Se trata de los casos de seis ex oficiales de la marina, entre ellos Jorge "El tigre" Acosta y Ricardo Miguel "Sérpico" Cavallo, por supuesta privación de la libertad e imposición de tormentos a Victorio Cerutti, Horacio Palma y a Raúl, Omar, Diego y Mariana Masera Pincolini.
El magistrado, con la intervención del secretario Pablo Yadarola, consideró concluida la etapa sumarial y mandó a juicio oral y público a Acosta, Cavallo, Jorge Redice, Pablo Eduardo García Velasco, Alberto Eduardo González y Juan Carlos Rolón.
Los ex oficiales de la Armada ya están sometidos a juicio oral y público por su presunta responsabilidad en el secuestro y desaparición de las monjas francesas Leoníe Duquet y Alice Domon y el periodista Rodolfo Walsh.
Torres sostuvo que los procesados actuaron "con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley" y que cometieron los ilícitos "agravados" por "violencia o amenazas".
El magistrado evaluó que los ex oficiales de la Armada deben responder por haber sometieron a "condiciones inhumanas de vida" y por la "posterior desaparición" de sus víctimas, quienes fueron secuestradas por los grupos de tareas de la ESMA con el objeto de apoderarse de bienes de la Sociedad Cerro Largo.
Este tramo de la "megacausa" ESMA, reabierta tras la derogación y declaración de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, se vincula con los hechos que tuvieron como víctima a Conrado Higinio Gómez, quien fue secuestrado el 10 de enero de 1977, para ser desapoderado de sus bienes.
A lo largo de 40 carillas Torres efectuó un análisis de como se habrían producido los hechos que culminaron con el desapoderamiento de la empresa Cerro Largo S.A., que tenía como principales autoridades a Palma, Cerutti y a Omar Masera Pincolini.
De acuerdo a constancias del sumario Cerutti y Omar Masera Pincolini fueron secuestrados en sus respectivos domicilios de Lujan de Cuyo, en Mendoza, el 12 de enero 1977, un día después que Palma corriera igual suerte.
En todos los casos, efectivos armados, algunos encapuchados, pertenecientes al Grupo de Tareas 3.3.2, irrumpieron en las viviendas y, bajo amenazas, privaron de la libertad a los nombrados -y a la esposa e hijos de Masera Pincolini- a quienes luego habrían trasladado a la ESMA.
En el caso de Masera Pincolini, quien intentó proteger a su familia, fue "salvajemente golpeado", al igual que sus hijos, cuando trataron de impedir los vejámenes de los que fue objeto su madre y cónyuge del desaparecido.
Torres indicó que a los procesados se les atribuyó "haber desapoderado el paquete accionario y los bienes que formaban parte del patrimonio de la sociedad Cerro Largo S.A. a través de diversas maniobras" ilícitas, como la extorsión.
El juez señaló que "la sociedad Cerro Largo S.A. de las que fueron despojadas las víctimas, pasó a denominarse Hill Ri S.A., cuyos integrantes eran oficiales de la Armada Argentina que utilizaron nombres falsos" para ocultar su verdadera identidad.
"Posteriormente -agregó el juez- el paquete accionario de Hill Ri S.A. fue traspasada a la sociedad ’MISA CHICO S.A.’ cuyos accionistas eran, entre otros, Eduardo Enrique y Carlos Massera (hijos de Emilio Eduardo Massera)", el integrante, junto a Rafael Videla y Orlando Agosto, de la primera de las juntas militares que gobernaron de facto el país entre 1976 y 1983.
Para dar por cerrada la pesquisa, el magistrado evaluó documentación y decenas de testimonios -algunos de sobrevivientes de la ESMA y otros familiares o amigos de las víctimas- obtenidos durante la tramitación del sumario. |
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