo tanto no es un tema de mi atención", dijo Quiroga.
-¿Qué le dijo a Farizano?
-Le dije: "Para que quede claro, yo voy a trabajar para que Cobos sea el candidato a presidente y yo a gobernador por la UCR en 2011".
-¿ Y qué le contestó?
-Pregúntele a él.
-Se lo preguntamos a usted.
-Doy por sobreentendido, por obvio, que apoyará al candidato a presidente y a gobernador de la UCR, sea yo, quiera ser él o cualquiera otro.
-¿Farizano quiere ser candidato a gobernador?
-Yo se lo pregunté y me dijo que no?
-¿Quiere repetir la intendencia?
-No opinaré al respecto.
http://www.rionegro.com.ar/diario/2010/01/30/126481569771.php
Pandemia de sospechas sobre la OMS
Keiji Fukuda tuvo que responder ante la Comisión de Salud del Consejo de Europa si la declaración de la pandemia no estuvo influida por las presiones de la industria farmacéutica. Vínculos de funcionarios de la OMS con laboratorios.
Por Eduardo Febbro
Desde París
El virus de la sospecha contaminó la gestión de la pandemia de gripe A llevada a cabo por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. La Comisión de Salud del Consejo de Europa hizo comparecer esta semana al número dos de la OMS, el doctor Keiji Fukuda –consejero del director general de la OMS para la pandemia de gripe–, y al presidente de la asociación europea de fabricantes de vacunas, Luc Hessel, para que se expliquen sobre dos cosas esenciales: si la OMS, que depende de las Naciones Unidas, no exageró acaso el grado de peligrosidad de la gripe A y si la institución no estuvo influida por las presiones de la industria farmacéutica. Las sospechas sobre la manipulación de la OMS tienen rostros y nombres precisos, el de los expertos de la Organización Mundial de la Salud que cobran sueldos de los grandes laboratorios y que, junto a la directora del organismo, la doctora Margaret Chan, son quienes precipitaron el alerta mundial y, por consiguiente, la compra de millones y millones de vacunas contra la gripe A. Como publicó Página/12 hace tres semanas, Wolfang Wodarg es el médico y diputado socialista alemán que alertó sobre la manipulación de la pandemia por parte de los laboratorios. Wodarg es el promotor de la audiencia del número dos de la OMS y no escatima sus convicciones. Luego de la comparecencia de Hessel y Fukuda, Wodarg –que fue el presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Europa– mantiene su posición: “Chan creó una alarma mundial. Debe dimitir”.
Las dudas sobre la estrategia de la OMS son grandes como un cráter lunar y no sólo atañen a las relaciones financieras entre los expertos y los laboratorios sino también a la pertinencia misma del alerta. Wodarg se pregunta todavía “sobre qué base científica la OMS decretó que se trataba de una pandemia”. Las acusaciones del médico alemán son de una gravedad alarmante. Wodarg acusa sin rodeos a la organización de la ONU de haber exagerado el impacto de la gripe cuando la OMS la calificó de “pandemia”, y ello bajo la presión de los laboratorios farmacéuticos. “Los laboratorios no esperaban sino eso cuando en realidad la enfermedad era poco severa”, dice. Wodarg agrega que los laboratorios querían sacar “jugosas recetas” y afina la puntería cuando expone su alegato sobre la irresponsabilidad del sistema: los laboratorios “utilizaron sustancias cuyos efectos eran mal conocidos”. Con ello no hicieron más que hacer correr riesgos a las personas que se vacunaron.
Los implicados en la audiencia en la Comisión de Salud del Consejo de Europa negaron estas acusaciones. El doctor Hessel declaró que “hemos efectuado los test de forma rigurosa, rápido pero sin precipitación, sacando provecho de los últimos adelantos tecnológicos. (...). De las 38 personas vacunadas en Europa, los problemas constatados han sido catalogados de débil a moderado”. Por su parte, el doctor Fukuda alegó que la OMS “no fue indebidamente influenciada por los laboratorios”. En cuanto a la categoría de “pandemia”, impugnada por muchos expertos, el doctor Fukuda señaló que “un comité de expertos de los 8 países más expuestos, seleccionados por sus competencias individuales, estimó por unanimidad que todos los criterios estaban reunidos para declarar la pandemia”.
Los argumentos de Keiji Fukuda y de Luc Hessel no disiparon las dudas sobre los mecanismos que llevaron a la OMS a decretar la tercera pandemia del siglo. La primera fue en 2002, con la neumonía asiática (200 muertos); la segunda, la gripe aviaria (282 muertos en seis años) y ahora la gripe A (14.000 muertos). Los mismos interrogantes que golpean la puerta de la OMS han repercutido en Francia. No sólo por el número elevado de vacunas que el gobierno compró a los laboratorios –luego tuvo que buscar cómo deshacerse de las vacunas– sino también por el hecho de que una buena parte de los expertos del comité de lucha contra la gripe A que fueron nombrados por la ministra francesa de Salud, Roselyne Bachelot, tienen relaciones de intereses con los laboratorios que fabrican la vacuna. En una investigación publicada esta semana por el diario Le Parisien, el rotativo francés afirma también que “los lazos de intereses entre seis expertos de la OMS y la industria farmacéutica son reales. Estos expertos formaban parte de los comités estratégicos que aconsejaron a la directora general de la OMS, Margaret Chan. Incluso si estos expertos afirman su independencia, sus relaciones con los laboratorios mantienen las sospechas sobre su imparcialidad y sus decisiones en el seno de la OMS”. La lista de expertos con doble función es elocuente. Por ejemplo, Jean-Claude Manuguerra es el presidente del Comité Nacional de Lucha contra la Gripe y, además, es miembro del Consejo Científico del programa global contra la gripe en el seno de la OMS. Este investigador en el Instituto Pasteur cobra una remuneración pagada por los laboratorios Roche.
El Strategic Advisory Group of Experts es el principal grupo de consulta de la OMS para todo lo que atañe la vacunación. Este panel está compuesto por 15 científicos que informan directamente a la directora de la OMS. De esos 15, tres cobran remuneraciones de los laboratorios farmacéuticos. Se trata del finlandés Juhani Estola, del jamaiquino Peter Figueroa y del chino Malik Peiris. A su vez, el comité para la vacunación contra la gripe A, creado en abril de 2009, comprende 13 miembros, tres de los cuales provienen del Strategic Advisory Group of Experts. De los 10 restantes, dos mantienen una relación de intereses con los fabricantes de vacunas: el inglés Neil Fergusson y el holandés Albert Osterhaus. Y hay más comités. Uno de ellos está encargado de aconsejar a Margaret Chan sobre la pandemia. Ese comité está dirigido por el francés Bruno Lina, un virólogo remunerado por los laboratorios que fabrican la vacuna (Baxter, Sanofi, Novartis, GSK).
En una entrevista difundida por la radio de negocios BFM, el virólogo británico Tom Jefferson –otro de los médicos que denunció con más virulencia el conflicto de intereses dentro de la OMS– retrató así la situación: “Los expertos de los comités de la OMS mantienen amplios contactos con la industria farmacéutica, con personas influyentes que, año tras año, rivalizan con previsiones apocalípticas (...). Uno de los expertos dirige un grupo contra la gripe porcina financiado por las principales compañías farmacéuticas. También tiene su propia empresa, que vende tests. Otro experto hizo carrera vendiendo modelos matemáticos de la epidemia. Estos dos ejemplos revelan conflictos de intereses evidentes”.
Las mismas sospechas que pesan sobre los comités de la OMS se ciernen sobre el francés, cuyos miembros, en un gran porcentaje, están a sueldo de los laboratorios Roche, GSK, Sanofi-Pasteur, etc. En septiembre de 2009, ese comité preconizó una vacunación masiva en Francia a un ritmo de dos inyecciones por persona según las recomendaciones de la Agencia Europea de medicamentos. El gobierno francés encargó 94 millones de dosis. pero en noviembre de 2009 las estadísticas revelaron que una sola inyección bastaba para los adultos. Con lo cual, el Estado se encuentra hoy con un excedente enorme y ha anulado los pedidos por 50 millones de dosis. A este respecto, el diario Le Parisien precisa que “sólo dos de los 17 expertos del comité (francés) no tenían relación alguna con las firmas” (laboratorios).
Las preguntas de Wolfang Wodarg a propósito de la OMS son tanto más legítimas cuanto que fue la Organización Mundial de la Salud la que creó este estado de exageración. La OMS adelantó su intención de convocar un panel de expertos independientes para evaluar su gestión de la H1N1, pero solo cuando “la pandemia haya terminado”. Algo poco transparente ha ocurrido dentro del organismo encargado de velar por la salud mundial. Wodarg resume a su manera la irracionalidad de la OMS: “En mayo de 2009, varios países intentaron que no se declarara la pandemia. La OMS, que siempre fue racional, se ha vuelto irreconocible”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-139292-2010-01-30.html
Por Eduardo Febbro
Desde París
El virus de la sospecha contaminó la gestión de la pandemia de gripe A llevada a cabo por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. La Comisión de Salud del Consejo de Europa hizo comparecer esta semana al número dos de la OMS, el doctor Keiji Fukuda –consejero del director general de la OMS para la pandemia de gripe–, y al presidente de la asociación europea de fabricantes de vacunas, Luc Hessel, para que se expliquen sobre dos cosas esenciales: si la OMS, que depende de las Naciones Unidas, no exageró acaso el grado de peligrosidad de la gripe A y si la institución no estuvo influida por las presiones de la industria farmacéutica. Las sospechas sobre la manipulación de la OMS tienen rostros y nombres precisos, el de los expertos de la Organización Mundial de la Salud que cobran sueldos de los grandes laboratorios y que, junto a la directora del organismo, la doctora Margaret Chan, son quienes precipitaron el alerta mundial y, por consiguiente, la compra de millones y millones de vacunas contra la gripe A. Como publicó Página/12 hace tres semanas, Wolfang Wodarg es el médico y diputado socialista alemán que alertó sobre la manipulación de la pandemia por parte de los laboratorios. Wodarg es el promotor de la audiencia del número dos de la OMS y no escatima sus convicciones. Luego de la comparecencia de Hessel y Fukuda, Wodarg –que fue el presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Europa– mantiene su posición: “Chan creó una alarma mundial. Debe dimitir”.
Las dudas sobre la estrategia de la OMS son grandes como un cráter lunar y no sólo atañen a las relaciones financieras entre los expertos y los laboratorios sino también a la pertinencia misma del alerta. Wodarg se pregunta todavía “sobre qué base científica la OMS decretó que se trataba de una pandemia”. Las acusaciones del médico alemán son de una gravedad alarmante. Wodarg acusa sin rodeos a la organización de la ONU de haber exagerado el impacto de la gripe cuando la OMS la calificó de “pandemia”, y ello bajo la presión de los laboratorios farmacéuticos. “Los laboratorios no esperaban sino eso cuando en realidad la enfermedad era poco severa”, dice. Wodarg agrega que los laboratorios querían sacar “jugosas recetas” y afina la puntería cuando expone su alegato sobre la irresponsabilidad del sistema: los laboratorios “utilizaron sustancias cuyos efectos eran mal conocidos”. Con ello no hicieron más que hacer correr riesgos a las personas que se vacunaron.
Los implicados en la audiencia en la Comisión de Salud del Consejo de Europa negaron estas acusaciones. El doctor Hessel declaró que “hemos efectuado los test de forma rigurosa, rápido pero sin precipitación, sacando provecho de los últimos adelantos tecnológicos. (...). De las 38 personas vacunadas en Europa, los problemas constatados han sido catalogados de débil a moderado”. Por su parte, el doctor Fukuda alegó que la OMS “no fue indebidamente influenciada por los laboratorios”. En cuanto a la categoría de “pandemia”, impugnada por muchos expertos, el doctor Fukuda señaló que “un comité de expertos de los 8 países más expuestos, seleccionados por sus competencias individuales, estimó por unanimidad que todos los criterios estaban reunidos para declarar la pandemia”.
Los argumentos de Keiji Fukuda y de Luc Hessel no disiparon las dudas sobre los mecanismos que llevaron a la OMS a decretar la tercera pandemia del siglo. La primera fue en 2002, con la neumonía asiática (200 muertos); la segunda, la gripe aviaria (282 muertos en seis años) y ahora la gripe A (14.000 muertos). Los mismos interrogantes que golpean la puerta de la OMS han repercutido en Francia. No sólo por el número elevado de vacunas que el gobierno compró a los laboratorios –luego tuvo que buscar cómo deshacerse de las vacunas– sino también por el hecho de que una buena parte de los expertos del comité de lucha contra la gripe A que fueron nombrados por la ministra francesa de Salud, Roselyne Bachelot, tienen relaciones de intereses con los laboratorios que fabrican la vacuna. En una investigación publicada esta semana por el diario Le Parisien, el rotativo francés afirma también que “los lazos de intereses entre seis expertos de la OMS y la industria farmacéutica son reales. Estos expertos formaban parte de los comités estratégicos que aconsejaron a la directora general de la OMS, Margaret Chan. Incluso si estos expertos afirman su independencia, sus relaciones con los laboratorios mantienen las sospechas sobre su imparcialidad y sus decisiones en el seno de la OMS”. La lista de expertos con doble función es elocuente. Por ejemplo, Jean-Claude Manuguerra es el presidente del Comité Nacional de Lucha contra la Gripe y, además, es miembro del Consejo Científico del programa global contra la gripe en el seno de la OMS. Este investigador en el Instituto Pasteur cobra una remuneración pagada por los laboratorios Roche.
El Strategic Advisory Group of Experts es el principal grupo de consulta de la OMS para todo lo que atañe la vacunación. Este panel está compuesto por 15 científicos que informan directamente a la directora de la OMS. De esos 15, tres cobran remuneraciones de los laboratorios farmacéuticos. Se trata del finlandés Juhani Estola, del jamaiquino Peter Figueroa y del chino Malik Peiris. A su vez, el comité para la vacunación contra la gripe A, creado en abril de 2009, comprende 13 miembros, tres de los cuales provienen del Strategic Advisory Group of Experts. De los 10 restantes, dos mantienen una relación de intereses con los fabricantes de vacunas: el inglés Neil Fergusson y el holandés Albert Osterhaus. Y hay más comités. Uno de ellos está encargado de aconsejar a Margaret Chan sobre la pandemia. Ese comité está dirigido por el francés Bruno Lina, un virólogo remunerado por los laboratorios que fabrican la vacuna (Baxter, Sanofi, Novartis, GSK).
En una entrevista difundida por la radio de negocios BFM, el virólogo británico Tom Jefferson –otro de los médicos que denunció con más virulencia el conflicto de intereses dentro de la OMS– retrató así la situación: “Los expertos de los comités de la OMS mantienen amplios contactos con la industria farmacéutica, con personas influyentes que, año tras año, rivalizan con previsiones apocalípticas (...). Uno de los expertos dirige un grupo contra la gripe porcina financiado por las principales compañías farmacéuticas. También tiene su propia empresa, que vende tests. Otro experto hizo carrera vendiendo modelos matemáticos de la epidemia. Estos dos ejemplos revelan conflictos de intereses evidentes”.
Las mismas sospechas que pesan sobre los comités de la OMS se ciernen sobre el francés, cuyos miembros, en un gran porcentaje, están a sueldo de los laboratorios Roche, GSK, Sanofi-Pasteur, etc. En septiembre de 2009, ese comité preconizó una vacunación masiva en Francia a un ritmo de dos inyecciones por persona según las recomendaciones de la Agencia Europea de medicamentos. El gobierno francés encargó 94 millones de dosis. pero en noviembre de 2009 las estadísticas revelaron que una sola inyección bastaba para los adultos. Con lo cual, el Estado se encuentra hoy con un excedente enorme y ha anulado los pedidos por 50 millones de dosis. A este respecto, el diario Le Parisien precisa que “sólo dos de los 17 expertos del comité (francés) no tenían relación alguna con las firmas” (laboratorios).
Las preguntas de Wolfang Wodarg a propósito de la OMS son tanto más legítimas cuanto que fue la Organización Mundial de la Salud la que creó este estado de exageración. La OMS adelantó su intención de convocar un panel de expertos independientes para evaluar su gestión de la H1N1, pero solo cuando “la pandemia haya terminado”. Algo poco transparente ha ocurrido dentro del organismo encargado de velar por la salud mundial. Wodarg resume a su manera la irracionalidad de la OMS: “En mayo de 2009, varios países intentaron que no se declarara la pandemia. La OMS, que siempre fue racional, se ha vuelto irreconocible”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-139292-2010-01-30.html
Sube el desempleo en Europa
La situación en algunos países es dramática. En España, dueña de la quinta economía más grande en la UE, el desempleo sigue creciendo y ya alcanza el 19,5 por ciento. En Letonia llega al 22,8 y en Estonia al 15,2 por ciento.
Por Nicolas Nagle
Desde Bruselas
Uno de cada diez trabajadores en la eurozona está desempleado. Las figuras publicadas ayer muestran que el crecimiento de la economía aún no impacta en el mercado laboral. La situación confirma las preocupaciones en Bruselas de que se estaba produciendo un “crecimiento sin empleos”. En el 2009, la economía de la eurozona –formada por los 16 países que comparten el euro–, se achicó un 4,0 por ciento. Muchos esperaban que el fin de la recesión y el crecimiento de 0,7 para este año sirviera para generar nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, el desempleo no sólo no retrocede sino que sigue creciendo y ya alcanza a un 10 por ciento de la población activa.
Los economistas de la oficina de Eurostat encargada de dar los datos explican que de la misma forma que un descenso del PBI no impacta inmediatamente en el empleo, lo mismo sucede a la inversa. Explican que el tiempo estimado para que el crecimiento económico se traduzca en creación de empleos es de alrededor de seis meses. Sin embargo, esos mismos economistas no supieron estimar cuándo esperaban que el desempleo en la eurozona comenzará a descender.
La situación en algunos países es dramática. En España, dueña de la quinta economía más grande en la UE, el desempleo sigue creciendo y ya alcanza el 19,5 por ciento. En Letonia llega al 22,8 y en Estonia al 15,2 por ciento. Otros países han sabido soportar los efectos de la crisis económica de mejor manera. Alemania, por ejemplo, pudo sobrellevar su peor recesión económica desde el fin de la Segunda Guerra Mundial –que encogió la economía un 5 por ciento– gracias a una reducción en los horarios de trabajo, la cual evitó despidos masivos. De esa forma el desempleo tan sólo creció de 7,1 a 7,5 por ciento.
Las cifras de desempleo se suman a los problemas de los gobiernos de la eurozona para controlar las cuentas públicas. El Pacto de Estabilidad adoptado en 1997 cuando se introdujo el euro establece que ningún Estado miembro puede tener un déficit fiscal superior al 3 por ciento y una deuda pública mayor al 60 por ciento de su PBI. Pero luego de la crisis económica, 13 de los 16 países de la eurozona no cumplen con las condiciones del pacto, lo cual ha provocado la reacción de funcionarios en Bruselas que presionan para que los Estados recorten gastos.
El director del Banco Central Europeo, el francés Jean-Claude Trichet, sostuvo que el déficit en la eurozona “no era sustentable” y que era necesario cortar el gasto público que había crecido durante la recesión económica para reactivar la economía.
Aunque las medidas de recorte del presupuesto podrían aumentar aún más el desempleo, la lógica de asegurar la estabilidad del euro parece primar en Bruselas. Los países que deberán hacer los mayores sacrificios son Grecia, España, Irlanda y Portugal por los desequilibrios en sus cuentas fiscales.
