martes, 18 de mayo de 2010

La polémica por el servicio esencial llegó a la Legislatura

NEUQUÉN (AN).- El decreto del gobernador Jorge Sapag que declara a la educación como un servicio público esencial generó adhesiones y rechazos entre los legisladores neuquinos. El presidente del bloque oficialista, José Russo, justificó la medida en la intransigencia del sindicato, el referente peronista Ariel Kogan dudó de la eficiencia de las medidas y de la convicción del gobierno para aplicarlas.

Horacio Rachid, el diputado de Opción Federal que es aliado del gobierno, anunció que elevaría un proyecto de ley en el sentido del espíritu del decreto del gobierno para darle un marco de legalidad a la medida. Russo confirmó que ello es posible, aunque advirtió que la norma de Sapag tiene de por sí validez.

"Con esto buscamos perfeccionar el decreto", anunció Rachid quien aseguró contar con el apoyo del MPN, el radicalismo y algunos justicialistas. El proyecto sería, de todos modos, a finales de la semana que viene.

En contra del decreto, se pronunciaron Rodolfo Canini (MUN) y Paula Sánchez (Libres del Sur).

"La situación ha llegado a tal extremo que los caminos se van cerrando", opinó Russo. Los sindicalistas "no han dejado otra salida", añadió.

Para Kogan, el decreto de Sapag es una herramienta para resolver el conflicto en la coyuntura, no para reglamentar los servicios esenciales. "Hay que ver si tiene la convicción para aplicarlo", opinó, sobre la base de los anuncios (no se negocia bajo presión, se pondrán suplentes, se discute en el marco de la negociación) que no fueron cumplidos por el gobierno.

Kogan advirtió que el conflicto "no se resuelve por imperio de la fuerza".

En sintonía con ATEN, Sánchez calificó el decreto como "una medida irracional y provocadora, además de inconstitucional, porque la declaración de servicio esencial es una facultad improrrogable del Congreso de la Nación. El gobernador quiere incendiar la provincia con iniciativas como ésta", concluyó.

Canini manifestó que "el decreto que firmó el gobernador para intentar reglamentar el derecho a huelga es inconstitucional ya que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que es un organismo de la ONU, sólo define como servicios esenciales a los sanitarios y hospitalarios, a la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y por último el control de tráfico aéreo. No define a la educación como un servicio esencial", explicó.

Canini cree que esta acción de Sapag como "parte de un pacto de impunidad entre él, Sobisch y Quiroga".
http://www.rionegro.com.ar/diario/rn/nota.aspx?idart=369242&idcat=9544&tipo=2

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