La derecha pura y dura

En una apuesta por la impunidad y la represión el ex senador Duhalde volvió a oponerse a los juicios por los crímenes del terrorismo de Estado y planteó que las Fuerzas Armadas se encarguen de los que llamó “jóvenes en riesgo”, que deberían ser “reeducados” en los cuarteles. Emerge así como candidato de la derecha pura y dura al gobierno, mientras abre contactos con militares en actividad y con pingüinos en desgracia.

Por Horacio Verbitsky

Luego de las salvas al vacío del ex ministro porteño Abel Parentini, el ex senador Eduardo Duhalde tomó el mando de las piezas de artillería, con el enorme casco bien ajustado. Duhalde lleva dos décadas de soñar con su arribo a la presidencia de la República, para lo cual no conoce otra estrategia que disparar sobre las posiciones de quienes obtuvieron el favor popular que a él le fue siempre esquivo. Ablandadas las defensas supone que la infantería llegará al bastión para rendirlo. Lo hizo con los dos presidentes radicales y con su compañero de fórmula presidencial y lo intenta ahora con quienes lo sucedieron en la Casa Rosada, a la que sólo pudo entrar por la ventana y por poco más de un año en días de confusión cuyo regreso propicia. Desde El Salvador, Duhalde dijo que el gobierno argentino humillaba a las Fuerzas Armadas de hoy por lo que el Ejército hizo en la década de 1970. Para superar ese “grave error” postuló la denominada “reconciliación”. Entre los sectores agredidos por el gobierno también mencionó a la Iglesia Católica, que legitimó el interinato de Duhalde con su denominado Diálogo Argentino.

Justicia o impunidad
No pudo elegir peor momento y lugar para su polución verbal. El presidente salvadoreño Mauricio Funes venía de reconocer la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y de los escuadrones de la muerte y de pedir perdón a las víctimas y a sus familiares. La CIDH encomió las palabras del presidente Funes “en relación a la búsqueda de justicia” para 8000 personas desaparecidas y 75.000 asesinadas, y reiteró que el Estado tiene la obligación de investigar a fondo y “sancionar a los autores de las graves violaciones de derechos humanos cometidas”.

Cuando era vicepresidente, en 1990, Duhalde aprovechó un viaje de Menem para indultar a varios miembros de la Triple A, prófugos por instigación al asesinato del presidente del Concejo Deliberante de Chacabuco, Miguel Gil. Menem ya había indultado a los autores materiales, uno de los cuales Luis Oscar Mao, era pariente de Carlos Mao, por entonces el secretario privadísimo de Duhalde. Una semana antes de concluir su interinato presidencial, en mayo de 2003, Duhalde también indultó a Mohamed Alí Seineldín y a Enrique Gorriarán Merlo, decisión que debía culminar con la confirmación por la Corte Suprema de las leyes de impunidad, que Kirchner frustró. En cada caso, Duhalde invocó la denominada reconciliación, propuesta por el Episcopado como travesti espiritualista de la impunidad.

Curarse en salud
Un organismo castrense fue el primero en repudiar el exabrupto duhaldista, el Centro de Militares para la Democracia Argentina. Lo siguieron un grupo de organismos históricos defensores de los derechos humanos, para quienes el proceso de verdad y justicia “debe ser sostenido con el firme compromiso de todos los sectores y referentes políticos”. La identificación y condena de los miembros de la Fuerzas Armadas y de seguridad que participaron de aquellos crímenes aberrantes permitirá “levantar el manto de sospecha que pesa sobre esas instituciones desde la recuperación de la democracia”. Los juicios, realizados “con respeto al Estado de derecho y las garantías del debido proceso” y cuya legitimidad fue afirmada por la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la Nación y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, constituyen “un modelo ejemplar para muchos otros países”. El CEMIDA recordó que en El Salvador se ha reabierto el juicio por el asesinato del jesuita español Ignacio Ellacuría, de otros cinco sacerdotes y de sus dos empleadas en la Universidad Católica. Sus ejecutores materiales ya fueron condenados y ahora se investiga a los instigadores y encubridores, entre quienes está el Presidente de aquel momento. Los miembros del CEMIDA, que actuaron como peritos en esos juicios, se preguntan si Duhalde no procura curarse en salud ya que aún se investiga “su responsabilidad en los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki”. Los militares para la democracia creen que las declaraciones de Duhalde intentan involucrar a miembros de las Fuerzas Armadas “como amenaza velada”, en un clima destituyente al que “los actuales miembros de las organizaciones castrenses son totalmente ajenos”. El CEMIDA deduce que los humillados contactos de Duhalde son militares en retiro y sometidos a proceso “que tratan de evitar la acción de la justicia”. En cambio las Fuerzas Armadas se han alejado en forma definitiva de las contiendas políticas, dice.

