Versión corregida.
Por Marcos Muñoz*
marcosnqn@hotmail.com
La Ley Federal de Radiodifusión N° 22.285/80 era parte del Plan de Seguridad Nacional en Argentina en la lucha que el terrorismo de Estado llevaba adelante. Al retorno de la democracia en diciembre de 1.983 hasta el 2.008, ningún Presidente se sintió lo suficientemente fuerte para modificar esa normativa que no respondía a los valores de una sociedad más justa. Uno de los ejes que motivó el impulso de consultar y pensar una nueva ley de medios era la fuerte concentración de empresas infocomunicacionales en el territorio argentino. Principalmente dos grandes y poderosos grupos concentran la palabra, la imagen y el sonido: el Grupo Clarín y el Grupo Telefónica.
Cristina Fernández de Kirchner a los pocos meses de haber asumido como Presidenta de la Nación Argentina mantuvo una reunión con los referentes políticos de su gobierno en materia comunicacional. El tema era avanzar en una ley de medios, una ley de medios de la democracia, una ley pluralista, una ley que refleje las distintas identidades culturales de Argentina.
La decisión política fue avanzar democraticamente en el asunto. Avanzar significó realizar rondas de consulta con especialistas en la materia, con docentes universitarios y rectores de universidades, con sindicatos y gremios, con organizaciones sociales, con partidos políticos y con sectores empresariales. Avazar significó plasmar en la propuesta normativa las opiniones de los distintos sectores que componen nuestra sociedad para hacer una ley entre todos una Ley de Medios de la Democracia. Avanzar significó escuchar lo que otros tenían para decir, teníamos para decir. Avanzar no significó imponer por la fuerza o a través del engaño cosntruyendo informaciones falsas para modificar como sea la normativa de la dictadura.
Pensar en los efectos sociales, políticos, institucionales, económicos y culturales del Golpe cívico-militar de 1.976 y de aquel Plan Sistemático de Exterminio dirigido a todo aquel que sea opositor a la dictadura y del intento de disciplinamiento social a atrvés del terrorismo de Estado. Esto nos invita a reconsiderar en la actualidad la postura de un sector del Poder Judicial sobre la suspensión de una ley que fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación durante el 2.009 como lo es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522.
¿Qué suspenden los jueces de Mendoza? ¿Suspenden la democracia? ¿Avalan la dictadura?
Suspender la Ley de Medios es inhabilitar aquellas vopces que se expresaron, nos expresamos, en los más de 24 Foros Nacionales que se llevaron a cabo a lo largo y a lo ancho del país, y muchos de ellos fueorn televisados por Canal 7 la TV Pública, los únicos. Suspender la Ley de Medios de la democracia es legitimar el decreto-ley de la Dictadura. Suspender la Ley de Medios es negar que por primera vez en la historia antes de votarse una ley en el Congreso de la Nación se recogió en todo el país las distintas opiniones y propuestas con el propósito de hacer parte a la población de la Nación Argentina de uno de los debates más importantes en su historia. Consultarles y consultarnos es tomarnos en cuenta. Consultarnos significó valorar nuestra intelegencia. Nos hicieron sentir valiosos. La actitud de consultarnos se contrapone con el discurso que en los noventa (desde Menem a De la Rúa) circulaba en distintos programas sobre qué eran los habitantes de este suelo: corruptos e inútiles. Sin embargo, hoy hay un sector que piensa eso de nosotros, quien si nos está negando nuestro sentido común, nuestra inteligencia y la posibilidad de expresarnos, y son aquellos jueces del Poder Judicial de la Nación o de las provincias que tienen vínculos directos con asesinos de la dictadura militar de 1.976 como el caso de los jueces federales de la provincia de Mendoza, Otilio Roque Romano y Luis Francisco Miret.
Cuestionar y suspender la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522 es poner en tela de juicio que nuestra actual democracia es inferior como forma de organización social y como forma de gobierno. Es contraponerla a lo que sucedió durante el Terrorismo de Estado entre 1.976 y 1.983. Lo que está en disputa es la democracia como forma de gobierno. Están en disputa todos nuestros derechos. Tanto los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales como los de incidencia colectiva. La nueva Ley de Medios es una ley muy importante porque nos permite seguir avanzando y fortaleciendo nuestra democracia y da mayor espacio para que se expresen otras voces que no sean unicamente la de los sectores concentrados de los grupos económicos como los del Grupo Clarín.
Mientras escribo esta nota de opinión, de deshago y de impotencia al atropello planificado de este sector concentrado mediática, económica, judicial y politicamente en nuestro país, quiero compartir con Ustedes dos ideas. Por un lado, tengo presente lo que en la película ganadora del Oscar a la mejor película extranjera, El secreto de sus ojos, refleja en su narración, la vinculación y responsabilidad del Poder Judicial durante la dictadura militar, y me pregunto si esta vez el silencio social les permitirá a estos sectores antidemocráticos que nos aplsten como moscas. Y la otra cuestión que tengo presente es la acusa Herrera de Noble, dueña del Grupo Clarín: ¿Cómo pueder ser que logre hacer temblar la estructura del Poder Judicial de la Nación y que esto le impida al pueblo argentino tener Derecho a la Verdad? Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles.
Los vínculos entre los jueces que suspendieron la Ley de Medios, las curiosas e innumerables resistencias de algunos sectores del Poder Judicial de la Nación y de las provincias a la plena vigencia de los Derechos Humanos y, las señales que emanan explicitamente como las dos causas que mencioné más arriba del Poder Judicial hacia los dintintos sectores de la población deja ver claramente, al menos para quien escribe, que lo que está en disputa y en fuerte tensión es un modelo cultural que se asemeja a la concepción dominante del siglo XIX y otra que hace un esfuerzo enorme por dar respuesta a los valores que una sociedad democrática necesita para hacer de sí misma una sociedad pluralista y donde la vigencia de los derechos humanos en pleno sea universal y no sectaria como algunas respuestas reaccionarias de jueces ligados directamente al Terrorismo de Estado y que pretenden de nuestra Argentina lejos de la Verdad y la Justicia.
*Lic. en Comunicación Social.
Se agradece la difución del material y la cita de la fuente.
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