En los últimos meses, el gobierno griego del socialista Giorgos Papandreu se ha enfrentado a una inmensa presión venida desde Bruselas para que equilibre sus cuentas. Actualmente Grecia tiene un déficit fiscal de 12,7 por ciento y una deuda pública de 113 por ciento del PBI. El sucesivo aumento del riesgo país de Grecia promete desequilibrar las cuentas aún más, ya que Atenas debe pagar mayores intereses a sus acreedores.
En los círculos de Bruselas se teme que la misma desconfianza se extienda a otros países de la eurozona, lo cual podría provocar una reacción en cadena que acabaría con la estabilidad del euro. Por el momento las recetas que vienen de Bruselas y del Banco Central Europeo proponen una reestructura a la FMI: recortes generalizados en gastos públicos y aumento de la recaudación impositiva. Las medidas podrían tener un severo impacto en la ciudadanía europea, ya golpeada por el desempleo.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-139288-2010-01-30.html
Por Nicolas Nagle
Desde Bruselas
Uno de cada diez trabajadores en la eurozona está desempleado. Las figuras publicadas ayer muestran que el crecimiento de la economía aún no impacta en el mercado laboral. La situación confirma las preocupaciones en Bruselas de que se estaba produciendo un “crecimiento sin empleos”. En el 2009, la economía de la eurozona –formada por los 16 países que comparten el euro–, se achicó un 4,0 por ciento. Muchos esperaban que el fin de la recesión y el crecimiento de 0,7 para este año sirviera para generar nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, el desempleo no sólo no retrocede sino que sigue creciendo y ya alcanza a un 10 por ciento de la población activa.
Los economistas de la oficina de Eurostat encargada de dar los datos explican que de la misma forma que un descenso del PBI no impacta inmediatamente en el empleo, lo mismo sucede a la inversa. Explican que el tiempo estimado para que el crecimiento económico se traduzca en creación de empleos es de alrededor de seis meses. Sin embargo, esos mismos economistas no supieron estimar cuándo esperaban que el desempleo en la eurozona comenzará a descender.
La situación en algunos países es dramática. En España, dueña de la quinta economía más grande en la UE, el desempleo sigue creciendo y ya alcanza el 19,5 por ciento. En Letonia llega al 22,8 y en Estonia al 15,2 por ciento. Otros países han sabido soportar los efectos de la crisis económica de mejor manera. Alemania, por ejemplo, pudo sobrellevar su peor recesión económica desde el fin de la Segunda Guerra Mundial –que encogió la economía un 5 por ciento– gracias a una reducción en los horarios de trabajo, la cual evitó despidos masivos. De esa forma el desempleo tan sólo creció de 7,1 a 7,5 por ciento.
Las cifras de desempleo se suman a los problemas de los gobiernos de la eurozona para controlar las cuentas públicas. El Pacto de Estabilidad adoptado en 1997 cuando se introdujo el euro establece que ningún Estado miembro puede tener un déficit fiscal superior al 3 por ciento y una deuda pública mayor al 60 por ciento de su PBI. Pero luego de la crisis económica, 13 de los 16 países de la eurozona no cumplen con las condiciones del pacto, lo cual ha provocado la reacción de funcionarios en Bruselas que presionan para que los Estados recorten gastos.
El director del Banco Central Europeo, el francés Jean-Claude Trichet, sostuvo que el déficit en la eurozona “no era sustentable” y que era necesario cortar el gasto público que había crecido durante la recesión económica para reactivar la economía.
Aunque las medidas de recorte del presupuesto podrían aumentar aún más el desempleo, la lógica de asegurar la estabilidad del euro parece primar en Bruselas. Los países que deberán hacer los mayores sacrificios son Grecia, España, Irlanda y Portugal por los desequilibrios en sus cuentas fiscales.
En los últimos meses, el gobierno griego del socialista Giorgos Papandreu se ha enfrentado a una inmensa presión venida desde Bruselas para que equilibre sus cuentas. Actualmente Grecia tiene un déficit fiscal de 12,7 por ciento y una deuda pública de 113 por ciento del PBI. El sucesivo aumento del riesgo país de Grecia promete desequilibrar las cuentas aún más, ya que Atenas debe pagar mayores intereses a sus acreedores.
En los círculos de Bruselas se teme que la misma desconfianza se extienda a otros países de la eurozona, lo cual podría provocar una reacción en cadena que acabaría con la estabilidad del euro. Por el momento las recetas que vienen de Bruselas y del Banco Central Europeo proponen una reestructura a la FMI: recortes generalizados en gastos públicos y aumento de la recaudación impositiva. Las medidas podrían tener un severo impacto en la ciudadanía europea, ya golpeada por el desempleo.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-139288-2010-01-30.html
viernes, 29 de enero de 2010
El INAI reclama la potestad para hacer el censo mapuche
El delegado local, Pablo Tomasini, dijo que el trabajo es obligatorio.
NEUQUÉN (AN).- El delegado del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Pablo Tomasini, reivindicó ayer para el organismo la potestad de llevar adelante en la provincia el censo nacional que determinará, entre otras cosas, qué cantidad de tiempo hace que están viviendo y tienen posesión en tierras locales las comunidades mapuches.
"En principio el relevamiento nacional es una obligación para el Estado provincial y nacional, por lo tanto no es que se quiera hacer algo que sea ilegal, o haya un avasallamiento jurisdiccional", planteó Tomasini ante una consulta de "Río Negro", luego de que el gobernador Jorge Sapag dijera que él "está tenso" respecto a la iniciativa votada que llega por decisión del Congreso de la Nación, donde los diputados nacionales por Neuquén se opusieron.
Tomasini, un ex legislador provincial, planteó que "es evidente que esto trae cierto grado de conflictividad para la provincia; hay organismos, como la Sociedad Rural Argentina (en Neuquén), que se lo han hecho saber" al jefe del Ejecutivo, dijo.
El eje del conflicto es la composición de la comisión que estará a cargo de poner en práctica el estudio.
"La provincia quiere tener un poder de decisión que la ley que creó el relevamiento y el INAI, deja en mano de tres organismos: Nación, las organizaciones de base indígenas, en este caso la Confederación Mapuche del Neuquén, y los gobiernos locales", dijo Tomasini.
Con todo, dijo que "nosotros seguimos buscando niveles de diálogo porque nos parece importantísimo que la provincia participe".
Señaló que en todo el país, uno de los objetivos es que en el próximo semestre se sellen "todos los acuerdos" para comenzar durante 2009 con el censo de las tierras y grupos étnicos que permanecen en ellas.
"El organismo para aplicar la ley es el INAI, que incluso es el que recibe los fondos de Naciones Unidas para llevarlo adelante", reivindicó Tomasini.
Los tironeos tienen, como antecedente, el desalojo de la comunidad Paichil Antriao, de las tierras que reivindican como propias en un caso que está judicializado.
http://www.rionegro.com.ar/diario/2010/01/29/126473017394.php
NEUQUÉN (AN).- El delegado del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Pablo Tomasini, reivindicó ayer para el organismo la potestad de llevar adelante en la provincia el censo nacional que determinará, entre otras cosas, qué cantidad de tiempo hace que están viviendo y tienen posesión en tierras locales las comunidades mapuches.
"En principio el relevamiento nacional es una obligación para el Estado provincial y nacional, por lo tanto no es que se quiera hacer algo que sea ilegal, o haya un avasallamiento jurisdiccional", planteó Tomasini ante una consulta de "Río Negro", luego de que el gobernador Jorge Sapag dijera que él "está tenso" respecto a la iniciativa votada que llega por decisión del Congreso de la Nación, donde los diputados nacionales por Neuquén se opusieron.
Tomasini, un ex legislador provincial, planteó que "es evidente que esto trae cierto grado de conflictividad para la provincia; hay organismos, como la Sociedad Rural Argentina (en Neuquén), que se lo han hecho saber" al jefe del Ejecutivo, dijo.
El eje del conflicto es la composición de la comisión que estará a cargo de poner en práctica el estudio.
"La provincia quiere tener un poder de decisión que la ley que creó el relevamiento y el INAI, deja en mano de tres organismos: Nación, las organizaciones de base indígenas, en este caso la Confederación Mapuche del Neuquén, y los gobiernos locales", dijo Tomasini.
Con todo, dijo que "nosotros seguimos buscando niveles de diálogo porque nos parece importantísimo que la provincia participe".
Señaló que en todo el país, uno de los objetivos es que en el próximo semestre se sellen "todos los acuerdos" para comenzar durante 2009 con el censo de las tierras y grupos étnicos que permanecen en ellas.
"El organismo para aplicar la ley es el INAI, que incluso es el que recibe los fondos de Naciones Unidas para llevarlo adelante", reivindicó Tomasini.
Los tironeos tienen, como antecedente, el desalojo de la comunidad Paichil Antriao, de las tierras que reivindican como propias en un caso que está judicializado.
http://www.rionegro.com.ar/diario/2010/01/29/126473017394.php
Larga vida a Kenzaburo
Por Juan Forn
El artículo noveno de la Constitución japonesa es único en el mundo: estipula que Japón no puede tener fuerzas armadas. Como bien se sabe, esa Constitución fue redactada después de la rendición de Hirohito en 1945, momento en el que “era un imperativo moral para el Japón demostrar que renunciaba para siempre a la guerra”, según las famosas palabras que pronunció Kenzaburo Oé cuando recibió el Premio Nobel de Literatura en 1994. Por eso cada vez que la comunidad internacional “sugirió” en los últimos tiempos a Japón que debía ofrecer efectivos militares a las brigadas internacionales cuya presunta función es “preservar” o “restaurar” la paz en el mundo, Oé alzó su voz en contra. Y cuando la derecha japonesa intentó ampararse en esas presiones de Occidente para derogar el Artículo 9, Oé creó una asociación en defensa de ese artículo de la Constitución. Aunque sólo logró siete mil firmas de apoyo, cifra más que exigua en Japón (baste mencionar que cada libro de Oé que se publica allí tiene una tirada inicial cinco veces superior, y eso que Oé no es precisamente un autor de éxito en su país), eso no ha impedido que la derecha japonesa pusiera en marcha una sonada causa judicial contra él, en la que según ellos está en juego el honor militar de la nación, mancillado por Oé en su libro Notas de Okinawa, de 1970.
Oé ha declarado famosa y repetidamente (la última vez ante al tribunal de Osaka que lleva la causa contra él): “Mi vida está marcada por tres eventos: el nacimiento de mi hijo con daños mentales permanentes en 1963, el viaje que hice a Hiroshima al año siguiente y el que hice a Okinawa dos años después. Todo mi trabajo intelectual se sostiene en esos tres pilares. Y me enorgullece que el resultado literario de esas tres experiencias, la novela Una cuestión personal y los ensayos Notas de Hiro-shima y Notas de Okinawa, pudieran publicarse y puedan leerse hasta hoy en mi país tal como los escribí”. Ríos de tinta han corrido en el mundo sobre el modo en que Oé escribió sobre su hijo en Una cuestión personal. Mucho menos se sabe sobre los dos ensayos (de hecho, ni siquiera están traducidos a nuestro idioma). En el libro sobre Hiroshima, Oé hacía foco en la traumática manera en que Japón lidiaba con los sobrevivientes de la bomba atómica. En el de Okinawa, trataba una materia aun más volátil: la manera en que su país recordaba los “suicidios en masa” de civiles en las islas okinawenses, ante la llegada de las tropas norteamericanas, cerca del fin de la guerra.
Oé había descubierto con horror, al visitar en 1965 el templo en honor a las víctimas en Yasukuni, que se las honraba como combatientes de guerra (aunque la mayoría de las setecientas víctimas eran no sólo civiles sino mujeres, ancianos y niños). Lo ocurrido en aquellas abominables jornadas de 1945 fue que las tropas imperiales, en su repliegue, ordenaban a los civiles de cada aldea que se suicidaran antes de caer en manos del invasor, en algunos casos entregándoles granadas de mano, en otros obligando a los jefes de aldea a arrear a la población hasta los acantilados para que se arrojaran todos al vacío. Oé sostenía en su libro que era una falacia moral llamar “suicidios en masa” a aquellas muertes inducidas y que era indispensable para la memoria colectiva japonesa que no se callara lo que había ocurrido realmente. Siguiendo al libro de Oé y al monumental trabajo del historiador Saburo Ienaga (La Guerra del Pacífico), los manuales de historia que utilizan los estudiantes japoneses desde 1970 se refieren al episodio como “los suicidios en masa inducidos por el ejército imperial”. Así se mantuvieron las cosas hasta que en el año 2004, los descendientes de uno de los comandantes militares de Okinawa durante la guerra se presentaron en los tribunales japoneses y, amparándose en un libro de 1973 de la historiadora revisionista Ayako Sono (La historia detrás de un mito), exigieron que se retiraran inmediatamente de circulación en todo Japón esos manuales de historia y que Oé les pagara 200 mil dólares en resarcimiento por las calumnias que contenía su libro sobre Okinawa.
Asombrosamente, el poderoso equipo legal armado para sustentar el reclamo, compuesto por conspicuos personajes de la derecha y del lobby promilitar japoneses, fundamentó la causa en un párrafo del libro de Sono en el que, malinterpretando arteramente palabras de Oé, sostenía que éste acusaba de genocidio al comandante Akamatsu. En realidad, Oé se había cuidado bien de dar nombres en su libro: según él, no se trataba (en 1970, veinticinco años después de los hechos) de hacer condenas individuales sino de lograr que el pueblo japonés entendiera cabalmente que el espíritu militarista que había regido al país era una aberración que no debía repetirse jamás. Dos episodios inquietantes parecieron anticipar una derrota judicial de Oé: el diario conservador Yomiuri Shinbun reprodujo en primera plana unas declaraciones hechas en el estrado por la historiadora Sono (en realidad se había limitado a leer un párrafo de su libro de 1973, donde decía: “Lo que encuentro incomprensible es por qué, tanto tiempo después de la guerra, el señor Oé insiste en cuestionar la pureza del gesto de todas esas personas que eligieron morir por la patria y pretende hacernos creer que fue un acto realizado a la fuerza”); acto seguido, el Ministerio de Educación decidió de motu proprio retirar de currícula aquellos manuales de historia que mencionaban “los suicidios en masa inducidos por el ejército imperial”.
Para sorpresa y alivio de muchos, cuando finalmente se conoció el fallo del tribunal de Osaka fue favorable a Oé: se desestimó la demanda y se ordenó que aquellos manuales volvieran a integrar la currícula de las escuelas japonesas (lo que generó que más de cien mil personas salieran a festejar por las calles de Okinawa, la mayor manifestación de su historia). Los litigantes, sin embargo, han logrado que se les conceda una apelación y el proceso, que ya lleva seis años, se prolongará cuanto menos por tres años más. Oé, quien cumplirá los setenta y cinco este domingo 31 de enero, declaró que sólo le importa tener tiempo en este mundo para poder hacer dos cosas: una de ellas es llegar vivo al momento en que la Corte Suprema japonesa se expida sobre el caso; la otra es escribir una novela que cuente la historia del Japón moderno (desde que comenzó a manifestar sus primeros signos imperialistas de conquista hasta el derrumbe de la burbuja de bienestar económico en 1990). Con la siguiente salvedad: el narrador, el punto de vista de esa historia, será el de su hijo Hikari, el disminuido mental que logró aprender música gracias a su asombrosa capacidad para imitar el canto de los pájaros y cuyas piezas han sido ejecutadas por Rostropovich y Martha Argerich. Difícil imaginar un libro más valioso, y más difícil de tragar, para el Japón de hoy.
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-139204-2010-01-29.html
El artículo noveno de la Constitución japonesa es único en el mundo: estipula que Japón no puede tener fuerzas armadas. Como bien se sabe, esa Constitución fue redactada después de la rendición de Hirohito en 1945, momento en el que “era un imperativo moral para el Japón demostrar que renunciaba para siempre a la guerra”, según las famosas palabras que pronunció Kenzaburo Oé cuando recibió el Premio Nobel de Literatura en 1994. Por eso cada vez que la comunidad internacional “sugirió” en los últimos tiempos a Japón que debía ofrecer efectivos militares a las brigadas internacionales cuya presunta función es “preservar” o “restaurar” la paz en el mundo, Oé alzó su voz en contra. Y cuando la derecha japonesa intentó ampararse en esas presiones de Occidente para derogar el Artículo 9, Oé creó una asociación en defensa de ese artículo de la Constitución. Aunque sólo logró siete mil firmas de apoyo, cifra más que exigua en Japón (baste mencionar que cada libro de Oé que se publica allí tiene una tirada inicial cinco veces superior, y eso que Oé no es precisamente un autor de éxito en su país), eso no ha impedido que la derecha japonesa pusiera en marcha una sonada causa judicial contra él, en la que según ellos está en juego el honor militar de la nación, mancillado por Oé en su libro Notas de Okinawa, de 1970.
Oé ha declarado famosa y repetidamente (la última vez ante al tribunal de Osaka que lleva la causa contra él): “Mi vida está marcada por tres eventos: el nacimiento de mi hijo con daños mentales permanentes en 1963, el viaje que hice a Hiroshima al año siguiente y el que hice a Okinawa dos años después. Todo mi trabajo intelectual se sostiene en esos tres pilares. Y me enorgullece que el resultado literario de esas tres experiencias, la novela Una cuestión personal y los ensayos Notas de Hiro-shima y Notas de Okinawa, pudieran publicarse y puedan leerse hasta hoy en mi país tal como los escribí”. Ríos de tinta han corrido en el mundo sobre el modo en que Oé escribió sobre su hijo en Una cuestión personal. Mucho menos se sabe sobre los dos ensayos (de hecho, ni siquiera están traducidos a nuestro idioma). En el libro sobre Hiroshima, Oé hacía foco en la traumática manera en que Japón lidiaba con los sobrevivientes de la bomba atómica. En el de Okinawa, trataba una materia aun más volátil: la manera en que su país recordaba los “suicidios en masa” de civiles en las islas okinawenses, ante la llegada de las tropas norteamericanas, cerca del fin de la guerra.
Oé había descubierto con horror, al visitar en 1965 el templo en honor a las víctimas en Yasukuni, que se las honraba como combatientes de guerra (aunque la mayoría de las setecientas víctimas eran no sólo civiles sino mujeres, ancianos y niños). Lo ocurrido en aquellas abominables jornadas de 1945 fue que las tropas imperiales, en su repliegue, ordenaban a los civiles de cada aldea que se suicidaran antes de caer en manos del invasor, en algunos casos entregándoles granadas de mano, en otros obligando a los jefes de aldea a arrear a la población hasta los acantilados para que se arrojaran todos al vacío. Oé sostenía en su libro que era una falacia moral llamar “suicidios en masa” a aquellas muertes inducidas y que era indispensable para la memoria colectiva japonesa que no se callara lo que había ocurrido realmente. Siguiendo al libro de Oé y al monumental trabajo del historiador Saburo Ienaga (La Guerra del Pacífico), los manuales de historia que utilizan los estudiantes japoneses desde 1970 se refieren al episodio como “los suicidios en masa inducidos por el ejército imperial”. Así se mantuvieron las cosas hasta que en el año 2004, los descendientes de uno de los comandantes militares de Okinawa durante la guerra se presentaron en los tribunales japoneses y, amparándose en un libro de 1973 de la historiadora revisionista Ayako Sono (La historia detrás de un mito), exigieron que se retiraran inmediatamente de circulación en todo Japón esos manuales de historia y que Oé les pagara 200 mil dólares en resarcimiento por las calumnias que contenía su libro sobre Okinawa.