El pretexto de la emergencia
Es probable que el CEMIDA peque por exceso de optimismo. Duhalde también ha tendido puentes hacia el cuerpo de oficiales en actividad al que, durante su breve interinato presidencial, intentó asignar la conducción de la seguridad interior, según la propuesta del general Ricardo Brinzoni, con el apoyo del ministro de Defensa Horacio Jaunarena y del ex ministro menemista Roberto Dromia. Néstor Kirchner lo pasó a retiro en la primera semana de su gobierno porque además propiciaba cerrar los juicios por violaciones a los derechos humanos. A diferencia de las actuales cúpulas castrenses, Brinzoni estaba implicado, por su participación en la masacre de Margarita Belén. La cuestión con Duhalde no se limita a su visión del pasado y la forma de saldarlo. Hace hoy un mes, volvió a postular el empleo de las Fuerzas Armadas en los asuntos de seguridad que la ley de Defensa le veda. Esta vez propuso “declarar la emergencia nacional en materia de seguridad”, censar en 60 días a los que llamó “jóvenes en riesgo” para que “todos estos jóvenes que han cometido delitos, que estén donde estaban antes los conscriptos, ahí tienen que estar, tratando de reeducarlos”. Pasando por alto la confusión intelectual del enunciado, que no tuvo mayor repercusión porque fue emitido en vísperas de Nochebuena, el ex senador considera que los jóvenes son peligrosos, que requieren reeducación y que esta tarea incumbe a las Fuerzas Armadas. Duhalde se coloca así en la grilla electoral como la oferta de la derecha pura y dura, en un cuadro que considera demasiado corrido a la izquierda.

Tango y folklore
El gobierno de la presidente CFK supo de las últimas avanzadas duhaldistas sobre los militares en actividad porque varios de quienes fueron sondeados lo comunicaron al ministerio de Defensa. Un operador de Duhalde para estos contactos es el rústico sindicalista Gerónimo Venegas. Con pretextos sociales y hasta musicales, ha reunido en la sede de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) a políticos duhaldistas y militares. Venegas organizó el traslado a San Vicente de los restos de Juan D. Perón en 2006, luego de una escala en la CGT. Allí ofició la misa el ex capellán castrense de Campo de Mayo José Guido Pesce, rector de la catedral del Obispado Militar Stella Maris, mientras Duhalde era vivado al grito de “Ni yanquis ni marxistas”. Más tarde, grupos sindicales de la Unión Obrera de la Construcción de La Plata escenificaron una batahola a palos y pedradas con los camioneros de Hugo Moyano, mientras se aproximaba la cureña con el féretro de Perón. El Mausoleo donde se dejaron sus restos fue financiado por el filántropo colombiano Francisco De Narváez, quien ahora trata de librarse de la tutela de Duhalde, porque siente que ya no lo necesita y le parece que el modelo Don Corleone ha sido superado por el formato Sebastián Piñera. El duhaldismo sindical también imprimió y pegó carteles con la leyenda “No jodan con Perón” cuando la justicia comenzó a investigar los crímenes de la Triple A.