Asombrosamente, el poderoso equipo legal armado para sustentar el reclamo, compuesto por conspicuos personajes de la derecha y del lobby promilitar japoneses, fundamentó la causa en un párrafo del libro de Sono en el que, malinterpretando arteramente palabras de Oé, sostenía que éste acusaba de genocidio al comandante Akamatsu. En realidad, Oé se había cuidado bien de dar nombres en su libro: según él, no se trataba (en 1970, veinticinco años después de los hechos) de hacer condenas individuales sino de lograr que el pueblo japonés entendiera cabalmente que el espíritu militarista que había regido al país era una aberración que no debía repetirse jamás. Dos episodios inquietantes parecieron anticipar una derrota judicial de Oé: el diario conservador Yomiuri Shinbun reprodujo en primera plana unas declaraciones hechas en el estrado por la historiadora Sono (en realidad se había limitado a leer un párrafo de su libro de 1973, donde decía: “Lo que encuentro incomprensible es por qué, tanto tiempo después de la guerra, el señor Oé insiste en cuestionar la pureza del gesto de todas esas personas que eligieron morir por la patria y pretende hacernos creer que fue un acto realizado a la fuerza”); acto seguido, el Ministerio de Educación decidió de motu proprio retirar de currícula aquellos manuales de historia que mencionaban “los suicidios en masa inducidos por el ejército imperial”.
Para sorpresa y alivio de muchos, cuando finalmente se conoció el fallo del tribunal de Osaka fue favorable a Oé: se desestimó la demanda y se ordenó que aquellos manuales volvieran a integrar la currícula de las escuelas japonesas (lo que generó que más de cien mil personas salieran a festejar por las calles de Okinawa, la mayor manifestación de su historia). Los litigantes, sin embargo, han logrado que se les conceda una apelación y el proceso, que ya lleva seis años, se prolongará cuanto menos por tres años más. Oé, quien cumplirá los setenta y cinco este domingo 31 de enero, declaró que sólo le importa tener tiempo en este mundo para poder hacer dos cosas: una de ellas es llegar vivo al momento en que la Corte Suprema japonesa se expida sobre el caso; la otra es escribir una novela que cuente la historia del Japón moderno (desde que comenzó a manifestar sus primeros signos imperialistas de conquista hasta el derrumbe de la burbuja de bienestar económico en 1990). Con la siguiente salvedad: el narrador, el punto de vista de esa historia, será el de su hijo Hikari, el disminuido mental que logró aprender música gracias a su asombrosa capacidad para imitar el canto de los pájaros y cuyas piezas han sido ejecutadas por Rostropovich y Martha Argerich. Difícil imaginar un libro más valioso, y más difícil de tragar, para el Japón de hoy.
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-139204-2010-01-29.html
jueves, 28 de enero de 2010
Mapuches de Neuquén y Río Negro se unen
En una conferencia de prensa realizada en Bariloche anunciaron su decisión de "unir fuerzas para resistir desalojos y atropellos" que sufren en ambas provincias.
SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La Confederación Mapuche de Neuquén y el Parlamento Mapuche rionegrino anunciaron ayer la decisión política de unir fuerzas para resistir "los desalojos y atropellos" que sufren en ambas provincias.
Durante la rueda de prensa realizada en la oficina local del Inadi, bajo el liderazgo del lonco Elías Maripan, la dirigencia de ambas organizaciones explicó que los "continuos atropellos" que sufren "a diario" impulsaron este trabajo conjunto en "trawun" porque "lo que se viene va a ser peor".
El werken de la Confederación neuquina Fidel Colipan, hizo público el pedido de informes que la Organización de Estados Americanos le habría remitido al gobernador Jorge Sapag para saber si su gestión violó la ley nacional 26.160 y reprimió a las comunidades asentadas en el cerro Belvedere. "Se abre un marco preocupante para el gobernador Sapag porque va a ser muy difícil para su gobierno esconder la policía que está instalada en nuestro territorio" dijo Colipan.
Los dirigentes mapuches celebraron la orden de no innovar dictada por el juez Federico Sommer en el conflicto que mantienen el terrateniente William Fisher, el gobierno provincial y la comunidad Paichil Antriao. Ponderaron al magistrado como "alguien que se sale un poco de las directivas del poder y aplica justicia", al tiempo que valoraron el reconocimiento del espacio cultural y espiritual mapuche que sustentó la decisión judicial como una medida novedosa.
La werken del Parlamento rionegrino Clarisa Montenegro señaló que el "trawun" convocado es "el primer paso para un trabajo conjunto en un espacio territorial común que lamentablemente los estados nos han dividido en provincias".
La dirigente denunció la existencia de grupos económicos que ejercen presión sobre el poder político y reflexionó sobre los intereses que estarán en juego en Neuquén para que su gobierno "quiera frenar una ley nacional", en alusión a la 26160.
Al respecto Colipan denunció que "la provincia de Neuquén aplica un mecanismo muy tramposo y nos ha ido sacando el territorio" y que se niega a cumplir la ley 26160, próxima a vencer porque "día que pasa, hora que pasa, le van robando tierra al pueblo mapuche".
No obstante el werken consideró que la gestión de Sapag deberá responder a la denuncia de la OEA y la decisión del Superior Tribunal de Justicia de someter a audiencia pública "la inconstitucionalidad de la creación de municipios dentro del Estado Mapuche", demanda promovida por la comunidad Catalan´ en Villa Pehuenia.
"Todo esto es un cerco al gobierno que no le va a quedar otra que convocar a la Confederación para iniciar el relevamiento de las comunidades" sostuvo esperanzado Colipan.
http://www.rionegro.com.ar/diario/2010/01/28/1264644975133.php
SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La Confederación Mapuche de Neuquén y el Parlamento Mapuche rionegrino anunciaron ayer la decisión política de unir fuerzas para resistir "los desalojos y atropellos" que sufren en ambas provincias.
Durante la rueda de prensa realizada en la oficina local del Inadi, bajo el liderazgo del lonco Elías Maripan, la dirigencia de ambas organizaciones explicó que los "continuos atropellos" que sufren "a diario" impulsaron este trabajo conjunto en "trawun" porque "lo que se viene va a ser peor".
El werken de la Confederación neuquina Fidel Colipan, hizo público el pedido de informes que la Organización de Estados Americanos le habría remitido al gobernador Jorge Sapag para saber si su gestión violó la ley nacional 26.160 y reprimió a las comunidades asentadas en el cerro Belvedere. "Se abre un marco preocupante para el gobernador Sapag porque va a ser muy difícil para su gobierno esconder la policía que está instalada en nuestro territorio" dijo Colipan.
Los dirigentes mapuches celebraron la orden de no innovar dictada por el juez Federico Sommer en el conflicto que mantienen el terrateniente William Fisher, el gobierno provincial y la comunidad Paichil Antriao. Ponderaron al magistrado como "alguien que se sale un poco de las directivas del poder y aplica justicia", al tiempo que valoraron el reconocimiento del espacio cultural y espiritual mapuche que sustentó la decisión judicial como una medida novedosa.
La werken del Parlamento rionegrino Clarisa Montenegro señaló que el "trawun" convocado es "el primer paso para un trabajo conjunto en un espacio territorial común que lamentablemente los estados nos han dividido en provincias".
La dirigente denunció la existencia de grupos económicos que ejercen presión sobre el poder político y reflexionó sobre los intereses que estarán en juego en Neuquén para que su gobierno "quiera frenar una ley nacional", en alusión a la 26160.
Al respecto Colipan denunció que "la provincia de Neuquén aplica un mecanismo muy tramposo y nos ha ido sacando el territorio" y que se niega a cumplir la ley 26160, próxima a vencer porque "día que pasa, hora que pasa, le van robando tierra al pueblo mapuche".
No obstante el werken consideró que la gestión de Sapag deberá responder a la denuncia de la OEA y la decisión del Superior Tribunal de Justicia de someter a audiencia pública "la inconstitucionalidad de la creación de municipios dentro del Estado Mapuche", demanda promovida por la comunidad Catalan´ en Villa Pehuenia.
"Todo esto es un cerco al gobierno que no le va a quedar otra que convocar a la Confederación para iniciar el relevamiento de las comunidades" sostuvo esperanzado Colipan.
http://www.rionegro.com.ar/diario/2010/01/28/1264644975133.php
Las Coloradas, el pueblo que tiene dos intendentes
Massini resiste en el municipio a pesar de que fue destituido. Troncoso debería reemplazarlo pero no puede entrar a la comuna.
LAS COLORADAS (AZ).- Esta pequeña localidad de 1.500 almas tiene dos intendentes y ambos pertenecen al Movimiento Popular Neuquino. Daniel Massini y Esther Troncoso se atribuyen el poder y desconocen al adversario pero, como una rara paradoja del destino, ninguno de ellos puede acceder a la comuna, que se encuentra cerrada y con custodia policial. Mientras, ni la Justicia ni mucho menos el gobierno provincial logran hacerse cargo de la crisis que amenaza con agudizarse en los próximos días.
Virtualmente abandonados a su suerte, los sufridos pobladores de Las Coloradas esperan por una resolución al conflicto que los mantiene en vilo desde hace meses. A esta altura, una salida consensuada parece casi imposible ya que tanto Massini como Troncoso no están dispuestos a ceder un centímetro en sus aspiraciones.
"El intendente soy yo, no tengo por qué abandonar mi cargo ya que el proceso de destitución fue ilegal", disparó Massini, que resultara elegido con el 62% de los votos. Además advirtió que presentó un nuevo planteo ante el Tribunal Superior de Justicia en el que solicita una medida de no innovar.
Del otro lado, los concejales están convencidos de que la remoción se produjo de acuerdo con las normas legales frente a lo que consideran "graves irregularidades administrativas" cometidas por Massini, por lo cual Troncoso es la nueva autoridad del pueblo.
Entre los cargos que le imputan aparece una violación al artículo 3 de la ley 2.615. En este sentido, los ediles recordaron durante la sesión que terminó con la remoción de Massini que se utilizaron recursos que tenían fines específicos para el pago de deudas y salarios de los trabajadores.
Según la acusación, deudas con una empresa de transporte local y con un supermercado, cuyo importe superaba largamente los 30.000 pesos, fueron canceladas con estas partidas. La otra causa penal advierte sobre irregularidades en violación a la ley 2.141 de administración financiera y de recursos donde se habrían registrado contrataciones ilegales para el transporte de personas. También lo acusan de emitir cheques sin fondos en "reiteradas oportunidades".
"Son mentiras que utilizaron políticamente mis adversarios con el aval de algún pícaro funcionario de segunda línea del gobierno provincial que pretende sacar algún tipo de ventaja con esta situación", replicó Massini.
Lo cierto es que el municipio mantendrá sus puertas cerradas al menos hasta el 14 de febrero próximo, fecha en la finaliza el asueto decretado por el intendente a principios de este mes. El conflicto podría desmadrarse definitivamente si no se cancelan los salarios de los trabajadores y los planes asistenciales en el transcurso de los próximos días.
http://www.rionegro.com.ar/diario/2010/01/28/1264644975123.php
LAS COLORADAS (AZ).- Esta pequeña localidad de 1.500 almas tiene dos intendentes y ambos pertenecen al Movimiento Popular Neuquino. Daniel Massini y Esther Troncoso se atribuyen el poder y desconocen al adversario pero, como una rara paradoja del destino, ninguno de ellos puede acceder a la comuna, que se encuentra cerrada y con custodia policial. Mientras, ni la Justicia ni mucho menos el gobierno provincial logran hacerse cargo de la crisis que amenaza con agudizarse en los próximos días.
Virtualmente abandonados a su suerte, los sufridos pobladores de Las Coloradas esperan por una resolución al conflicto que los mantiene en vilo desde hace meses. A esta altura, una salida consensuada parece casi imposible ya que tanto Massini como Troncoso no están dispuestos a ceder un centímetro en sus aspiraciones.
"El intendente soy yo, no tengo por qué abandonar mi cargo ya que el proceso de destitución fue ilegal", disparó Massini, que resultara elegido con el 62% de los votos. Además advirtió que presentó un nuevo planteo ante el Tribunal Superior de Justicia en el que solicita una medida de no innovar.
Del otro lado, los concejales están convencidos de que la remoción se produjo de acuerdo con las normas legales frente a lo que consideran "graves irregularidades administrativas" cometidas por Massini, por lo cual Troncoso es la nueva autoridad del pueblo.
Entre los cargos que le imputan aparece una violación al artículo 3 de la ley 2.615. En este sentido, los ediles recordaron durante la sesión que terminó con la remoción de Massini que se utilizaron recursos que tenían fines específicos para el pago de deudas y salarios de los trabajadores.
Según la acusación, deudas con una empresa de transporte local y con un supermercado, cuyo importe superaba largamente los 30.000 pesos, fueron canceladas con estas partidas. La otra causa penal advierte sobre irregularidades en violación a la ley 2.141 de administración financiera y de recursos donde se habrían registrado contrataciones ilegales para el transporte de personas. También lo acusan de emitir cheques sin fondos en "reiteradas oportunidades".
"Son mentiras que utilizaron políticamente mis adversarios con el aval de algún pícaro funcionario de segunda línea del gobierno provincial que pretende sacar algún tipo de ventaja con esta situación", replicó Massini.
Lo cierto es que el municipio mantendrá sus puertas cerradas al menos hasta el 14 de febrero próximo, fecha en la finaliza el asueto decretado por el intendente a principios de este mes. El conflicto podría desmadrarse definitivamente si no se cancelan los salarios de los trabajadores y los planes asistenciales en el transcurso de los próximos días.
http://www.rionegro.com.ar/diario/2010/01/28/1264644975123.php
Una causa con las puertas abiertas
El caso de La Casita Azul es paradigmático en Mar del Plata. Sus dueños fueron detenidos con prisión preventiva domiciliaria. Sin embargo, el juez no ordenó que fuera clausurado. La causa es una más de las 45 que avanzan a los tumbos.
Por Carlos Rodríguez
Desde Mar del Plata
Durante seis horas, el fiscal general de Mar del Plata, Daniel Adler, escuchó el relato de los dos hombres que realizaron los videos que aportan pruebas sobre la existencia de 92 prostíbulos en esta ciudad. Luego de declarar, ambos quedaron bajo el sistema de protección de testigos. Gustavo Vera, dirigente de La Alameda que viene motorizando la investigación de la trata de personas en distintos lugares del país, le dijo a Página/12 que estuvieron reunidos con el fiscal Adler, quien admitió que las 45 causas abiertas con anterioridad a la denuncia de la entidad “avanzan en forma muy lenta y con muchas dificultades”. Uno de los casos paradigmáticos es el del prostíbulo conocido como La Casita Azul, en 20 de Septiembre 57, que sigue abierto a pesar de que sus dueños se encuentran detenidos y con prisión preventiva.
“Una cosa que nos llamó la atención es que el fiscal nos dijo que el gobierno municipal de Mar del Plata nunca ordenó ningún tipo de allanamiento contra los lugares identificados en los que se explota a mujeres. Es curioso porque, supongamos que no puedan actuar en lo que se refiere a la ley de profilaxis, porque eso depende de la Justicia, pero sí lo tienen que hacer para determinar qué tipo de actividad comercial realizan esos lugares que son publicitados en la prensa local.” Todos los días se publican unos 400 avisos en el diario La Capital que promocionan las casas de citas y que ofrecen trabajo bien remunerado a mujeres y travestis.
Tanto Vera como el abogado Mario Fernando Ganora esperan ahora que se realicen allanamientos judiciales en los 92 lugares denunciados. Se cree que en Mar del Plata hay unos 400 prostíbulos en los que son explotadas y esclavizadas unas cuatro mil mujeres. El fiscal Adler, en la reunión con Vera, expresó su preocupación porque todavía siguen abiertos algunos lugares, como La Casita Azul, a pesar de que hubo un pedido expreso de los fiscales de las distintas causas para que fueran clausurados de inmediato todos los departamentos y casas que funcionaban como prostíbulos. “Es evidente que hay jueces, además de los funcionarios policiales, que no ponen la firmeza que hay que poner”, subrayó Vera.
En el caso de La Casita Azul, los principales acusados en la causa son una mujer, Graciela Carabajal, su hijo Cristian, y un hombre al que, en la información a la que tuvo acceso Página/12, sólo se lo menciona como Eduardo, quien sería el concubino de la propietaria. Los tres se encuentran con prisión preventiva domiciliaria en una casa de la calle Remolcador Guaraní.
En la causa también hay otros cuatro hombres imputados. Los acusados principales fueron señalados como responsables de haber reclutado a un grupo de mujeres paraguayas y dominicanas “con fines de explotación sexual, abusando de la situación de vulnerabilidad” en la que ellas se encontraban, “hecho que resulta agravado en atención a la cantidad de víctimas (más de tres) y por haber sido cometido por tres o más personas en forma organizada”.
Está probado, para la Justicia, que en La Casita Azul las víctimas fueron retenidas y obligadas a prostituirse “perdiendo de modo considerable la libertad de elección y de decisión respecto de continuar, cesar o alejarse” de la actividad sexual que debían realizar. Una de las mujeres declaró que vivía en Paraguay con sus padres y una tía, que trabajaba como empleada doméstica y también se dedicaba a cuidar niños. Como es madre de tres chicos, a los que tuvo que dejar al cuidado de sus familiares, viajó a Mar del Plata en enero de 2009 porque atravesaba por “una difícil situación económica”. Comenzó a trabajar en La Casita Azul junto con otras chicas que como ella “duermen en las mismas habitaciones en las que trabajan”.
En forma semanal debían depositar por mandato de los propietarios la suma de “ciento treinta pesos para pagar el alquiler, la luz, comprar profilácticos y papel higiénico”. Al principio dejaban el 60 por ciento de lo que recaudaban. Ese porcentaje quedaba en manos de los proxenetas. Según la fiscalía, el encargado de retener el dinero era Cristian, el hijo de la dueña del local. Las prisiones preventivas de los imputados fueron ordenadas por el juez Rodolfo Pradas y confirmadas luego por la Cámara de Apelaciones. Los delitos quedaron al descubierto, luego de que se dispusieran tareas de inteligencia mediante “un dispositivo de vigilancia especial de modo fijo y dinámico, obteniéndose filmaciones y fotografías” de la actividad que allí se desarrollaba.
A través de la realización de escuchas telefónicas se pudo constatar la presencia de otros cuatro hombres que colaboraban con los responsables del prostíbulo. Lo curioso es que el juez Prados, al igual que otros magistrados que actúan en causas por los mismos delitos, nunca tomó la decisión de clausurar el local, que sigue activo. Esto a pesar de la recomendación de la Fiscalía General para que se pida el cierre de los prostíbulos teniendo en cuenta “la gravedad del delito de trata de personas y en especial, la situación en la que se encuentran inmersas quienes resultan víctimas de él, las que ven gravemente lesionada su dignidad”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-139166-2010-01-28.html
Por Carlos Rodríguez
Desde Mar del Plata
Durante seis horas, el fiscal general de Mar del Plata, Daniel Adler, escuchó el relato de los dos hombres que realizaron los videos que aportan pruebas sobre la existencia de 92 prostíbulos en esta ciudad. Luego de declarar, ambos quedaron bajo el sistema de protección de testigos. Gustavo Vera, dirigente de La Alameda que viene motorizando la investigación de la trata de personas en distintos lugares del país, le dijo a Página/12 que estuvieron reunidos con el fiscal Adler, quien admitió que las 45 causas abiertas con anterioridad a la denuncia de la entidad “avanzan en forma muy lenta y con muchas dificultades”. Uno de los casos paradigmáticos es el del prostíbulo conocido como La Casita Azul, en 20 de Septiembre 57, que sigue abierto a pesar de que sus dueños se encuentran detenidos y con prisión preventiva.
“Una cosa que nos llamó la atención es que el fiscal nos dijo que el gobierno municipal de Mar del Plata nunca ordenó ningún tipo de allanamiento contra los lugares identificados en los que se explota a mujeres. Es curioso porque, supongamos que no puedan actuar en lo que se refiere a la ley de profilaxis, porque eso depende de la Justicia, pero sí lo tienen que hacer para determinar qué tipo de actividad comercial realizan esos lugares que son publicitados en la prensa local.” Todos los días se publican unos 400 avisos en el diario La Capital que promocionan las casas de citas y que ofrecen trabajo bien remunerado a mujeres y travestis.
Tanto Vera como el abogado Mario Fernando Ganora esperan ahora que se realicen allanamientos judiciales en los 92 lugares denunciados. Se cree que en Mar del Plata hay unos 400 prostíbulos en los que son explotadas y esclavizadas unas cuatro mil mujeres. El fiscal Adler, en la reunión con Vera, expresó su preocupación porque todavía siguen abiertos algunos lugares, como La Casita Azul, a pesar de que hubo un pedido expreso de los fiscales de las distintas causas para que fueran clausurados de inmediato todos los departamentos y casas que funcionaban como prostíbulos. “Es evidente que hay jueces, además de los funcionarios policiales, que no ponen la firmeza que hay que poner”, subrayó Vera.
En el caso de La Casita Azul, los principales acusados en la causa son una mujer, Graciela Carabajal, su hijo Cristian, y un hombre al que, en la información a la que tuvo acceso Página/12, sólo se lo menciona como Eduardo, quien sería el concubino de la propietaria. Los tres se encuentran con prisión preventiva domiciliaria en una casa de la calle Remolcador Guaraní.
En la causa también hay otros cuatro hombres imputados. Los acusados principales fueron señalados como responsables de haber reclutado a un grupo de mujeres paraguayas y dominicanas “con fines de explotación sexual, abusando de la situación de vulnerabilidad” en la que ellas se encontraban, “hecho que resulta agravado en atención a la cantidad de víctimas (más de tres) y por haber sido cometido por tres o más personas en forma organizada”.
Está probado, para la Justicia, que en La Casita Azul las víctimas fueron retenidas y obligadas a prostituirse “perdiendo de modo considerable la libertad de elección y de decisión respecto de continuar, cesar o alejarse” de la actividad sexual que debían realizar. Una de las mujeres declaró que vivía en Paraguay con sus padres y una tía, que trabajaba como empleada doméstica y también se dedicaba a cuidar niños. Como es madre de tres chicos, a los que tuvo que dejar al cuidado de sus familiares, viajó a Mar del Plata en enero de 2009 porque atravesaba por “una difícil situación económica”. Comenzó a trabajar en La Casita Azul junto con otras chicas que como ella “duermen en las mismas habitaciones en las que trabajan”.
En forma semanal debían depositar por mandato de los propietarios la suma de “ciento treinta pesos para pagar el alquiler, la luz, comprar profilácticos y papel higiénico”. Al principio dejaban el 60 por ciento de lo que recaudaban. Ese porcentaje quedaba en manos de los proxenetas. Según la fiscalía, el encargado de retener el dinero era Cristian, el hijo de la dueña del local. Las prisiones preventivas de los imputados fueron ordenadas por el juez Rodolfo Pradas y confirmadas luego por la Cámara de Apelaciones. Los delitos quedaron al descubierto, luego de que se dispusieran tareas de inteligencia mediante “un dispositivo de vigilancia especial de modo fijo y dinámico, obteniéndose filmaciones y fotografías” de la actividad que allí se desarrollaba.
A través de la realización de escuchas telefónicas se pudo constatar la presencia de otros cuatro hombres que colaboraban con los responsables del prostíbulo. Lo curioso es que el juez Prados, al igual que otros magistrados que actúan en causas por los mismos delitos, nunca tomó la decisión de clausurar el local, que sigue activo. Esto a pesar de la recomendación de la Fiscalía General para que se pida el cierre de los prostíbulos teniendo en cuenta “la gravedad del delito de trata de personas y en especial, la situación en la que se encuentran inmersas quienes resultan víctimas de él, las que ven gravemente lesionada su dignidad”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-139166-2010-01-28.html
miércoles, 27 de enero de 2010
El balance de “otro mundo posible”
Por Emir Sader *
A diez años de Seattle y del primer Foro Social Mundial, el balance que se hace necesario es el de la lucha por “otro mundo posible”. El balance del FSM no debe ser de los foros, sino de los objetivos que se propusieron cuando comenzamos a organizarlos. Otra visión sería víctima del corporativismo, de la creencia de que la evolución interna de una organización es la historia política de esa organización. Un balance del FSM no es un balance de la situación de las ONG o de los movimientos sociales. Por el contrario, éstos deben ser evaluados en función de lo que hayan contribuido a la construcción de “otro mundo posible”.
Por eso, la referencia para establecer como parámetro de análisis es la circunstancia para la creación de “otro mundo posible”. Hace una década, el neoliberalismo reinaba como modelo hegemónico, sea a escala mundial, sea en América latina. De la primera generación de mandatarios que lo personificaban –Reagan, Thatcher– a la segunda –Clinton, Blair– el consenso de la extrema derecha se amplió, absorbiendo a las corrientes alternativas a ella: los demócratas norteamericanos, los laboristas ingleses. Más acá en el continente, al extremismo de la derecha de Pinochet se sumaron formas nacionalistas –como el peronismo de Menem y los gobiernos del PRI mexicano–, así como los socialdemócratas, como los socialistas chilenos, AD de Venezuela y los tucanos brasileños.
Nuestras sociedades fueron profunda y extensamente transformadas de acuerdo con esa receta, los Estados nacionales achicados; los patrimonios públicos privatizados, los derechos sociales recortados, el capital especulativo incentivado. En consecuencia, se generó un aumento brutal de las desigualdades, de la concentración de la riqueza, de la exclusión de los derechos de la mayoría de la población, del empobrecimiento generalizado de las sociedades y de los Estados.
Diez años después, continúa la hegemonía conservadora en el mundo, incluso cuando está debilitada su legitimidad. Una diferencia sustancial se dio en América latina, donde varios gobiernos, con diferencias entre sí, pusieron en práctica políticas contrapuestas al modelo neoliberal, después de haber sido una región de dominio conservador, con la mayor cantidad y las modalidades más radicales de gobiernos neoliberales.
La región presenta hoy los procesos de integración regional más importantes en contraste con los Tratados de Libre Comercio propuestos por el neoliberalismo. El gran proyecto norteamericano, que buscaba extender el libre comercio a todo el continente –el ALCA– fracasó y, en su lugar, se fortaleció el Mercosur, surgieron el Banco del Sur, el Consejo Sudamericano de Defensa, Unasur, el ALBA, entre otras iniciativas. Son espacios alternativos en que se desarrollaron, en distintos niveles, formas de intercambio privilegiado entre los países de la región, acompañadas de la diversificación del comercio internacional de los países que participaron de ella.
Al mismo tiempo, como alternativa al privilegio de los ajustes fiscales se desa-rrollaron políticas sociales que mejoraron significativamente el nivel de vida y disminuyeron los grados de desigualdad en el continente de mayor desigualdad del mundo. Los mercados internos de consumo popular se ampliaron y profundizaron.
La combinación de los tres elementos (diversificación del comercio internacional, con disminución del peso del centro capitalista y el aumento importante del peso de los intercambios del Sur del mundo; intensificación sustantiva del comercio entre los países de la región y expansión, inclusive durante la crisis, del mercado interno de consumo popular) hizo que los países incorporados a los procesos de integración regional resistieran mucho mejor los duros efectos de la crisis y varios de ellos volvieran a crecer.
Por otro lado, los proyectos como los de alfabetización –que hicieron que Venezuela, Bolivia y Ecuador se sumaran a Cuba como países libres de analfabetismo en la región–; de formación de varias generaciones de médicos de pobres en el continente por las Escuelas Latinoamericanas de Medicina en Cuba y en Venezuela –de recuperación de la vista de más de dos millones de personas con la Operación Milagro– demostraron que es en la esfera pública y no en la mercantil donde se recuperan los derechos esenciales.
Los intercambios solidarios dentro del ALBA son ejemplos concretos del “comercio justo” impulsado por el FSM desde sus inicios, en espacios con criterios sobre las posibilidades y las necesidades de cada país en contraposición clara a las normas del mercado, del libre comercio y de la Organización Mundial del Comercio.
Sin ir más lejos, una evaluación del FSM tiene que hacerse en función de sus contribuciones a la construcción de alternativas al neoliberalismo, del “otro mundo posible”. Es también indispensable comprender que ese movimiento pasó de la etapa de la resistencia –predominante en la última década del siglo pasado– a la fase de la construcción de alternativas. Una visión de “autonomía de los movimientos sociales” tuvo vigencia en la primera etapa, pero cuando se intentó extenderla a la década siguiente se cometieron errores.
El movimiento más significativo actual de construcción de alternativas es el de Bolivia: fue la fundación del MAS por parte de los movimientos sociales a partir de la conciencia de que después de derrumbar varios presidentes iban a constituir un partido, a disputar unas elecciones y a elegir como presidente a Evo Morales. Retomaron los lazos con la esfera política a través de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, pasando a la refundación del Estado boliviano.
Otros movimientos que mantuvieron una visión equivocada y corporativa de “autonomía” o se aislaron, o prácticamente desaparecieron de la escena política. Esa “autonomía” si fuera –como ocurría anteriormente– en relación con las políticas de subordinación de clases, tenía sentido. Pero si se trata de una autonomía en relación con la política, el Estado, la lucha por una nueva hegemonía, es un concepto corporativo, adaptado a las condiciones de la resistencia, equivocado cuando se trata de construir las condiciones de construcción de hegemonías alternativas.
En el FSM de Belén fue posible constatar, con la presencia de cinco presidentes latinoamericanos comprometidos, con formas distintas de construcción de alternativas al neoliberalismo, cuánto avanzó en tener reconocimiento la lucha que se inició hace diez años. Ya el FSM decepcionó. No se elaboraron propuestas para encarar la crisis económica. No se hicieron balances o discusiones con ésos u otros gobiernos, junto a los movimientos sociales para discutir las contribuciones que tenían y los problemas pendientes.
En suma, al tener a las ONG como protagonistas, al autolimitarse a la esfera social, al cerrar los ojos a los gobiernos que están avanzando en proyectos superadores del neoliberalismo, al no encarar el tema de las guerras –y con ellas, el imperialismo–, el FSM fue perdiendo trascendencia, convirtiéndose en un encuentro para el intercambio de experiencias.
El balance, por lo menos en América latina, de la lucha por “otro mundo posible” es muy positivo considerando el entorno conservador predominante en el mundo. Ya el FSM se quedó girando en falso, sin capacidad de acompañar esos avances en los temas de la hegemonía imperial, entre ellos, los epicentros de la guerra imperial en el mundo –Irak, Afganistán, Palestina, Colombia–.
* Secretario ejecutivo de Clacso.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-139111-2010-01-27.html
A diez años de Seattle y del primer Foro Social Mundial, el balance que se hace necesario es el de la lucha por “otro mundo posible”. El balance del FSM no debe ser de los foros, sino de los objetivos que se propusieron cuando comenzamos a organizarlos. Otra visión sería víctima del corporativismo, de la creencia de que la evolución interna de una organización es la historia política de esa organización. Un balance del FSM no es un balance de la situación de las ONG o de los movimientos sociales. Por el contrario, éstos deben ser evaluados en función de lo que hayan contribuido a la construcción de “otro mundo posible”.
Por eso, la referencia para establecer como parámetro de análisis es la circunstancia para la creación de “otro mundo posible”. Hace una década, el neoliberalismo reinaba como modelo hegemónico, sea a escala mundial, sea en América latina. De la primera generación de mandatarios que lo personificaban –Reagan, Thatcher– a la segunda –Clinton, Blair– el consenso de la extrema derecha se amplió, absorbiendo a las corrientes alternativas a ella: los demócratas norteamericanos, los laboristas ingleses. Más acá en el continente, al extremismo de la derecha de Pinochet se sumaron formas nacionalistas –como el peronismo de Menem y los gobiernos del PRI mexicano–, así como los socialdemócratas, como los socialistas chilenos, AD de Venezuela y los tucanos brasileños.
Nuestras sociedades fueron profunda y extensamente transformadas de acuerdo con esa receta, los Estados nacionales achicados; los patrimonios públicos privatizados, los derechos sociales recortados, el capital especulativo incentivado. En consecuencia, se generó un aumento brutal de las desigualdades, de la concentración de la riqueza, de la exclusión de los derechos de la mayoría de la población, del empobrecimiento generalizado de las sociedades y de los Estados.
Diez años después, continúa la hegemonía conservadora en el mundo, incluso cuando está debilitada su legitimidad. Una diferencia sustancial se dio en América latina, donde varios gobiernos, con diferencias entre sí, pusieron en práctica políticas contrapuestas al modelo neoliberal, después de haber sido una región de dominio conservador, con la mayor cantidad y las modalidades más radicales de gobiernos neoliberales.
La región presenta hoy los procesos de integración regional más importantes en contraste con los Tratados de Libre Comercio propuestos por el neoliberalismo. El gran proyecto norteamericano, que buscaba extender el libre comercio a todo el continente –el ALCA– fracasó y, en su lugar, se fortaleció el Mercosur, surgieron el Banco del Sur, el Consejo Sudamericano de Defensa, Unasur, el ALBA, entre otras iniciativas. Son espacios alternativos en que se desarrollaron, en distintos niveles, formas de intercambio privilegiado entre los países de la región, acompañadas de la diversificación del comercio internacional de los países que participaron de ella.
Al mismo tiempo, como alternativa al privilegio de los ajustes fiscales se desa-rrollaron políticas sociales que mejoraron significativamente el nivel de vida y disminuyeron los grados de desigualdad en el continente de mayor desigualdad del mundo. Los mercados internos de consumo popular se ampliaron y profundizaron.
La combinación de los tres elementos (diversificación del comercio internacional, con disminución del peso del centro capitalista y el aumento importante del peso de los intercambios del Sur del mundo; intensificación sustantiva del comercio entre los países de la región y expansión, inclusive durante la crisis, del mercado interno de consumo popular) hizo que los países incorporados a los procesos de integración regional resistieran mucho mejor los duros efectos de la crisis y varios de ellos volvieran a crecer.
Por otro lado, los proyectos como los de alfabetización –que hicieron que Venezuela, Bolivia y Ecuador se sumaran a Cuba como países libres de analfabetismo en la región–; de formación de varias generaciones de médicos de pobres en el continente por las Escuelas Latinoamericanas de Medicina en Cuba y en Venezuela –de recuperación de la vista de más de dos millones de personas con la Operación Milagro– demostraron que es en la esfera pública y no en la mercantil donde se recuperan los derechos esenciales.
Los intercambios solidarios dentro del ALBA son ejemplos concretos del “comercio justo” impulsado por el FSM desde sus inicios, en espacios con criterios sobre las posibilidades y las necesidades de cada país en contraposición clara a las normas del mercado, del libre comercio y de la Organización Mundial del Comercio.
Sin ir más lejos, una evaluación del FSM tiene que hacerse en función de sus contribuciones a la construcción de alternativas al neoliberalismo, del “otro mundo posible”. Es también indispensable comprender que ese movimiento pasó de la etapa de la resistencia –predominante en la última década del siglo pasado– a la fase de la construcción de alternativas. Una visión de “autonomía de los movimientos sociales” tuvo vigencia en la primera etapa, pero cuando se intentó extenderla a la década siguiente se cometieron errores.
El movimiento más significativo actual de construcción de alternativas es el de Bolivia: fue la fundación del MAS por parte de los movimientos sociales a partir de la conciencia de que después de derrumbar varios presidentes iban a constituir un partido, a disputar unas elecciones y a elegir como presidente a Evo Morales. Retomaron los lazos con la esfera política a través de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, pasando a la refundación del Estado boliviano.
Otros movimientos que mantuvieron una visión equivocada y corporativa de “autonomía” o se aislaron, o prácticamente desaparecieron de la escena política. Esa “autonomía” si fuera –como ocurría anteriormente– en relación con las políticas de subordinación de clases, tenía sentido. Pero si se trata de una autonomía en relación con la política, el Estado, la lucha por una nueva hegemonía, es un concepto corporativo, adaptado a las condiciones de la resistencia, equivocado cuando se trata de construir las condiciones de construcción de hegemonías alternativas.
En el FSM de Belén fue posible constatar, con la presencia de cinco presidentes latinoamericanos comprometidos, con formas distintas de construcción de alternativas al neoliberalismo, cuánto avanzó en tener reconocimiento la lucha que se inició hace diez años. Ya el FSM decepcionó. No se elaboraron propuestas para encarar la crisis económica. No se hicieron balances o discusiones con ésos u otros gobiernos, junto a los movimientos sociales para discutir las contribuciones que tenían y los problemas pendientes.
En suma, al tener a las ONG como protagonistas, al autolimitarse a la esfera social, al cerrar los ojos a los gobiernos que están avanzando en proyectos superadores del neoliberalismo, al no encarar el tema de las guerras –y con ellas, el imperialismo–, el FSM fue perdiendo trascendencia, convirtiéndose en un encuentro para el intercambio de experiencias.
El balance, por lo menos en América latina, de la lucha por “otro mundo posible” es muy positivo considerando el entorno conservador predominante en el mundo. Ya el FSM se quedó girando en falso, sin capacidad de acompañar esos avances en los temas de la hegemonía imperial, entre ellos, los epicentros de la guerra imperial en el mundo –Irak, Afganistán, Palestina, Colombia–.
* Secretario ejecutivo de Clacso.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-139111-2010-01-27.html
martes, 26 de enero de 2010
Educando a los medios
El presidente Morales advirtió que elaborará una legislación para “educar” a los medios de comunicación, “así no mienten tanto”. Su gobierno estatizará las empresas de servicios eléctricos, así como las jubilaciones privadas.
Por Sebastián Ochoa
Desde La Paz
El presidente Evo Morales recibió a los medios en el Palacio Quemado, luego de que asumiera su segundo mandato y designara ministros hasta 2015. Destacó la participación “fifty-fifty” de hombres y mujeres en su gabinete, criticó la apertura del gobierno de Barack Obama para albergar a “delincuentes” como el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el ex presidenciable Manfred Reyes Villa. También advirtió que elaborará legislación para “educar” a los medios de comunicación, así no mienten tanto. En otras conferencias de prensa, los nuevos ministros recibieron las llaves de sus despachos. Adelantaron que estatizarán las empresas de servicios eléctricos, así como las jubilaciones privadas.
En algunos momentos, el micrófono del presidente se apagaba. “Alejen a los de Unitel y a los de PAT del enchufe”, bromeaba Morales cuando volvía a escucharse. Estos canales de televisión privados son considerados por el gobierno sus principales opositores. Sus dueños están vinculados con partidos de derecha que estuvieron en el poder hasta los primeros años de 2000. A Oswaldo Monasterios, accionista mayoritario de Unitel, el Estado le revirtió en diciembre pasado 2800 hectáreas porque no cumplían la Función Económica Social, es decir que no tenían uso productivo. Pero en Unitel nunca hablaron del tema.