Ajuste de cuentas
Todas estas jugadas apelan a la idea de orden y fuerza que impondrían los militares ahora a órdenes de políticos sin miramientos como Duhalde y tienden a deslegitimar al kirchnerismo como una supuesta continuidad de la política montonera, con la que es ostensible su falta de contacto. Al mismo tiempo se procura avanzar sobre el secretario general de la CGT, a quien le recriminan haber cambiado de bando. Moyano fue uno de los jefes de la Juventud Sindical Peronista, otro fantasma del pasado al que se convoca para obtener resultados políticos en el presente. Duhalde tiene especial inquina hacia Moyano porque en 1996 rechazó su propuesta para forzar el alejamiento de Menem. Comenzaba por entonces la batalla entre devaluacionistas y dolarizadores y Duhalde entendía que la convertibilidad, que sólo se sostenía con creciente endeudamiento externo y precarización laboral, conduciría a un desastre en las elecciones de 1997, tal como ocurrió. Para impedirlo y conservar sus chances presidenciales, Duhalde concibió repetir el empujón que junto con Menem le dieron a Raúl Alfonsín en 1989. Luego de un breve interinato de Carlos Rückauf, que se haría cargo de la devaluación, Duhalde sería candidato a presidente en elecciones que se celebrarían dos años antes del término constitucional. Pero Moyano se negó a participar en el quiebre institucional que le proponían. Como bien lo había previsto, Duhalde fracasó en su apuesta presidencial en 1999. La devaluación, y con ella una gigantesca transferencia de ingresos a expensas del salario real, recién se produjo cinco años después de lo que planeaban los grandes grupos económicos que sustentaban a Duhalde.

Renuncie, montonero Moyano
Otro operador duhaldista para esta faena es el dirigente de un sector del gremio gastronómico, Luis Barrionuevo. En setiembre de 2008, encargó la impresión de carteles en los que se veía al asesinado ex líder de la CGT José Ignacio Rucci junto con Perón. Los carteles se guardaron en el garaje del sindicato de Barrionuevo, junto con los implementos necesarios para veintidós equipos de pintores que en una noche debían pegarlos y estampar cerca de ellos la consigna “Moyano traidor, Moyano Montonero”. Pero uno de los dirigentes de la denominada “CGT Azul y Blanca” con la que sella sus movidas Barrionuevo, es en realidad un informante de la CGT a secas. En cuanto recibió el aviso, Moyano encargó la impresión de unas remeras negras con la leyenda “Justicia” en letras blancas, y organizó un acto en la CGT con los hijos de Rucci, Claudia y Aníbal, con lo cual la pintura se secó en el garaje de los gastronómicos. En 2009 Venegas impulsó la candidatura de Claudia Rucci en la lista que encabezó De Narváez. Es ostensible que ninguno de ellos tiene alguna preocupación por el dolor de esos huérfanos, que sólo utilizan como arma arrojadiza en sus disputas de poder.

Pingüino en desgracia
La esposa de Barrionuevo, Graciela Camaño, preside la comisión de asuntos constitucionales de la Cámara de Diputados. Ex ministra de Trabajo de Duhalde, La Negra mantuvo una reunión secreta con un funcionario que no goza de la simpatía presidencial y que teme por su futuro. Se trata del Secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, el odontólogo patagónico José Granero, quien está buscando alianzas y reaseguros. Ex vicegobernador de Santa Cruz en el primer mandato de Kirchner, Granero fue subinterventor del PAMI hasta que Graciela Ocaña solicitó que lo relevaran, porque obstruía la lucha contra los proveedores vinculados con Barrionuevo, que comercializaban medicamentos adulterados. Uno de ellos era el luego célebre Sebastián Forza, que figura como aportante en la campaña del Frente para la Victoria. Para complacer a Ocaña, Kirchner trasladó a Granero durante unos meses a la SIDE, hasta que lo designó al frente de la Sedronar. Esa oficina creada por Menem depende de la presidencia y tenía a su cargo el registro de precursores químicos. Sin su autorización no se podía comercializar esos productos, dentro o fuera del país. En 2008 las cámaras federales de la Capital y de San Martín ordenaron que se investigara al jefe del Sedronar. La primera le atribuyó “fallas notorias en los procedimientos de control”. Un procesado en la causa Ascona obtuvo su inscripción presentando una fotocopia de su DNI, y la Secretaría ni siquiera constató si sus domicilios declarados eran reales. También se otorgaron los certificados de importación sin averiguar “cuáles eran las empresas que adquirirían la efedrina”. La de San Martín fue aún más directa: Granero “no habría cumplido con el ejercicio del poder de policía” que le asignó la ley, por lo cual ordenó que se lo indagara como partícipe en los delitos con estupefacientes investigados en la causa Poggi. También compromete a Granero la causa que lleva el juez federal de Quilmes, Luis Armella, a raíz del hallazgo de más de siete kilos de cocaína en la puerta de una camioneta del Sedronar. Granero dijo que provenía de un procedimiento realizado en Santa Fe, pero ni el tipo de producto ni su envase coincidían. Ya han sido procesados dos de sus colaboradores.