No es la primera vez que Morales propone “educar” a los medios. El año pasado, cansado por el asedio de periodistas, les enrostró que parecían “pollitos”. A veces, de buen humor, iniciaba las conferencias de prensa con saludos para “los compañeros pío pío”. Pero ayer se refería a la obligación de informar con la verdad. “Tenemos que empezar a educarnos. Quisiera que la prensa sea otro control social, pero con argumentos. Por dignidad, hay que empezar a corregir y normar, para que todos nos basemos sobre las normas”, indicó Morales. En ningún momento habló de expropiar medios a la oposición, como reclaman desde las organizaciones sociales que apuntalan su mandato.
“Creo que deberíamos tener una nueva conducta en este proceso de cambio. En vez de estar mintiendo y calumniando, mejor si me ayudan a educar al pueblo. Vamos a normar para que no mientan, es por el bien de ustedes.” Según Morales, los periodistas deben ser capacitados en valores para dejar de defender al capitalismo y ponerse del bando de la “Madre Tierra”. El presidente evaluó que se trata de sentido común, ya que “no les va a servir la plata que ganan, porque el medioambiente se destrozará para todos”.
Morales sostuvo que la educación en la Policía y en las Fuerzas Armadas también cambiará. Advirtió que se los formará con una nueva doctrina, así comprenderán “que el enemigo es el capitalismo, no el socialismo”. El presidente dijo que los uniformados saben perseguir a dirigentes de movimientos sociales, pero se les escapan ex funcionarios acusados de delitos, ahora refugiados en Estados Unidos y Perú.
“Lamento mucho que el gobierno de Obama sea basurero de los delincuentes de Latinoamérica. No sé cómo va a dignificar su país, cuando los delincuentes están escapando a su país. Debiera estar expulsándolos. Si yo fuera Obama, por mi pueblo de Estados Unidos estaría expulsando a todos los delincuentes, igual Perú.” Morales también criticó la política intervencionista de Estados Unidos en Haití.
Morales destacó el “fifty-fifty, como dicen los ingleses” entre sus diez ministras y diez ministros. “Es algo que no pudieron hacer ni las compañeras Cristina Fernández de Kirchner en Argentina ni Michelle Bachelet en Chile. Entiendo que no es culpa de ellas, sino de nuestras sociedades. Muchos cuestionamientos he recibido en los sindicatos porque yo reclamaba más participación para las compañeras.”
El ministro de Hidrocarburos, Luis Vincenti, recibió del ex ministro los planes del gobierno para estatizar las empresas de electricidad, de acuerdo con la nueva Constitución.
Luis Arce, ministro de Economía, dijo al diario La Prensa que “la Constitución ordena una administración estatal de las pensiones y así va a ser”. Comentó que, de hecho, las Aseguradoras de Fondos de Pensión se mantienen con dinero del Tesoro General de la Nación (TGN), porque “los gobiernos neoliberales obligaron a las AFP a comprar títulos del TGN. Y las AFP, como vieron que era un buen negocio, voluntariamente también hacían inversiones”. “Por eso, la deuda del Estado con estas entidades creció hasta los 3200 millones de dólares. Con la nueva ley estamos sincerando las cosas. Si el TGN era el que dinamizaba las inversiones de las AFP, entonces pongamos normas y un administrador estatal”, dijo el ministro.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-139066-2010-01-26.html
Por Sebastián Ochoa
Desde La Paz
El presidente Evo Morales recibió a los medios en el Palacio Quemado, luego de que asumiera su segundo mandato y designara ministros hasta 2015. Destacó la participación “fifty-fifty” de hombres y mujeres en su gabinete, criticó la apertura del gobierno de Barack Obama para albergar a “delincuentes” como el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el ex presidenciable Manfred Reyes Villa. También advirtió que elaborará legislación para “educar” a los medios de comunicación, así no mienten tanto. En otras conferencias de prensa, los nuevos ministros recibieron las llaves de sus despachos. Adelantaron que estatizarán las empresas de servicios eléctricos, así como las jubilaciones privadas.
En algunos momentos, el micrófono del presidente se apagaba. “Alejen a los de Unitel y a los de PAT del enchufe”, bromeaba Morales cuando volvía a escucharse. Estos canales de televisión privados son considerados por el gobierno sus principales opositores. Sus dueños están vinculados con partidos de derecha que estuvieron en el poder hasta los primeros años de 2000. A Oswaldo Monasterios, accionista mayoritario de Unitel, el Estado le revirtió en diciembre pasado 2800 hectáreas porque no cumplían la Función Económica Social, es decir que no tenían uso productivo. Pero en Unitel nunca hablaron del tema.
No es la primera vez que Morales propone “educar” a los medios. El año pasado, cansado por el asedio de periodistas, les enrostró que parecían “pollitos”. A veces, de buen humor, iniciaba las conferencias de prensa con saludos para “los compañeros pío pío”. Pero ayer se refería a la obligación de informar con la verdad. “Tenemos que empezar a educarnos. Quisiera que la prensa sea otro control social, pero con argumentos. Por dignidad, hay que empezar a corregir y normar, para que todos nos basemos sobre las normas”, indicó Morales. En ningún momento habló de expropiar medios a la oposición, como reclaman desde las organizaciones sociales que apuntalan su mandato.
“Creo que deberíamos tener una nueva conducta en este proceso de cambio. En vez de estar mintiendo y calumniando, mejor si me ayudan a educar al pueblo. Vamos a normar para que no mientan, es por el bien de ustedes.” Según Morales, los periodistas deben ser capacitados en valores para dejar de defender al capitalismo y ponerse del bando de la “Madre Tierra”. El presidente evaluó que se trata de sentido común, ya que “no les va a servir la plata que ganan, porque el medioambiente se destrozará para todos”.
Morales sostuvo que la educación en la Policía y en las Fuerzas Armadas también cambiará. Advirtió que se los formará con una nueva doctrina, así comprenderán “que el enemigo es el capitalismo, no el socialismo”. El presidente dijo que los uniformados saben perseguir a dirigentes de movimientos sociales, pero se les escapan ex funcionarios acusados de delitos, ahora refugiados en Estados Unidos y Perú.
“Lamento mucho que el gobierno de Obama sea basurero de los delincuentes de Latinoamérica. No sé cómo va a dignificar su país, cuando los delincuentes están escapando a su país. Debiera estar expulsándolos. Si yo fuera Obama, por mi pueblo de Estados Unidos estaría expulsando a todos los delincuentes, igual Perú.” Morales también criticó la política intervencionista de Estados Unidos en Haití.
Morales destacó el “fifty-fifty, como dicen los ingleses” entre sus diez ministras y diez ministros. “Es algo que no pudieron hacer ni las compañeras Cristina Fernández de Kirchner en Argentina ni Michelle Bachelet en Chile. Entiendo que no es culpa de ellas, sino de nuestras sociedades. Muchos cuestionamientos he recibido en los sindicatos porque yo reclamaba más participación para las compañeras.”
El ministro de Hidrocarburos, Luis Vincenti, recibió del ex ministro los planes del gobierno para estatizar las empresas de electricidad, de acuerdo con la nueva Constitución.
Luis Arce, ministro de Economía, dijo al diario La Prensa que “la Constitución ordena una administración estatal de las pensiones y así va a ser”. Comentó que, de hecho, las Aseguradoras de Fondos de Pensión se mantienen con dinero del Tesoro General de la Nación (TGN), porque “los gobiernos neoliberales obligaron a las AFP a comprar títulos del TGN. Y las AFP, como vieron que era un buen negocio, voluntariamente también hacían inversiones”. “Por eso, la deuda del Estado con estas entidades creció hasta los 3200 millones de dólares. Con la nueva ley estamos sincerando las cosas. Si el TGN era el que dinamizaba las inversiones de las AFP, entonces pongamos normas y un administrador estatal”, dijo el ministro.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-139066-2010-01-26.html
La Justicia dispuso medida de no innovar
CONFLICTO POR TIERRAS EN LA ANGOSTURA.
Frena cualquier tipo de acción sobre un sitio religioso de la comunidad mapuche dentro de un predio que está en litigio. La resolución fue dictada por un Juzgado Multifueros de la localidad.
Referentes de Derechos Humanos y el Inadi pidieron al gobierno provincial que "desmilitarice la zona".
Neuquén > La Justicia neuquina dispuso una medida de no innovar para resguardar el sitio sagrado que la comunidad mapuche Paichil-Antriao posee sobre un predio reclamado por un privado -William Fischer- que está en litigio desde diciembre pasado, en el cerro Belvedere. La disposición judicial congela así cualquier acción que pudiera ejecutarse sobre lo que los pueblos originarios denominan "rehue".
Según informó Juan Manuel Salgado, el abogado que patrocina a la Confederación Mapuche y a los Paichil-Antriao, el dictamen responde a una medida cautelar solicitada por la comunidad mapuche en el marco de un juicio por la propiedad de la tierra que inició la misma contra Fisher, un ciudadano estadounidense, en diciembre pasado.
La medida de no innovar fue dictada el viernes por el Juzgado Multifueros de Villa La Angostura y notificada durante el fin de semana pasado. Salgado aseguró que la disposición ya se está aplicando y que mañana está previsto que el juez de feria -Federico Sommer- realice una inspección ocular en el lugar para determinar la extensión del sitio sagrado.
"La comunidad está muy preocupada porque el rehue está en peligro. Se vive una situación de atropello sobre un espacio sagrado al que ni siquiera podemos tener acceso", sostuvo Pichiñan, del Consejo de Patentación Indígena, al participar de una conferencia de prensa en la capital neuquina.
El encuentro también convocó a Salgado, a Gustavo García, delegado del Inadi, a Beatriz Gentile, delegada de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos y a Gabriel Rafart, titular del Observatorio que entiende en esta materia.
Escenario
En una recorrida por el lugar, efectuada el sábado pasado junto a García y Rafart, Gentile advirtió que la zona está "militarizada" y que la comunidad mapuche sufre una especie de "arresto domiciliario de hecho".
Además comentó que les prohibieron el ingreso al predio donde se encuentra el "rehue" y que las intimidaciones que sufren las familias mapuches van del "amedrentamiento verbal hasta los disparos en la noche y persecuciones en el bosque". (Ver recuadro)
Según la comunidad, hay 70 uniformados. "Algunos son locales y otros pertenecen a fuerzas especiales por el tipo de uniforme y arma que llevan", comentó Rafart, quien agregó: "Las irregularidades que observamos no se corresponden con un Estado de derecho".
Por eso solicitaron al gobierno provincial que en lo inmediato desmilitarice la zona; retire a la Policía y restituya el Estado de derecho. A tal efecto remitieron ayer dos notas: una al ministro de Gobierno, Trabajo, Justicia y Derechos Humanos, Jorge Tobares, y la otra al secretario de Estado de Seguridad, Guillermo Pellini. "Los que tienen en su mano la resolución del conflicto son las autoridades de la provincia", expresó Gentile.
También elevarán un informe a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y al ámbito de la Unión Europea; en tanto que se recomendará al Inadi que haga caer al municipio de la villa del programa de ciudades libres de discriminación, de seguir en una actitud que perjudica a las familias mapuches.
Litigio
Además de dar a conocer el fallo de la Justicia, advirtieron que el predio en litigio pertenece a la comunidad mapuche desde la época de Mariano Moreno, que hay documentación que lo prueba y que data de 1902.
"Fisher tiene una escritura pública pero no posesión. Y de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos la posesión de las comunidades es superior al título del Código Civil", aclaró Salgado.
El problema es que la provincia "no reconoce la propiedad de los Paichil-Antriao. Por eso no realiza el relevamiento territorial que la Ley Nacional 26.660 prevé, la que a su vez prohíbe los desalojos", señaló Gentile.
Sobre esta normativa, la funcionaria tildó de "ilegal" el desalojo producido en diciembre pasado contra algunos miembros de la comunidad. Salgado consideró lo mismo y dijo: "Las familias mapuches fueron desalojadas del predio en litigio sin haber sido parte".
http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2010/1/26/53015.php
Frena cualquier tipo de acción sobre un sitio religioso de la comunidad mapuche dentro de un predio que está en litigio. La resolución fue dictada por un Juzgado Multifueros de la localidad.
Referentes de Derechos Humanos y el Inadi pidieron al gobierno provincial que "desmilitarice la zona".
Neuquén > La Justicia neuquina dispuso una medida de no innovar para resguardar el sitio sagrado que la comunidad mapuche Paichil-Antriao posee sobre un predio reclamado por un privado -William Fischer- que está en litigio desde diciembre pasado, en el cerro Belvedere. La disposición judicial congela así cualquier acción que pudiera ejecutarse sobre lo que los pueblos originarios denominan "rehue".
Según informó Juan Manuel Salgado, el abogado que patrocina a la Confederación Mapuche y a los Paichil-Antriao, el dictamen responde a una medida cautelar solicitada por la comunidad mapuche en el marco de un juicio por la propiedad de la tierra que inició la misma contra Fisher, un ciudadano estadounidense, en diciembre pasado.
La medida de no innovar fue dictada el viernes por el Juzgado Multifueros de Villa La Angostura y notificada durante el fin de semana pasado. Salgado aseguró que la disposición ya se está aplicando y que mañana está previsto que el juez de feria -Federico Sommer- realice una inspección ocular en el lugar para determinar la extensión del sitio sagrado.
"La comunidad está muy preocupada porque el rehue está en peligro. Se vive una situación de atropello sobre un espacio sagrado al que ni siquiera podemos tener acceso", sostuvo Pichiñan, del Consejo de Patentación Indígena, al participar de una conferencia de prensa en la capital neuquina.
El encuentro también convocó a Salgado, a Gustavo García, delegado del Inadi, a Beatriz Gentile, delegada de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos y a Gabriel Rafart, titular del Observatorio que entiende en esta materia.
Escenario
En una recorrida por el lugar, efectuada el sábado pasado junto a García y Rafart, Gentile advirtió que la zona está "militarizada" y que la comunidad mapuche sufre una especie de "arresto domiciliario de hecho".
Además comentó que les prohibieron el ingreso al predio donde se encuentra el "rehue" y que las intimidaciones que sufren las familias mapuches van del "amedrentamiento verbal hasta los disparos en la noche y persecuciones en el bosque". (Ver recuadro)
Según la comunidad, hay 70 uniformados. "Algunos son locales y otros pertenecen a fuerzas especiales por el tipo de uniforme y arma que llevan", comentó Rafart, quien agregó: "Las irregularidades que observamos no se corresponden con un Estado de derecho".
Por eso solicitaron al gobierno provincial que en lo inmediato desmilitarice la zona; retire a la Policía y restituya el Estado de derecho. A tal efecto remitieron ayer dos notas: una al ministro de Gobierno, Trabajo, Justicia y Derechos Humanos, Jorge Tobares, y la otra al secretario de Estado de Seguridad, Guillermo Pellini. "Los que tienen en su mano la resolución del conflicto son las autoridades de la provincia", expresó Gentile.
También elevarán un informe a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y al ámbito de la Unión Europea; en tanto que se recomendará al Inadi que haga caer al municipio de la villa del programa de ciudades libres de discriminación, de seguir en una actitud que perjudica a las familias mapuches.
Litigio
Además de dar a conocer el fallo de la Justicia, advirtieron que el predio en litigio pertenece a la comunidad mapuche desde la época de Mariano Moreno, que hay documentación que lo prueba y que data de 1902.
"Fisher tiene una escritura pública pero no posesión. Y de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos la posesión de las comunidades es superior al título del Código Civil", aclaró Salgado.
El problema es que la provincia "no reconoce la propiedad de los Paichil-Antriao. Por eso no realiza el relevamiento territorial que la Ley Nacional 26.660 prevé, la que a su vez prohíbe los desalojos", señaló Gentile.
Sobre esta normativa, la funcionaria tildó de "ilegal" el desalojo producido en diciembre pasado contra algunos miembros de la comunidad. Salgado consideró lo mismo y dijo: "Las familias mapuches fueron desalojadas del predio en litigio sin haber sido parte".
http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2010/1/26/53015.php
lunes, 25 de enero de 2010
El Archivo Nacional de la Memoria entregó a la Justicia un listado con 4.300 agentes de la última dictadura
El Archivo Nacional de la Memoria (ANM), que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, presentó formalmente a la Justicia un listado de los 4300 agentes que formaron parte del Batallón de Inteligencia 601 durante la última dictadura militar.
La documentación fue entregada por el titular del Archivo Nacional de la Memoria, Ramón Torres Molina al magistrado federal Ariel Lijo, a cargo del Juzgado 4 que investiga las actividades del Batallón dependiente de la máxima jefatura del Ejército durante la dictadura.
"Es la primera entrega significativa que realiza el Archivo a partir del decreto del Poder Ejecutivo que ordenó la desclasificación de la información vinculada con el accionar de las fuerzas armadas en entre 1976 y 1983", destacó Torres Molina.
Las listas comprenden los nombres y apellidos de 1599 personas que se desempeñaron como Personal Civil de Inteligencia (PCI) en el Batallón 601 de Inteligencia, y de 2353 que se desempeñaron en distintos destacamentos y secciones de Inteligencia en diferentes ciudades del país.
Además de la lista de agentes civiles, el Archivo Nacional de la Memoria presentó también una lista de 345 personas que tenían grados militares y que se desempeñaron en el Batallón 601 de Inteligencia como así también en los distintos destacamentos y secciones de inteligencia de la Argentina.
Las investigaciones que permitieron la identificación del total del personal que desarrolló tareas en ese lugar fueron realizadas por la Unidad de Investigación del Terrorismo de Estado, que depende del Archivo Nacional de la Memoria.
Fuente: Archivo Nacional de la Memoria.
La documentación fue entregada por el titular del Archivo Nacional de la Memoria, Ramón Torres Molina al magistrado federal Ariel Lijo, a cargo del Juzgado 4 que investiga las actividades del Batallón dependiente de la máxima jefatura del Ejército durante la dictadura.
"Es la primera entrega significativa que realiza el Archivo a partir del decreto del Poder Ejecutivo que ordenó la desclasificación de la información vinculada con el accionar de las fuerzas armadas en entre 1976 y 1983", destacó Torres Molina.
Las listas comprenden los nombres y apellidos de 1599 personas que se desempeñaron como Personal Civil de Inteligencia (PCI) en el Batallón 601 de Inteligencia, y de 2353 que se desempeñaron en distintos destacamentos y secciones de Inteligencia en diferentes ciudades del país.
Además de la lista de agentes civiles, el Archivo Nacional de la Memoria presentó también una lista de 345 personas que tenían grados militares y que se desempeñaron en el Batallón 601 de Inteligencia como así también en los distintos destacamentos y secciones de inteligencia de la Argentina.
Las investigaciones que permitieron la identificación del total del personal que desarrolló tareas en ese lugar fueron realizadas por la Unidad de Investigación del Terrorismo de Estado, que depende del Archivo Nacional de la Memoria.
Fuente: Archivo Nacional de la Memoria.
Conferencia de Prensa sobre la represión y desalojo a comunidad mapuce de Villa La Angostura
Organismo nacionales y de la Unión Europea con delegaciones en la provincia del Neuquén pertenecientes a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el día LUNES 25 de ENERO a las 11 horas en el café “El patio de Franz” que se encuentra a metros de la Municipalidad de Neuquén sobre Avenida Argentina, darán una conferencia de prensa sobre el conflicto que se vive en Villa La Angostura entre la comunidad mapuce Paichil-Antriao.
En la conferencia de prensa, estarán presente Beatriz Gentile, Delegada de la Secretaria de DDHH de Nación, Gustavo García, Delegado del Inadi y Gabriel Rafart, Observatorio de DDHH.
Se pide la mayor DIFUSIÓN y se invita a todos los periodistas y medios de prensa.
Observatorio de DDHH-Sede Neuquén
observatorioddhhneuquen@yahoo.com.ar
En la conferencia de prensa, estarán presente Beatriz Gentile, Delegada de la Secretaria de DDHH de Nación, Gustavo García, Delegado del Inadi y Gabriel Rafart, Observatorio de DDHH.
Se pide la mayor DIFUSIÓN y se invita a todos los periodistas y medios de prensa.
Observatorio de DDHH-Sede Neuquén
observatorioddhhneuquen@yahoo.com.ar
Cómo explicar lo inexplicable
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado argentino un informe sobre la violenta represión contra los mapuches de Villa La Angostura, que fueron desplazados de sus tierras a la fuerza, para entregárselas a un inversor estadounidense.
Una porción del territorio que pertenece a la comunidad mapuche Paichil Antriao, instalada la mayor parte en el cerro Belvedere, en la ciudad neuquina de Villa La Angostura, se encuentra con presencia policial y, el último lunes, volvió a ser centro de un violento operativo de represión, esta vez en uno de sus lugares sagrados. El pasado 2 de diciembre, los habitantes de la comunidad sufrieron un violento desalojo, tal como lo informó Página/12. Desde ese momento, la presencia de la policía en tierra mapuche y sus intimidaciones se hicieron una constante. No obstante, hace unos diez días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó involucrarse en el asunto y pidió un informe al Estado argentino en el que se detalle la situación territorial y los actos de agresión denunciados. El Gobierno tenía plazo hasta el viernes para presentar la documentación, afirmó el abogado de la comunidad.
Las 625 hectáreas originarias de la comunidad Paichil Antriao, otorgadas a sus primeros pobladores a principios del siglo XX por el Gobierno nacional, fueron reducidas hasta llegar a 222. Sin embargo, hoy la comunidad mapuche pelea por conservar esa porción de tierra, ubicada la mayor parte en el cerro Belverede. El crecimiento de Villa La Angostura, especialmente el centro de su casco urbano, se hizo a expensas del territorio propiedad de los Paichil Antriao.
Una parte de esas 222 hectáreas mapuches que les pertenecen por escritura gubernamental, sin embargo, fue destinada por la Justicia al norteamericano William Fisher, “en un juicio en el que no se permitió la participación de la comunidad mapuche”, explicó a Página/12 su abogado, Juan Manuel Salgado. Desde ese momento, y ante el incumplimiento de la ley nacional 26.160 –que prohíbe el desalojo de las comunidades indígenas– y de los tratados internacionales, el Lof y la Confederación Mapuche de Neuquén efectuaron las denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisión se expidió el 12 de enero pasado, otorgando 10 días al gobierno nacional para que enviara un informe que especifique, según la notificación, “las medidas que se han tomado respecto de los actos de agresión denunciados (...)”. Otro punto es si se ha cumplido o no con la ley nacional 26.160. Y por último, se solicita “el estado de la revisión territorial para formalizar la titulación de la Comunidad (...)”. Sin embargo, “el relevamiento del territorio que corresponde a los indígenas –a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)– debería haberse terminado a fines de 2009, pero aún no se empezó”, aseguró Salgado. “Esto sucede porque el gobierno provincial pone todos los obstáculos legales y políticos”, ya que el relevamiento “implicaría hacer una historia de cómo se fueron entregando las tierras”, aseguró.
Tal como lo publicó este diario, alrededor de 70 efectivos policiales, el 2 de diciembre, se hicieron presentes en el cerro Belvedere para hacer cumplir la orden de desalojo, dictada por el juez Jorge Videla, del Juzgado Multifueros. Este episodio –y más que el episodio, los propios mapuches– quedó marcado por la violencia policial, que arrasó con viviendas y mapuches. Desde ese momento, la comunidad convive con una presencia policial constante en el lugar, que desató “dos ataques más”, según informó Amandina Gutiérrez, una de las integrantes de la comunidad.
El cuarto y último episodio sucedió el pasado lunes, cuando la comunidad fue a defender uno de sus lugares sagrados, el Rewe, donde los antiguos pobladores hacían sus ceremonias. Cuando se enteraron de que Fisher había instalado en él maquinarias para la remoción del suelo y la apertura de caminos, los pobladores decidieron protegerlo. Presentaron un hábeas corpus en el Juzgado Multifuero, que posteriormente fue rechazado. “Luego –explicó Gutiérrez–, nos dirigimos al lugar para dialogar y explicarles la importancia de ese espacio, que no debe ser tocado de ninguna forma.” Pero “nos dieron cinco minutos para dejar el lugar y después fuimos sacados por la policía local y efectivos de Grupos Especiales, utilizando balas de goma”. Al día siguiente, las máquinas de Fisher siguieron trabajando durante todo la jornada en “la destrucción de ese sitio histórico”, aseguró María Isabel Huala, otra mujer de la comunidad.
En medio de estos continuos atropellos, la comunidad Paichil Antriao exige la efectiva intervención del Estado, al que exige el inmediato cese de la criminalización, hostigamiento, represión y despojo de sus tierras.
Informe: Rocío Ilama.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-139015-2010-01-25.html
Una porción del territorio que pertenece a la comunidad mapuche Paichil Antriao, instalada la mayor parte en el cerro Belvedere, en la ciudad neuquina de Villa La Angostura, se encuentra con presencia policial y, el último lunes, volvió a ser centro de un violento operativo de represión, esta vez en uno de sus lugares sagrados. El pasado 2 de diciembre, los habitantes de la comunidad sufrieron un violento desalojo, tal como lo informó Página/12. Desde ese momento, la presencia de la policía en tierra mapuche y sus intimidaciones se hicieron una constante. No obstante, hace unos diez días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó involucrarse en el asunto y pidió un informe al Estado argentino en el que se detalle la situación territorial y los actos de agresión denunciados. El Gobierno tenía plazo hasta el viernes para presentar la documentación, afirmó el abogado de la comunidad.
Las 625 hectáreas originarias de la comunidad Paichil Antriao, otorgadas a sus primeros pobladores a principios del siglo XX por el Gobierno nacional, fueron reducidas hasta llegar a 222. Sin embargo, hoy la comunidad mapuche pelea por conservar esa porción de tierra, ubicada la mayor parte en el cerro Belverede. El crecimiento de Villa La Angostura, especialmente el centro de su casco urbano, se hizo a expensas del territorio propiedad de los Paichil Antriao.
Una parte de esas 222 hectáreas mapuches que les pertenecen por escritura gubernamental, sin embargo, fue destinada por la Justicia al norteamericano William Fisher, “en un juicio en el que no se permitió la participación de la comunidad mapuche”, explicó a Página/12 su abogado, Juan Manuel Salgado. Desde ese momento, y ante el incumplimiento de la ley nacional 26.160 –que prohíbe el desalojo de las comunidades indígenas– y de los tratados internacionales, el Lof y la Confederación Mapuche de Neuquén efectuaron las denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisión se expidió el 12 de enero pasado, otorgando 10 días al gobierno nacional para que enviara un informe que especifique, según la notificación, “las medidas que se han tomado respecto de los actos de agresión denunciados (...)”. Otro punto es si se ha cumplido o no con la ley nacional 26.160. Y por último, se solicita “el estado de la revisión territorial para formalizar la titulación de la Comunidad (...)”. Sin embargo, “el relevamiento del territorio que corresponde a los indígenas –a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)– debería haberse terminado a fines de 2009, pero aún no se empezó”, aseguró Salgado. “Esto sucede porque el gobierno provincial pone todos los obstáculos legales y políticos”, ya que el relevamiento “implicaría hacer una historia de cómo se fueron entregando las tierras”, aseguró.
Tal como lo publicó este diario, alrededor de 70 efectivos policiales, el 2 de diciembre, se hicieron presentes en el cerro Belvedere para hacer cumplir la orden de desalojo, dictada por el juez Jorge Videla, del Juzgado Multifueros. Este episodio –y más que el episodio, los propios mapuches– quedó marcado por la violencia policial, que arrasó con viviendas y mapuches. Desde ese momento, la comunidad convive con una presencia policial constante en el lugar, que desató “dos ataques más”, según informó Amandina Gutiérrez, una de las integrantes de la comunidad.
El cuarto y último episodio sucedió el pasado lunes, cuando la comunidad fue a defender uno de sus lugares sagrados, el Rewe, donde los antiguos pobladores hacían sus ceremonias. Cuando se enteraron de que Fisher había instalado en él maquinarias para la remoción del suelo y la apertura de caminos, los pobladores decidieron protegerlo. Presentaron un hábeas corpus en el Juzgado Multifuero, que posteriormente fue rechazado. “Luego –explicó Gutiérrez–, nos dirigimos al lugar para dialogar y explicarles la importancia de ese espacio, que no debe ser tocado de ninguna forma.” Pero “nos dieron cinco minutos para dejar el lugar y después fuimos sacados por la policía local y efectivos de Grupos Especiales, utilizando balas de goma”. Al día siguiente, las máquinas de Fisher siguieron trabajando durante todo la jornada en “la destrucción de ese sitio histórico”, aseguró María Isabel Huala, otra mujer de la comunidad.
En medio de estos continuos atropellos, la comunidad Paichil Antriao exige la efectiva intervención del Estado, al que exige el inmediato cese de la criminalización, hostigamiento, represión y despojo de sus tierras.
Informe: Rocío Ilama.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-139015-2010-01-25.html
domingo, 24 de enero de 2010
RCTV volvió a salir del aire en Venezuela
POR NO ACATAR LA LEY DE RESPONSABILIDAD EN RADIO Y TELEVISION.
El canal fue suspendido el sábado a la medianoche por todas las operadoras de cable de Venezuela, luego de incumplir la nueva ley que obliga a las señales a difundir los mensajes en cadena del presidente Hugo Chávez. El canal había pasado al cable en 2007 luego de que el gobierno venezolano decidiera no renovarle la licencia para emitir por aire, tras acusarlo de haber participado activamente en el fallido golpe de 2002.
El viernes y el sábado, RCTV no había difundido las "cadenas" del presidente Hugo Chávez, es decir sus mensajes a la nación que todos los medios deben difundir obligatoriamente y que se producen con más frecuencia en Venezuela que en otros países.
La concesión de RCTV, una de las televisoras más populares de Venezuela que transmitía en señal abierta, ya había sido revocada por el gobierno venezolano en 2007 y desde entonces el canal transmitía por cable y con una sede en Miami bajo el nombre RCTV Internacional.
Desde diciembre de 2009, se estableció por la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión que cualquier canal de televisión por cable sería considerado canal nacional si un 30 por ciento de sus contenidos eran producción venezolana.
El gobierno consideró que este era el caso de RCTV, que por tanto está sujeto a las leyes nacionales, comenzando por la difusión de las llamadas "cadenas" del presidente.
Las operadoras de televisión por cable "deben velar porque los productores nacionales incluidos en su parrilla de programación den cumplimiento inmediato a esta ley. Las operadoras son las responsables porque no pueden tener canales que no cumplan", explicó el sábado por la noche Diosdado Cabello, director de Conatel, el ente regulador de las comunicaciones.
El funcionario subrayó que a las empresas que no respetaran la ley se les abriría un "proceso administrativo".
Tres horas después, la señal de RCTV fue sacada del aire por estas operadoras.
"No estamos cerrando a nadie", reiteró Cabello el sábado en la noche, sin nombrar directamente a RCTV y dejando a las operadoras de televisión por cable la decisión de retirar o mantener la señal de este medio.
Junto con RCTV fueron sacados del aire también los canales Ritmo Son, Momentum, America TV, American Network y TV Chile, mucho menos populares en el país, según el presidente de la Cámara Venezolana de Televisión por Suscripción (Cavetesu), Mario Seijas.
En el lugar que ocupaban estas televisoras se puede leer este domingo un mensaje de las empresas de suscripción por cable en las que instan a los medios afectados a "dar cumplimiento a la normativa legal vigente" para "restablecer sus servicios".
Tras conocerse la noticia, varios cacelorazos se escucharon en diversas partes de Caracas. Además, un grupo de ciudadanos se congregó a las puertas de la sede de Conatel en Caracas.
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-138999-2010-01-24.html
El canal fue suspendido el sábado a la medianoche por todas las operadoras de cable de Venezuela, luego de incumplir la nueva ley que obliga a las señales a difundir los mensajes en cadena del presidente Hugo Chávez. El canal había pasado al cable en 2007 luego de que el gobierno venezolano decidiera no renovarle la licencia para emitir por aire, tras acusarlo de haber participado activamente en el fallido golpe de 2002.
El viernes y el sábado, RCTV no había difundido las "cadenas" del presidente Hugo Chávez, es decir sus mensajes a la nación que todos los medios deben difundir obligatoriamente y que se producen con más frecuencia en Venezuela que en otros países.
La concesión de RCTV, una de las televisoras más populares de Venezuela que transmitía en señal abierta, ya había sido revocada por el gobierno venezolano en 2007 y desde entonces el canal transmitía por cable y con una sede en Miami bajo el nombre RCTV Internacional.
Desde diciembre de 2009, se estableció por la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión que cualquier canal de televisión por cable sería considerado canal nacional si un 30 por ciento de sus contenidos eran producción venezolana.
El gobierno consideró que este era el caso de RCTV, que por tanto está sujeto a las leyes nacionales, comenzando por la difusión de las llamadas "cadenas" del presidente.
Las operadoras de televisión por cable "deben velar porque los productores nacionales incluidos en su parrilla de programación den cumplimiento inmediato a esta ley. Las operadoras son las responsables porque no pueden tener canales que no cumplan", explicó el sábado por la noche Diosdado Cabello, director de Conatel, el ente regulador de las comunicaciones.
El funcionario subrayó que a las empresas que no respetaran la ley se les abriría un "proceso administrativo".
Tres horas después, la señal de RCTV fue sacada del aire por estas operadoras.
"No estamos cerrando a nadie", reiteró Cabello el sábado en la noche, sin nombrar directamente a RCTV y dejando a las operadoras de televisión por cable la decisión de retirar o mantener la señal de este medio.
Junto con RCTV fueron sacados del aire también los canales Ritmo Son, Momentum, America TV, American Network y TV Chile, mucho menos populares en el país, según el presidente de la Cámara Venezolana de Televisión por Suscripción (Cavetesu), Mario Seijas.
En el lugar que ocupaban estas televisoras se puede leer este domingo un mensaje de las empresas de suscripción por cable en las que instan a los medios afectados a "dar cumplimiento a la normativa legal vigente" para "restablecer sus servicios".
Tras conocerse la noticia, varios cacelorazos se escucharon en diversas partes de Caracas. Además, un grupo de ciudadanos se congregó a las puertas de la sede de Conatel en Caracas.
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-138999-2010-01-24.html
La derecha pura y dura
En una apuesta por la impunidad y la represión el ex senador Duhalde volvió a oponerse a los juicios por los crímenes del terrorismo de Estado y planteó que las Fuerzas Armadas se encarguen de los que llamó “jóvenes en riesgo”, que deberían ser “reeducados” en los cuarteles. Emerge así como candidato de la derecha pura y dura al gobierno, mientras abre contactos con militares en actividad y con pingüinos en desgracia.
Por Horacio Verbitsky
Luego de las salvas al vacío del ex ministro porteño Abel Parentini, el ex senador Eduardo Duhalde tomó el mando de las piezas de artillería, con el enorme casco bien ajustado. Duhalde lleva dos décadas de soñar con su arribo a la presidencia de la República, para lo cual no conoce otra estrategia que disparar sobre las posiciones de quienes obtuvieron el favor popular que a él le fue siempre esquivo. Ablandadas las defensas supone que la infantería llegará al bastión para rendirlo. Lo hizo con los dos presidentes radicales y con su compañero de fórmula presidencial y lo intenta ahora con quienes lo sucedieron en la Casa Rosada, a la que sólo pudo entrar por la ventana y por poco más de un año en días de confusión cuyo regreso propicia. Desde El Salvador, Duhalde dijo que el gobierno argentino humillaba a las Fuerzas Armadas de hoy por lo que el Ejército hizo en la década de 1970. Para superar ese “grave error” postuló la denominada “reconciliación”. Entre los sectores agredidos por el gobierno también mencionó a la Iglesia Católica, que legitimó el interinato de Duhalde con su denominado Diálogo Argentino.
Justicia o impunidad
No pudo elegir peor momento y lugar para su polución verbal. El presidente salvadoreño Mauricio Funes venía de reconocer la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y de los escuadrones de la muerte y de pedir perdón a las víctimas y a sus familiares. La CIDH encomió las palabras del presidente Funes “en relación a la búsqueda de justicia” para 8000 personas desaparecidas y 75.000 asesinadas, y reiteró que el Estado tiene la obligación de investigar a fondo y “sancionar a los autores de las graves violaciones de derechos humanos cometidas”.
Cuando era vicepresidente, en 1990, Duhalde aprovechó un viaje de Menem para indultar a varios miembros de la Triple A, prófugos por instigación al asesinato del presidente del Concejo Deliberante de Chacabuco, Miguel Gil. Menem ya había indultado a los autores materiales, uno de los cuales Luis Oscar Mao, era pariente de Carlos Mao, por entonces el secretario privadísimo de Duhalde. Una semana antes de concluir su interinato presidencial, en mayo de 2003, Duhalde también indultó a Mohamed Alí Seineldín y a Enrique Gorriarán Merlo, decisión que debía culminar con la confirmación por la Corte Suprema de las leyes de impunidad, que Kirchner frustró. En cada caso, Duhalde invocó la denominada reconciliación, propuesta por el Episcopado como travesti espiritualista de la impunidad.
Curarse en salud
Un organismo castrense fue el primero en repudiar el exabrupto duhaldista, el Centro de Militares para la Democracia Argentina. Lo siguieron un grupo de organismos históricos defensores de los derechos humanos, para quienes el proceso de verdad y justicia “debe ser sostenido con el firme compromiso de todos los sectores y referentes políticos”. La identificación y condena de los miembros de la Fuerzas Armadas y de seguridad que participaron de aquellos crímenes aberrantes permitirá “levantar el manto de sospecha que pesa sobre esas instituciones desde la recuperación de la democracia”. Los juicios, realizados “con respeto al Estado de derecho y las garantías del debido proceso” y cuya legitimidad fue afirmada por la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la Nación y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, constituyen “un modelo ejemplar para muchos otros países”. El CEMIDA recordó que en El Salvador se ha reabierto el juicio por el asesinato del jesuita español Ignacio Ellacuría, de otros cinco sacerdotes y de sus dos empleadas en la Universidad Católica. Sus ejecutores materiales ya fueron condenados y ahora se investiga a los instigadores y encubridores, entre quienes está el Presidente de aquel momento. Los miembros del CEMIDA, que actuaron como peritos en esos juicios, se preguntan si Duhalde no procura curarse en salud ya que aún se investiga “su responsabilidad en los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki”. Los militares para la democracia creen que las declaraciones de Duhalde intentan involucrar a miembros de las Fuerzas Armadas “como amenaza velada”, en un clima destituyente al que “los actuales miembros de las organizaciones castrenses son totalmente ajenos”. El CEMIDA deduce que los humillados contactos de Duhalde son militares en retiro y sometidos a proceso “que tratan de evitar la acción de la justicia”. En cambio las Fuerzas Armadas se han alejado en forma definitiva de las contiendas políticas, dice.