Relaciones particulares
Vinculado con la DEA estadounidense, Granero dice que esas causas judiciales han podido avanzar porque la presidente CFK no le brindó la protección que cree posible y necesaria. Aún confía en el auxilio de la SIDE pero está enfrentado con el jefe de gabinete Aníbal Fernández, quien propicia la despenalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, como ya dispuso la Corte Suprema de Justicia en la causa Arriola. No sólo ha buscado amparo en el duhaldismo; también ha recurrido al gobierno de los Estados Unidos y a la diputada de la CCL Elisa Carrió. La huella de Granero es ostensible en el informe del Departamento de Estado “Estrategia Internacional de Control de Narcóticos”, que encomia la tarea del Sedronar y lamenta que carezca de recursos suficientes para cumplirla, de lo cual culpa a la débil coordinación con el Ministerio de Justicia. En la investigación de Elisa Carrió sobre presuntas vinculaciones gubernamentales, políticas y comerciales con el “Narcotráfico y el crimen organizado”, se mencionan “maniobras de Aníbal Fernández para limitar el accionar de la Sedronar en el combate del consumo de drogas y narcotráfico, limitando y obstruyendo el normal ejercicio de sus competencias”. Como fuente, Carrió menciona una visita de Granero al Congreso.

En agosto de 2008, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, dictó la Disposición 4712, que fijó las condiciones que deberían cumplir los laboratorios y droguerías que importaran efedrina y/o pseudoefedrina. Bastó esa medida para que el ingreso de esas sustancias que eran desviadas al mercado prohibido, se redujera de 20 toneladas a 13 kilos, para uso legal local certificado. Este año, la ANMAT obtuvo la máxima calificación en todos los rubros en una evaluación realizada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. El organismo se presentó en forma voluntaria a ese examen que mide la calidad del control de sustancias de uso medicinal que pueden ser desviadas al mercado ilegal de estupefacientes.

La Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia De Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción, creada por decreto de la presidente CFK, recomendó que la ANMAT quedara a cargo del registro de precursores químicos, dado que la Sedronar no cuenta con una certificación internacional equivalente. Enconada con Fernández, quien ha hablado en forma despectiva de su salud mental, Carrió optó por Granero. La comisión que conformó Fernández cuenta con impecables magistrados como Horacio Cattani, Martín Vázquez Acuña y Patricia Llerena y sugirió que la ANMAT también fuera la única representante del Estado Nacional ante organismos como la CICAD, la OPS y la ONODUCC. Si las sustancias fueran de uso industrial, el control correspondería al INTI. Uno de los aspectos más penosos del actual cuadro político es la proliferación de estos alineamientos contra natura.

El ídolo de Biondini
Además de los despachos legislativos y de gobiernos extranjeros, Granero llevó su militancia a la calle. En 2008 se realizaron dos manifestaciones en contra de la despenalización de la tenencia para consumo personal que impulsaba el Poder Ejecutivo, en el Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Una, convocada por el gobierno de Maurizio Macrì, reunió algo menos de un centenar de personas en la Plaza de Mayo, “A favor de los jóvenes y en contra de la despenalización”. La figura estelar fue el ex ingeniero Juan Carlos Blumberg. La segunda, diez veces más pequeña, fue convocada frente a la Secretaría de Granero, en Sarmiento al 500. Los asistentes más notorios fueron el presidente del partido neonazi del Nuevo Triunfo, Alejandro Biondini, y Claudio Izaguirre, de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, quien portaba un ataúd negro para clarificar algún mensaje. Hace un mes, Izaguirre exaltó el “incansable trabajo” de Duhalde “en contra de los mercaderes de la muerte”, que por ello lo vituperan. Dijo que el precandidato “fundó el Modelo Cristiano de Prevención de Drogas” y fue condecorado en Colombia. “Como a Duhalde, a otros hombres de la vida pública nos ha sucedido lo propio, podemos recordar que a José Ramón Granero, actual secretario del Sedronar, por estar en contra de la despenalización de las drogas le plantaron una camioneta con ocho kilogramos de cocaína escondida en el tapizado”, agregó. El modelo cristiano que aplica el Sedronar consiste en el otorgamiento de subsidios millonarios a instituciones en las que se interna en forma compulsiva a jóvenes que deben ser reeducados, por ahora sin ayuda de las Fuerzas Armadas.
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