El pretexto de la emergencia
Es probable que el CEMIDA peque por exceso de optimismo. Duhalde también ha tendido puentes hacia el cuerpo de oficiales en actividad al que, durante su breve interinato presidencial, intentó asignar la conducción de la seguridad interior, según la propuesta del general Ricardo Brinzoni, con el apoyo del ministro de Defensa Horacio Jaunarena y del ex ministro menemista Roberto Dromia. Néstor Kirchner lo pasó a retiro en la primera semana de su gobierno porque además propiciaba cerrar los juicios por violaciones a los derechos humanos. A diferencia de las actuales cúpulas castrenses, Brinzoni estaba implicado, por su participación en la masacre de Margarita Belén. La cuestión con Duhalde no se limita a su visión del pasado y la forma de saldarlo. Hace hoy un mes, volvió a postular el empleo de las Fuerzas Armadas en los asuntos de seguridad que la ley de Defensa le veda. Esta vez propuso “declarar la emergencia nacional en materia de seguridad”, censar en 60 días a los que llamó “jóvenes en riesgo” para que “todos estos jóvenes que han cometido delitos, que estén donde estaban antes los conscriptos, ahí tienen que estar, tratando de reeducarlos”. Pasando por alto la confusión intelectual del enunciado, que no tuvo mayor repercusión porque fue emitido en vísperas de Nochebuena, el ex senador considera que los jóvenes son peligrosos, que requieren reeducación y que esta tarea incumbe a las Fuerzas Armadas. Duhalde se coloca así en la grilla electoral como la oferta de la derecha pura y dura, en un cuadro que considera demasiado corrido a la izquierda.
Tango y folklore
El gobierno de la presidente CFK supo de las últimas avanzadas duhaldistas sobre los militares en actividad porque varios de quienes fueron sondeados lo comunicaron al ministerio de Defensa. Un operador de Duhalde para estos contactos es el rústico sindicalista Gerónimo Venegas. Con pretextos sociales y hasta musicales, ha reunido en la sede de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) a políticos duhaldistas y militares. Venegas organizó el traslado a San Vicente de los restos de Juan D. Perón en 2006, luego de una escala en la CGT. Allí ofició la misa el ex capellán castrense de Campo de Mayo José Guido Pesce, rector de la catedral del Obispado Militar Stella Maris, mientras Duhalde era vivado al grito de “Ni yanquis ni marxistas”. Más tarde, grupos sindicales de la Unión Obrera de la Construcción de La Plata escenificaron una batahola a palos y pedradas con los camioneros de Hugo Moyano, mientras se aproximaba la cureña con el féretro de Perón. El Mausoleo donde se dejaron sus restos fue financiado por el filántropo colombiano Francisco De Narváez, quien ahora trata de librarse de la tutela de Duhalde, porque siente que ya no lo necesita y le parece que el modelo Don Corleone ha sido superado por el formato Sebastián Piñera. El duhaldismo sindical también imprimió y pegó carteles con la leyenda “No jodan con Perón” cuando la justicia comenzó a investigar los crímenes de la Triple A.
Ajuste de cuentas
Todas estas jugadas apelan a la idea de orden y fuerza que impondrían los militares ahora a órdenes de políticos sin miramientos como Duhalde y tienden a deslegitimar al kirchnerismo como una supuesta continuidad de la política montonera, con la que es ostensible su falta de contacto. Al mismo tiempo se procura avanzar sobre el secretario general de la CGT, a quien le recriminan haber cambiado de bando. Moyano fue uno de los jefes de la Juventud Sindical Peronista, otro fantasma del pasado al que se convoca para obtener resultados políticos en el presente. Duhalde tiene especial inquina hacia Moyano porque en 1996 rechazó su propuesta para forzar el alejamiento de Menem. Comenzaba por entonces la batalla entre devaluacionistas y dolarizadores y Duhalde entendía que la convertibilidad, que sólo se sostenía con creciente endeudamiento externo y precarización laboral, conduciría a un desastre en las elecciones de 1997, tal como ocurrió. Para impedirlo y conservar sus chances presidenciales, Duhalde concibió repetir el empujón que junto con Menem le dieron a Raúl Alfonsín en 1989. Luego de un breve interinato de Carlos Rückauf, que se haría cargo de la devaluación, Duhalde sería candidato a presidente en elecciones que se celebrarían dos años antes del término constitucional. Pero Moyano se negó a participar en el quiebre institucional que le proponían. Como bien lo había previsto, Duhalde fracasó en su apuesta presidencial en 1999. La devaluación, y con ella una gigantesca transferencia de ingresos a expensas del salario real, recién se produjo cinco años después de lo que planeaban los grandes grupos económicos que sustentaban a Duhalde.
Renuncie, montonero Moyano
Otro operador duhaldista para esta faena es el dirigente de un sector del gremio gastronómico, Luis Barrionuevo. En setiembre de 2008, encargó la impresión de carteles en los que se veía al asesinado ex líder de la CGT José Ignacio Rucci junto con Perón. Los carteles se guardaron en el garaje del sindicato de Barrionuevo, junto con los implementos necesarios para veintidós equipos de pintores que en una noche debían pegarlos y estampar cerca de ellos la consigna “Moyano traidor, Moyano Montonero”. Pero uno de los dirigentes de la denominada “CGT Azul y Blanca” con la que sella sus movidas Barrionuevo, es en realidad un informante de la CGT a secas. En cuanto recibió el aviso, Moyano encargó la impresión de unas remeras negras con la leyenda “Justicia” en letras blancas, y organizó un acto en la CGT con los hijos de Rucci, Claudia y Aníbal, con lo cual la pintura se secó en el garaje de los gastronómicos. En 2009 Venegas impulsó la candidatura de Claudia Rucci en la lista que encabezó De Narváez. Es ostensible que ninguno de ellos tiene alguna preocupación por el dolor de esos huérfanos, que sólo utilizan como arma arrojadiza en sus disputas de poder.
Pingüino en desgracia
La esposa de Barrionuevo, Graciela Camaño, preside la comisión de asuntos constitucionales de la Cámara de Diputados. Ex ministra de Trabajo de Duhalde, La Negra mantuvo una reunión secreta con un funcionario que no goza de la simpatía presidencial y que teme por su futuro. Se trata del Secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, el odontólogo patagónico José Granero, quien está buscando alianzas y reaseguros. Ex vicegobernador de Santa Cruz en el primer mandato de Kirchner, Granero fue subinterventor del PAMI hasta que Graciela Ocaña solicitó que lo relevaran, porque obstruía la lucha contra los proveedores vinculados con Barrionuevo, que comercializaban medicamentos adulterados. Uno de ellos era el luego célebre Sebastián Forza, que figura como aportante en la campaña del Frente para la Victoria. Para complacer a Ocaña, Kirchner trasladó a Granero durante unos meses a la SIDE, hasta que lo designó al frente de la Sedronar. Esa oficina creada por Menem depende de la presidencia y tenía a su cargo el registro de precursores químicos. Sin su autorización no se podía comercializar esos productos, dentro o fuera del país. En 2008 las cámaras federales de la Capital y de San Martín ordenaron que se investigara al jefe del Sedronar. La primera le atribuyó “fallas notorias en los procedimientos de control”. Un procesado en la causa Ascona obtuvo su inscripción presentando una fotocopia de su DNI, y la Secretaría ni siquiera constató si sus domicilios declarados eran reales. También se otorgaron los certificados de importación sin averiguar “cuáles eran las empresas que adquirirían la efedrina”. La de San Martín fue aún más directa: Granero “no habría cumplido con el ejercicio del poder de policía” que le asignó la ley, por lo cual ordenó que se lo indagara como partícipe en los delitos con estupefacientes investigados en la causa Poggi. También compromete a Granero la causa que lleva el juez federal de Quilmes, Luis Armella, a raíz del hallazgo de más de siete kilos de cocaína en la puerta de una camioneta del Sedronar. Granero dijo que provenía de un procedimiento realizado en Santa Fe, pero ni el tipo de producto ni su envase coincidían. Ya han sido procesados dos de sus colaboradores.
Relaciones particulares
Vinculado con la DEA estadounidense, Granero dice que esas causas judiciales han podido avanzar porque la presidente CFK no le brindó la protección que cree posible y necesaria. Aún confía en el auxilio de la SIDE pero está enfrentado con el jefe de gabinete Aníbal Fernández, quien propicia la despenalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, como ya dispuso la Corte Suprema de Justicia en la causa Arriola. No sólo ha buscado amparo en el duhaldismo; también ha recurrido al gobierno de los Estados Unidos y a la diputada de la CCL Elisa Carrió. La huella de Granero es ostensible en el informe del Departamento de Estado “Estrategia Internacional de Control de Narcóticos”, que encomia la tarea del Sedronar y lamenta que carezca de recursos suficientes para cumplirla, de lo cual culpa a la débil coordinación con el Ministerio de Justicia. En la investigación de Elisa Carrió sobre presuntas vinculaciones gubernamentales, políticas y comerciales con el “Narcotráfico y el crimen organizado”, se mencionan “maniobras de Aníbal Fernández para limitar el accionar de la Sedronar en el combate del consumo de drogas y narcotráfico, limitando y obstruyendo el normal ejercicio de sus competencias”. Como fuente, Carrió menciona una visita de Granero al Congreso.
En agosto de 2008, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, dictó la Disposición 4712, que fijó las condiciones que deberían cumplir los laboratorios y droguerías que importaran efedrina y/o pseudoefedrina. Bastó esa medida para que el ingreso de esas sustancias que eran desviadas al mercado prohibido, se redujera de 20 toneladas a 13 kilos, para uso legal local certificado. Este año, la ANMAT obtuvo la máxima calificación en todos los rubros en una evaluación realizada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. El organismo se presentó en forma voluntaria a ese examen que mide la calidad del control de sustancias de uso medicinal que pueden ser desviadas al mercado ilegal de estupefacientes.
La Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia De Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción, creada por decreto de la presidente CFK, recomendó que la ANMAT quedara a cargo del registro de precursores químicos, dado que la Sedronar no cuenta con una certificación internacional equivalente. Enconada con Fernández, quien ha hablado en forma despectiva de su salud mental, Carrió optó por Granero. La comisión que conformó Fernández cuenta con impecables magistrados como Horacio Cattani, Martín Vázquez Acuña y Patricia Llerena y sugirió que la ANMAT también fuera la única representante del Estado Nacional ante organismos como la CICAD, la OPS y la ONODUCC. Si las sustancias fueran de uso industrial, el control correspondería al INTI. Uno de los aspectos más penosos del actual cuadro político es la proliferación de estos alineamientos contra natura.
El ídolo de Biondini
Además de los despachos legislativos y de gobiernos extranjeros, Granero llevó su militancia a la calle. En 2008 se realizaron dos manifestaciones en contra de la despenalización de la tenencia para consumo personal que impulsaba el Poder Ejecutivo, en el Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Una, convocada por el gobierno de Maurizio Macrì, reunió algo menos de un centenar de personas en la Plaza de Mayo, “A favor de los jóvenes y en contra de la despenalización”. La figura estelar fue el ex ingeniero Juan Carlos Blumberg. La segunda, diez veces más pequeña, fue convocada frente a la Secretaría de Granero, en Sarmiento al 500. Los asistentes más notorios fueron el presidente del partido neonazi del Nuevo Triunfo, Alejandro Biondini, y Claudio Izaguirre, de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, quien portaba un ataúd negro para clarificar algún mensaje. Hace un mes, Izaguirre exaltó el “incansable trabajo” de Duhalde “en contra de los mercaderes de la muerte”, que por ello lo vituperan. Dijo que el precandidato “fundó el Modelo Cristiano de Prevención de Drogas” y fue condecorado en Colombia. “Como a Duhalde, a otros hombres de la vida pública nos ha sucedido lo propio, podemos recordar que a José Ramón Granero, actual secretario del Sedronar, por estar en contra de la despenalización de las drogas le plantaron una camioneta con ocho kilogramos de cocaína escondida en el tapizado”, agregó. El modelo cristiano que aplica el Sedronar consiste en el otorgamiento de subsidios millonarios a instituciones en las que se interna en forma compulsiva a jóvenes que deben ser reeducados, por ahora sin ayuda de las Fuerzas Armadas.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-138962-2010-01-24.html
Por Horacio Verbitsky
Luego de las salvas al vacío del ex ministro porteño Abel Parentini, el ex senador Eduardo Duhalde tomó el mando de las piezas de artillería, con el enorme casco bien ajustado. Duhalde lleva dos décadas de soñar con su arribo a la presidencia de la República, para lo cual no conoce otra estrategia que disparar sobre las posiciones de quienes obtuvieron el favor popular que a él le fue siempre esquivo. Ablandadas las defensas supone que la infantería llegará al bastión para rendirlo. Lo hizo con los dos presidentes radicales y con su compañero de fórmula presidencial y lo intenta ahora con quienes lo sucedieron en la Casa Rosada, a la que sólo pudo entrar por la ventana y por poco más de un año en días de confusión cuyo regreso propicia. Desde El Salvador, Duhalde dijo que el gobierno argentino humillaba a las Fuerzas Armadas de hoy por lo que el Ejército hizo en la década de 1970. Para superar ese “grave error” postuló la denominada “reconciliación”. Entre los sectores agredidos por el gobierno también mencionó a la Iglesia Católica, que legitimó el interinato de Duhalde con su denominado Diálogo Argentino.
Justicia o impunidad
No pudo elegir peor momento y lugar para su polución verbal. El presidente salvadoreño Mauricio Funes venía de reconocer la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y de los escuadrones de la muerte y de pedir perdón a las víctimas y a sus familiares. La CIDH encomió las palabras del presidente Funes “en relación a la búsqueda de justicia” para 8000 personas desaparecidas y 75.000 asesinadas, y reiteró que el Estado tiene la obligación de investigar a fondo y “sancionar a los autores de las graves violaciones de derechos humanos cometidas”.
Cuando era vicepresidente, en 1990, Duhalde aprovechó un viaje de Menem para indultar a varios miembros de la Triple A, prófugos por instigación al asesinato del presidente del Concejo Deliberante de Chacabuco, Miguel Gil. Menem ya había indultado a los autores materiales, uno de los cuales Luis Oscar Mao, era pariente de Carlos Mao, por entonces el secretario privadísimo de Duhalde. Una semana antes de concluir su interinato presidencial, en mayo de 2003, Duhalde también indultó a Mohamed Alí Seineldín y a Enrique Gorriarán Merlo, decisión que debía culminar con la confirmación por la Corte Suprema de las leyes de impunidad, que Kirchner frustró. En cada caso, Duhalde invocó la denominada reconciliación, propuesta por el Episcopado como travesti espiritualista de la impunidad.
Curarse en salud
Un organismo castrense fue el primero en repudiar el exabrupto duhaldista, el Centro de Militares para la Democracia Argentina. Lo siguieron un grupo de organismos históricos defensores de los derechos humanos, para quienes el proceso de verdad y justicia “debe ser sostenido con el firme compromiso de todos los sectores y referentes políticos”. La identificación y condena de los miembros de la Fuerzas Armadas y de seguridad que participaron de aquellos crímenes aberrantes permitirá “levantar el manto de sospecha que pesa sobre esas instituciones desde la recuperación de la democracia”. Los juicios, realizados “con respeto al Estado de derecho y las garantías del debido proceso” y cuya legitimidad fue afirmada por la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la Nación y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, constituyen “un modelo ejemplar para muchos otros países”. El CEMIDA recordó que en El Salvador se ha reabierto el juicio por el asesinato del jesuita español Ignacio Ellacuría, de otros cinco sacerdotes y de sus dos empleadas en la Universidad Católica. Sus ejecutores materiales ya fueron condenados y ahora se investiga a los instigadores y encubridores, entre quienes está el Presidente de aquel momento. Los miembros del CEMIDA, que actuaron como peritos en esos juicios, se preguntan si Duhalde no procura curarse en salud ya que aún se investiga “su responsabilidad en los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki”. Los militares para la democracia creen que las declaraciones de Duhalde intentan involucrar a miembros de las Fuerzas Armadas “como amenaza velada”, en un clima destituyente al que “los actuales miembros de las organizaciones castrenses son totalmente ajenos”. El CEMIDA deduce que los humillados contactos de Duhalde son militares en retiro y sometidos a proceso “que tratan de evitar la acción de la justicia”. En cambio las Fuerzas Armadas se han alejado en forma definitiva de las contiendas políticas, dice.
El pretexto de la emergencia
Es probable que el CEMIDA peque por exceso de optimismo. Duhalde también ha tendido puentes hacia el cuerpo de oficiales en actividad al que, durante su breve interinato presidencial, intentó asignar la conducción de la seguridad interior, según la propuesta del general Ricardo Brinzoni, con el apoyo del ministro de Defensa Horacio Jaunarena y del ex ministro menemista Roberto Dromia. Néstor Kirchner lo pasó a retiro en la primera semana de su gobierno porque además propiciaba cerrar los juicios por violaciones a los derechos humanos. A diferencia de las actuales cúpulas castrenses, Brinzoni estaba implicado, por su participación en la masacre de Margarita Belén. La cuestión con Duhalde no se limita a su visión del pasado y la forma de saldarlo. Hace hoy un mes, volvió a postular el empleo de las Fuerzas Armadas en los asuntos de seguridad que la ley de Defensa le veda. Esta vez propuso “declarar la emergencia nacional en materia de seguridad”, censar en 60 días a los que llamó “jóvenes en riesgo” para que “todos estos jóvenes que han cometido delitos, que estén donde estaban antes los conscriptos, ahí tienen que estar, tratando de reeducarlos”. Pasando por alto la confusión intelectual del enunciado, que no tuvo mayor repercusión porque fue emitido en vísperas de Nochebuena, el ex senador considera que los jóvenes son peligrosos, que requieren reeducación y que esta tarea incumbe a las Fuerzas Armadas. Duhalde se coloca así en la grilla electoral como la oferta de la derecha pura y dura, en un cuadro que considera demasiado corrido a la izquierda.
Tango y folklore
El gobierno de la presidente CFK supo de las últimas avanzadas duhaldistas sobre los militares en actividad porque varios de quienes fueron sondeados lo comunicaron al ministerio de Defensa. Un operador de Duhalde para estos contactos es el rústico sindicalista Gerónimo Venegas. Con pretextos sociales y hasta musicales, ha reunido en la sede de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) a políticos duhaldistas y militares. Venegas organizó el traslado a San Vicente de los restos de Juan D. Perón en 2006, luego de una escala en la CGT. Allí ofició la misa el ex capellán castrense de Campo de Mayo José Guido Pesce, rector de la catedral del Obispado Militar Stella Maris, mientras Duhalde era vivado al grito de “Ni yanquis ni marxistas”. Más tarde, grupos sindicales de la Unión Obrera de la Construcción de La Plata escenificaron una batahola a palos y pedradas con los camioneros de Hugo Moyano, mientras se aproximaba la cureña con el féretro de Perón. El Mausoleo donde se dejaron sus restos fue financiado por el filántropo colombiano Francisco De Narváez, quien ahora trata de librarse de la tutela de Duhalde, porque siente que ya no lo necesita y le parece que el modelo Don Corleone ha sido superado por el formato Sebastián Piñera. El duhaldismo sindical también imprimió y pegó carteles con la leyenda “No jodan con Perón” cuando la justicia comenzó a investigar los crímenes de la Triple A.
Ajuste de cuentas
Todas estas jugadas apelan a la idea de orden y fuerza que impondrían los militares ahora a órdenes de políticos sin miramientos como Duhalde y tienden a deslegitimar al kirchnerismo como una supuesta continuidad de la política montonera, con la que es ostensible su falta de contacto. Al mismo tiempo se procura avanzar sobre el secretario general de la CGT, a quien le recriminan haber cambiado de bando. Moyano fue uno de los jefes de la Juventud Sindical Peronista, otro fantasma del pasado al que se convoca para obtener resultados políticos en el presente. Duhalde tiene especial inquina hacia Moyano porque en 1996 rechazó su propuesta para forzar el alejamiento de Menem. Comenzaba por entonces la batalla entre devaluacionistas y dolarizadores y Duhalde entendía que la convertibilidad, que sólo se sostenía con creciente endeudamiento externo y precarización laboral, conduciría a un desastre en las elecciones de 1997, tal como ocurrió. Para impedirlo y conservar sus chances presidenciales, Duhalde concibió repetir el empujón que junto con Menem le dieron a Raúl Alfonsín en 1989. Luego de un breve interinato de Carlos Rückauf, que se haría cargo de la devaluación, Duhalde sería candidato a presidente en elecciones que se celebrarían dos años antes del término constitucional. Pero Moyano se negó a participar en el quiebre institucional que le proponían. Como bien lo había previsto, Duhalde fracasó en su apuesta presidencial en 1999. La devaluación, y con ella una gigantesca transferencia de ingresos a expensas del salario real, recién se produjo cinco años después de lo que planeaban los grandes grupos económicos que sustentaban a Duhalde.
Renuncie, montonero Moyano
Otro operador duhaldista para esta faena es el dirigente de un sector del gremio gastronómico, Luis Barrionuevo. En setiembre de 2008, encargó la impresión de carteles en los que se veía al asesinado ex líder de la CGT José Ignacio Rucci junto con Perón. Los carteles se guardaron en el garaje del sindicato de Barrionuevo, junto con los implementos necesarios para veintidós equipos de pintores que en una noche debían pegarlos y estampar cerca de ellos la consigna “Moyano traidor, Moyano Montonero”. Pero uno de los dirigentes de la denominada “CGT Azul y Blanca” con la que sella sus movidas Barrionuevo, es en realidad un informante de la CGT a secas. En cuanto recibió el aviso, Moyano encargó la impresión de unas remeras negras con la leyenda “Justicia” en letras blancas, y organizó un acto en la CGT con los hijos de Rucci, Claudia y Aníbal, con lo cual la pintura se secó en el garaje de los gastronómicos. En 2009 Venegas impulsó la candidatura de Claudia Rucci en la lista que encabezó De Narváez. Es ostensible que ninguno de ellos tiene alguna preocupación por el dolor de esos huérfanos, que sólo utilizan como arma arrojadiza en sus disputas de poder.
Pingüino en desgracia
La esposa de Barrionuevo, Graciela Camaño, preside la comisión de asuntos constitucionales de la Cámara de Diputados. Ex ministra de Trabajo de Duhalde, La Negra mantuvo una reunión secreta con un funcionario que no goza de la simpatía presidencial y que teme por su futuro. Se trata del Secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, el odontólogo patagónico José Granero, quien está buscando alianzas y reaseguros. Ex vicegobernador de Santa Cruz en el primer mandato de Kirchner, Granero fue subinterventor del PAMI hasta que Graciela Ocaña solicitó que lo relevaran, porque obstruía la lucha contra los proveedores vinculados con Barrionuevo, que comercializaban medicamentos adulterados. Uno de ellos era el luego célebre Sebastián Forza, que figura como aportante en la campaña del Frente para la Victoria. Para complacer a Ocaña, Kirchner trasladó a Granero durante unos meses a la SIDE, hasta que lo designó al frente de la Sedronar. Esa oficina creada por Menem depende de la presidencia y tenía a su cargo el registro de precursores químicos. Sin su autorización no se podía comercializar esos productos, dentro o fuera del país. En 2008 las cámaras federales de la Capital y de San Martín ordenaron que se investigara al jefe del Sedronar. La primera le atribuyó “fallas notorias en los procedimientos de control”. Un procesado en la causa Ascona obtuvo su inscripción presentando una fotocopia de su DNI, y la Secretaría ni siquiera constató si sus domicilios declarados eran reales. También se otorgaron los certificados de importación sin averiguar “cuáles eran las empresas que adquirirían la efedrina”. La de San Martín fue aún más directa: Granero “no habría cumplido con el ejercicio del poder de policía” que le asignó la ley, por lo cual ordenó que se lo indagara como partícipe en los delitos con estupefacientes investigados en la causa Poggi. También compromete a Granero la causa que lleva el juez federal de Quilmes, Luis Armella, a raíz del hallazgo de más de siete kilos de cocaína en la puerta de una camioneta del Sedronar. Granero dijo que provenía de un procedimiento realizado en Santa Fe, pero ni el tipo de producto ni su envase coincidían. Ya han sido procesados dos de sus colaboradores.
Relaciones particulares
Vinculado con la DEA estadounidense, Granero dice que esas causas judiciales han podido avanzar porque la presidente CFK no le brindó la protección que cree posible y necesaria. Aún confía en el auxilio de la SIDE pero está enfrentado con el jefe de gabinete Aníbal Fernández, quien propicia la despenalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, como ya dispuso la Corte Suprema de Justicia en la causa Arriola. No sólo ha buscado amparo en el duhaldismo; también ha recurrido al gobierno de los Estados Unidos y a la diputada de la CCL Elisa Carrió. La huella de Granero es ostensible en el informe del Departamento de Estado “Estrategia Internacional de Control de Narcóticos”, que encomia la tarea del Sedronar y lamenta que carezca de recursos suficientes para cumplirla, de lo cual culpa a la débil coordinación con el Ministerio de Justicia. En la investigación de Elisa Carrió sobre presuntas vinculaciones gubernamentales, políticas y comerciales con el “Narcotráfico y el crimen organizado”, se mencionan “maniobras de Aníbal Fernández para limitar el accionar de la Sedronar en el combate del consumo de drogas y narcotráfico, limitando y obstruyendo el normal ejercicio de sus competencias”. Como fuente, Carrió menciona una visita de Granero al Congreso.
En agosto de 2008, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, dictó la Disposición 4712, que fijó las condiciones que deberían cumplir los laboratorios y droguerías que importaran efedrina y/o pseudoefedrina. Bastó esa medida para que el ingreso de esas sustancias que eran desviadas al mercado prohibido, se redujera de 20 toneladas a 13 kilos, para uso legal local certificado. Este año, la ANMAT obtuvo la máxima calificación en todos los rubros en una evaluación realizada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. El organismo se presentó en forma voluntaria a ese examen que mide la calidad del control de sustancias de uso medicinal que pueden ser desviadas al mercado ilegal de estupefacientes.
La Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia De Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción, creada por decreto de la presidente CFK, recomendó que la ANMAT quedara a cargo del registro de precursores químicos, dado que la Sedronar no cuenta con una certificación internacional equivalente. Enconada con Fernández, quien ha hablado en forma despectiva de su salud mental, Carrió optó por Granero. La comisión que conformó Fernández cuenta con impecables magistrados como Horacio Cattani, Martín Vázquez Acuña y Patricia Llerena y sugirió que la ANMAT también fuera la única representante del Estado Nacional ante organismos como la CICAD, la OPS y la ONODUCC. Si las sustancias fueran de uso industrial, el control correspondería al INTI. Uno de los aspectos más penosos del actual cuadro político es la proliferación de estos alineamientos contra natura.
El ídolo de Biondini
Además de los despachos legislativos y de gobiernos extranjeros, Granero llevó su militancia a la calle. En 2008 se realizaron dos manifestaciones en contra de la despenalización de la tenencia para consumo personal que impulsaba el Poder Ejecutivo, en el Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Una, convocada por el gobierno de Maurizio Macrì, reunió algo menos de un centenar de personas en la Plaza de Mayo, “A favor de los jóvenes y en contra de la despenalización”. La figura estelar fue el ex ingeniero Juan Carlos Blumberg. La segunda, diez veces más pequeña, fue convocada frente a la Secretaría de Granero, en Sarmiento al 500. Los asistentes más notorios fueron el presidente del partido neonazi del Nuevo Triunfo, Alejandro Biondini, y Claudio Izaguirre, de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, quien portaba un ataúd negro para clarificar algún mensaje. Hace un mes, Izaguirre exaltó el “incansable trabajo” de Duhalde “en contra de los mercaderes de la muerte”, que por ello lo vituperan. Dijo que el precandidato “fundó el Modelo Cristiano de Prevención de Drogas” y fue condecorado en Colombia. “Como a Duhalde, a otros hombres de la vida pública nos ha sucedido lo propio, podemos recordar que a José Ramón Granero, actual secretario del Sedronar, por estar en contra de la despenalización de las drogas le plantaron una camioneta con ocho kilogramos de cocaína escondida en el tapizado”, agregó. El modelo cristiano que aplica el Sedronar consiste en el otorgamiento de subsidios millonarios a instituciones en las que se interna en forma compulsiva a jóvenes que deben ser reeducados, por ahora sin ayuda de las Fuerzas Armadas.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-138962-2010-01-24.html
La crisis empezó por el interior
Dos intendentes fueron destituidos en procesos en los que hubo reproches al gobierno de Jorge Sapag. Este año todos deberán enfrentar planteos de aumentos salariales en un escenario de escasos recursos.
La crisis institucional que tienen municipios del interior es un tema que el gobierno no digiere. Luego de la destitución de dos intendentes, ambos del Movimiento Popular Neuquino (MPN), ningún funcionario, empezando por el gobernador Jorge Sapag, se pronunció sobre la caída de Facundo Suárez en Picún Leufú y de Daniel Massini en Las Coloradas.
Hablar de estos problemas sería meterse en la boca del lobo porque entre otros varios motivos ambos ex intendentes fueron juzgados por utilizar fondos de las prórrogas de los contratos petroleros para gastos corrientes, algo que está prohibido por la ley provincial que regula los nuevos contratos.
Esta cuestión, que parece menor en el universo de dos municipios chicos, se proyecta sobre la política provincial, porque los diputados de la oposición cuestionaron a Sapag por un motivo similar al que originó la caída de los intendentes.
Por un decreto del año anterior, el gobernador destinó algo más de cien millones de pesos de estos recursos extraordinarios a emitir letras del Tesoro para financiar pagos regulares de la provincia.
Sapag tomó esta decisión con la promesa de devolver el dinero a la misma caja antes de finalizar su mandato. Pero ese argumento ha sido insuficiente y no logró frenar a los legisladores que ya pidieron la revocatoria del decreto y anunciaron que irán, luego de la feria judicial, con un recurso al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para evitar el cambio de destino de esos recursos.
Habló del tema Soledad Martínez, legisladora del Frente Grande, y dijo que el gobernador y los intendentes actuaron del mismo modo, sólo que Sapag -aclaró- cuenta con "un equipo de asesores que le dibujó un decreto para que aparentemente no fuera incompatible" con lo establecido en la ley.
Esta semana el diputado Ariel Kogan, del Partido Justicialista, pidió informes al Poder Ejecutivo para saber qué cantidad de letras fueron emitidas hasta ahora, y Gastón Contardi, de la Unión Cívica Radical, sostuvo que Sapag está al frente de "un Estado altamente ineficaz".
Sapag fue consultado sobre las crisis institucionales cuando cayó el intendente de Picún Leufú y cuando sucedió lo mismo en Las Coloradas. En la primera ocasión su respuesta fue telegráfica: "Los municipios son autárquicos, tienen poderes constituidos y soy muy respetuoso de las autonomías municipales", respondió. En la segunda consulta directamente no dijo nada.
Sin embargo, el caso de Las Coloradas es el que provoca mayor incomodidad en el gobierno porque el intendente habló y reprochó la ausencia y el silencio de Sapag. "Soy del MPN, gané con el 62% de los votos y pertenezco a la línea interna de Jorge Sapag. No entiendo qué espera el gobernador para hacerse cargo de la situación y ordenar institucionalmente la comuna", dijo Massini tras la destitución.
El ex intendente consideró que si la Justicia había dispuesto el año pasado la nulidad de su suspensión, los concejales no podían avanzar, como lo hicieron, con el proceso que lo dejó finalmente sin el cargo. En ese sentido hizo una dramática declaración cuando ya estaba en la calle: "Las Coloradas es un pueblo sin ley, estos concejales no respetan la Constitución ni mucho menos las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia. Ni siquiera el gobernador se hace cargo; parece que están esperando que haya un muerto para actuar".
Una fuente oficial dijo que el silencio y la distancia que tomó el gobernador obedecen a una actitud "prudente y de respeto" a las decisiones adoptadas por las autoridades constituidas en cada lugar. No obstante admitió que es un asunto difícil de abordar porque no sólo hay conflicto institucional sino que el problema suele venir atado a una interna local, "a veces de raíces inalcanzables", aclaró la fuente.
Sobre este tema habló Carlos Casteblanco, el nuevo intendente de Picún Leufú. En la gestión "fallaron el partido y el gobierno", expresó en su primera aparición pública tras la destitución de Suárez, un hombre que dejó de ser intendente pero sigue al frente de la seccional del MPN y conserva una cuota de poder en una localidad que conoce de sobresaltos institucionales.
La escasez de recursos es un problema común a todos y la tentación de desviar fondos extraordinarios para cubrir déficit de gastos corrientes está latente, sobre todo en una provincia que continuará con dificultades durante el primer semestre, como dijo Sapag semanas atrás cuando pidió a la dirigencia de los gremios estatales responsabilidad y prudencia en los reclamos.
Puede ser que las recientes destituciones despierten mayores cuidados entre los demás jefes comunales, pero en nuevos escenarios de crisis nadie afirmaría hoy que los casos de Suárez y Massini fueron los últimos.
Un tema central de este año, la cuestión salarial, será un planteo que deberán afrontar tanto el gobernador como los intendentes. En la provincia hay conflictos latentes que crecerán en intensidad a medida que avance el año si es que no hay respuesta.
Mientras tanto, el gobierno sigue dando señales de endurecimiento frente a las protestas. Esta semana, en la puerta de la gobernación, la policía reprimió con gases y balas de goma a manifestantes de uno de los gremios de los estatales, UPCN, cuando intentaban encender neumáticos en la esquina de las calles Roca y Rioja.
La acción de la policía está acompañada con un endurecimiento en el discurso y la voz cantante la lleva Guillermo Pellini, secretario de Seguridad, que poco a poco está abandonando su tradicional bajo perfil.
Gerardo Bilardo
http://www.rionegro.com.ar/diario/2010/01/24/1264293436128.php
La crisis institucional que tienen municipios del interior es un tema que el gobierno no digiere. Luego de la destitución de dos intendentes, ambos del Movimiento Popular Neuquino (MPN), ningún funcionario, empezando por el gobernador Jorge Sapag, se pronunció sobre la caída de Facundo Suárez en Picún Leufú y de Daniel Massini en Las Coloradas.
Hablar de estos problemas sería meterse en la boca del lobo porque entre otros varios motivos ambos ex intendentes fueron juzgados por utilizar fondos de las prórrogas de los contratos petroleros para gastos corrientes, algo que está prohibido por la ley provincial que regula los nuevos contratos.
Esta cuestión, que parece menor en el universo de dos municipios chicos, se proyecta sobre la política provincial, porque los diputados de la oposición cuestionaron a Sapag por un motivo similar al que originó la caída de los intendentes.
Por un decreto del año anterior, el gobernador destinó algo más de cien millones de pesos de estos recursos extraordinarios a emitir letras del Tesoro para financiar pagos regulares de la provincia.
Sapag tomó esta decisión con la promesa de devolver el dinero a la misma caja antes de finalizar su mandato. Pero ese argumento ha sido insuficiente y no logró frenar a los legisladores que ya pidieron la revocatoria del decreto y anunciaron que irán, luego de la feria judicial, con un recurso al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para evitar el cambio de destino de esos recursos.
Habló del tema Soledad Martínez, legisladora del Frente Grande, y dijo que el gobernador y los intendentes actuaron del mismo modo, sólo que Sapag -aclaró- cuenta con "un equipo de asesores que le dibujó un decreto para que aparentemente no fuera incompatible" con lo establecido en la ley.
Esta semana el diputado Ariel Kogan, del Partido Justicialista, pidió informes al Poder Ejecutivo para saber qué cantidad de letras fueron emitidas hasta ahora, y Gastón Contardi, de la Unión Cívica Radical, sostuvo que Sapag está al frente de "un Estado altamente ineficaz".
Sapag fue consultado sobre las crisis institucionales cuando cayó el intendente de Picún Leufú y cuando sucedió lo mismo en Las Coloradas. En la primera ocasión su respuesta fue telegráfica: "Los municipios son autárquicos, tienen poderes constituidos y soy muy respetuoso de las autonomías municipales", respondió. En la segunda consulta directamente no dijo nada.
Sin embargo, el caso de Las Coloradas es el que provoca mayor incomodidad en el gobierno porque el intendente habló y reprochó la ausencia y el silencio de Sapag. "Soy del MPN, gané con el 62% de los votos y pertenezco a la línea interna de Jorge Sapag. No entiendo qué espera el gobernador para hacerse cargo de la situación y ordenar institucionalmente la comuna", dijo Massini tras la destitución.
El ex intendente consideró que si la Justicia había dispuesto el año pasado la nulidad de su suspensión, los concejales no podían avanzar, como lo hicieron, con el proceso que lo dejó finalmente sin el cargo. En ese sentido hizo una dramática declaración cuando ya estaba en la calle: "Las Coloradas es un pueblo sin ley, estos concejales no respetan la Constitución ni mucho menos las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia. Ni siquiera el gobernador se hace cargo; parece que están esperando que haya un muerto para actuar".
Una fuente oficial dijo que el silencio y la distancia que tomó el gobernador obedecen a una actitud "prudente y de respeto" a las decisiones adoptadas por las autoridades constituidas en cada lugar. No obstante admitió que es un asunto difícil de abordar porque no sólo hay conflicto institucional sino que el problema suele venir atado a una interna local, "a veces de raíces inalcanzables", aclaró la fuente.
Sobre este tema habló Carlos Casteblanco, el nuevo intendente de Picún Leufú. En la gestión "fallaron el partido y el gobierno", expresó en su primera aparición pública tras la destitución de Suárez, un hombre que dejó de ser intendente pero sigue al frente de la seccional del MPN y conserva una cuota de poder en una localidad que conoce de sobresaltos institucionales.
La escasez de recursos es un problema común a todos y la tentación de desviar fondos extraordinarios para cubrir déficit de gastos corrientes está latente, sobre todo en una provincia que continuará con dificultades durante el primer semestre, como dijo Sapag semanas atrás cuando pidió a la dirigencia de los gremios estatales responsabilidad y prudencia en los reclamos.
Puede ser que las recientes destituciones despierten mayores cuidados entre los demás jefes comunales, pero en nuevos escenarios de crisis nadie afirmaría hoy que los casos de Suárez y Massini fueron los últimos.
Un tema central de este año, la cuestión salarial, será un planteo que deberán afrontar tanto el gobernador como los intendentes. En la provincia hay conflictos latentes que crecerán en intensidad a medida que avance el año si es que no hay respuesta.
Mientras tanto, el gobierno sigue dando señales de endurecimiento frente a las protestas. Esta semana, en la puerta de la gobernación, la policía reprimió con gases y balas de goma a manifestantes de uno de los gremios de los estatales, UPCN, cuando intentaban encender neumáticos en la esquina de las calles Roca y Rioja.
La acción de la policía está acompañada con un endurecimiento en el discurso y la voz cantante la lleva Guillermo Pellini, secretario de Seguridad, que poco a poco está abandonando su tradicional bajo perfil.
Gerardo Bilardo
http://www.rionegro.com.ar/diario/2010/01/24/1264293436128.php
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